La imposibilidad de un gobierno limitado y la perspectiva de la revolución

Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

Monarquía, democracia y orden natural

CAPÍTULO 13

¿Qué se hizo después de que se alcanzara la independencia de Gran Bretaña? Esta cuestión nos aboca a la tercera fuente de orgullo nacional –la constitución americana– y a la explicación de por qué se trata de un error fatal y no de un motivo de orgullo.

Gracias a los grandes avances de la teoría política y económica desde finales del siglo XVIII, en particular gracias a Ludwing von Mises y Murray N. Rothbard, podemos hoy ofrecer una respuesta precisa a esta cuestión. Según Mises y Rothbard, una vez que ha desaparecido la entrada libre al negocio de la producción de protección y evacuación de sentencias, el precio de la protección y la justicia aumentará y su calidad caerá. El monopolista de la coacción dejará de ser protector y juez, convirtiéndose en un chantajista de la protección: en el destructor e invasor de las personas y propiedades de las que supuestamente debería cuidar, es decir, en un belicista y un imperialista[1]. En efecto, el precio artificialmente elevado de la protección y destrucción del antiguo derecho por el rey inglés, que condujeron a los colonos americanos a la rebelión, tuvieron como resultado inevitable el monopolio de la coacción. Una vez consumada la secesión y expulsados los ocupantes británicos, lo único que necesitaban los colonos americanos era reconocer las propias instituciones de defensa propia y arbitraje privadas –voluntarias y cooperativas– en manos de agentes especializados y agencias encargadas de la ley y el orden.

Pero no fue eso lo que sucedió, Los americanos no sólo no echaron en el olvido la herencia regia de la administración de las colonias y los gobiernos coloniales, sino que las reconstruyeron dentro de las antiguas fronteras bajo la forma de Estados independientes, cada uno de los cuales estaba provisto de un exclusivo poder coactivo (unilateral) fiscal y legislativo[2]. Aunque esto ya era suficientemente malo en sí mismo, los nuevos americanos empeoraron la situación adoptando la Constitución americana y sustituyendo una flexible confederación de Estados independientes por el gobierno central (federal) de los Estados Unidos.

Esta constitución estipulo la sustitución del rey hereditario por un parlamento y un presidente de elección popular, pero no modifico lo atinente a sus prerrogativas fiscal y legislativa. Aunque el poder del rey inglés para cobrar impuestos sin consentimiento nunca fue reconocido expresamente, siendo una cuestión disputada[3], La constitución lo garantizo explícitamente. Además, mientras que los reyes, teóricamente incluso los reyes absolutos, no fueron considerado los autores, sino tan solo los intérpretes y ejecutores del derecho antiguo e inmutable, pues eran más bien jueces que legisladores[4], la constitución invistió expresamente al congreso con el poder de legislar, y al Presidente y al Tribunal Supremo con el de ejecutar e interpretar el derecho legislado[5].

He aquí, en efecto, la obra de la constitución americana: en vez de un rey que consideraba las colonias americanas como su propiedad privada y a los colonos como sus arrendatarios, la constitución atribuyo el monopolio nacional de la justicia y la protección a unos curadores temporales e intercambiables. El país no era propiedad suya, pero mientras tras desempeñar su magistratura podían usarlo, incluidos sus residentes, en beneficio propio y de sus protégés. Sin embargo, según el pronóstico de una teoría económica elemental, esta estructura institucional no elimina la inclinación egoísta del monopolista de la ley y el orden hacia una creciente explotación improvisada, más a cortó plazo y despilfarradora. Como dice Rothbard: «mientras que un propietario privado que tiene asegurada su propiedad y dispone plenamente de ella, planifica el empleo de sus recursos para un largo periodo de tiempo, el magistrado público, al no ser propietario, tiene que ordeñar la propiedad pública tan rápidamente como le sea posible… Los magistrados tienen el uso de los recursos, pero no pueden disponer de su valor (excepto del supuesto de la ‘propiedad privada’ de una monarquía hereditaria). Disponiendo tan sólo del uso de los recursos, pero no de los recursos mismos, no le beneficiará conservarlos y sí servirse de ellos cuanto antes… El particular, asegurado en su propiedad y en su capital, puede adoptar la perspectiva del largo plazo, pues le interesa mantener el valor de su capital. Pero el magistrado público tienen que apoderarse de su botín a toda velocidad y saquear la propiedad mientras detente el poder»[6].

Por, otro lado, puesto que la constitución establece expresamente la «entrada libre» en el gobierno estatal –cualquiera puede pertenecer al congreso o convertirse en presidente o juez del Tribunal Supremo–, la resistencia contra las invasiones gubernamentales de la propiedad se debilita. Así mismo, y como resultado de la «abierta competencia política», se alterará la estructura de toda la sociedad, siendo cada vez más frecuente que los individuos peores obtengan los puestos más elevados[7]. La competencia y entrada libres no siempre resultan convenientes. La competencia en la producción de cosas buenas es beneficiosa, pero no la competencia en la producción de cosas indeseables. La libre competencia en el asesinato, el robo, la falsificación o la estafa no es buena: es peor que mala. Pero eso es precisamente lo que ha instituido la «abierta competencia política», es decir, la democracia.

En todas las sociedad hay hombres que codician la propiedad de los demás; sin embargo, en la mayoría de los casos, la gente aprende a no dejarse llevar por esa inclinación e incluso se siente avergonzada de albergar esos sentimientos[8]. En una sociedad anarcocapitalista, quienquiera que actúe de ese modo es considerado un delincuente y reducido mediante la violencia física. Bajo un gobierno monárquico, en cambio, tan sólo una persona –el rey– puede apetecer la propiedad de los demás, lo que le convierte en una amenaza potencial. Dado que sólo en él puede actuar la facultad expropiadora que los demás tienen vedada, cualquier acción regia debe observarse con la máxima reserva[9]. Por otro lado, la selección de un rey depende del accidente de su noble nacimiento. Su única cualificación objetiva es su educación para ser rey y preservar la dinastía y sus posesiones. Lo que, naturalmente, no puede asegurar que el futuro rey no será un personaje funesto. Ello no excluye empero que un rey pueda ser un inofensivo diletante o incluso una persona decente.

Más al dejar expedita la entrada en el gobierno, la constitución autorizo que cualquiera pudiese expresar abiertamente que codiciaba la propiedad de otros hombres, en efecto, la garantía constitucional de la «libertad de expresión» permite que todo el mundo pueda hacerlo. A todo el mundo se le permite proceder de acuerdo con ese deseo si consigue hacerse con el gobierno; de ahí que, al amparo de la constitución, todo el mundo se convierte en una amenaza potencial.

Hay personas, que sin duda, inmunes al deseo de dominar a los demás y enriquecerse a su costa o, lo que es lo mismo, existen personas que únicamente aspiran a trabajar, producir y disfrutar de los rendimientos de su esfuerzo. Sin embargo, si la actividad política –la adquisición de bienes por medios políticos (fiscalidad y legislación) – está autorizada, incluso esas gentes inofensivas se verán afectadas. Para defenderse contra los ataques a su libertad y propiedades de quienes tienen menos escrúpulos morales, esas personas honradas e industriosas tendrían que convertirse en «animales políticos» y gastar cada vez más tiempo energía para desarrollar sus habilidades políticas. Dado que las características y talentos que se necesitan para triunfar en la política –buen presencia, sociabilidad, capacidad oratoria, carisma, etc.– esta desigualmente distribuidos, aquellos que poseen esas habilidades particulares tendrán una neta ventaja sobre quienes carecen de ella a la hora de competir por los recursos escasos (éxito económico).

Teniendo en cuenta que en cualquier sociedad los «desposeídos», no importa de qué, son más que los «poseedores», el hombre políticamente talentoso, sin escrúpulos para apoderar de la propiedad de terceros y mandar sobre ellos, tendrá una clara ventaja sobre quienes actúan con más miramientos, La competencia política sin restricciones favorece a los hombres de temperamento agresivo (peligroso) más que a los de temperamento defensivo (inofensivo) y estimula el cultivo y perfeccionamiento de la demagogia, el fraude, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Consecuentemente, resultará cada vez más difícil que una persona con reparos morales contra la mentira y el robo pueda llegar al gobierno y tener éxito en el desempleo de sus funciones. La posición de los congresistas, presidente y jueces del Tribunal Supremo, al contrario de los reyes, no es accidental. Puede decirse que alcanza esas posiciones en virtud de su solvencia como demagogo moralmente desinhibidos. Por lo demás, incluso fuera de la órbita del gobierno, en la sociedad civil, será cada vez más frecuente que los individuos triunfen en los negocios no como consecuencia de su capacidad productiva o empresarial, ni siquiera en razón de su superior talento político defensivo, sino por su eficacia como lobistas y empresario politiqueros sin escrúpulos. Así pues, la constitución asegura virtualmente que tan sólo los hombres moralmente peligrosos alcanzarán el ápice de la gobernación y que su modo de proceder y sus patrones ético influirán negativamente en todo lo que les rodea.

Las consecuencias de la separación de poderes constitucionalmente prevista no son, a este respecto, muy distintas, Dos o incluso tres errores no constituyen al final un acierto. Al contrario, ello amplia, acumula, refuerza y agrava el erroe. Los legisladores no puede imponer su voluntad sobre sus desventurados súbditos sin la cooperación del presidente, en su condición de cabeza del poder ejecutivo; pero el presidente , a su vez, utilizara su posición y medios disponibles para influir sobre los legisladores y su obra legislativa, Y aún en el caso de que el Tribunal supremo estuviese en desacuerdo con ciertos actos particulares del Congreso o Presidente, los jueces de dicho tribunal son propuestos por el presidente y confirmados por el Senado, dependiendo de ellos a efectos financieros. Como una parte integral de la institución del gobierno, no tienen ningún interés en limitarlo, sino todo lo contrario, pues la expansión del poder del gobierno amplía su propio poder[10].

[1] Este aspecto fue esclarecido originalmente por el economista franco-belga Gustave de Molinari en un artículo publicado en 1849. De Molinari discurría como sigue «En todos los casos, para cualquier mercadería que sirva para satisfacer necesidades tangibles o intangibles del consumidor, lo que más le interesa a este ´último es que el trabajo y el comercio permanezcan libres, pues la libertad para trabajar y comerciar tienen como resultado permanente y necesario la máxima reducción del precio… De donde se sigue que ningún gobierno debería tener el derecho de impedir la competencia de otro, ni de imponer, a los consumidores de seguridad la suministrada por él exclusivamente… Si, al contrario el consumidor no es libre para adquirir la seguridad donde le plazca, se ofrece en el acto ante sus ojos una vasta profesión dedicada a la arbitrariedad y mala gestión. La justicia se hace más lenta y costosa, la policía vejatoria, se le pierde el respeto a la libertad individual, el precio de la seguridad se infla abusivamente y se reparte desigualmente según el poder e influencia de una u otra clase de consumidores». G. de Molinari, The Production of Security, pp. 3 y 13-14.

[2] Por lo demás, según su carta real original, los ahora independientes Estados de Georgia, las dos Carolinas, Virgnia, Conneticut, y Massachusetts establecieron su frontera oeste en el océano pacífico. Basándose en estas pretensiones territoriales, obviamente infundadas, estos Estados –y consecuente su «heredero legal», el congreso continental de los Estados Unidos –procedieron a vender tierras del oeste a los ocupantes particulares, para amortizar su deuda o financiar las operaciones de sus gobiernos.

[3] Véase B. Leoni, La libertad y la ley, p.139. Leoni recuerda aquí que numerosos comentaristas de la magna carta han resaltado que una «una versión del comienzo de la Edad Media del principio `ningún impuesto sin representación’ lo interpretaba como `ningún impuesto sin el consentimiento del individuo sometido a él’, y hoy sabemos que, en 1221, el Obispo de Winchester, `convocado para dar su consentimiento a scutage tax [impuesto sustitutivo de la conscripción militar], se negó a pagar una vez que el consejo había dado su asentimiento, basándose en que no estaba de acuerdo, y el tesorero público apoyo su alegato’».

[4] Véase F. Kern. Kingship and Law in the Middle Age. A su juicio, «en la Edad media no había nada semejante a la `primera aplicación de un precepto jurídico’ El derecho es viejo; una ley nueva en una contradicción en sus propios términos, pues o bien la novedad jurídica se deriva explícita o implícitamente del viejo derecho, o bien entra en conflicto con él, en cuyo caso no es legítimo. El principio sigue siendo el mismo: el derecho antiguo es el verdadero derecho y el verdadero derecho es el antiguo. Según la ideas medievales, la promulgación de una nueva ley resulta imposible; la obra legislativa y la reforma legal están concebidas como la restauración del inventerado y buen derecho que había sido violado». F. Kern, op. Cot., p. 151 sobre la permanencia del derecho y la interdicción de la actividad legislativa todavía sostenían una opinión muy parecida los fisiócratas franceses del siglo XVIII, Mercier de la Rìviere entre otros, autor de un libro sobre L’ Ordre natural y durante algún tiempo Gobernados de La Martinica. Cuando la Zarina Catalina solicitud su consejo sobre la mejor forma de gobernar, parece que le contesto que el derecho debe basarse «sobre una sola [Cosa], Señora, la naturaleza de las cosas y del hombre…dar o hacer leyes, Señora es una tarea que dios no ha dejado a nadie. ¡Ah! ¿Quién es el hombre, para creerse capaz de dictar leyes a seres a los que no conoce?». La ciencia del gobierno, añadió Mercier, consiste en estudiar y reconocer las «leyes que Dios ha gravado con tanta evidencia en la misma constitución del hombre cuando le dio la existencia». Mercier añadió el pertinente aviso: «Pretender ir más allá de esto sería gran desgracia y una empresa destructiva». M.N. Rothbard, Historia del pensamiento económico, vol. I, p. 412. Véase también B. De Jouvenel, La soberanía, pp. 308-09 y 241.

[5] La opinión, tan cara de nuestros contemporáneos, según la cual la adopción de un «gobierno constitucional» supone un gran avance de la civilización desde el gobierno arbitrario hasta el imperio de la ley, y que atribuye a los Estados Unidos un papel destacado, incluso sublime en ese progreso histórico, debe ser rechazada pues documentos históricos como la Carta Magna (1215) o la Bula de oro (1356) la desmiente. Pero lo importante es que representa equívocamente la naturaleza de los gobiernos pre-modernos. Aquellos gobiernos carecían por completo de los más arbitrarios y tiránicos de todos los poderes, el de imponer tributos y el de legislar sin conocimiento., en el peor de los casos, aún si los detentaban, la capacidad de los gobiernos para actuar esos poderes estaba severamente restringida, que se considera ilegitimo, presumiéndose la usurpación del poder en vez de su justa adquisición. Por el contrario, los gobiernos modernos se definen por la legitimidad que expresamente se reconoce a sus poderes fiscal y legislativo. O sea, que todos los gobiernos «constitucionales», en los Estados Unidos y en otros lugares, son realmente gobiernos Gobiernos-Estado. tiene pues razón Robert Nisbet cuando señalaba que un «rey [pre moderno] pudo haber gobernado en otras épocas con una grado de irresponsabilidad del que sólo disfruta hoy unos pocos titulares de magistraturas públicas, más resulta dudoso que, en términos de poder y servicios afectivos, cualquier rey, incluso las `monarquías absolutas’ del siglo XVII, poseyeran el tipo de autoridad actualmente inherente al cargo del muchos altas magistraturas democráticas. Entonces habían demasiadas barreas sociales entre el pretendido poder del monarca y la afectiva ejecución de sus dictados sobre los individuos. El prestigio y la importancia funcional de la Iglesia, la familia, los gremios y las comunidades locales limitaban el absolutismo del poder del Estado» Community and Power, pp. 103-04.

[6] M. N. Rothbard, Power and Market, pp. 188-89. Sobre esto también supra caps 1 a 3. A la luz de estas consideraciones –y en contra de la opinión común sobre asunto– se llega a la misma conclusión sobre el «éxito» en la última instancia de la Revolución Americana sostenida por H. L. Mencken: «Las revoluciones políticas casi nunca realizan sus ideales; su único e indudable afecto es la expulsión del poder de una banda de ladrones y su sustitución por otra… Ni si quiera las colonias americanas ganaron gran cosa con su rebelión de 1776. Durante los 25 años posteriores a la Revolución su situación como Estados libres fue mucho peor que la que tenía como colonias. Su gobierno era más caro, más ineficiente, más fraudulento y más tiránico. El progreso material del país fue lo único que le salvo de la muerte y el colapso político; más el progreso material no se debía a las virtudes de su nuevo gobierno, sino a la prodigalidad de la naturaleza. Bajo la dominación británica les habría probablemente mejor». A Mencken Chrestomathy, pp. 145-46.

[7] Para lo que se sigue véase H. -H, Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat, Studien zur Theorie des Kapitalismus, pp. 182 sq.

[8] Véase H. Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior

[9] Véase de B. de Jouvenel, sobre el poder, pp. 58-9.

[10] Véase el brillante y profético análisis de J. C. Calhoun, disquisición sobre el gobierno. Escribe Calhoun: «Una constitución escrita tiene sin dudas muchas y considerables ventajas; pero es un gran error suponer que la mera inserción de prescripciones que restrinja y limitan los poderes del gobierno, brindarles protección, introducidos con el objeto imponer su observancia, sería suficiente para impedir al partido mayoritario dominante que abuse de sus poderes. Una vez situado el partido en el gobierno… Siempre se opondría al servicio de los poderes conferidos por la constitución y se opondría a las restricciones para su protección… Como partido mayoritario dominante, no necesitara de estas restricciones para su protección… El partido minoritario o más débil, por el contrario, emprendería la dirección opuesta, y la consideraría esencia para protegerse del partido dominante… Pero, cuando no existen medios para obligar al partido mayoritario a que observe las restricciones, la única salida que les quedaría sería una interpretación estricta de la constitución… Frente a esto el partido mayoritario impondría una interpretación liberal, quedaría al texto constitucional garantista el significado más amplio posible. Entonces tendríamos una interpretación frente a otra; una limitadora, y otra amplia de poderes gubernamentales. Ahora bien, ¿para qué serviría la interpretación estricta del partido minoritario frente a la interpretación liberal del mayoritario, si uno cuenta con todos los poderes del gobierno para imponer su interpretación, y el otro carece de todo medio para imponer la suya? En una contienda tan desigual el resultado sería indudable. El partido a favor de las restricciones seria vencido… El fin de la contienda seria la subversión de la constitución. Al final se anularían las restricciones y el gobierno dispondría de poderes ilimitados. La división del gobierno en departamentos separados, considerándolos a cada uno independientes, tampoco evitaría este resultado, como todos y cada uno de los departamentos, y por supuesto del gobierno en su conjunto estaría bajo el control de la mayoría numérica, no es menester explicar que una simple distribución de sus poderes entre sus agentes o representantes poco podría hacer, o nada para contrarrestar la tendencia a la opresión y el abuso del poder», pp. 32-34. En resumen, como ha recordado Rothbard a este respecto, «la constitución ha demostrado ser un instrumento para la rectificación para la expansión del Estado más que para lo contrario. Como bien vio Calhoun cualquier limitación escrita que permita al gobierno interpretar sus propios poderes está condenada a ser interpretada como una autorización para la expansión de esos mismos poderes, no para su encarcelamiento. En un sentido profundo, la idea de encadenar el poder en una constitución escrita ha sido un noble experimento que fracaso, está demostrado que la idea de un gobierno estrictamente limitado es una utopía; hacen falta otros medios más radicales para conjurar el crecimiento del Estado agresivo». M.N. Rothbard For a New Liberty, p. 67. Véase también A. de Jasay, Against politics: Critical Episodes in the Growth of American Government, espec. Cap 2.

Tomado de Democracy: The God That Failed, 2001. Publicado por Alejandro Bermeo Rodriguez.

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Historia y principios de la Property and Freedom Society

Hans-Hermann Hoppe, Stephan Kinsella
Tomado de Mises Hispano

La Property and Freedom Society (PFS), creada por el renombrado filósofo libertario y economista austriaco Hans-Hermann Hoppe, fue establecida en mayo del 2006 en el Hotel Karia Princess en Bodrum, Turquía.

La idea de fundar una organización para promover el “Austrolibertarismo”, la filosofía económica y social caracterizada de la manera más prominente durante el siglo 20 por el economista austriaco Ludwig von Mises y su estudiante estadounidense Murray N. Rothbard, y atado a los economistas franceses decimonónicos Frederick Bastiat y Gustave de Molinari, fue presentada por Hans-Hermann Hoppe en agosto del 2005 durante una pequeña reunión informal en la Universidad de Verano del Mises Institute en Auburn, Alabama. Los que estuvieron presente en la reunión, Thomas DiLorenzo, Guido Hulsmann y Ralph Raico, le dieron la bienvenida al proyecto, y Guelcin Imre ofreció ser la anfitriona de la reunión inaugural de la sociedad en Bodrum, Turquía. Poco después, Walter Block, Joseph Salerno, y Stephan Kinsella se unieron al proyecto.

Principios
[Declaración inaugural de la reunión en Bodrum, Turquía, mayo 2006]

La Property and Freedom Society se manifiesta por un radicalismo intelectual sin compromisos: en defensa de la propiedad privada justamente adquirida, la libertad de contratos, la libertad de asociación, que lógicamente implica el derecho de no asociarse con (o discriminar contra) cualquiera, en los asuntos personales, así como un libre comercio sin condiciones. Condena el imperialismo y el militarismo y a quienes los fomentan, y lucha por la paz. Rechaza el positivismo, el relativismo y el igualitarismo en cualquiera de sus formas, ya sea de resultados o de oportunidad, y tiene un manifiesto distanciamiento de los políticos y la política. Como tal, busca evitar cualquier asociación con las políticas y propuestas de los intervencionistas, que Ludwig von Mises identificó en 1946 como el error fatal, en el plan de muchos antecedentes y contemporáneos intentos de los intelectuales, alarmados por la creciente ola de socialismo y totalitarismo, que se encuentra en el movimiento ideológico antisocialista. Mises escribió: “Lo que no comprendieron estos asustados intelectuales era que todas esas medidas de interferencia gubernamental en los asuntos que ellos defienden son abortivas… No hay tercera vía. O los consumidores son soberanos, o lo es el Gobierno”.

Como libertarios culturalmente conservadores, estamos convencidos de que el proceso de descivilización ha alcanzado un punto de crisis y que es nuestro deber moral e intelectual llevar a cabo un serio esfuerzo de reconstruir una sociedad libre, próspera y moral. Es nuestra profunda creencia que una aproximación desde el radicalismo políticamente intransigente es, en el largo plazo, el camino más seguro para nuestro querido objetivo de un régimen totalmente libre de trabas a la libertad individual y a la propiedad privada. En esa búsqueda de un nuevo comienzo joven y radical, nos dirigimos a esas viejas y olvidadas palabras de Friedrich A. Hayek: “Debemos tomar la construcción de una sociedad libre de nuevo como una aventura intelectual, un acto de coraje. Lo que nos falta es una utopía liberal, un programa que no parezca ni una mera defensa de las cosas como están ni una forma diluida de socialismo, sino un verdadero radicalismo liberal que no excuse las susceptibilidades de los poderosos… que no es practicado demasiado concienzudamente y que no se conforma con lo que aparece hoy como políticamente imposible. Necesitamos líderes intelectuales que estén preparados para resistir las lisonjas del poder y la influencia, y que estén dispuestos a trabajar por un ideal, por muy escasas que sean las perspectivas de su pronta realización. Han de ser hombres que estén dispuestos a aferrarse a los principios y a luchar por su plena realización, aunque fuere remota… A no ser que seamos capaces de hacer de los fundamentos filosóficos de una sociedad libre de nuevo un asunto intelectual vivo, y su puesta en práctica una tarea que rete la imaginación y el genio de nuestras mentes más despiertas, las perspectivas para la libertad serán muy oscuras. Pero si podemos recuperar esa fe en el poder de las ideas que fue la característica del mejor liberalismo, la batalla no está perdida”.

Colofón: Nuestro logo incluye la imagen de una famosa estatua robada de Bodrum por los británicos y que actualmente se encuentra en el Museo Británico.

Historia y declaración de principios de la Property and Freedom Society (PPF). Publicada el 20 de julio de 2009. Traducida del inglés por José Carlos Rodríguez y Manuel Lora, tomada de austroanarquistas.com. La publicación original se encuentra aquí.

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Sobre el gobierno y la producción privada de defensa

De Hans-Hermann Hoppe
Del libro Monarquía, Democracia y Orden Natural, cuyo título en Inglés es Democracy, the God that failed

Tomado de Mises Hispano

CAPÍTULO 12

El pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. (Declaración de independencia).

Parte I

La creencia en la seguridad colectiva constituye uno de los tópicos más populares y trascendentales de nuestro tiempo. Nada menos que la legitimación del Estado reposa sobre ella.

Demostraré que la idea de seguridad colectiva es un mito que no puede proporcionar justificación alguna para el Estado y, así mismo, que la seguridad es y debe ser asunto privado. Antes que nada, expondré la reconstrucción en unas pocas cuestiones en cada caso.

El mito de la seguridad colectiva también puede denominarse mito hobbesiano. Thomas Hobbes, así como la legión de filósofos y economistas políticos que le siguieron, sostenía que en el estado de naturaleza los hombres se atacarían unos a otros todo el tiempo. Homo homini lupus est. Expresado en términos más modernos, en el estado de naturaleza existiría una «Insuficiente producción» de seguridad. Cada individuo, dejado a su suerte, gastaría «demasiado poco» en su propia defensa, lo que acarrearía una guerra interpersonal sin cuartel. La solución para esta situación, intolerable según Hobbes y sus sucesores, es el establecimiento de un Estado. Para instituir la cooperación pacífica entre dos individuos, A y B, se necesita de un tercero independiente, E, como árbitro y pacificador en última instancia. Sin embargo el tercero, E, no es un individuo como los demás y el bien que el proporciona, la seguridad no es un bien «privado». E es un soberano y como tal tiene dos únicas prerrogativas. Por un lado puede porfiar para que sus súbditos, A y B, no busquen protección en nadie más aparte de él; por tanto, E se convierte en un monopolista territorial coactivo de la protección. E puede determinar también unilateralmente, por otra parte la cantidad que A y B deben gastar en su propia seguridad; es decir, E puede exigir tributos necesarios para la provisión «colectiva» de seguridad.

De poco sirve discutir si el hombre es tan malo y tan lobo como suponía Hobbes o no, salvo para recalcar que la tesis de Hobbes, obviamente, no puede significar que al hombre solo lo muevan los instintos agresivos. De ser así, la humanidad hubiese perecido hace muchísimo tiempo. El hecho de que sobreviva prueba que el hombre también posee la razón y es capaz de domeñar sus impulsos naturales. La disputa se centra exclusivamente en la solución hobbesiana. Dado que el hombre es un animal de naturaleza racional, ¿Puede considerarse un progreso su solución al problema de la inseguridad? ¿Puede la fundación de un Estado reducir la conducta agresiva y promover la cooperación pacifica, mejorando de este modo la provisión privada de seguridad y protección? Las dificultades que plantea el argumento hobbesiano son evidentes. Una de ellas, dejando a un lado el problema de la maldad humana, es la existencia de E­—rey, dictador o presidente electo—. La aparición de E no altera la naturaleza del hombre. ¿Cómo puede ser mejor la protección de A y B si E les grava proporcionársela? ¿Acaso no resulta contradictoria la institución de E como protector de la propiedad expropiada? ¿No es esto lo que a veces se denomina –con mayor propiedad—un chantaje? Ciertamente, E hará la paz entre A y B, pero con el fin de poder robarles con mayor provecho. Cuanto mejor pertrechada esta la defensa de E, más indefensos y expuestos a sus ataques estarán A y B. Vista así, la seguridad colectiva no parece mejor que la privada, perfeccionada con la expropiación y el desarme económico de sus súbditos. Por lo demás, los estatistas, desde Hobbes a Buchanan, Han argumentado que un Estado protector como E llegaría a alguna solución parecido a un contrato «constitucional»[1]. ¿Pero quién en su sano juicio suscribiría un contrato que permitiese al protector determinar unilateralmente –e irrevocablemente—la suma que el protegido tiene que pagar por su protección? El hecho es que nadie nunca lo ha hecho[2].

Permítaseme interrumpir mi discusión y regresar a la reconstrucción del mito hobbesiano. Una vez aceptado que para instituir la cooperación pacífica entre A y B es necesario que haya un Estado, E, se imponen dos conclusiones. Si existe más de un estado, E1, E2, E3, del mismo modo que las relaciones A y B pueden no ser pacíficas, no tienen por qué haber paz entre los estados E1, E2, E3 mientras persista entre ellos el estado de naturaleza (o estado de anarquía). En consecuencia, para realizar la paz universal. Son necesarias la centralización y la unificación políticas y, en última instancia, la unidad del mundo bajo un único gobierno.

Resultará útil precisar aquello que puede considerarse incontrovertible. Para empezar, el razonamiento de Hobbes es correcto hasta el final. Si la premisa es correcta, las consecuencias se seguirán una detrás de otra. Los presupuestos empíricos hobbesianos parecen a primera vista ser corroborados por los hechos. Es cierto que los estados están en permanente guerra entre si. También que puede constatarse una tendencia histórica hacia la centralización política y la gobernación global. Lo discutible es la interpretación de estos hechos y la consideración de la unidad del mundo como un progreso para la provisión de seguridad y protección privada. Alguna anomalía empírica parece viciar entonces su argumento. La razón de la oposición entre los diferentes Estados E1, E2, y E3 se debe, según Hobbes, al estado de anarquía en el que se desenvuelven todos. Sin embargo, antes del advenimiento del Estado mundial, no son solo E1, E2 y E3 quienes viven en anarquía, sino que también cualquier ciudadano de un Estado vive en estado de naturaleza con respecto a los ciudadanos de otros Estados. La consecuencia de ello debería ser la constatación de que la guerra y la agresión tienen lugar entre los ciudadanos particulares de cada Estado, así como entre los diferentes estado. Sin embargo, esto no es así empíricamente. El trato privado entre extranjeros suele ser sensiblemente menos belicoso que el trato entre los diferentes gobiernos. Pero esto no es una sorpresa. Después de todo, un agente del Estado, E, a diferencia de sus súbditos, puede contar con la imposición fiscal domestica para dirigir sus «asuntos extranjeros». Dada su natural agresividad, parece evidente que E se comportara más cínica y violentamente con los extranjeros si puede externalizar los costes de esa conducta, seguramente cualquiera de nosotros correría mayores riesgos y se implicaría en acciones de provocación y agresión si puede hacer que los demás pagaran por ello. También los Estados, con toda probabilidad, estarían dispuestos a ampliar su monopolio de protección territorial (chantaje de la protección) a costa de otros Estados, apareciendo el gobierno mundial como resultado final de la competencia interestatal[3]. ¿Cómo se puede decir que esto supone un progreso sobre la provisión privada de seguridad y protección? En realidad sucede lo contrario. El Estado mundial es el vencedor de todas las guerras y el superviviente del chantaje de la protección. ¿Acaso no le convierte esto en una institución especialmente peligrosa? ¿Quién se resistiría al poder arrollador de un único Estado mundial, a cuyo lado los individuos son insignificantes?

[1] J. M Buchanan y G. Tullock, El cálculo económico del consenso. J. M Buchanan, Los límites de la libertad: entre la anarquía y el leviatán. Véase la crítica de M.N. Rothbard, «Buchanan and Tullock’s Calculus of consent», en The logic of actin, vol. 2, y «The myth of neutral taxation», loc. cit. También H,-H. Hoppe, the economics and ethics of private property, cap. 1.

[2] Sobre esto L. Spooner, No Treason.

[3] Véase H.-H. Hoppe, «The trouble with Classical Liberalism», Rothbard-Rockwell Report, 9, n.º 4, 1998.

Parte II

Hagamos un receso en nuestra abstracta consideración teórica para examinar brevemente la evidencia empírica que se relaciona con este asunto. Como se dijo al principio, el mito de la seguridad colectiva es tan popular y trascendental. No conozco ninguna investigación sobre esta materia, pero aventuraría que el mito hobbesiano es más o menos aceptado, sin cuestionarlo, por lo menos el 90% de la población adulta. Hasta ese punto está extendida la creencia en el carácter indispensable de la protección y la defensa estatales. Sin embargo, creer una cosa no la convierte en verdadera. Si la creencia es falsa, la acción erará. ¿Qué sucede con la prueba? ¿Confirma a Hobbes y a sus seguidores o más bien corrobora los temores y reservas anarquistas?

Los Estados Unidos se fundaron expresamente como un Estado «protector» de estilo hobbesiano. Esto es lo que se dice en la Declaración de la independencia redactada por Jefferson: «Sostenemos la evidencia de verdades: que todos los hombres son creados iguales; que el Creador les doto de derechos inalienables; que entre estos se cuenta el derecho a la vida, a la libertad y a la persecución de su felicidad; que los gobiernos, que derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados, han sido instituidos para asegurar estos derechos».

El gobierno de los Estados Unidos se instituyo para cumplir exclusivamente una misión: la protección de la vida y la propiedad. Así pues, debería proporcionar el mejor ejemplo para juzgar la validez de la afirmación hobbesiana (la vocación protectora del Estado). Después de más de dos siglos de estatismo protector, ¿en qué situación se encuentra nuestra protección y la pacifica cooperación humana? ¿Ha tenido éxito el experimento americano del estatismo protector?

Según las opiniones de nuestros gobernantes y sus intelectuales orgánicos—más numerosos que en épocas anteriores—, nunca hemos estado tan bien protegidos y seguros. Supuestamente estamos a salvo del calentamiento y el enfriamiento globales; de la extinción de animales y plantas; de los abusos de los maridos y las esposas, de los padres y los empresarios; también de la pobreza, la enfermedad, los desastres, la ignorancia, los perjuicios, el racismo, el sexismo, la homofobia y otros incontables enemigos y peligros públicos. Para proporcionarnos toda esa «protección» frente a problemas tan diversos, los administradores del Estado expropian más del 40% de los ingresos de los productores privados cada año. El endeudamiento y las responsabilidades del gobierno se han engrosado ininterrumpidamente, incrementándose a su vez la necesidad de futuras expropiaciones. La sustitución del oro por el papel moneda del gobierno ha hecho aumentar claramente la inseguridad financiera. Con la depreciación monetaria se roba a los individuos continuamente. Todos los detalles de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación están regulados por montañas de leyes cada vez más altas (legislación), lo que es causa de una incertidumbre legal permanente y del deterioro moral. Nos han arrancado, particularmente, el derecho de exclusión, consustancial con la propiedad privada. No podemos, como vendedores o como compradores, vender o comprar a quien mejor nos parezca. Tampoco se nos permite concertar con nuestros socios los pactos restrictivos que, como miembros de una asociación, consideremos mutuamente beneficiosos. Como americanos, tenemos que aceptar en nuestro vecindario a inmigrantes que no queremos tener cerca. Como profesores no podemos desentendernos de los estudiantes de conducta desviada. Como empresarios tenemos que cargar con trabajadores destructivos o sin preparación. Como propietarios de tierras nos vemos obligados a vivir con pésimos arrendadores. Como banqueros y aseguradores no nos está permitido dejar de asumir graves riesgos. Como propietarios de restaurantes y bares tenemos que acomodar a clientes que no son bienvenidos. Como socios de clubes privados somos constreñidos a aceptar cierto tipo de miembros o acciones que violan nuestras propias reglas y restricciones. En suma, cuanto más crecen los Estados en la seguridad «social» y la protección «pública», más se erosionan nuestros derechos de propiedad privada, más expropiaciones, confiscaciones, destrucciones y depredaciones minan nuestra propiedad y más se nos priva el verdadero fundamente de toda protección: la independencia económica, la fortaleza financiera y la riqueza personal[1]. Todos los presidentes y la mayoría de miembros del congreso han dejado en el camino cientos de miles de víctimas sin nombre de la ruina económica, la bancarrota financiera, la crisis, el empobrecimiento, la desesperación, las privaciones y la frustración.

El retrato es todavía más desolador si consideramos la política exterior. El territorio continental de los Estados Unidos rara vez ha sido atacado por un ejército extranjero. (Pearl Harbor fue el resultado de una provocación norteamericana). Los Estado Unidos se han distinguido por tener un gobierno que declaro la guerra contra una amplia parte de su población, implicándose en el cruel asesinato de cientos de miles de sus ciudadanos. Además, mientras que las relaciones entre los ciudadanos americanos y los extranjeros no parecen haber sido especialmente conflictivas, el gobierno de los Estado Unidos, casi desde sus orígenes, practicó permanentemente un expansionismo agresivo. Desde la guerra hispano-norteamericana hasta nuestros días, pasando por dos guerras mundiales, el gobierno de los Estados Unidos ha estado implicado en cientos de conflictos internacionales, elevándose al rango de potencia imperialista hegemónica. Puede que casi todos los presidentes del siglo XX han sido responsables del homicidio, el asesinato o la muerte por inanición de muchísimos inocentes en todo el mundo. Mientras que nosotros, los ciudadanos, nos empobrecíamos y nos sentíamos amenazados e inseguros, el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho cada vez más cínico y agresivo. En el nombre de la seguridad «nacional» «nos» defiende. Por eso se ha pertrechado con enormes arsenales de arma de agresión y de destrucción masiva, intimidando a todo nuevo «Hitler», grande o pequeño, y a todos aquellos sospechosos de simpatizar con él en cualquier lugar del mundo[2]

La evidencia empírica es clara. La creencia es un Estado protector constituye un error patente y el experimento americano del estatismo proteccionista un completo fracaso. El gobierno de los Estados Unidos no nos protege. En realidad, no existe un peligro más grande para nuestra vida, propiedad y prosperidad que ese gobierno. El presidente de los Estados Unidos representa la mayor amenaza armada del mundo, capaz de terminar con quien se oponga y destruir el planeta.

[1] Véase H,-H. Hoppe, «Where the Right Goes Wrong», en Rothbard-Rockwell Report, 8, n.º 4, 1997.

[2] Véase J. V. Denson (ed.), The Cots of War: Amercia’s Pyrrhic Victories. Del mismo, A Century of War: Studies in classical Liberalism, Auburn, Al. Ludwig von Mises Institute, 199. Desde el final de la II Guerra mundial, el gobierno de los Estados Unidos ha intervenido militarmente en China (1945-46), Corea (1950-53), China (1950-53), Irán (1953), Guatemala (1954), Indonesia (1958), Cuba (1959-60), Guatemala (1960), Congo (1964), Perú (1965), Laos (1964-73), Vietnam (1961-73), Camboya (1969-70), Guatemala (1967-69), Granada (1983), Líbano (1983), Libia (1986), Salvador (década de 1980), Nicaragua (década de 1980), Panamá (1989), Iraq (1991-99), Bosnia (1995), Sudán (1998), Afganistán (1998) y Yugoslavia (1999). Por lo demás, el gobierno de Estado Unidos tiene tropas estacionadas en casi ciento cincuenta países.

Parte III

Los estatistas reaccionan como los socialistas cuando se enfrentan a los catastróficos resultados económicos de la unión soviética y sus satélites. No niegan necesariamente la sombría realidad de los hechos pero sostienen que estos últimos son resultado de la discrepancia (desviación) entre el estatismo (socialismo) «real» y el «ideal» o «verdadero». Los socialistas defiende que el «verdadero» socialismo no ha sido todavía refutado por la experiencia y que todo hubiese ido mejor alcanzándose un prosperidad sin parangón, de haber triunfado el socialismo de Trotsky, Bujarin u otras versiones auténticas, en vez del estalinismo. Del mismo modo toda evidencia aparentemente contradictoria es interpretada por los estatistas como algo meramente circunstancial. Si en determinados momentos históricos hubiese alcanzado el poder cierto presidente o si se hubiese adoptado esta o aquella enmienda constitucional, se habrían garantizado la paz y la seguridad como nunca antes se hiciera. Se dice entonces que eso es todavía posible si se aplican sus políticas.

Hemos aprendido de Ludwig von Mises como responder a la evasiva (y autoinmune) estrategia socialista[1]. Mientras subsista como característica definitoria o esencial del socialismo la inexistencia de la propiedad privada de los factores productivos, de nada servirán las reformas. La idea de una economía socialista es una contradicción en sus propios términos y la pretensión de que el socialismo presenta un modelo de producción social «superior» y más eficiente es absurda. Para realizar eficientemente los propios fines sin malgastar los recursos disponibles, en el marco de una economía de intercambio basado en la división del trabajo, se necesita del cálculo monetario, (contabilidad de costes). Salvo para una economía familiar primitiva autosuficiente, el cálculo monetario es el único instrumento de una acción racional y eficiente. Tan solo la comparación aritmética entre ingresos y gastos en término de un medio común de intercambio (moneda) permite a una persona determinar si su acción es acertada o no. En cambio el socialismo es la total ausencia de economía. Sus condiciones hacen imposible, por definición, el cálculo monetario y la contabilidad de costes. Si no existe la propiedad privada de los factores de producción, estos no tienen precio, por lo que resultará imposible determinar si se están empleando económicamente o no. Así pues, el socialismo no es un modo superior de producción, sino el caos económico y la regresión al primitivismo.micos de la unión soviética ysus satélites. No niegan necesariamente la sombría realidad de los hechos pero sostienen que estos últimos son resultado de la discrepancia (desviación) entre el estatismo (socialismo) «real» y el «ideal» o «verdadero». Los socialistas defiende que el «verdadero» socialismo no ha sido todavía refutado por la experiencia y que todo hubiese ido mejor alcanzándose un prosperidad sin parangón, de haber triunfado el socialismo de Trotsky, Bujarin u otras versiones auténticas, en vez del estalinismo. Del mismo modo toda evidencia aparentemente contradictoria es interpretada por los estatistas como algo meramente circunstancial. Si en determinados momentos históricos hubiese alcanzado el poder cierto presidente o si se hubiese adoptado esta o aquella enmienda constitucional, se habrían garantizado la paz y la seguridad como nunca antes se hiciera. Se dice entonces que eso es todavía posible si se aplican sus políticas.

Murray N. Rothbard nos ha enseñado como responder a la evasiva estrategia de los estatistas[2]. Sin embargo la diáfana y trascendental lección Rothbardiana no ha sido hasta hace poco reconocida y apreciada. Mientras persista la esencia del estado, solía decir toda reforma personal o constitucional, será inútil. Supuesto el principio de todo gobierno –monopolio judicial y poder fiscal—la limitación de su poder y la salvaguarda de la vida y la propiedad personales son meras ilusiones. El monopolio hace aumentar el precio de la justicia y la protección y rebaja su calidad. Una agencia de protección financiada con impuestos resulta contradictoria, pues estos suben cada vez más y la protección empeora. Aunque el gobierno se limitara exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad vigentes —lo que en principio constituye su misión—no por ellos dejaría de plantearse la cuestión ulterior de cuánta seguridad se necesita. La respuesta del gobierno —como la de cualquier otro actor—, motivado por el propio interés y la de su utilidad del trabajo, será invariablemente la misma: Maximizar los gastos en protección —siendo concebible que casi toda la riqueza nacional se utilice para financiarlos—y minimizar la producción de seguridad. El monopolio judicial por otro lado deteriora la calidad de la justicia y la protección que administra. Si únicamente se puede recurrir al gobierno para obtenerlas, la justicia y la protección se pervierten en beneficio de quien la administra, no obstante las constituciones y los Tribunales supremos. Después de todo, no se trata sino de constituciones y tribunales supremos estatales cuyas limitaciones a la acción del gobierno están determinadas por agentes dependiente del mismo gobierno. En consecuencia, la definición de la propiedad y la protección sufrirán continuas alteraciones y del ámbito de la jurisdicción se ampliara para favorecer al gobierno.

De aquí se deduce, según Rothbard, que lo mismo que el socialismo no puede ser reformado sino que tiene que ser abolido para lograr la prosperidad, tampoco la institución estatal puede ser reformada, sino que tiene que desaparecer para que se garanticen la justicia y la protección. «La defensa en una sociedad libre —incluyendo servicios de defensa personal y dominical como la protección policial y los fallos judiciales—tendría que ser suministrada, concluye Rothbard, por personas y empresas que (a) obtuviesen sus ingresos en transacciones voluntarias, no coercitivas y (b) no se arrogasen, como hace el Estado, el monopolio coactivo de la protección policial y judicial… Las empresas de defensa tendrían que poder competir libremente y sin causar daños a las gentes pacíficas, en las mismas condiciones, por tanto, que cualesquiera otros proveedores de bienes y servicios en el mercado libre. Los servicios de defensa, como los demás servicios, pueden y deben ser exclusivamente objeto de comercio»[3].

Cualquier propietario particular debería poder participar de las ventajas de la división del trabajo y procurarse una protección más eficiente que la podría obtener por sus propios medios (autodefensa) o cooperando directamente con otros propietarios. Todo el mundo tendría derecho a compra, vender o, en general, a obtener contractualmente de un tercero los servicios de protección y judiciales, pudiendo en todo momento abandonar la cooperación con terceros y defenderse por si mismo o cambiar la afiliación protectora.

[1] L. von Mises, El socialismo. H.-H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, cap. 6.

[2] M. N. Rothbard, La ética de la libertad, espec. Caps. 22 y 23.

[3] M. N. Rothbard, Power and Market, p. 2.

Parte IV

Después de revisar el mito de la seguridad colectiva —que no es otra cosa que el mito de Estado— y refutarlo desde supuestos empíricos y teóricos, debo proceder a construir el argumento a favor de la seguridad y protección privada para acabar con el mito de la seguridad colectiva no basta con poner de manifiesto el error implícito en la noción de un estado protector. Es tan importante o más comprender de qué modo operaria, efectivamente, la alternativa de la seguridad no estatal. Rothbard, continuando los estudios precursores del economista Francobelga Gustave de Molinari[1], nos ha proporcionado un bosquejo del sistema de la protección y la defensa en un mercado libre[2]. Estamos también en deuda con Morris y Linda Tannehill por sus agudos análisis e intuiciones a este respecto[3]. Elaborare mi propio análisis siguiendo su ejemplo, con el fin de proporcionar una más comprehensiva visión del sistema alternativo —no estatal— de provisión de seguridad y protección y su capacidad para repeler los ataque de individuos, bandas, y particularmente, Estados.

Existe un acuerdo general entre liberales libertarios como Molinari, Rothbard, Los tannehill y otros muchos comentaristas sobre la defensa como una forma de aseguramiento y los gastos que la misma conlleva como una especie de prima (precio). Por tanto, y en esto insisten especialmente Rothbard y Los tannehill, los candidatos más probables para ofrecer los servicios de protección y defensa en una economía moderna y compleja, basada en la división internacional del trabajo, son las agencias de seguros. Cuanto mejor sea la protección de la propiedad asegurada de menor cuantía será las reclamaciones por daños y consecuentemente disminuirán los costes del asegurador. Así pues, proporcionar una eficiente protección parece redundar en el propio interés financiero de todo asegurador. De hecho, aunque su actividad está limitada y obstaculizada por el estado, y las compañías de seguros ofrecen una amplia gama de servicios de protección e indemnización (compensación) de daños infligidos a particulares. Las compañías de seguros cumplen una segunda y esencial condición. Obviamente quien quiera que ofrezca protección debe parecer capaz de cumplir lo pactado si quiere conseguir clientes. Tiene que poseer los medios económicos necesarios —recursos humanos y financieros— para ocuparse de los peligros, ciertos o supuestos, del mundo real. También en este punto las agencias aseguradoras se presentan como las candidatas perfectas. Operan a escala nacional, incluso internacional y sus recursos están repartidos por todo el mundo más allá de las fronteras estatales. Tienen pues un interés manifiesto en la protección efectiva. Son «grandes» y económicamente poderosas, pero además están todas conectadas a través de una red de acuerdos de asistencia mutua y arbitraje. El sistema internacional de agencias de reaseguramiento constituye una combinación de poder económico de tal magnitud que deja pequeño a la mayoría de los gobiernos.

Permítaseme ahora examinar la tesis de que la protección y la defensa son formas de «aseguramiento» que pueden ser ofrecidas por compañías de seguros. Mi análisis tiene 2 presupuestos. En primer lugar, No es posible asegurar una persona frente a todas las contingencias de la vida. Por ejemplo, yo no puedo asegurarme contra el suicidio, el incendio de mi propia casa, el desempleo, las pocas ganas de levantarme por la mañana o las pérdidas de mi empresa, pues el resultado final, en cada caso, depende total o parcialmente de mí. Este tipo de riesgos deben asumirse individualmente. Nadie, salvo yo mismo, puede hacerles frente. En este sentido, el punto de partida es aquello que hace de la protección y la defensa riesgos asegurables. Después de todo, como ya hemos visto aquí, la cosa no es tan evidente. ¿Acaso no tenemos cada uno de nosotros un apreciable control sobre la posibilidad de sufrir un ataque invasivo de nuestra persona o propiedades? ¿No es cierto que podemos hacernos responsables de un ataque contra nosotros mismos al agredir o provocar a un tercero y que, en tal caso, la protección se convierte en una contingencia inasegurable, como el suicidio y el desempleo, que todo individuo tiene que asumir personalmente?

La respuesta no puede ser un si o un no excluyentes. Será afirmativa en la medida en que nadie puede ofrecer una protección incondicional, es decir, el aseguramiento frente a cualquier tipo de invasión. Este tipo de protección tan sólo está al alcance de cada individuo. Pero la respuesta habrá de ser negativa en lo que se refiere a una protección condicional, pues únicamente las agresiones provocadas por la víctima no son susceptibles de ser aseguradas. Los ataques no provocados, es decir «accidentales», puede, por el contrario, asegurarse[4]. Así pues, la protección deviene un bien asegurable si y sólo si, el agente asegurador restringe contractualmente las acciones del asegurado, excluyendo toda «provocación» por su parte. Las distintas compañías pueden definir la provocación de diversa forma, pero no habrá diferencias entre los aseguradores con respecto al principio de exclusión «prohibición» de toda acción hostigadora.

Por elemental que pueda parecer esta primera aproximación a la naturaleza esencialmente defensiva —no agresiva y no provocadora— del seguro de protección, tiene una enorme importancia. Por un lado, ello supone que ningún agresor conocido podrá conseguir que le aseguren quedando aislado y debilitado económicamente. Por el otro quien desee más protección de la que sea capaz de procurarse a si mismo, sólo podrá obtenerla a condición de que se someta a determinada normas de conducta no agresiva y civilizada. Además, cuanto mayor sea el número de personas aseguradas —y en una economía de intercambio moderna la mayoría de la gente no se conforma con la autodefensa— mayor será la presión económica sobre los que no están asegurados para que adopten los mismo patrones de conducta social. En este sentido, el resultado de la competencia entre aseguradores será una tendencia a la baja en el precio de las primas.

Al mismo tiempo, un sistema de aseguradoras competitivas tendría un doble impacto sobre el modo de producción del derecho, contribuyendo a reducir los conflictos. Este sistema tendría en cuenta la creciente variabilidad y flexibilidad de la ley. En vez de imponer, como el Estado, un patrón jurídico uniforme, las agencias aseguradoras competirán no solo con los precios, sino también mediante la diferenciación del producto. Los aseguradores se diferenciarían y distinguirían unos de otros según el código de conducta impuesto a sus clientes y el comportamiento que se espera de ellos en cada caso, el procedimiento probatorio o el tipo de compensaciones y castigos. Coexistirían así aseguradores católicos, judíos, musulmanes y no creyentes que aplicarían, respectivamente, el Derecho canónico, la Ley mosaica, la Ley coránica o un Derecho secular en cualquiera de sus variantes, y que estarían sostenidos por una clientela voluntaria, objeto de su competencia. Los consumidores podrían elegir y, en ocasiones, cambiar el derecho aplicable a su persona y propiedades, pues nadie seria forzado a vivir sometido a un derecho «extraño». De este modo se eliminaría una importante fuente de conflictos.

Ahora bien, un sistema de aseguradores que ofrecen códigos legales competitivos promovería la unificación del derecho. El derecho «domestico» —católico, judío, romano, germánico, etc. —únicamente se aplicaría y obligaría a todos los asegurados por el mismo asegurador bajo la misma ley. El Derecho canónico, por ejemplo, tan solo se aplicaría a los católicos, rigiendo únicamente en los conflictos entre católicos. Mas es posible que un católico trate o tenga alguna diferencia con gentes ajenas a su confesión, deseando entonces ser protegido de los adscritos a otros códigos, por ejemplo, el coránico. Esto no supondría un problema si las leyes canónica y coránica ofrecen una solución parecida en el caso litigioso. Sin embargo, si cada código llegara a una conclusión distinta. —Supuesto que necesariamente se presentaría en algunos casos—, nos enfrentaríamos a un nuevo problema. En un conflicto de estas características resulta inútil la apelación del asegurado al código de su propio grupo, pues no puede pretender que su compañía católica someta a sus fallos a un asegurador musulmán, o viceversa. Cada asegurador tendrá más bien que contribuir al desarrollo de un derecho intergrupal, aplicable en aquellos supuestos de discrepancia entre los códigos de los aseguradores. Comoquiera que estas provisiones resultarán creíbles a los asegurados, que las considerarán un bien, en la medida en que sean también aceptadas por otros aseguradores —y cuanto más mejor—, la competencia promoverá el desarrollo y el refinamiento de un cuerpo jurídico que suscitará el más amplio consenso legal y moral (abarcador de varias culturas), representando el más amplio denominador común entre los diversos códigos jurídicos del mercado[5]

Aunque los diversos aseguradores y códigos puedan discrepar sobre la conveniencia de plantear ciertos casos ante una y otra sede, las circunstancias les obligarían a someterse en esos supuestos al arbitraje de una tercera parte independiente. Esta, empero, no sólo sería independientes de las dos partes discrepantes. También seria, simultáneamente, la elección unánime de ambas; razón por la cual los árbitros representarían o incluso personificarían el «consenso» y la «predisposición al acuerdo». Sus fallos seria aceptados al reconocer las partes su capacidad para hallar y formular soluciones mutuamente satisfactorias, es decir, «equitativas», en los supuestos de desacuerdos que afectan a diversos grupos. Además, si un árbitro errara y ofreciese soluciones percibidas como «injustas» o «parciales» por uno de los aseguradores o sus clientes, sería muy poco probable que esa persona volviese a ser elegida como árbitro.

En consecuencia los contratos de protección y seguridad serian el resultado más destacable de la competencia desatada entre diversos aseguradores a la búsqueda de clientes. Los aseguradores, al contrario que los Estados, ofrecerían a sus clientes unos contratos con descripciones precisas del producto y claras definiciones de las cargas y obligaciones. La relación entre los asegurados y los árbitros estaría pues definida y regida por un instrumento contractual. Cada parte de un contrato durante su término o hasta su cumplimiento, estaría limitada por sus estipulaciones y condiciones. Cualquier cambio de las mismas exigiría el consentimiento unánime de las partes concertadas. En condiciones de competencia no puede admitirse la «legislación». Ningún asegurador que sea un Estado saldría bien librado si «prometiera protección» a sus clientes sin explicarles de qué modo y a qué precio, manifestando además que, si así lo decidiera unilateralmente, podría cambiar las condiciones de la relación protector-cliente. Los clientes asegurados demandarían un servicio «mejor», a lo que los otros aseguradores accederían ofreciendo contratos y un derecho Constante, en vez de promesas y una legislación movediza y cambiante. La cooperación permanente entre varios aseguradores y árbitros inauguraría una tendencia a la unificación del derecho de la propiedad y los contratos, así como a la armonización de las reglas de procedimiento, prueba y resolución de conflictos, incluidos los asuntos relacionados con la responsabilidad, agravios, compensaciones y castigos. Gracias al seguro de protección contratado. Todo conflicto y reclamación por daños, por insignificante que parezcan, caería bajo la jurisdicción de una o más agencias de seguros y podrían ser abordadas según el código «domestico» de un asegurador particular, o según las previsiones y procedimiento legales «internacionales» previamente acordados por un grupo de aseguradores, quedan si así plenamente asegurada ex ante la estabilidad y la certeza jurídica.

[1] G. de Molinari, The Production of Security

[2] M.N. Rothbard, Power and market, cap. 1. También su For A New Liberty, caps. 12 y 14.

[3] M. y L. Tannehill, The Market for Liberty, espec. parte 2

[4] Sobre la «lógica» del aseguramiento véase L. von Mises, La acción humana, cap. 6. M.N. Rothbard, Man, Economy, and state, vol. II, pp. 498 sq. H.-H. Hoppe, «On certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be? », en Review of Austrian Economic, 10, n. º 1, 1997. También Richard Von Mises, Probability Statistics and truth. Nueva York, Dover, 1957. Frank H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit. Chicago, University of Chicago Press, 1971.

[5] Sobre esto puede verse H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und staat, pp. 122-26.

Parte V

Debemos ocuparnos ahora de la segunda cuestión. Con independencia de la asegurabilidad de la protección defensiva, el seguro presenta dos formas básicas. Permítasenos considerar tan solo dos ejemplos característicos: el aseguramiento contra desastres naturales, como terremotos, inundaciones o huracanes, y el aseguramiento contra accidentes o desastres industriales, como el mal funcionamiento de ciertas instalaciones, las explosiones o los productos defectuosos. Aquellos pueden servir como ejemplos del seguro de grupos o mutualista. Algunos territorios son más propensos a los desastres naturales que otros; por esta razón, la demanda y el precio de seguros será más alto en esas áreas. Los riesgos de cualquier localización geográfica dentro de ciertos límites territoriales son contemplados homogéneamente por el asegurador. El asegurador conoce presumiblemente la frecuencia e intensidad de los eventos en la región concebida como una unidad pero en cambio lo ignora todo sobre el riesgo particular de una ubicación concreta. En este caso, toda persona asegurada pagará la misma prima por valor asegurado. Las primas recaudadas en un periodo de tiempo dado que deben ser suficientes para cubrir todas las reclamaciones por daños acontecidos en dicho periodo temporal, o de otro modo, el negocio del asegurador incurriría en pérdidas, puede decirse, en suma, que los riesgos individuales concretos son agrupados y asegurados en común.

Los seguros industriales constituyen ejemplos de aseguramiento individual. Al contrario que los desastre naturales, el riesgo asegurado en este caso es el resultado de la acción humana, concretamente de los esfuerzos productivos. Todo proceso de producción está controlado por un productor individual. Ningún productor se propone como meta de su actividad experimentar un siniestro. No obstante, según se ha expuesto ya, únicamente son asegurables los desastres accidentales, es decir, no intencionados. Aunque la producción está ampliamente regulada tiene generalmente, buen fin, los productores y las tecnologías que emplean no es están libres de eventuales contratiempos y accidentes que escapan a su control —el margen de erros—. En la medida en que se trata de la resultante —intencionada o no— de los esfuerzos de producción individuales y de unas técnicas concretas, este tipo de producción individual y de unas técnicas concretas, este tipo de riesgo varía mucho en cada caso. El riesgo de los diferentes productores y técnicas no puede agruparse, de modo que cada productor debe asegurarse individualmente. El asegurador tendrá que conocer en este caso la frecuencia temporal del evento, pero, salvo que se tratara de un productor y de unas técnicas operantes de todas épocas, no puede saber la posibilidad de que el evento se produzca en un momento singular. No puede presumirse que las primas cobradas en un periodo dado bastaran para cubrir todos los daños emergentes durante dicho periodo. La presunción correcta es otra: que las primas correspondientes a numerosos periodos temporales serán suficientes para cubrir las reclamaciones por daños del lapso temporal abarcador de todos los periodos. En consecuencia, un asegurador debe disponer de reservas de capital para cumplir sus obligaciones contractuales, tomando en consideración el valor actualizado de sus reservas a la hora de calcular las primas.

Otro asunto de interés es que tipo de seguro protege contra las agresiones e invasiones de otros actores. ¿Puede tratarse de un seguro mutualista, como los que cubren desastres naturales, o puede ofreceré como un seguro individual, como en el caso de los accidentes industriales?

Nótese que ambas formas de aseguramiento representan únicamente los dos extremos posibles de un continuo y que la posición en el mismo de una riesgo particular nunca esta definitivamente fijada. A causa de los avances científicos y tecnológicos en meteorología, geología o ingeniería, por ejemplo, riesgos que anteriormente se consideraban homogéneos (susceptibles de una seguro mutualista) pueden descomponerse poco a poco, dejando de serlo. Es digna de mención está tendencia en el capo de los seguros médicos y de la salud. Los avances en ingeniería genética médica —huella genética— están determinando que riesgos homogéneos o inespecíficos con respecto a grandes poblaciones, se hayan convertido en riesgos casa vez más heterogéneos y específicos.

¿Puede añadirse algo, teniendo todo esto en cuenta, sobre los seguros de protección en particular? Creemos que sí. Después de todo, aunque el seguro necesita que el riesgo sea accidental desde el punto de vida del asegurador y el asegurado, el evento de invasión agresiva se aparta claramente del supuesto de los desastres naturales o industriales. Estos son el resultado de las fuerzas de la naturaleza y la agresión en una acción humana. Por otro lado, la naturaleza es «ciega» y no discrimina entre individuos o tiempo; un agresor en cambio, sí que puede distinguir y elegir sus víctimas y el momento de lanzar su ataque.

Tomado de Democracy: The God That Failed, 2001. Publicado por Alejandro Bermeo Rodriguez.

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La ética y la economía de la propiedad privada

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

I. El problema del orden social
Viviendo solo en su isla, Robinson Crusoe puede hacer todo lo que le plazca. Para él, las preguntas sobre las reglas de conducta humana necesarias para la convivencia ordenada—cooperación social—simplemente no se presentan. Naturalmente, tales preguntas sólo aparecen cuando una segunda persona, Viernes, llega a la isla. Pero incluso, en ese contexto, tales reglas son en gran medida irrelevantes mientras no haya escasez. Supongamos que la isla es el Jardín del Edén, donde todos los bienes externos son superabundantes, es decir, “bienes libres” como el aire que respiramos; entonces, cualquier cosa que Crusoe haga con esos bienes no tendrá repercusión alguna sobre su aprovisionamiento, ni sobre el aprovisionamiento de Viernes (y viceversa). Por tanto, es imposible que puedan surgir conflictos entre Crusoe y Viernes respecto al uso de estos bienes. El conflicto solamente es posible cuando los bienes son escasos. Sólo entonces aparece la necesidad de formular reglas que hagan posible la cooperación social ordenada—libre de conflictos.

En el Jardín del Edén sólo existen dos bienes escasos: el cuerpo físico de la persona y el espacio donde está dicho cuerpo. Crusoe y Viernes tienen cada uno un cuerpo y pueden pararse únicamente en un lugar a la vez. Por tanto, incluso en el Jardín del Edén pueden aparecer conflictos entre Crusoe y Viernes: ambos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente sin entrar en conflicto físico entre ellos. Por eso, incluso en el Jardín del Edén tienen que existir reglas de conducta social ordenada—reglas respecto a la ubicación y el movimiento apropiado de los cuerpos humanos. Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, tienen que existir normas que regulen no sólo el uso de los cuerpos personales sino también de todo lo escaso, de tal modo que todos los conflictos posibles puedan ser evitados. Ese es el problema del orden social.

II. La solución: Propiedad privada y apropriación original
En la historia del pensamiento social y político se ha formulado una variedad de propuestas para solucionar el problema del orden social, y esta gama de propuestas, mutuamente inconsistentes, ha contribuido al hecho de que la búsqueda de una solución única y “correcta” haya sido considerada frecuentemente ilusoria. Pero como trataré de demostrar, una solución correcta existe. Por tanto, no hay razón para sucumbir al relativismo moral. La solución ha sido conocida por cientos de años, si no por más tiempo[1]. En tiempos modernos tal solución antigua y sencilla fue formulada de forma clara y convincente por Murray N. Rothbard[2].

Permítanme primero formular la solución—tanto para el caso especial del Jardín del Edén como para el caso general del mundo “real”—y luego explicar por qué esta solución, y no otra, es la correcta.

En el Jardín del Edén, la solución viene dada por una sencilla regla que estipula que todos pueden mover y colocar su cuerpo donde les plazca, con la única condición de que ninguna otra persona ya esté ocupando ese mismo espacio. Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, la solución viene dada por esta regla: Cada persona es la dueño legítimo de su propio cuerpo físico, como también de los lugares y bienes naturales que ocupe y ponga en uso por medio de su cuerpo, con la condición que ninguna otra persona haya ya ocupado o utilizado los mismos lugares y bienes antes que él. Esta propiedad sobre lugares y bienes adquiridos mediante “apropiación original” implica el derecho de una persona a usar y transformar esos lugares y bienes de la forma que considere adecuada, con la condición de que no cambie por la fuerza la integridad física de los lugares y bienes apropiados originalmente por otra persona. En particular, cuando un lugar o bien ha sido apropiado—en palabras de John Locke, “mezclando el trabajo de uno” con el objeto—la propiedad de esos lugares y bienes sólo puede ser adquirida mediante la transferencia voluntaria—contractual—del título de propiedad del dueño anterior al nuevo dueño.

A la luz del muy extendido relativismo moral, vale la pena precisar que esta idea de apropiación original y de propiedad privada como solución al problema del orden social está en completa correspondencia con nuestra “intuición” moral ¿No es simplemente absurdo decir que una persona no debería ser dueña de su cuerpo y de los lugares y bienes de los que originalmente—esto es, antes que cualquier otra persona—se apropia, usa y/o produce con su cuerpo? ¿Quién, si no él, debería ser el dueño? ¿No es también obvio que la mayoría de la gente—incluyendo niños y primitivos—actúa de acuerdo a estas reglas de forma ordinaria y normal?

La intuición moral, tan importante como es, no constituye prueba alguna. Sin embargo, sí existe prueba de la veracidad de nuestra intuición moral.

La prueba consta de dos partes. Por un lado, las consecuencias de negar la validez de la institución de la apropiación original y de la propiedad privada son claras: Si A no es dueña de su propio cuerpo, ni de los lugares y bienes originalmente apropiados y/o producidos con su cuerpo, así como de los bienes voluntariamente adquiridos por contrato, entonces sólo quedan dos alternativas: i) O bien otra persona B debe ser reconocida como dueña del cuerpo de A, y de los lugares y bienes apropiados, producidos o adquiridos por A; o ii) ambas personas (A y B) deben ser copropietarias.

En el primer caso, A estaría reducida al rango de esclavo y objeto de explotación de B, quien a su vez sería dueño del cuerpo de A, como también de los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por A. Pero A, en cambio, no sería recíprocamente dueña del cuerpo de B ni de los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por B. De ahí que, bajo esta regla, aparecen dos clases de personas categóricamente distintas—Untermenschen (criaturas sub-humanas) como A y Uebermenschen (superhombres) como B—a quienes “leyes” distintas se aplican. Por tanto, tal regla debe ser descartada como ética humana igualmente aplicable a todo individuo qua ser humano (animal racional). Desde el principio, tal regla no puede ser considerada como universalmente aceptable, y entonces, no puede aspirar a rango de ley, pues para que una regla alcance el grado de ley—regla justa—debe aplicar a todos por igual.

Alternativamente, en el segundo caso—copropiedad universal igualitaria—se cumple el requisito que la ley sea igual para todos. Sin embargo, esta alternativa sufre una deficiencia aún más severa, porque si fuese aplicada, toda la humanidad perecería. (Dado que toda ética humana debe permitir la supervivencia de la humanidad, esta alternativa debe también ser rechazada.) Toda acción de una persona requiere la utilización de medios escasos (por lo menos del cuerpo de la persona y del espacio donde se ubica), pero si todos los bienes fuesen co-poseídos, entonces a ninguna persona, en ningún momento ni lugar, le estaría permitido hacer algo a menos que previamente hubiese pedido el consentimiento de cada copropietario. Pero, ¿cómo podría alguien otorgar tal consentimiento sin ser dueño exclusivo de su propio cuerpo (incluyendo sus cuerdas vocales)? De hecho, necesitaría primero el consentimiento de otros para poder expresar el suyo, pero esos otros no podrían dar su consentimiento sin tener primero el suyo, y así sucesivamente.

Esta revisión sobre la imposibilidad praxeológica del “comunismo universal,” como Rothbard denominó a esta propuesta, me lleva inmediatamente a una forma alternativa de demostrar que la idea de apropiación original y propiedad privada es la única solución correcta al problema del orden social[3]. Si las personas tienen o no derechos—y si los tienen ¿cuáles?—sólo puede determinarse en el curso de una argumentación (intercambio de proposiciones). Una justificación—prueba, conjetura, refutación—es una justificación argumentativa. Cualquiera que negase esta proposición entraría en contradicción performativa, porque su negación constituiría en sí misma un argumento. Incluso un relativista ético tiene que aceptar esta proposición primera, conocida como el apriori de argumentación.

De la aceptación innegable—del status axiomático—de este apriori de argumentación, surgen dos conclusiones igualmente necesarias. Primero, hay un caso donde no hay solución racional al problema del conflicto que aparece por la escasez. Supongamos en el escenario anterior de la isla de Crusoe, que Viernes no es un hombre sino un gorila. Obviamente, en la misma forma que Crusoe podría tener un conflicto con Viernes respecto a su cuerpo y espacio, podría también tenerlo con Viernes, el gorila, pues éste podría querer ocupar el mismo espacio que Crusoe. En este caso, si el gorila es el tipo de ente que conocemos como tal, no habría solución racional al conflicto. O el gorila aparta, aplasta, o devora a Crusoe—la solución del gorila—o Crusoe domestica, persigue, golpea, o mata al gorila—la solución de Crusoe. En esta situación uno de hecho podría hablar de relativismo moral. Sin embargo, sería más apropiado referirse a esta situación como aquella donde las preguntas sobre justicia y racionalidad simplemente no aparecen; es decir, sería considerada una situación extra-moral. La existencia de Viernes, el gorila, sería para Crusoe un problema técnico, no moral. Crusoe no tendría otra opción que aprender a controlar los movimientos del gorila como hubiese tenido que aprender a controlar los otros objetos inanimados de su entorno.

Por implicancia, sólo si ambas partes son capaces de iniciar una discusión con argumentos, se puede hablar de un problema moral y la cuestión de si existe o no solución al problema es relevante. Sólo si Viernes, sin importar su apariencia física, es capaz de argumentar (incluso si hubiera demostrado hacerlo una sola vez), puede ser considerado racional y tiene sentido el asunto de si existe solución correcta al problema del orden social. Nadie tiene que dar una respuesta a alguien que nunca ha formulado una pregunta, o más precisamente, a alguien que nunca ha expresado su punto de vista relativista en la forma de un argumento. En tal caso, ese “otro” no puede sino ser considerado y tratado como un animal o una planta, es decir, como una entidad extra-moral. Sólo si esa otra entidad puede hacer una pausa en su actividad (cualquiera que sea), detenerse, y decir “sí” o “no” a algo que uno ha dicho, le debemos una respuesta y podemos sostener que nuestra respuesta es la correcta para ambas partes implicadas en el conflicto.

Además, del apriori de argumentación se deduce que la validez de todo aquello que tiene que ser pre-supuesto en el curso de una argumentación como pre-condición lógica y praxeológica de la argumentación, no puede ser disputado argumentativamente sin caer en una contradicción interna (performativa).

Ahora, los intercambios proposicionales no están hechos de proposiciones que flotan libremente en el espacio, sino que constituyen una actividad humana específica. La argumentación entre Crusoe y Viernes requiere que ambos tengan, y se reconozcan mutuamente, control exclusivo de sus respectivos cuerpos (cerebro, cuerdas vocales, etc.), así como del espacio ocupado. Nadie puede proponer algo y esperar que la otra parte se convenza por si misma de la validez de tal proposición, o que la rechace y proponga algo más, a menos que de antemano pre-suponga el derecho suyo y del oponente al control exclusivo de sus respectivos cuerpos y espacios ocupados. De hecho, es precisamente este reconocimiento mutuo de la propiedad del proponente y del oponente a sus propios cuerpos y espacios ocupados, lo que constituye el characteristicum specificum de todas las disputas proposicionales: que mientras uno puede no estar de acuerdo respecto a la validez de una proposición específica, uno puede a pesar de eso estar de acuerdo en el hecho que uno está en desacuerdo. Además, ese derecho a la propiedad sobre el propio cuerpo y el espacio que ocupa debe ser considerado apriori (o indiscutiblemente) justificado tanto por el proponente como por el oponente. Cualquiera que reclamase la validez de una proposición frente a su oponente, tendría primero que haber presupuesto de antemano, el control exclusivo—suyo y del oponente—de sus respectivos cuerpos y espacios ocupados simplemente para poder decir “yo afirmo que tal y cual es verdad, y te reto a que demuestres que estoy equivocado.”

Además, sería igualmente imposible entrar en argumentación y apoyarse en la fuerza proposicional de los argumentos de uno, sino a uno no le fuese permitido poseer (control exclusivo) otros medios escasos (aparte del cuerpo y el espacio ocupado). Si uno no tuviese tal derecho, entonces todos pereceríamos inmediatamente y el problema de justificar las reglas—así como cualquier otro problema humano—simplemente no existiría. De ahí que, en virtud del hecho de estar vivos, los derechos de propiedad sobre otras cosas tienen que ser pre-supuestos también válidos. Nadie que esté vivo podría argumentar de modo distinto.

Si a una persona no le estuviese permitido la propiedad de bienes y espacios mediante un acto de apropiación original—esto es, estableciendo una conexión objetiva (intersubjetivamente determinable) entre él y un bien o espacio particular, antes que a cualquier otra persona—y si en vez de eso la propiedad fuese otorgada al que llega después, entonces a uno nunca le estaría permitido empezar a utilizar un bien a menos que previamente tuviese el consentimiento de la persona que llegó después. Pero ¿cómo puede alguien que llega después dar su consentimiento sobre las acciones del que llega primero? Además, el que llega después necesita a su vez, el consentimiento de los otros, y de los que llegan después, y así sucesivamente. Es decir, ni nosotros ni nuestros antepasados hubiésemos podido sobrevivir de haber seguido tal regla. Sin embargo, para que alguien—del pasado, presente o futuro—pueda debatir algo, la sobrevivencia debe ser posible; y para hacer esto, los derechos de propiedad no pueden ser concebidos como vagos en el tiempo, o indeterminados respecto al número de personas involucradas. En vez de eso, los derecho de propiedad tienen necesariamente que ser concebidos como originados por medio de acciones, en puntos específicos del tiempo y espacio, por individuos específicos. De otro modo, sería imposible para alguien decir algo en un determinado momento en el tiempo y espacio, y para alguien más poder responder. Entonces, el simple hecho de decir que la regla del primer-usuario-primer-dueño puede ser ignorada o que es injustificada implica una contradicción performativa, ya que el ser capaz de decir eso tiene que presuponer la existencia de uno como unidad independiente de toma de decisiones en un punto dado del tiempo y el espacio[4].

III. Confusiones y clarificaciones
Según este razonamiento, propiedad privada significa control exclusivo que una persona particular tiene sobre objetos y espacios físicos específicos. Del mismo modo, invasión de derechos de propiedad significa daño físico o disminución no deseada de objetos y espacios poseídos. En contraste, un punto de vista bastante extendido sostiene que, el detrimento o la disminución del valor (o precio) de la propiedad de alguien también constituyen una ofensa castigable.

En lo concerniente a la (in)compatibilidad de ambas posiciones, es fácil reconocer que casi toda acción de un individuo puede alterar el valor (precio) de la propiedad de otra persona. Por ejemplo, cuando el individuo A entra al mercado de trabajo o matrimonio, eso puede cambiar el valor del individuo B en esos mercados. Y cuando A cambia sus valoraciones relativas respecto a cerveza y pan, o si A decide convertirse él mismo en fabricante de cerveza o pan, eso cambia el valor de la propiedad de otros productores de cerveza y pan. Según la visión de que el detrimento del valor constituye una violación de derechos, A estaría cometiendo una ofensa castigable contra los productores de cerveza y los panaderos. Si A es culpable, entonces B, los cerveceros y los panaderos deben tener derecho a defenderse de las acciones de A, y esas acciones defensivas consisten en invasiones físicas contra A y sus propiedades. Si A es culpable, debe permitirse que B prohíba físicamente la entrada de A a los mercados de trabajo y matrimonio; debe permitirse a los cerveceros y panaderos impedir físicamente que A gaste su dinero como le plazca. Sin embargo, en este caso, el daño físico o el menoscabo de la propiedad de A no puede verse como una ofensa castigable, pues la invasión física y el menoscabo, siendo acciones defensivas, son legítimas. Al contrario, si el daño físico y el menoscabo constituyen una violación de derechos, entonces B, los cerveceros y los panaderos no tienen derecho a defenderse de las acciones de A, porque sus acciones—su entrada a los mercados de trabajo y matrimonio, su cambio de valoración o su entrada a la producción de cerveza o pan—no afectan la integridad corporal de B o la integridad física de la propiedad de los cerveceros o los panaderos. Si ellos se defienden físicamente, entonces el derecho a defenderse recae sobre A. En este segundo caso, sin embargo, no puede considerarse ofensa castigable que uno altere el valor de la propiedad de otros. Una tercera posibilidad no existe.

Ambas ideas sobre derechos de propiedad no son sólo incompatibles, sino que además, la visión alternativa de que uno puede ser el dueño del valor o del precio de bienes escasos es indefendible. Mientras una persona puede controlar que sus acciones no cambien las características físicas de la propiedad de otro, no puede controlar que sus acciones afecten el valor (o precio) de la propiedad de otro. El valor es determinado por otros individuos y sus evaluaciones. En consecuencia sería imposible saber de antemano si las acciones que uno planea son, o no, legítimas. La población entera tendría que ser interrogada para estar seguros que las acciones de uno no dañarán el valor de la propiedad de alguien más, y uno no podría empezar a actuar hasta que un consenso universal hubiese sido alcanzado. La humanidad perecería mucho antes que este postulado se hubiese satisfecho.

Más aún, la afirmación de que uno tiene derechos de propiedad sobre el valor de las cosas implica una contradicción, pues para reclamar la validez de esta proposición—aceptación universal—tendría que haberse asumido que está permitido actuar antes de llegar a un acuerdo. De otra forma, siempre sería imposible proponer algo. Sin embargo si a uno le está permitido enunciar una proposición—y nadie podría negar esta premisa sin caer en contradicción—esto es solamente posible debido a la existencia de fronteras físicas en la propiedad, esto es, límites que todos pueden reconocer y confirmar independientemente y en completa ignorancia de las evaluaciones subjetivas de otros[5].

Otro malentendido igualmente común sobre la idea de propiedad privada se refiere a la clasificación de las acciones como permisibles o no, basándose exclusivamente en sus efectos físicos, esto es, sin considerar que cada derecho de propiedad tiene una historia (génesis temporal).

Si A está dañando físicamente la propiedad de B (por ejemplo, contaminando el aire o haciendo ruido), la situación tiene que ser juzgada de forma diferente dependiendo de quién estableció primero su derecho de propiedad. Si la propiedad de A fue establecida primero, y si él ha llevado a cabo las actividades objetables antes del establecimiento de la propiedad de B, entonces A puede continuar con sus operaciones. A ha establecido un derecho de uso. Desde el principio B adquirió una propiedad sucia o ruidosa, y si quiere una propiedad limpia y tranquila, tiene que pagar a A por esa ventaja. Por otro lado, si la propiedad de B fue establecida primero, entonces A debe suspender sus actividades; y si no quiere hacer tal cosa, debe pagar a B por esta ventaja. Cualquier otro veredicto es imposible e indefendible, pues mientras una persona esté viva y despierta, no puede no actuar. El que llega primero no puede, aunque quiera, esperar al que llega después y el permiso de éste para empezar a actuar. Se le tiene que permitir actuar inmediatamente. Y si no existe otra propiedad, además de la de él (porque el que llega después aún no ha llegado), entonces el rango de acción de uno debe considerarse limitado sólo por las leyes de la naturaleza. El que llega después sólo puede desafiar la legitimidad del que llega primero si él es dueño de los bienes afectados por las acciones del que llegó primero. Sin embargo, eso implicaría que el segundo podría ser dueño de cosas no apropiadas, esto es, cosas que aún no ha descubierto, o de las que aún no se ha apropiado mediante acción física. Eso significaría que al que llegó primero no le estaría permitido convertirse en el primer usuario de una entidad física previamente no descubierta ni apropiada.

IV. La economía de la propiedad privada
La idea de propiedad privada no sólo concuerda con nuestra intuición moral y es la única solución al problema del orden social. La institución de la propiedad privada es también la base de la prosperidad económica y del “bienestar social”. Mientras la gente actúe de acuerdo a las reglas de la institución de la propiedad privada, el bienestar social será optimizado.

Todo acto de apropiación original mejora el bienestar del apropiador (por lo menos ex-ante); de otra forma, no se llevaría a cabo. Al mismo tiempo, nadie empeora su situación con esta acción. Cualquier otra persona pudo haberse apropiado de los mismos bienes y territorios si sólo los hubiera reconocido como escasos y, por tanto, valiosos. Sin embargo, como ningún otro individuo realizó tal apropiación, nadie puede haber sufrido una pérdida de bienestar por culpa de la apropiación original. Por lo tanto, el tal llamado criterio de Pareto (que es científicamente legítimo hablar de una mejora en el bienestar social, sólo si un cambio particular aumenta el bienestar individual de por lo menos una persona y no deja a ninguna otra en peor condición) se alcanza. Un acto de apropiación original cumple con este requerimiento. Mejora el bienestar de una persona, el apropiador, sin disminuir la riqueza física (propiedad) de nadie. Todos los demás tienen la misma cantidad de propiedad que tenían antes y el apropiador ha ganado propiedad nueva, previamente inexistente. Hasta aquí, un acto de apropiación original siempre aumenta el bienestar social.

Cualquier acción posterior con bienes o territorios apropiados originalmente mejora el bienestar social, porque sin importar lo que una persona haga con su propiedad, lo hace para aumentar su bienestar. Tal es el caso cuando una persona consume su propiedad igual que cuando produce nueva propiedad a partir de la “naturaleza.” Todo acto de producción es causado por el deseo del productor de transformar una entidad de menor valor en una de mayor valor.

Finalmente, todo intercambio (transferencia) voluntario de propiedad apropiada o producida, de un dueño a otro, incrementa el bienestar social. Un intercambio de propiedad es posible sólo si ambos dueños prefieren lo que adquieren más que lo que entregan y por tanto esperan un beneficio del intercambio. Las dos personas ganan bienestar en todo intercambio de propiedad, y la propiedad bajo el control de los demás permanece inalterada.

En claro contraste, cualquier desviación de la institución de la propiedad privada tiene que conducir a pérdidas en el bienestar social.

En el caso de la co-propiedad igual y universal—comunismo universal en vez de propiedad privada—el precio a pagar sería la muerte instantánea de la especie humana, porque la co-propiedad universal significa que a nadie le está permitido hacer algo o moverse a algún lado. Cada desviación del orden de propiedad privada representa un sistema de desigual dominación y hegemonía. Esto es, sería un orden en el cual a una persona o grupo—los gobernantes, explotadores o Uebermenschen—le estaría permitido adquirir propiedad en diferente forma que por apropiación original, producción o intercambio, mientras que otra persona o grupo—los gobernados, explotados o Untermenschen—lo tendrían prohibido. Aunque la hegemonía es posible, eso conllevaría a pérdidas en el bienestar social y conduciría a un empobrecimiento relativo.

Si a A le es permitido adquirir un bien o un territorio del que B se ha apropiado como está indicado por signos visibles, el bienestar de A se incrementa a costa de la correspondiente pérdida de bienestar de B. No se cumple el criterio de Pareto y el bienestar social es sub-óptimo. Lo mismo ocurre con otras formas de gobierno hegemónico. Si A prohíbe a B apropiarse originalmente de una parte de la naturaleza sin dueño hasta ese momento, si A puede adquirir bienes producidos por B sin el consentimiento de B, si A puede dictar lo que B tiene permitido hacer con sus bienes apropiados o producidos (aparte del requerimiento de que uno no tiene permiso para dañar o deteriorar la propiedad de otros), en cada caso hay un “ganador,” A, y un “perdedor,” B. En todo caso, A aumenta su provisión de propiedades a costa de la correspondiente pérdida de propiedades de B. En ningún caso se cumple el criterio de Pareto y siempre resulta un sub-óptimo nivel de bienestar social.

Más aún, hegemonía y explotación conllevan a niveles futuros de producción reducidos. Toda reglamentación que concede control, parcial o total, a no-apropiadores, no-productores y no-comerciantes, sobre bienes apropiados, producidos o comercializados, conduce necesariamente a una reducción de futuros actos de apropiación original, producción y comercio mutuamente beneficioso. Para la persona que las lleva a cabo, cada una de estas actividades está asociada a ciertos costos, y los costos de llevarlas a cabo aumentan bajo un sistema hegemónico, y los de no llevarlas a cabo disminuyen. El consumo presente y la diversión se hacen más atractivos comparados con la producción (consumo futuro), y el nivel de producción caerá por debajo del nivel que hubiese sido de otra forma. Para los gobernantes, el hecho de que ellos puedan aumentar su riqueza expropiando la propiedad apropiada, producida o adquirida contractualmente por otros, conduce al desperdicio de la propiedad a disposición. Como a ellos les está permitido suplementar su fortuna futura por medio de expropiación (impuestos), se acentúa la orientación hacia el presente y el consumo (alta preferencia temporal), y como hasta donde sabemos ellos no usan sus bienes “productivamente,” la probabilidad de malas asignaciones, malos cálculos y pérdidas económicas se incrementa sistemáticamente.

V. El pedigrí clásico
Como se mencionó al principio, la ética y la economía de la propiedad privada presentadas arriba no reclaman originalidad. En vez de eso, es una expresión moderna de la tradición “clásica” que viene desde los tiempos de Aristóteles, la Ley Romana, Aquino, los últimos Escolásticos españoles, Grotius y Locke[6].

En contraste con la utopía comunista contenida en La República de Platón, Aristóteles nos entrega una lista muy completa de las ventajas de la propiedad privada en La Política. Primero, la propiedad privada es más productiva. “Lo que es común al mayor número de personas recibe la menor cantidad de cuidado. Los hombres ponen más atención a lo que es de su propiedad; ellos se preocupan menos por lo que es común; o le prestan atención según el grado en que esté cada uno individualmente interesado. Incluso cuando no hay otra causa para la desatención, los hombres están más inclinados a descuidar su deber cuando piensan que otro lo está atendiendo.”[7]

Segundo, la propiedad privada previene conflictos y promueve la paz. Cuando la gente tiene separados sus dominios de interés, “no habrá la misma base para peleas, y el grado de interés se incrementará, porque cada hombre sentirá que se está dedicando a lo que es suyo.”[8] “Sin duda es un hecho observable que aquellos que tienen propiedad común, y comparten su administración, están con más frecuencia en desacuerdo entre sí, que aquellos que tienen propiedades individuales.”[9] Más aún, propiedad privada ha existido siempre y en todas partes, mientras que espontáneamente nunca han aparecido utopías comunistas. Finalmente, la propiedad privada promueve la benevolencia y la generosidad. Permite a uno portarse así con los amigos necesitados.

La ley Romana, desde las Doce Tablas hasta el Código de Teodosio y el Corpus Justiniano, reconocieron el derecho a la propiedad privada como casi absoluto. La propiedad surgía de la posesión indiscutida, derechos de uso establecidos por previa utilización, el propietario podía hacer con su propiedad lo que quisiera y se reconocía la libertad de contrato. También, la Ley Romana hacía distinción importante entre ley ‘nacional’ (Romana)—ius civile—y ley ‘internacional’—ius gentium.

La contribución cristiana a esta tradición clásica—representada por Santo Tomás de Aquino y los últimos Escolásticos españoles así como también los Protestantes Hugo Grotius y John Locke—tiene dos partes. Ambas, Grecia y Roma, eran civilizaciones que permitían la esclavitud. Aristóteles, característicamente, consideraba la esclavitud como una institución natural. Por contraste, la civilización occidental—cristiana, con algunas excepciones, ha sido esencialmente una sociedad de hombres libres. De acuerdo a esto, para Aquino y también para Locke, cada persona tenía derecho de propiedad sobre sí mismo (auto-propiedad). Aristóteles, y la civilización clásica generalmente, desdeñaban el trabajo, el comercio, y el hacer dinero. En contraste, de acuerdo al Antiguo Testamento, la Iglesia alababa las cualidades del trabajo y la laboriosidad. Para Aquino y para Locke, fue a través del trabajo, el uso, y el cultivo de tierras previamente no utilizadas, que la propiedad primera empezó a existir.

Esta teoría clásica de propiedad privada, basada en auto-propiedad, apropiación original (homesteading), y contratos (transferencia de títulos), continuó encontrando eminentes proponentes, como J. B. Say. Sin embargo, desde su alta influencia en el siglo XVIII hasta muy recientemente, con el avance del movimiento rothbardiano, la teoría clásica se ha deslizado hacia el olvido.

Por dos siglos, la economía y la ética (filosofía política) se han ido separando desde su origen común en la doctrina de ley natural hasta convertirse en tareas intelectuales aparentemente no relacionadas. La economía se convirtió una ciencia “positiva” libre de valores que preguntaba “¿qué medios son apropiados para alcanzar un fin dado(presupuesto)? La ética se convirtió en una ciencia “normativa” (si es que acaso podía ser considerada ciencia) que preguntaba “¿qué fines (y qué medios) está uno justificado a elegir?” Como resultado de esta separación, el concepto de propiedad progresivamente desapareció de ambas disciplinas. Para los economistas, propiedad sonaba muy normativo; para los filósofos políticos, propiedad era economía mundana.

En contraste, Rothbard explicó que términos económicos elementales como intercambio directo e indirecto, mercados y precios de mercado, agresión, crimen, falta civil, y fraude no pueden definirse o entenderse sin una teoría de propiedad. Ni tampoco es posible establecer los teoremas económicos que relacionan estos fenómenos, sin la noción implícita de propiedad privada. Una definición y teoría de propiedad tienen que preceder la definición y establecimiento de todos los otros términos y teoremas económicos.

La singular contribución de Rothbard, desde comienzos de 1960 hasta su muerte en 1995, fue el redescubrimiento de la propiedad y los derechos de propiedad como fundamento común de ambas, economía y filosofía política, y la reconstrucción sistemática y la integración conceptual de la moderna economía marginalista y la filosofía política de ley natural en una ciencia moral unificada: el libertarismo.

VI. La desviaciones de Chicago
Al mismo tiempo que Rothbard restauraba el concepto de propiedad privada a su posición central en economía y reintegraba la economía y la ética, otros economistas y teóricos legales asociados con la Universidad de Chicago, como Ronald Coase, Harold Demsetz y Richard Posner estaban empezando también a redireccionar la atención profesional al tema de la propiedad y los derechos de propiedad.[10]

Sin embargo, mientras para Rothbard la propiedad privada y la ética lógicamente precedían a la economía, para los otros la propiedad privada y la ética estaban subordinadas a la economía y a las consideraciones económicas. De acuerdo a Posner, cualquier cosa que incremente el bienestar social es justo.[11]

La diferencia entre las dos posiciones puede ilustrarse considerando un caso que Coase plantea: Un ferrocarril corre al costado de una granja. El motor produce chispas que dañan la cosecha del granjero. ¿Qué se debe hacer?

Desde el punto de vista clásico, lo que se necesita establecer es quién estaba allí primero, ¿el granjero o el ferrocarril? Si el granjero estaba allí primero, entonces puede forzar al ferrocarril a detenerse, o pedir compensación. Si el ferrocarril estaba allí primero, entonces puede continuar produciendo chispas y el granjero tendría que pagar al ferrocarril si no quiere chispas.

Desde el punto de vista de Coase, la respuesta tiene dos partes. Primero y “positivamente” Coase sostiene que no importa como sean asignados los derechos de propiedad y la responsabilidad legal mientras sean asignados y mientras (de forma irreal) los costos de transacción sean cero.

Coase sostiene que es erróneo pensar en el granjero y el ferrocarril como “correcto” o “incorrecto” (responsable), o como “agresor” o “víctima”. “El asunto a menudo se piensa como uno en el que A inflige daño a B y lo que tiene que decidirse es, ¿Cómo deberíamos detener a A? Pero eso es incorrecto. Estamos tratando un problema de naturaleza recíproca. Evitar el daño a B sería infligir daño a A. La cuestión real que tiene que decidirse es, ¿Debería permitirse a A dañar a B, o que B haga daño a A? El problema es evitar el daño más serio.”[12]

Más aún, dada la “igual” estatura moral de A y B, para la asignación de recursos económicos no importa a quien tenía primero los derechos de propiedad. Supongamos que el daño a la cosecha del granjero A es de $1,000, y el costo del aparato de captura de chispas (ACC) para el ferrocarril B es de $750. Si a B se le encuentra responsable del daño a la cosecha, B instalará un ACC o dejará de operar. Si a B se le encuentra no responsable, entonces A pagará una suma entre $750 y $1,000 a B para que instale un ACC. Ambas posibilidades dan como resultado la instalación de un ACC. Ahora supongamos que invertimos los números: El daño a la cosecha es de $750 y el costo del ACC es de $1,000. Si a B se le encuentra responsable, pagará $750 a A, pero no instalará el ACC. Y si B es encontrado no responsable, A no podrá pagar a B lo suficiente para instalar el ACC. De nuevo, ambos escenarios terminan con el mismo resultado; no habrá ACC. Por tanto, sin importar cómo estaban inicialmente asignados derechos de propiedad, según Coase, Demsetz y Posner, la asignación de factores de producción será la misma.

Segundo y “normativamente”—y para el único caso real de costos de transacción positivos—Coase, Demsetz y Posner piden a los tribunales que asignen los derechos de propiedad de las partes en conflicto, de tal forma que la “riqueza” o el “valor de producción” sean maximizados. Para el caso que acabamos de considerar eso significa que si el costo del ACC es menor que el daño a la cosecha, el tribunal debe ponerse del lado del granjero y declarar responsable al ferrocarril. Por otro lado, si el costo del ACC es mayor que los daños a la cosecha, entonces el tribunal de estar del lado del ferrocarril y declarar responsable al granjero. Posner da otro ejemplo. Una fábrica emite humo, y al hacerlo deteriora el valor de las propiedades residenciales. Si el valor de las propiedades se reducen en $3 millones y el costo de relocalización de la fábrica es de $2 millones, la planta debe ser considerada responsable y forzada a relocalizarse. Pero si invertimos los números—el valor de las propiedades se reduce en $2 millones y el costo de relocalización es $3 millones—la fábrica se puede quedar y podrá continuar emitiendo humo.

Ambas afirmaciones, positiva y normativa, de la escuela de ley y economía de Chicago deben ser rechazadas.[13] Y para la afirmación de que no importa quién tenía inicialmente los derechos de propiedad, hay tres respuestas. Primero, como Coase ha tenido que admitir, ciertamente sí importa al granjero y al ferrocarril a quién se le asignan los derechos. Importa no sólo cómo se asignan los recursos sino también a quién pertenecen.

Segundo y más importante, para el valor de la producción social sí importa, fundamentalmente, cómo son asignados los derechos de propiedad. Los recursos asignados a negocios productivos no son simplemente dados. Ellos mismos son el resultado de actos previos de apropiación original y producción, y qué tanta apropiación y producción hay depende del incentivo de apropiadores y productores. Si los apropiadores y productores son los dueños absolutos de lo que se han apropiado y producido—esto es, si no son encontrados legalmente responsables frente a segundos o terceros por actos de apropiación y producción—entonces el nivel de riqueza será maximizado. Por otro lado, si a los apropiadores originales y a los productores se les encuentra legalmente responsables frente a los que llegan después, como está implicado en la doctrina de “reciprocidad de daño” de Coase, entonces el valor de la producción será más bajo de lo que en otro caso pudiese haber sido. Es decir, la doctrina del “no importa” es contra-productiva para la meta establecida de maximización de bienestar.

Tercero, la afirmación de Coase de que el uso de los recursos no será afectado por la asignación inicial de los derechos de propiedad no es generalmente cierta. De hecho, es fácil producir contra-ejemplos. Suponga que el granjero no pierde $1,000 en cosechas a causa de las chispas del ferrocarril, sino que pierde un jardín de flores que tiene un valor para él de $1,000 pero que no tiene valor alguno para alguien más. Si los tribunales asignan responsabilidad al ferrocarril, se instalará el ACC de $750. Si la corte no asigna responsabilidad al ferrocarril, el ACC no se instalará porque el granjero simplemente no tiene fondos suficientes para sobornar al ferrocarril para que lo instale. La asignación de recursos es diferente dependiendo de la asignación inicial de derechos de propiedad.

Similarmente, hay tres respuestas contra la afirmación normativa de la escuela de ley y economía de Chicago de que los tribunales deberían asignar derechos de propiedad de tal modo que se maximice el bienestar social. Primero, cualquier comparación de utilidad interpersonal es científicamente imposible, sin embargo los tribunales entran a hacer tales comparaciones sin sentido siempre que quieren hacer un análisis de costo-beneficio. Tales análisis de costo-beneficio son tan arbitrarios como las suposiciones en que se basan. Por ejemplo, asumen que los costos psíquicos pueden ser ignorados y que la utilidad marginal del dinero es constante e igual para todos.

Segundo, como muestran los ejemplos numéricos dados anteriormente, los tribunales asignan derechos de propiedad en forma diferente dependiendo de los datos cambiantes del mercado. Si el ACC es menos costoso que el daño a la cosecha, el granjero tiene el derecho, mientras que si el ACC es más costoso que el daño, el ferrocarril tiene el derecho. Es decir, diferentes circunstancias llevarán a una re-distribución de los títulos de propiedad. Nunca nadie podría estar seguro de su propiedad.[14] La incertidumbre legal se haría permanente. Esto no parece ni justo ni económico; más aún, ¿quién en su sano juicio acudiría a una corte que ha anunciado que podría re-asignar títulos de propiedad existentes en el transcurso del tiempo, dependiendo de las cambiantes condiciones del mercado?

Finalmente, una ética debe tener no sólo permanencia y estabilidad frente a circunstancias cambiantes; una ética tiene que permitir a uno tomar una decisión entre “justo e injusto” antes de actuar, y debe referirse a algo que esté bajo el control del actor. Tal es el caso de la ética clásica de propiedad privada y su principio de primer-usuario-primer-dueño. De acuerdo a esta ética, actuar con justicia significa que una persona emplee sólo los recursos justamente adquiridos—recursos apropiados originalmente, producidos o adquiridos contractualmente de un dueño anterior—y que los emplee de tal forma que no dañe físicamente la propiedad de otros. Toda persona puede determinar de antemano si se cumple o no esta condición, y tiene control sobre si sus acciones dañarán físicamente la propiedad de otros. En claro contraste, la ética de maximización de bienestar falla en ambos casos. Nadie puede determinar ex-ante si sus acciones conducirán o no a la maximización del bienestar social. Si es que acaso eso se puede determinar, sólo puede hacerse después de los hechos. Nadie tiene tampoco control sobre si sus acciones maximizan o no el bienestar social. Eso depende de las acciones y evaluaciones de otros. Y una vez más, ¿quién en su sano juicio se sometería al dictamen de un tribunal que no le permitió saber de antemano cómo actuar correctamente, ni cómo evitar actuar injustamente, sino que emitirá un juicio después de los hechos?

HansHoppe.com
Del Acompañamiento Elgar
Para La Economía de la Propiedad Privada
Editado por Enrico Colombatto
Londres: Edward Elgar, 2004
Traducción original: Rodrigo Betancur
Revisión: Dante Bayona

[1] Ver la sección V.

[2]Ver Murray N. Rothbard, Hombre, Economía y Estado (Auburn, Al.: Mises Institute, 1993 [1962]); ídem, Poder y Mercado (Kansas City: Sheed Andrews & McMeel, 1997 [1970]); ídem, La Ética de la Libertad (New York: New York University Press, 1998 [1982]); ídem, Igualitarismo Como Revuelta Contra la Naturaleza y Otros Ensayos (Auburn, Al.: Mises Institute, 2000 [1974]); ídem, La Lógica de la Acción, 2 vols. (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997).

[3]Ver también Hans-Hermann Hoppe, Una Teoría de Socialismo y Capitalismo (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989); ídem, La Economía y Ética de la Propiedad Privada (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993).

[4]Nótese el carácter de “ley natural” de la solución propuesta al problema del orden social—que la propiedad privada y su adquisición a través de actos de apropiación original no son meramente convenciones sino instituciones necesarias (de acuerdo a la naturaleza del hombre como animal racional). La convención sirve un propósito siempre que exista una alternativa. Por ejemplo el alfabeto latino sirve el propósito de comunicación escrita. Existe una alternativa, el alfabeto cirílico. Por esta razón el alfabeto es una convención. ¿Cuál, es entonces, el propósito de las normas de acción? Evitar conflictos con relación al uso de cosas físicas escasas. Normas que generan conflicto contradicen el propósito mismo de las normas. Pero con relación al propósito de evitar conflictos, no existen alternativas a la propiedad privada y la apropiación original. En ausencia de una armonía pre-estabilizada entre las partes, el conflicto sólo se puede evitar si todos los bienes están siempre en posesión privada de individuos específicos y siempre está claro quién es dueño de qué y quién no. Además los conflictos sólo se pueden evitar, desde el mismísimo principio de la humanidad, si la propiedad privada se adquiere mediante acciones de apropiación original (en vez de meras declaraciones o palabras de personajes que llegan tarde, rezagados).

[5]Mientras nadie podría actuar si todos fueran dueños del valor de su propiedad, es posible en la práctica que una persona o grupo, A, sea el dueña del valor de su propiedad y pueda determinar lo que otra persona o grupo, B, puede, o no, hacer con las cosas bajo su control. Sin embargo, esto significa que B no es “dueño” ni del valor ni de la integridad física de las cosas bajo su control; esto es, B y su propiedad son realmente de propiedad de A. Esta regla puede implementarse, pero no califica como ética humana. En vez de esto, es un sistema con dos clases de personas, el explotador Uebermensch y el explotado Untermensch.

[6]Para detalles ver Murray N. Rothbard, El Pensamiento Económico Antes de Adam Smith. Una Perspectiva Austríaca Sobre la Historia del Pensamiento Económico, Volumen 1 (Aldershot, UK: Edward Elgar, 1995); también Tom Bethell, El Triunfo Más Noble. Propiedad y Prosperidad a Través de los Tiempos (New York: St. Martin’s Press, 1998).

[7]Aristóteles, La Política (Oxford: Clarendon Press, 1946), 1261b.

[8]Ibíd., 1263a.

[9]Ibíd., 1263b.

[10]Ver Ronald Coase, La Empresa, El Mercado, y la Ley (Chicago: University of Chicago Press, 1998); Harold Demsetz, Propiedad, Control y la Empresa (Oxford: Basil Blackwell, 1988); Richard Posner, La Economía de la Justicia (Cambridge: Harvard University Press, 1981).

[11]Posner, La Economía de la Justicia, p. 74: “un acto de injusticia (es definido) como un acto que reduce el capital de la sociedad.”

[12]Ronald Coase, “El Problema del Costo Social” en: ídem, La Empresa, El Mercado y La Ley, p. 96. La perversidad de esta afirmación se ilustra mejor aplicándola al caso de A violando a B. De acuerdo a Coase, A no debe ser detenido. En lugar de eso, “estamos tratando un caso de naturaleza recíproca.” Al impedir que A viole a B, se hace daño a A porque no puede continuar violando libremente. La pregunta real es: Se debería permitir a A violar a B, o se debería permitir a B prohibir a A que lo/la viole? “El problema es evitar el daño más serio.”

[13]Ver también Walter Block, “Coase y Demsetz sobre Derechos de Propiedad Privada,” Journal of Libertarian Studies, Vol. 1, no. 2, 1977; ídem, “Ética, Eficiencia, Derechos de Propiedad de Coase y el Ingreso Psíquico: Una Respuesta a Harold Demsetz,” Review of Austrian Economics, Vol. 8, no. 2, 1995; ídem, “Derechos de la Propiedad Privada, Interpretaciones Erróneas, Moralidad y Economía,” Periódico Trimestral de Economía Austríaca, vol. 3, no. 1, 2000; Gary North, El Teorema de Coase: Un Estudio en Epistemología (Tyler, Texas: Institute de Economía Cristiana, 1992); ídem, “Socavando los Derechos de Propiedad: Coase y Becker,” Journal of Libertarian Studies, Vol. 16, no. 4 (por publicar).

[14]Posner, La Economía de la Justicia, p. 70-71, admite esto con cautivadora franqueza: “Los derechos absolutos juegan un importante papel en la teoría económica de la ley. … Pero cuando los costos de transacción son prohibitivos, el reconocimiento de derechos absolutos es ineficiente. … los derechos de propiedad, aunque absolutos, (son) contingentes a los costos de transacción y supeditados o instrumentales a la meta de maximización del bienestar.”

Puedes descargar el libro aquí.

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La incoherencia intelectual del conservadurismo

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

El conservadurismo moderno, en los EE. UU. y Europa, se halla confuso y distorsionado. Bajo la influencia de la democracia representativa y con la transformación de los EE. UU. y Europa en las grandes democracias de masas tras la I Guerra Mundial, el conservadurismo fue transformado a partir de una fuerza aristocrática anti-igualitarista y anti-estatista en un movimiento de conservadores a favor de la cultura de estado: se trata del ala derecha del socialismo y la social democracia.

Muchos de los conservadores autoproclamados se preocupan, tal y como debería ser, por el decaimiento de las familias, el divorcio, la ilegitimidad, la pérdida de autoridad, el multiculturalismo, la desintegración social, el liberalismo sexual y el crimen. Estos consideran este tipo de fenómenos como anormalidades y desviaciones del orden natural de las cosas, o de eso que se considera normal.

Sin embargo, la mayoría de los conservadores contemporáneos (o al menos la mayoría de los portavoces de los poderes conservadores establecidos) o bien no reconocen que su objetivo de restaurar la normalidad requiere de los cambios sociales y anti-estatistas más drásticos, e incluso revolucionarios, o (si lo saben) se dedican a traicionar la agenda cultural conservadora desde dentro para promover otra completamente distinta.

Esto es en gran medida verdadero de los así llamados neo-conservadores y no requiere de mayor explicación. En efecto, en lo que respecta a sus líderes, uno sospecha que la mayoría de ellos caiga dentro del segundo grupo. Estos no se preocupan en verdad sobre aspectos culturales, sino que reconocen la necesidad de hacerse pasar por conservadores al objeto de no perder poder y poder así promover otro objetivo totalmente distinto como el de la democracia social global.[i] El carácter estatista fundamental de los neo-conservadores americanos puede resumirse bien a partir de las palabras emitidas por uno de sus grandes defensores, Irving Kristol:

“El principio básico que se encuentra detrás del programa conservador del estado del bienestar debería ser uno simple: siempre que sea posible, se debe permitir que la gente se guarde su propio dinero-en lugar de ser este transferido en forma de impuestos al Estado-con la condición de que estos lo destinen a una serie de usos definidos.” [Two Cheers for Capitalism, New York: Basic Books, 1978, p. 119].

Este punto de vista no difiere en lo esencial de ese que mantiene el post-marxismo de la social democracia europea. De esta manera, el partido social demócrata aleman (SPD), por ejemplo, en su programa Godesberg de 1959, adoptó como su lema central el eslogan “tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario.”

Una segunda rama, aunque de alguna manera más vieja si bien hoy día indistinguible del conservadurismo americano moderno viene representado por el conservadurismo de nuevo cuño (posterior a la II Guerra Mundial) que fue inaugurado y promovido con asistencia de la CIA a manos de William Buckley y su National Review. Mientras que el conservadurismo americano de antaño (anterior a la I Guerra Mundial) había sido caracterizado por políticas decisivamente anti-intervencionistas en el ámbito internacional, la marca del nuevo conservadurismo de Bucley ha consistido en su militarismo furibundo y políticas intervencionistas en el extranjero.

En un artículo, “A Young Republican’s View,” publicado en la Commonweal del 25 de Enero de 1952, tres años antes de que se publicara por primera vez el National Review, Buckley resumió de esta manera lo que se convertiría en el nuevo credo conservador: a la luz de la amenaza impuesta por la Unión Soviética, “nosotros [los nuevos conservadores] tenemos que aceptar el Gran Gobierno mientras dure-pues no podemos librar ni una guerra ofensiva ni una defensiva… a excepción de que ésta se haga de puertas adentro por medio del totalitarismo burocrático.”

Los conservadores, escribió Buckley, se impusieron la obligación de promover “las grandes y productivas leyes impositivas que son necesarias para apoyar una política anti-comunista vigorosa en el extranjero,” así como “los grandes ejércitos y sus fuerzas aéreas, energía nuclear, central de inteligencia, paneles de producción armamentística y la centralización auxiliar de los poderes en Washington.”

No ha de sorprender, ya desde el colapso de la Unión Soviética a finales de los 80, que no haya cambiado nada fundamental dentro de esta filosofía. Hoy, la continuación y preservación del estado del bienestar-guerra simplemente se excusa y promueve de forma similar por los neo-conservadores en referencia a otros enemigos y peligros: China, el fundamentalismo islámico, Saddam Hussein, “los estados pirata,” y la amenaza del “terrorismo global.”

Sin embargo, también es cierto que existen muchos conservadores que se preocupan de verdad por la familia y su desintegración o el declive cultural disfuncional. Aquí se me ocurre pensar de forma particular en el conservadurismo que representa Patrick Buchanan y su movimiento. El conservadurismo de Buchanan no difiere en medida alguna de ese otro conservadurismo del partido republicano tal y como él y sus seguidores se ven a sí mismos. En un aspecto decisivo su rama conservadora se encuentra en total acuerdo con ese de los poderes conservadores fácticos: ambos son estatistas. Estos sólo difieren en lo relativo a eso que se necesita hacer en particular para restaurar la normalidad dentro de los EE. UU., pero estando de acuerdo sobre el hecho de que esta tarea compete al Estado. No se ve traza alguna de una doctrina anti-estatista fundamentada en ninguno de ellos.

Permítaseme ilustrar este punto citando a Samuel Francis,

que fue uno de los principales teóricos y estrategas del movimiento de Buchanan. Tras deplorar la propaganda “anti-blanca” y “anti-occidente,” “el militantismo secular, el egoísmo codicioso, el globalismo político y económico, las avalanchas demográficas y el centralismo estatal sin trabas,” éste se explaya con el nuevo lema de “Primero América,” lo cual “implica no sólo anteponer los intereses nacionales a los de otras naciones y abstracciones como “liderazgo mundial,” “armonía global,” y “Nuevo Orden Mundial,” sino también dando prioridad a la nación por encima de la gratificación individual y los intereses intra-nacionales.”

¿Cómo propone éste arreglar el problema moral de la degeneración y el declive cultural? Aquí no se da un reconocimiento de que el orden natural en la educación implique que el Estado no tenga nada que ver con ella. La educación es por entero un problema familiar y debería de ser producida y distribuida en cooperación con las disposiciones y funciones de una economía de mercado.

Más aún, aquí no se reconoce que la degeneración moral y declive cultural tengan causas más profundas que no se van a resolver sólo porque el Estado imponga su política de cambios o se hagan exhortaciones y declamaciones. Por el contrario, Francis propone que la vuelta de la cultura-la restauración de la normalidad-sólo puede lograrse sin efectuar cambios fundamentales en la estructura del estado moderno del bienestar. En efecto, Buchanan y sus ideólogos defienden de modo explícito las tres instituciones fundamentales del estado del bienestar: la seguridad social, medicare y los subsidios por desempleo. Estos incluso quieren aumentar las responsabilidades “sociales” del Estado por medio de asignarle la tarea de “proteger,” a través de restricciones nacionales a la importación y exportación, los trabajos de los americanos, especialmente en áreas de vital importancia para la industria, y proteger los salarios de los trabajadores frente a la mano de obra extranjera que deberá de trabajar por $1 a la hora o menos.”

De hecho, los buchanitas se consideran libremente como estatistas. Estos detestan y ridiculizan al capitalismo tipo laissez-faire, el libre mercado y el comercio, la riqueza, las élites, la nobleza; y proponen en su lugar un nuevo populismo-en verdad de base proletaria-que amalgama el conservadurismo social y cultural con la economía socialista. Así, prosigue Francis, mientras que la izquierda podría ganarse al americano medio a través de sus medidas económicas, ésta los pierde a través de su radicalismo social y cultural, y mientras que la derecha podría atraer al americano medio por medio de apelar a la ley y el orden y la defensa de la normalidad sexual, las convenciones morales y la religión, las instituciones sociales tradicionales y las invocaciones a los nacionalismos y patriotismos, ésta los pierde cuando pone en práctica sus viejas fórmulas burguesas.

Es así que se hace necesario combinar las políticas económicas de la izquierda, el nacionalismo y el conservadurismo cultural de la derecha para crear una “nueva identidad que sintetice tanto los intereses económicos como las lealtades de la nación-estado de la clase media proletarizada en un movimiento político unificado y separado.”[ii] Por razones obvias esta doctrina no se denomina así, si bien existe un término para este tipo de conservadurismo: se le denomina socialismo nacional o nacional socialismo.

(En lo que respecta a la mayoría de los así llamados cristianos de la derecha y “mayoría moral,” estos sólo desean el reemplazamiento de la élite liberal de izquierdas responsable de la educación hoy día por otra, i.e., ellos mismos. “Empezando con Burke para abajo,” Robert Nisbet ha criticado esta postura, “ésta ha representado el precepto conservador y principio sociológico desde Auguste Compte de que la manera más segura de debilitar a la familia, o a cualquier tipo de grupo vital, es que el gobierno asuma y monopolice las funciones históricas de la familia.” En contraste, mucha de la derecha americana contemporánea “se halla menos interesada en las exenciones burkeanas del poder estatal que en poner todo el poder del gobierno en manos de esos en los que se pueda confiar. Se trata del control del poder, no de una disminución suya, lo que más se valora.”)

No voy a ocuparme aquí de la cuestión de si los conservadores buchanitas puedan atraer al público o si su diagnóstico de la política americana es sociológicamente correcto. Yo dudo que este sea el caso, y no cabe duda de que la suerte de Buchanan durante las primarias de 1995 y 2000 no indica lo contrario. En su lugar, quiero tratar una cuestión más fundamental: asumiendo que este enfoque pueda atraer al público; es decir, asumiendo que el conservadurismo cultural y la economía socialista puedan combinarse desde un punto de vista psicológico (i.e., que el público puede mantener ambas creencias sin acabar en la disonancia cognitiva), ¿podrían éstas combinarse desde un puntos de vista práctico (económico y praxeológico)? ¿Es posible mantener los niveles actuales de socialismo económico (seguridad social, etc.) y alcanzar al mismo tiempo el objetivo de restaurar la normalidad cultural (familias naturales y normas de conducta normales)?

Buchanan y sus teóricos no sienten la necesidad de preguntarse esta cuestión, pues éstos creen que la política sólo se reduce al tema del poder y el empeño. Estos no creen en tales cosas como las leyes económicas. Si la gente quiere algo lo suficiente, y si se otorga a estos los poderes y fuerza para implementarlo, todo puede lograrse. “El difunto economista austriaco” Ludwig von Mises, al cual Buchanan se refirió con desprecio durante su última campaña electoral, caracterizó esta creencia como de “historicista,” la postura intelectual de la Kathedersozialisten alemana, los socialistas académicos de la Silla, que eran los que justificaban las medidas de tipo estatista.

Pero el desdeño e ignorancia historicista de la economía no altera el hecho inexorable de que las leyes económicas existan. Uno no puede guardarse y comerse el pastel al mismo tiempo, por ejemplo. O lo que uno consume ahora no podrá consumirse de nuevo en el futuro. O que producir más de un bien implique producir menos de otros bienes. Ningún tipo de pensamiento, por buen intencionado que sea, puede evitar el hecho de que estas leyes puedan desaparecer. Creer lo contrario sólo puede resultar en el fracaso práctico. “De hecho,” señaló Mises, “la historia de la economía consiste en una larga recolección de políticas de gobierno que fallaron debido a que éstas fueran implementadas desafiando de modo descarado las leyes que gobiernan la economía.”[iii]

A la luz de la leyes elementales e inmutables de la economía, el programa buchanita relativo al nacionalismo social sólo constituye otro desafío descarado, por no decir un sueño imposible. Ningún pensar por bien intencionado que sea podrá alterar el hecho de que mantener las presentes instituciones sociales del estado del bienestar y querer regresar a la familia, normas y conducta tradicionales son objetivos incompatibles. Uno sólo puede tener-el socialismo (del bienestar)-o lo otro-los valores tradicionales-pero no ambos, pues la economía nacional socialista, que es el pilar del sistema actual del estado del bienestar y lo que Buchanan quiere dejar intacto, representa en verdad la causa de todas las anomalías.

Para poder clarificar esto, sólo se hace necesario acordarse de una de las leyes más fundamentales de la economía que dice que toda forma de riqueza obligatoria o distribución de los ingresos, de forma independiente al tipo de criterios en que éstas se basen, implica tomar de unos-los que tienen o poseen algo-para dárselo a otros-lo que no tienen o carecen de algo. De forma acorde, el incentivo para ser un poseedor se reduce, y el incentivo por ser un desposeído aumenta. Lo que el poseedor tiene es algo que se considera como “bueno” de forma característica, y los que no tienen o poseen se considera “malo” o una deficiencia. En efecto, esta es la misma idea que se encuentra en la base de todo sistema de redistribución: algunos poseen mucho mientras que otros no llegan a tanto. El resultado de toda forma de redistribución es que uno podrá a a partir de ahí restar de lo bueno y sumar de lo malo, menos perfección y más deficiencias. Por medio de subsidiar con dinero público (que es dinero robado a otros) a gente que es pobre, se perpetúa esta condición y se crea más pobreza (lo malo). Por medio de subsidiar a gente que no tiene empleo, más desempleo (lo malo) se creará. Por medio de subsidiar a madres no queridas, habrá más de las mismas y más hijos ilegítimos (lo malo), etc.

No cabe duda de que este conocimiento básico se aplica a todo el sistema del así llamado sistema de la seguridad social en Europa occidental (desde 1880) y los EE. UU. (desde 1930): de un sistema obligatorio de “seguros” contra la ancianidad, enfermedad, enfermedad laboral, desempleo, indigencia, etc. En conjunción con ese otro sistema si cabe más antiguo de la educación pública, estas instituciones y prácticas equivalen a un ataque masivo contra estas instituciones de la familia y la responsabilidad personal.

Por medio de eximir a los individuos de la obligación de ocuparse de sus propios ingresos, salud, seguridad, ancianidad, educación de los hijos, se reduce el alcance y horizonte de las medidas privadas, así como el valor del matrimonio, la familia, el cuidado de los niños y la afinidad de la familia. La irresponsabilidad, la falta de visión, la negligencia, la enfermedad e incluso el destruccionismo (lo malo) se promueven, mientras que la responsabilidad, el alcance de miras, la diligencia, la salud y el conservadurismo (lo bueno) se castiga.

El sistema obligatorio de seguros contra la ancianidad en particular, en función del cual los jubilados (los viejos) son subsidiados con dinero de los impuestos que se impone frente a los que poseen ingresos (los jóvenes), ha debilitado de forma sistemática el vínculo natural inter-generacional entre los padres, los abuelos y los hijos. Los mayores ya no tienen porqué depender de la ayuda de los hijos en caso de que estos no se hayan ocupado de tenerlos; y los jóvenes (que de forma tradicional tienen menos capital acumulado) tienen que mantener a los mayores (que tradicionalmente disponen de mayor capital acumulado), en lugar de ser lo contrario, tal y como ocurre de forma típica en toda familia.

De forma consecuente, la gente no sólo quiere tener menos hijos-y es obvio que los índices de natalidad han decrecido desde el comienzo del sistema moderno de políticas sociales del bienestar-sino que también ha disminuido el respeto que los jóvenes han tenido de forma tradicional por los mayores; mientras que todos los indicadores de la desintegración familiar y mal funcionamiento como los actuales índices de divorcio, la ilegitimidad, el abuso infantil, el abuso parental, el abuso conyugal, las madres solteras, la soltería, los estilos de vida alternativos y el aborto han aumentado.

Más aún, con la socialización del sistema de salud a través de instituciones tales como Medicaid y Medicare y el control de la industria de seguros (por medio de restringir el derecho de abstención del asegurado: excluyendo todo riesgo individual como no asegurable, y discriminando de forma libre y acorde con métodos actuariales, entre varios grupos de riesgo) se pone en marcha una maquinaria monstruosa de riqueza y redistribución de los ingresos a expensas de los individuos responsables y grupos de bajo riesgo a favor de sujetos irresponsables y grupos de alto riego. Los subsidios para el enfermo e impedido generan enfermedad e incapacidad y debilitan el deseo por ganarse la vida y vivir vidas saludables. Lo mejor que uno puede hacer es citar al “difunto” economista austriaco Ludwig von Mises una vez más:

estar enfermo no constituye un fenómeno independiente del deseo consciente… La eficiencia de un hombre no representa sólo el resultado de su condición física; ésta depende de su mente y deseo en gran medida… El aspecto destructivo de los seguros de vida y accidentes se sitúa por encima de todos los demás en el hecho de que tales instituciones promueven la enfermedad y los accidentes… Sentirse sano es algo totalmente diferente de estar sano en el sentido médico del término… Por medio de debilitar o destruir por completo el deseo por estar sano y poder trabajar, los seguros sociales crean enfermedad e incapacidad laboral; ello genera el hábito de quejarse-que en sí constituye una neurosis-y neurosis de otros tipos… Como institución social, ésta hace que la gente enferme de cuerpo y mente, o al menos contribuye a multiplicar, alargar e intensificar la enfermedad… Los seguros sociales han hecho de esta manera de la neurosis del asegurado una peligrosa enfermedad pública. Si esta institución se extiende y desarrolla la enfermedad se esparcirá. Ninguna reforma nos puede asistir aquí. No podemos debilitar o destruir el deseo por estar sano sin producir enfermedades.[iv]

No deseo explicar aquí el sinsentido económico de la idea si cabe más absurda de las políticas proteccionistas de Buchanan y sus teóricos (de proteger el salario de los americanos). Si estos tuvieran razón, sus argumentos a favor del proteccionismo económico equivaldrían a una acusación para todo comercio y una defensa de la tesis de que cada familia estaría en mejor situación si nunca hubiera comerciado con nadie. No cabe duda de que, en este caso nadie podría perder su trabajo o temer al desempleo, pues la competencia “desleal” se reduciría a cero.

Sin embargo, tal sociedad carente de desempleo nunca será fuerte o próspera; ésta se compondría de gente (familias) que, a pesar de trabajar de sol a sol, estará condenada a la pobreza y el hambre. El proteccionismo internacional de Buchanana, si bien menos destructivos que una política interpersonal de proteccionismo entre regiones, habría de tener precisamente el mismo efecto. Esto no es conservadurismo (los conservadores quieren que las familias permanezcan fuertes y prósperas). Esto es más bien destructivismo económico.

En cualquier caso, lo que debería quedar ya claro es que la mayoría, sino toda, de la degeneración y declive cultural-que son signos de involución-que nos rodea constituye el resultado inevitable del estado del bienestar y sus principales instituciones. Los conservadores clásicos de viejo cuño ya sabían esto, y se opusieron de forma vigorosa a la educación pública y la seguridad social. Estos sabían que los estados tenían la intención de destruir y descomponer a la familia junto con las instituciones y capas jerárquicas de autoridad que constituyen el desarrollo natural de comunidades de base familiar para poder consolidar y asentar su propio poder. Estos sabía que para poder lograrlo los estados tendrían que tomar ventaja del espíritu de rebeldía natural en los adolescentes (jóvenes) contra la autoridad parental. Así como también sabían que la educación estatal y socialización de la responsabilidad constituían en verdad los medios de lograr este objetivo.

La educación y seguridad social provén al adolescente de una válvula de escape frente a la autoridad parental (no tener que pagar por las consecuencias de los malos comportamientos). Los conservadores de vieja escuela sabían que este tipo de políticas emanciparían a los individuos de las disciplinas impuestas por las familias y los estilos de vida sociales para someterlos al inmediato control del Estado.

Además, estos sabían, o por lo menos intuían, que esto llevaría a la sistemática puerilización de la sociedad-una regresión, emocional y mental, desde la madurez a la adolescencia y la niñez.

En contraste, el conservadurismo proletariado y populista de Buchanan-el nacional socialismo-muestra una completa ignorancia por todo esto. Combinando el conservadurismo cultural y el estado del bienestar estatista es imposible, y por ello, un sinsentido económico. Cualquier forma de estatismo del bienestar genera decadencia moral y declive cultural. De esta manera, si uno tiene en verdad esta preocupación por la decadencia moral americana y quiere restaurar la normalidad en la sociedad y la cultura, uno debe oponerse a todos los aspectos del estado moderno del bienestar. Una vuelta a la normalidad requiere ni más ni menos que una completa eliminación del presente sistema de seguridad social: de seguros de desempleo, seguridad social, Medicare, Medicaid, educación pública, etc.-y así la completa disolución y deconstrucción del aparato y poder del Estado. Si uno fuera a restaurar la normalidad algún día, los fondos de gobierno y el poder han de disminuir o incluso decaer a los niveles del siglo XIX. Es así que los verdaderos conservadores han de ser firmes libertarios (anti-estatistas). El conservadurismo de Buchanan es falso: este quiere restaurar la normalidad pero al mismo tiempo aboga por mantener en sitio las mismas instituciones responsables de la decadencia de la moral tradicional.

La mayoría de conservadores, pues, especialmente entre los queridos de los medios de comunicación, no son conservadores sino socialistas-bien del tipo internacionalista (los nuevos estatistas y neocons del estado del bienestar/guerra y los social demócratas globales) o bien de la variedad nacionalista (los buchanitas populistas). Los conservadores de verdad deben oponerse a ambos. Para poder restaurar las normas sociales y culturales, los verdaderos conservadores sólo pueden ser libertarios radicales, y estos deben de demandar la demolición-por distorsionadora de la economía-de todo el aparato y estructura del intervencionismo estatal.

[i] On contemporary American conservatism see in particular Paul Gottfried, The Conservative Movement, rev. ed. (New York: Twayne Publishers, 1993); George H. Nash, The Conservative Intellectual Movement in America (New York: Basic Books, 1976) Justin Raimondo, Reclaiming the American Right: The Lost Legacy of the Conservative Movement (Burlingame, Calif.: Center for Libertarian Studies, 1993); see further also chap. 11.

[ii] Samuel T. Francis, “From Household to Nation: The Middle American populism of Pat Buchanan,” Chronicles (March 1996): 12-16; ver también idem, Beautiful Losers:Essays on the Failure of American Conservatism (Columbia: University of Missouri Press, 1993); idem, Revolution from the Middle (Raleigh, N.C.: Middle American Press, 1997).

[iii] Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Scholar’s Edition (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1998), p. 67. “Princes and democratic majorities,” writes Mises, “are drunk with power. They must reluctantly admit that they are subject to the laws of nature. But they reject the very notion of economic law. Are they not the supreme legislators? Don’t they have the power to crush every opponent? No war lord is prone to acknowledge any limits other than those imposed on him by a superior armed force. Servile scribblers are always ready to foster such complacency by expounding the appropriate doctrines. They call their garbled presumptions “historical economics.”

[iv] Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (Indianapolis, md.: Liberty Fund, 1981), pp. 43 1-32.

Publicado originalmente el 4 de marzo de 2005. Traducido del inglés por Jorge A. Soler Sanz. El artículo original se encuentra aquí.

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Socialismo y esclavitud

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

Otro ejemplo de la diferencia fundamental entre propiedad privada del gobierno (monarquía) y su baja preferencia temporal y la propiedad pública del mismo (democracia) y su alta preferencia temporal puede ilustrarse examinando la institución de la esclavitud, distinguiendo el caso de esclavitud privada, como existía en los Estados Unidos antes de la guerra de secesión, y el de la esclavitud pública practicada en la antigua Unión Soviética y sus países satélites.

En el imperio soviético la emigración fue proscrita y castigada como un crimen, pudiendo ser abatidos quienes intentaran evadirse. Además, las leyes represoras de la ociosidad permitían al gobierno imponer todo tipo de tareas, recompensas o sanciones a cualquier ciudadano. No existen pues grandes diferencias con la esclavitud privada y nada se opone, por tanto, a la clasificación Unión soviética entre los sistemas esclavistas. Más a diferencia del esclavista particular, un esclavista de los Estados de la Europa Oriental –desde Lenin a Gorbachov– no podían vender o alquilar a sus súbditos en el mercado de trabajo, ni apropiarse del producto de la venta o alquiler de su «capital humano». Esto último les confiere el carácter de sistemas esclavistas públicos (o socialistas). Lejos de mejorar, la situación para los esclavos se agrava en ausencia del mercado, pues si no puede fijarse el precio de un esclavo y su trabajo, el amo no puede asignar racionalmente su «capital humano». No puede determinar el valor de escasez de sus heterogéneas unidades de capital humano y tampoco el coste de oportunidad que supone darle un uso concreto, ni siquiera, finalmente, compararlo con el ingreso que podría generar. El resultado de todo ello es una mala asignación permanente del capital humano, su despilfarro y finalmente, su «agotamiento». Así lo indica la evidencia empírica.

Mientas que sólo de vez en cuando sucedía que un amo daba muerte a su esclavo, «consumiendo» definitivamente su capital humano, la esclavitud socialista en la Europa oriental provoco el asesinato de millones de personas. Por regla general, la salud y las expectativas de vida de los esclavos particulares de otras épocas mejoraba, pero en décadas recientes se han constatado el deterioro permanente de la asistencia sanitaria y de la esperanza de vida en el Imperio soviético.

Así mismo, el adiestramiento y la educación de los esclavos privados mejoraron, pero los de los esclavos socializados han disminuido. La tasa de reproducción de aquellos era positiva, la de las poblaciones del Este de Europa ha sido generalmente negativa. Los índices de suicidios, autolesiones, familias rotas, promiscuidad, nacimientos «ilegítimos», defectos genésicos, enfermedades venéreas, abortos, alcoholismo, idiocia o comportamientos desviados fueron elevados entre los esclavos privados; pero todas estas taras indicativas del «consumo del capital humano» han sido todavía mayores entre los esclavos socializados del antiguo Imperio soviético. Ciertamente las conductas violentas o anómicas seguían a la emancipación de los esclavos particulares, sin embargo, la degradación de la vida social como consecuencia de la abolición de la esclavitud socialista ha sido mucho peor, revelando un mayor grado de degeneración moral.

Titulo Original, Socialism and Slavery, Agosto de 1993, publicado por Alejandro Bermeo. El articulo original puede encontrarse aqui

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Un Libertarismo Realista

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

“El libertarismo es lógicamente consistente con casi cualquier actitud hacia la cultura, sociedad, religión, o principio moral. En lógica estricta, doctrinas políticas libertarias pueden ser cortadas de todas las otras consideraciones; lógicamente uno puede ser – y ciertamente la mayoría de los libertarios en realidad son: hedonistas, libertinos, inmoralistas, enemigos militantes de las religiones en general y en el cristianismo particularmente – y aún ser consistentes adherentes de las políticas libertarias. De hecho, con lógica estricta, uno puede ser un devoto consistente de los derechos de propiedad políticamente y ser un vividor, un estafador, un delincuente de poca monta y mafioso en la práctica, como muchos libertarios resultan ser. Con lógica estricta, uno puede hacer estas cosas, pero psicológicamente, sociológicamente, y en práctica, simplemente no funciona de esa manera”. (Mi énfasis, HHH)

Murray Rothbard, “Big-Government Libertarians,” en: L. Rockwell, ed., El Rothbard irreprimible, Auburn, Al: Instituto Ludwig von Mises, 2000, p. 101

Déjeme empezar con unos pequeños comentarios acerca del libertarismo como teoría puramente deductiva.

Si no hubiese escasez en el mundo, los conflictos humanos serían imposibles. Los conflictos interpersonales son siempre y en todas partes conflictos concernientes a cosas escasas. Yo quiero hacer X con una cosa dada y tú quieres hacer Y con la misma cosa.

Debido a tales conflictos – y porque somos capaces de comunicarnos y argumentar entre nosotros – nosotros buscamos normas de conductas con el propósito de evadir estos conflictos. El propósito de las normas es la evasión de conflictos. Si no quisiésemos evadir conflictos, la búsqueda de normas de conductas sería un sinsentido. Simplemente pelearíamos y lucharíamos.

A falta de una perfecta armonía de todos los intereses, los conflictos con respecto a recursos escasos solo pueden ser evadidos si todos los recursos escasos son asignados como propiedad exclusiva y privada para algunos individuos específicos. Solo después de esto yo puedo actuar independientemente, con mis propias cosas, de ti, con tus propias cosas, sin que tú y yo entremos en conflicto.

¿Pero quién posee qué recursos escasos como su propiedad y quiénes no? Primero: Cada persona es dueña de su cuerpo físico que solo él y nadie más controla directamente (yo puedo controlar tu cuerpo solo indirectamente, mediante primero controlando mi cuerpo directamente y viceversa) y que solo él directamente controla en particular cuando discutimos y argumentamos el asunto en mano. De otra forma, si la propiedad sobre el cuerpo fuese asignada a alguien que controla los cuerpos indirectamente, los conflictos se convertirían inevitables mientras que quien controla el cuerpo directo no puede renunciar al control directo sobre su cuerpo mientras esté vivo; y en particular, de otra manera sería imposible que dos personas, como contendientes en cualquier disputa de propiedad, pudiesen argumentar y debatir la pregunta sobre cuál es la voluntad que debe prevalecer. Como argumentar y debatir presuponen que ambos, el proponente y el oponente, tienen control exclusivo sobres sus cuerpos respectivos y llegan al juicio correcto por ellos mismos, sin una pelea (en un forma de interacción libre de conflictos).

Y segundo, en cuanto a recursos escasos que pueden ser controlados solo indirectamente (que deben ser apropiados con nuestro propio, concedido naturalmente, i.e., no apropiado, cuerpo): Control exclusivo (propiedad) es adquirido y asignado a esa persona, quien se apropió del recurso en cuestión primero o quien lo adquirió a través de intercambio voluntario (libre de conflictos) de su antiguo dueño. Porque solo el primer apropiador de un recurso (y todos los dueños siguientes conectados a él a través de una cadena de intercambios voluntarios) puede adquirir y ganar control sobre él sin conflictos, es decir pacíficamente. De otra forma, si control exclusivo es asignado a los que llegan luego, el conflicto no es evadido sino contrario al mismo propósito de las normas, es hecho ineludible y permanente.

Déjenme enfatizar que considero esta teoría como esencialmente irrefutable, como una verdad a priori. En mi estimación esta teoría representa una de los más grandes – sino el más grande – logro del pensamiento social. Formula y codifica las reglas básicas para todas las personas, de todas partes, que quieran vivir juntos en paz.

Y todavía: esta teoría no nos dice mucho sobre la vida real. Para asegurarnos, nos dice que todas las sociedades actuales, en la medida en que son caracterizadas por relaciones pacíficas, se adhieren, sea consciente o inconscientemente, a estas reglas y son así guiados por esta aprehensión racional. Pero no nos dice hasta qué grado este es el caso. Tampoco nos dice, aún si la adherencia a estas reglas fuese completa, cómo las personas vivirían juntas en realidad. No nos dice qué tan cerca o lejos de cada uno vive, si, cuándo, con qué frecuencia y distancia, y para qué propósitos ellos se encuentran e interactúan, etc. Para usar una analogía aquí: conocer la teoría libertaria – las reglas de las interacciones pacíficas – es como saber las reglas de la lógica – las reglas de pensar y razonar correctamente. Sin embargo, al igual que el conocimiento sobre la lógica, tan indispensable que es para el pensar correcto, no nos dice nada sobre el pensamiento humano real, acerca de la realidad de las palabras, conceptos, argumentos, inferencias y conclusiones usadas y hechas, así la lógica de interacción pacífica (libertarismo) no nos dice nada acerca de la vida humana real y sus acciones. Por lo tanto: al igual que cada lógico que quiere hacer buen uso de su conocimiento debe enfocar su atención al pensamiento real y razonar, también un teórico libertario debe enfocar su atención a las acciones de personas reales en vez de ser un simple teórico, él también debe convertirse un sociólogo y un psicólogo, y tomar en cuenta la realidad social “empírica”, es decir, el mundo como verdaderamente es.

Esto me lleva al tema de la “izquierda” y la “derecha”.

La diferencia entre la derecha y la izquierda, como Paul Gottfried ha notado frecuentemente, es un desacuerdo fundamental concerniente a un asunto empírico. La derecha reconoce, naturalmente, la existencia de diferencias y diversidades humanas individuales y las acepta como naturales, mientras que la izquierda niega la existencia de tales diferencias y diversidades o intenta descartarlas y en cualquier caso considerarlas como algo no natural que debe ser rectificado para establecer un estado natural de igualdad humana.

La derecha reconoce la existencia de diferencias humanas individuales no solo con respecto a su ubicación física, estructura ambiental humana y de los cuerpos humanos e individuales (la altura, fuerza, peso, edad, género, piel- cabello- o color de ojos, rasgos faciales, etc., etc.). Más importante, la derecha también reconoce la existencia de diferencias en la estructura mental de las personas, es decir, en sus habilidades cognitivas, talentos, disposiciones físicas, y motivaciones. Reconoce la existencia de lo brillante y lo aburrido, lo inteligente y lo tonto, la visión a corto plazo y a largo plazo, lo ocupado y lo flojo, la agresión y la paz, la docilidad y lo inventivo, la impulsividad y la paciencia, los escrúpulos y la gente descuidada, etc., etc.. La derecha reconoce que estas diferencias mentales, resultantes de la interacción de del ambiente físico y del cuerpo humano, son los resultados de factores ambientales, psicológicos y biológicos. La derecha reconoce adicionalmente que las personas están atadas entre sí (o separadas) ambas físicamente en un espacio geográfico y emocionalmente por sangre (puntos biológicos en común y relaciones), por el lenguaje y la religión, también en las costumbres y tradiciones. Por otra parte, la derecha no sólo reconoce la existencia de estas diferencias y diversidades. Se da cuenta también que el resultado de la contribución de diferencias será otra vez de diferencias y da como resultado personas con mucha o poca propiedad, en ricos y pobres, y en personas de bajo estatus o de alto estatus, rango, influencia o autoridad. Y acepta estos resultados de diferentes contribuciones como normal y natural.

La izquierda por el contrario está convencida de la igualdad fundamental del hombre, que todos los hombres son “creados iguales”. No niega lo evidentemente obvio, por supuesto: que hay diferencias ambientales y fisiológicas, es decir, que algunas personas viven en las montañas y otras en la costa, o que algunos hombres son altos y otros bajos, algunos blancos y otros negros, algunos hombres y otras mujeres, etc. Pero la izquierda niega la existencia de diferencias mentales o, en la medida en que estas diferencias sean demasiado aparentes para ser completamente negadas, intenta descartarlas como “accidentales”. Esto es, la izquierda o explica tales diferencias como únicamente determinadas por el ambiente, tales como cambios en las circunstancias ambientales (la mudanza de una persona de la montañas a la costa y viceversa, por ejemplo, o dando a cada persona atención idéntica tanto postnatal como prenatal) producirían un resultado igualitario, y niega que estas diferencias son causadas (también) por algunas – comparativamente intratables – factores biológicos. O sino, en esos casos donde no puede negarse que los factores biológicos juegan un rol causal al determinar el éxito o el fracaso en la vida (dinero o fama), tales como cuando un hombre de 5 pies de altura no puede ganar una medalla olímpica de oro en la carrera de 100 metros o una chica gorda y fea no puede convertirse en Señorita Universo, la izquierda considera estas diferencias como pura suerte y el resultado del éxito o fracaso de un individuo es inmerecido. De cualquier forma, sea causado por ventajosas o desventajosas circunstancias ambientales o atributos biológicos, todas las diferencias individuales de los humanos son para ser igualadas. Y donde esto no pueda hacerse literalmente, como no podemos mover montañas o mares o hacer bajo a un hombre alto o negro a un hombre blanco, la izquierda insiste que por la “suerte” inmerecida se le debe compensar al “desafortunado” para que a toda persona se le conceda una “posición igualitaria en la vida”, en correspondencia con la igualdad natural de todos los hombres.

Con esta corta caracterización de la derecha y la izquierda regresaré al tema del libertarismo. ¿Es la teoría libertaria compatible con la visión de mundo de la derecha? Y ¿Es el libertarismo compatible con las perspectivas de la izquierda?

En cuanto a la derecha, la respuesta es un “sí” enfático. Todo libertario que esté solo vagamente familiarizado con la realidad social no tendrá ninguna dificultad en reconocer la verdad fundamental de la visión de mundo derechista. Él puede, y a la luz de la evidencia empírica en efecto debe acordar con la afirmación empírica de la derecha con respecto a la desigualdad fundamental no solo física sino mental de los hombres; y él también puede particularmente acordad con la afirmación normativa de la derecha de “laissez faire”, es decir, que esta natural desigualdad humana inevitablemente resultará también en resultados desiguales y que nada puede o debe hacerse sobre esto.

Hay una advertencia importante, sin embargo. Mientras la derecha puede aceptar todas las desigualdades humanas, sea de puntos de partidas o de resultados, como es natural, los libertarios insistirían que solo esas desigualdades son naturales y no deben interferir con lo que ha llegado a existir por seguir las reglas básicas de las interacciones pacíficas humanas mencionadas al principio. Las desigualdades que son el resultado de la violación de estas reglas, no obstante, requieren de acción correctiva y deben ser eliminadas. Y adicionalmente, los libertarios insistirían, como un asunto de hecho empírico, que existen unas cuantas entre las innumerables desigualdades humanas que son el resultado de violaciones a dichas reglas, tales como ricos que deben su fortuna no al trabajo duro, visión, talento empresarial o regalo voluntario o herencia, pero sino al robo, fraude o privilegios monopolistas otorgados por el estado. La acción correctiva requerida en tales casos, sin embargo, no es motivada por el igualitarismo sino por un deseo de restitución: él (y solo él), que puede demostrar que ha sido robado, defraudado o desventajado legalmente debe ser restaurado completamente por aquellos (y solo aquellos) que han cometido estos crímenes en contra de él y su propiedad, incluyendo también los casos en donde la restitución resultaría en una desigualdad mayor (como cuando un hombre pobre ha defraudado y le debe una restitución a un hombre rico).

Por otra parte: Para la derecha, la respuesta es un igual y empático “no”. La afirmación empírica de la izquierda, que no existen diferencias mentales significativas entre individuos y, por implicación, entre varios grupos de personas, y que lo que aparentan ser tales diferencias se deben solamente a factores ambientales que desaparecerían si solo el ambiente fuese igualizado, esto es contradicho por todas las experiencias del vivir diario y montañas de investigaciones empíricas sociales. Los hombres no son ni pueden hacerse iguales, y cualquier cosa que se intente en este sentido, las desigualdades siempre resurgirán. Sin embargo, es en particular la afirmación normativa implicada y agenda activista de la izquierda la que la hace incompatible con el libertarismo. La meta izquierdista de igualizar a todos o igualizar a la “posición social” de todos es incompatible con la propiedad privada, sea dentro de nuestro cuerpo o sobre cosas externas. En vez de cooperación pacífica, ofrece aproximadamente conflicto interminable y lleva al determinado establecimiento no igualitarista de una clase gobernante permanente dirigiendo al resto de las personas como su “material” a ser igualizado. “como”, de la forma en que Murray Rothbard lo ha formulado, “dos personas por naturaleza no son uniformes o iguales en ningún sentido, o en los resultados de una sociedad voluntaria, para traer y mantener tal igualdad necesariamente requiere de la imposición permanente de una élite gobernante armada con un devastador poder coercitivo”. [1]

Existen innumerables diferencias humanas individuales; y existen más diferencias aun entre diferentes grupos de individuos, como cada individuo puede encajar dentro de innumerables grupos. Son las élites poderosas quienes determinan cuáles de estas diferencias, sea de individuos o grupos, son las que cuentan como ventajosas y afortunadas o desventajosas y desafortunadas (o sino como irrelevantes). Son las élites en el poder quienes determinan cómo – de innumerables formas posibles – en realidad hacer la “igualización” de los afortunados y desafortunados, es decir, qué y cuánto “tomar” de los afortunados y “dárselo” a los desafortunados para lograr la igualdad. En particular, son las élites en el poder, definiéndose así mismas como desafortunadas, quienes determinan qué y cuánto tomar de los afortunados y quedárselo para ellos mismo. Y cualquier igualización sea lograda: como nuevas incontables diferencias y desigualdades estarán constantemente resurgiendo, la tarea igualizadora de las élites en el poder nunca puede llegar a un fin natural, pero debe al contrario seguir por siempre, sin fin.

La visión de mundo igualitaria de la izquierda no solo es incompatible con el libertarismo, sin embargo. Está tan fuera de contacto con la realidad que uno debe preguntarse cómo alguien puede tomarla en serio. El hombre de calle ciertamente lo hace sin creer en la igualdad de todos los hombres. Puro sentido común y prejuicio se para en el camino de eso. Y yo estoy más confiado que ninguno de los proponentes de la doctrina igualitaria realmente, en el fondo, cree lo que proclama. Todavía ¿cómo, entonces, puede la visión izquierdista del mundo convertirse en la ideología dominante de nuestra época?

Por lo menos para un libertario la respuesta tiene que ser obvia: la doctrina igualitarista logró este estatus no porque sea verdad, sino porque provee la coartada intelectual perfecta para el impulso hacia el control social totalitarista de una élite dominante. La élite dominante por lo tanto alista la ayuda de la “intelectualidad” (o la “clase parloteadora”). Es metida en la nómina o de otra forma subsidiada y devuelta envía el deseado mensaje igualitario (el cual sabe que es erróneo pero todavía es enormemente beneficioso a su propio prospecto de empleo). Y así los más entusiastas proponentes de la tontería del igualitarismo pueden encontrarse alrededor de la clase intelectual. [2]

Dado, entonces, que el libertarismo y el igualitarismo profesado por la izquierda son obviamente incompatibles, debe sorprender – y es testimonio a los inmensos poderes ideológicos de las élites dominantes y para el cortejo de intelectuales – que muchos de los que se llaman libertarios hoy, y consideran ellos mismos ser, parte de la izquierda. ¿Cómo es tal cosa posible?

Lo que unifica ideológicamente estas izquierdas – libertarios es su promoción activa de varias políticas “antidiscriminatorias” y su abogacía de políticas migratorias “libres y no discriminatorias”. [3]

Estos “libertarios”, como Rothbard señaló, “están fervientemente comprometidos a la noción de que, mientas cada individuo puede no ser “igual” a los demás, que todo grupo concebible, contingente ético, género racial, o, en algunos casos, especies, son en realidad y deben hacerse ‘iguales’, que cada uno tiene ‘derechos’ que no deben estar sujetos a ser cercenados bajo ninguna forma de ‘discriminación’”. [4]

Pero ¿cómo es posible reconciliar esta posición antidiscriminatoria con la propiedad privada, la cual los libertarios supuestamente tienen que considerarla como la piedra angular de su filosofía, y cual, después de todo, significa propiedad exclusiva y por lo tanto, implica lógicamente discriminación?

Los izquierdistas tradicionales, por supuesto, no tienen este problema. Ellos no piensan o se preocupan por la propiedad privada. Como todos son iguales a todos los demás, el mundo y todo sobre y dentro de él pertenece a todos por igual – toda propiedad es propiedad “común” – y como un copropietario igual del mundo que todos tienen “derecho de acceso” por igual en cualquier lugar y sobre todas las cosas. A ausencia de una perfecta armonía de intereses, sin embargo, no pueden todos tener un acceso igualitario a todo y en todo lugar sin que se dirija a una situación de conflicto permanente. En consecuencia, para evadir este predicamento, es necesario instituir un estado, es decir, un monopolista territorial de toma de decisiones definitivas. “propiedad común” eso es, requiere un estado y ha de convertirse en “propiedad estatal”. Es el estado el que determina en última instancia no solo quién posee qué; y es también el estado, entonces, el que determina en última instancia la asignación espacial de todas las personas: quién vivirá dónde y tendrá permiso para encontrarse y tener acceso a quién – y la propiedad privada quedará condenada. Después de todo, son ellos, los izquierdistas, quienes controlarían el estado.

Pero esta ruta de escape no está disponible a todo aquel que se llame libertario. Él debe tomar la propiedad privada con seriedad.

Psicológica o sociológicamente, la atracción de las políticas no discriminatorias para los libertarios pueden explicarse por el hecho de que un gran número desproporcional de libertarios son desadaptados o simplemente raros – o para usar la descripción de Rothbard, “hedonistas, libertinos, inmoralistas, enemigos militantes de la religiones…, un vividor, un estafador, y un delincuente de poca monta y mafioso en la práctica”, – quien terminó atraído al libertarismo porque en toda su alegada “tolerancia” hacia los desadaptados y personas con valores anómalos, y quien ahora quiere usarlo como un vehículo para liberarse a él mismo de toda forma de discriminación típica, en la vida diaria, repartida a sus semejantes. ¿Pero cómo lo hacen de una forma “lógica”? Los libertarios de izquierda, libertarios sensibleros y libertarios cosmopolitas y humanitarios no son simples izquierdistas. Ellos saben de la importancia central de la propiedad privada. Aún así ¿cómo es que pueden aparentar lógicamente haber reconciliado la noción de propiedad privada con su promoción de políticas antidiscriminatorias y en particular en la propagación de una política libre de discriminación migratoria?

La respuesta corta es: colocando toda la propiedad privada actual y su distribución entre diferentes personas bajo sospecha moral. Con esta afirmación, la izquierda libertaria cae en el error opuesto de aquél cometido por la derecha no libertaria. Como indicado, la derecha no libertaria comete el error de considerar toda (o al menos casi toda) propiedad actual poseída, incluyendo en particular también la propiedad poseída por el estado, como natural y justa. En clara oposición, un libertario reconocería e insistiría que algunas propiedades, y todas (o por lo menos la mayoría) las propiedades estatales, son demostrablemente innaturales e injustas y como tal requieren restitución y compensación. Al contrario, los libertarios de izquierda afirman que no solo todos o la mayoría de las propiedades estatales son innaturales e injustas (de esta admisión ellos derivan su título “libertario”), pero que también toda o la mayoría de los títulos de propiedad privada son antinaturales e injustos. Y en apoyo a esta última afirmación, ellos señalan el hecho de que todos los títulos de propiedad actuales y su distribución entre varias personas han sido afectados, alterados y distorsionados por acciones y legislaciones estatales previas y que nadie estaría en el mismo lugar y la misma posición que actualmente está si no hubiese sido por tales interferencias estatales previas.

Sin lugar a dudas, esta observación es correcta. El estado en su larga historia ha hecho a algunas personas más ricas y a otras más pobres que lo que hubiesen sido de otra forma. Mata a algunas personas y deja a otras sobrevivir. Mueve a las personas de un lugar a otro. Promueve algunas profesiones, industrias o regiones y previene o retrasa y cambia el desarrollo de otros. Premia a algunas personas con privilegios y monopolios y legalmente discrimina y perjudica a otros, y así sucesivamente. La lista de pasadas injusticias, de ganadores y perdedores, perpetradores y víctimas, es interminable.

Pero de este hecho indisputable no sigue que todos o la mayoría de los títulos de propiedad actuales sean sospechosos moralmente y en necesidad de rectificación. para estar seguros, la propiedad estatal debe ser restituida, porque ha sido adquirida injustamente. Debe regresarse a sus dueños naturales, es decir, a las personas (o sus herederos) que fueron coaccionados a ‘fundar’ tales propiedades ‘públicas’ al entregar parte de su propia propiedad al estado. Sin embargo, no me preocuparé con este asunto particular de la privatización aquí. [5] En vez, es el reclamo de amplio alcance que las injusticias pasadas también hace a todos los títulos de propiedad privada actuales sospechosos morales, lo que no sigue y ciertamente no es verdad. De hecho, la mayoría de los títulos de propiedad privada son probablemente solo, independiente de su historia – al menos y excepto en aquellos casos donde un reclamante específico pueda probar que no lo son. La carga de la prueba, no obstante, está en quien rete el título de propiedad actual y su distribución. Él debe mostrar que está en posesión de un título viejo a la propiedad en cuestión que la de su actual dueño. De otra forma, si un reclamante no puede proveer esto, todo ha de mantenerse como actualmente están las cosas.

O: para ser más específico y realista: del hecho de que Peter o Paul o sus padres, como miembros de cualquier grupo de personas concebible, hayan sido asesinados,desplazados, robados, asaltados, o legalmente discriminados en el pasado y su patrimonio actual y posición social sería diferente si no hubiese sido por tales injusticias del pasado, no sigue que ningún miembro actual de este grupo tiene un reclamo justo (para compensación) en contra de la propiedad actual de nadie más (sea dentro o fuera de su grupo). En vez, en cada caso, Peter o Paul tendrían que mostrar, en un caso después del otro, que él personalmente tiene una mejor título viejo asignado a un pedazo de propiedad que algún nombrado e identificado y alegado dueño perpetrador actual. Ciertamente, un número considerable de casos existen donde esto puede hacerse y la restitución o compensación es debida. Pero ciertamente, con esta carga de prueba de cualquiera que rete una distribución de propiedad actual, no puede ganarse mucha distancia de cualquier agenda igualitarista antidiscriminatoria. Al contrario, en el mundo occidental contemporáneo, repleto de leyes de “acciones afirmativas” que conceden privilegios legales a varios “grupos protegidos” al costo de otros grupos diferentes que correspondientemente son desprotegidos y discriminados, más – no menos – discriminación y desigualdades resultarían si, mientras la justicia lo requiera, todo quien en efecto pueda proveer tal prueba individualizada de su victimización se le permitiera realmente hacerlo por el estado y presentar una demanda y solicitar reparación de su victimario.

Pero los libertarios de izquierda – los libertarios sensibleros cosmopolitas y humanitarios – no se les conoce exactamente como “luchadores” en contra de las “acciones afirmativas”. En vez, y muy por el contrario, para llegar a la conclusión que quieren llegar, ellos relajan o dispensan totalmente con los requerimientos para que alguien clame victimismo u ofrezca prueba individualizada de victimización. Típicamente, para poder mantener el estatus intelectual como libertarios, la izquierda libertaria lo hace silenciosamente, subrepticiamente o hasta inconscientemente, pero en efecto, al renunciar a este requisito fundamental de justicia, ellos reemplazan a la propiedad privada y los derechos de propiedad y violaciones de derecho con la confusa noción de ‘derechos civiles’ y ‘violaciones a los derechos civiles’ y derechos individuales con ‘derechos de los grupos’ y así se convierten en socialistas de closet. Dado que el estado ha perturbado y distorsionado todos las posesiones y distribuciones de propiedad, todavía sin el requisito de la prueba individualizada de victimización, todos y cada grupo imaginable puede fácilmente y sin mucho esfuerzo intelectual reclamar algún tipo de “victimismo” en contra de cualquier otra persona o grupo. [6]

Liberados de la carga de la prueba de victimismo, los libertarios de izquierda están esencialmente sin restricciones en sus ‘descubrimientos‘ de nuevas “víctimas” y “victimarios” de acuerdo con sus presupuestas asunciones igualitarias. A favor de ellos, ellos reconocen al estado como un victimario institucional y un invasor de los derechos de propiedad (otra vez, de esto deriva su afirmación de ser ‘libertarios‘). Pero ellos ven más injusticias sociales y estructurales y distorsiones sociales, muchas más víctimas y victimarios, y una mayor necesidad de restitución, compensación, y atención a la redistribución de la propiedad en el mundo actual que aquellas injusticias y distorsiones cometidas y causadas por el estado y para ser resueltas y rectificadas al encoger y finalmente desmantelar y privatizar todas las posesiones estatales y sus funciones. Todavía si el estado fuese desmantelado, ellos poseen, como tardíos y duraderos efectos de su previa existencia o de ciertas condiciones preestatales, otras distorsiones institucionales permanecerían en un lugar que requerirían rectificación para crear una sociedad justa.

La visión sostenida por los libertarios de izquierda en este asunto no es totalmente uniforme, pero ellos típicamente difieren poco de aquellos promovidos por marxistas culturales. Ellos asumen como ‘natural‘, sin casi o ningún apoyo empírico y ciertamente en contra de una abrumadora evidencia de lo contrario, una sociedad de ‘iguales‘ inmensamente ‘plana‘ y ‘horizontal‘, es decir, una población esencial, universal y mundialmente homogénica, de mentalidad y talento similar, de más o menos el mimo estatus y postura social y económica, y ellos consideran todas las desviaciones sistemáticas de este modelo como el resultado de discriminaciones y justifica alguna forma de compensación o restitución. En consecuencia, la jerarquía estructural de familias tradicionales, de roles sexuales y la división del trabajo entre hombres y mujeres, es considerado antinatural. Ciertamente, todas las jerarquías sociales y autoridades de orden de rango vertical, de cabezas y jefes de clanes, de patrones, nobles, aristócratas y reyes, de obispos y cardenales, de ‘jefes‘ generalmente, y de sus respectivos subordinados, son vistos con sospecha. Similarmente, toda disparidad grande o ‘excesiva‘ de ingresos y riqueza – o del tal llamado ‘poder económico‘ – y la existencia de una clase baja oprimida como también una clase alta de personas y familias muy adineradas son estimadas como antinaturales. Como también, grandes industrias, corporaciones financieras y conglomerados son considerados criaturas artificiales del estado. Y también son sospechosas, antinaturales y en necesidad de reparación todas las asociaciones exclusivas, sociedades, congregaciones, iglesias, clubes, y toda segregación territorial, separación y secesión, sea basada en clase, género, raza, etnicidad, linaje, lenguaje, religión, profesión, interés, costumbres o tradiciones.

Desde ese punto de vista, el grupo ‘víctima‘ y sus ‘victimarios‘ son fácilmente identificables. Como resulta ser, las ‘víctimas‘ comprenden la gran mayoría de la humanidad. Todos y todo grupo concebible es una ‘víctima‘, excepto aquella pequeña parte de la humanidad compuesta de hombres heterosexuales blancos (incluyendo a asiáticos del norte de Asia), viviendo tradicionalmente, vidas familiares burguesas. Ellos, y especialmente los más creativos y exitosos entre ellos, (excluyendo interesantemente solo deportistas ricos y celebridades del entretenimiento) son los “victimarios” de todos los demás.

Mientras esta visión de la historia humana nos parece como una bizarra a la luz de los sorprendentes logros civilizacionales originados precisamente de este grupo minoría de ‘victimarios‘, casi coincide completamente con la victimología propagada por el marxismo cultural. Ambos grupos solo difieren en la causa de esto similarmente identificado, describen y deploran el ‘estado estructural de victimización‘. Para el marxista cultural, la causa de esta situación actual es la propiedad privada y el capitalismo desenfrenado basado en los derechos de propiedad. Para ellos, la respuesta a cómo reparar el daño hecho es clara y fácil. Toda la restitución necesaria, compensación y redistribución son para ser hechas por el estado, el cual presumiblemente ellos controlan.

Para los libertarios de izquierda esta respuesta no sirve. Ellos supuestamente tienen que estar a favor de la propiedad privada y de la privatización de las propiedades estatales. Ellos no pueden dejarle hacer al estado la restitución, porque como libertarios ellos se supone que tienen que desmantelar y en última instancia abolir el estado. Aún ellos quieren más restitución que solo aquello resultante de la privatización de toda la tal llamada propiedad pública. Abolir el estado no es suficiente para ellos como para crear una sociedad justa. Se necesita más para compensar la reciente mencionada inmensa mayoría de víctimas.

¿Pero qué? ¿Y sobre cuáles bases? Siempre que hay prueba individualizada de victimización, es decir, si alguna persona A puede demostrar que otra persona B ha invadido o tomado la propiedad de A, o viceversa, ¡no existe ningún problema! El caso es claro. Pero ausentes de cualquier tipo de prueba, ¿qué más es lo que los ’victimarios’ le deben a sus ’víctimas’ y sobre qué base? ¿Cómo determinar quién le debe a quién y qué tanto o qué? ¿Y cómo implementar este plan de restitución en la ausencia de un estado, y sin que así se pisoteen los derechos de propiedad privada de alguien más? Esto plantea el problema intelectual central de cada autoproclamado liberal de izquierda.

No es de extrañar que, la respuesta dada por ellos a este reto resulta evasiva y vaga. De todo lo que puedo entender, suma un poco más que una exhortación. Como un observador perspicaz del panorama intelectual lo ha resumido: “¡Sé Bueno!” Más preciso: Tú, pequeño grupo de ‘victimarios‘, siempre tienes que ser especialmente ‘bueno‘, perdonando, e incluso con relación a todos los miembros de la vasta mayoría de ‘víctimas‘, es decir, la larga y familiar lista de todos ¡excepto de hombres heterosexuales blancos! Y en cuanto a la ejecución: Todos los ‘victimarios’ que no demuestren el respeto apropiado a algunos miembros de la clase víctima, es decir, victimarios que sean ‘desagradables’, imperdonables o excluyentes o quien diga cosas ‘desagradables’ o irrespetuosas sobre ellos, ¡debe ser públicamente rechazado, humillado y avergonzado hasta la obediencia!

A primera vista o al escucharlo por primera vez, esta propuesta sobre cómo hacer restituciones puede – como puede esperarse de gente ‘buena’ – aparentar ser, bueno, simplemente ‘buena’. De hecho, sin embargo, es todo menos ‘buena’ o un aviso inofensivo, es incorrecta y peligrosa.

Primero: ¿Por qué alguien debe ser particularmente bueno con alguien más – exceptuando el respeto a nuestros respectivos derechos de propiedad en ciertos medios físicos específicos (bienes)? Ser bueno es una acción deliberada y requiere un esfuerzo, como todas las acciones. Hay un costo de oportunidades. El mismo esfuerzo puede aplicarse con otros fines. Ciertamente, muchas sino la mayoría de nuestras actividades están conducidas solas y en silencio, sin ninguna interacción directa con otros, mientras preparamos nuestra comida, manejamos nuestro vehículo, o leemos y escribimos. El tiempo dedicado a ‘ser buenos a otros’ es tiempo perdido para hacer otras cosas posiblemente más valiosas. Adicionalmente, ser bueno debe ser justificado. ¿Por qué debo ser bueno con las personas que son malas conmigo? Ser bueno debe ser ganado. Bondad indiscriminada disminuye y últimamente extingue la distinción entre conductas meritorias y conductas defectuosas. Demasiada bondad se le daría a personas que no lo merecen y muy pocas a quienes sí y el nivel general de indecencia consecuentemente aumentará y la vida pública se convertirá incrementalmente desagradable.

Adicionalmente, también hay personas genuinamente malvadas haciendo cosas verdaderamente malas a dueños de propiedad privada, principalmente las élites dominantes a cargo del aparato del estado, como todo libertario admitiría. ¡Uno ciertamente no tiene obligación alguna a ser bueno con ellos! Y todavía, al recompensar a la vasta mayoría de ‘víctimas’ con amor extra, cariño y atención, uno cumple precisamente esto: menos tiempo y esfuerzo es dedicado a exhibir conductas desagradables sobre aquellos que más lo merecen. El poder del estado no será debilitado por una ‘bondad’ universal, sino, por tanto, es fortalecido.

¿Y por qué particularmente la pequeña minoría de hombres heterosexuales blancos, y en especial sus miembros más exitosos le deben una cantidad extra de bondad a la gran mayoría de las personas? ¿Por qué no es de la otra forma? Después de todo, la mayoría o sino todas las invenciones técnicas, maquinarias, herramientas y artefactos que se usan actualmente en todas partes y en todo lugar, sobre los cuales nuestros estándares de vida y comodidades en gran medida y de forma significativa dependen, se originaron de ellos. Todos los demás, en mayoría, solo imitaron lo que ellos habían inventado y construido primero. Todos los demás heredaron el conocimiento incorporado en los productos de los inventores de a gratis. ¿y no es la típica jerárquica familia blanca de hogar con padre, madre sus hijos comunes y sus futuros herederos, y sus conductas y estilo de vida ‘burgués’ – es decir, todo lo que la izquierda menosprecia y calumnia – la que tiene los modelos de organización social económicamente más exitosos que el mundo ha visto, con la mayor acumulación de capital (riqueza) y con los estándares de vida en promedio más altos? ¿Y no es a cuenta del éxito del blanco y burgués modelo familiar también llamado ‘estilo de vida alterno’ que todo esto pudo emerger y poder sostenerse a lo largo del tiempo? ¿Acaso las ‘víctimas’ de hoy no le deben literalmente sus vidas a los logros de sus alegados ‘victimarios’?

¿Por qué las ‘víctimas’ no le dan respeto especial a sus ‘victimarios’? ¿Por qué no prestar honor especial a los logros y éxitos económicos en vez de fracaso, y por qué no dar elogio especial a estilos de vida y conductas tradicionales, ‘normales’, en vez de a cualquier alternativa anormal que requiere, como condición necesaria de su propia existencia, una preexistente sociedad circundante dominante de personas ‘normales’ con estilos de vida ‘normales’?

Llegaré a la aparente respuestas a estas preguntas retóricas en un momento. Antes, sin embargo, un error – estratégico – secundario en el consejo de la izquierda libertaria sobre bondad especial sobre las ‘víctimas históricas’ debe ser atendido brevemente.

Interesantemente, los grupos de ‘víctimas’ identificados por tanto libertarios de izquierda como los marxista culturales difieren poco si acaso es que difieren de los grupos identificados como ‘desprivilegiados’ y en necesidad de compensación por el estado. Mientras esto no presenta problemas para los marxistas culturales y puede ser interpretado como un indicador del grado de control que ellos ya han ganado del aparato estatal, para los libertarios de izquierda esta coincidencia debe ser una causa para preocuparse intelectualmente. ¿Por qué el estado perseguiría el mismo o un fin similar de ‘no discriminación’ de las ‘víctimas’ por los ‘victimarios’ que ellos, también, quieren lograr, tan solo por medios diferentes? Los libertarios de izquierda típicamente son inconscientes a esta pregunta. Y todavía para cualquiera con algo de sentido común la respuesta debería ser obvia.

Para llegar a controlar totalmente cada persona individual, el estado debe perseguir una política de “divide y vencerás”. Debe debilitar, socavar y finalmente destruir a todo otro centro de autoridad rival. Más importante, debe debilitar el hogar familiar tradicional y patriarcal, y especialmente la familia adinerada independiente como centro autónomo de toma de decisiones al sembrar y legislar conflictos entre esposas y esposos, niños y padres, mujeres y hombres, ricos y pobres. Como también, todo orden jerárquico y rango de autoridad social, todas asociaciones exclusivas, y todo apego y lealtad personal – sea dirigido a alguna familia, comunidad, etnicidad, tribu, nación, raza, lenguaje, religión, costumbre o tradición particular – excepto el apego a un estado dado quaxx ciudadano y sujeto y poseedor de pasaporte, debe ser debilitado y en última instancia destruido.

¡Y qué mejor forma de hacer esto que aprobando leyes antidiscriminatorias!

En efecto, al ilegalizar todas las discriminaciones basadas en género, orientación sexual, edad, raza, religión, nacionalidad de origen, etc., etc., un gran número de personas son declaradas como ‘víctimas’ certificadas por el estado. Las leyes antidiscriminatorias, entonces, son un llamado oficial a todas las ‘víctimas’ para culpar y quejarse al estado sobre sus ‘opresores’ ‘favoritos’, y especialmente a los más ricos entre ellos, y sus maquinaciones ‘opresivas’, es decir, su ‘sexismo’, ‘homofobia’, ‘chovinismo’, ‘nativismo’, ‘racismo’, ‘xenofobia’, o cualquier cosa, y para que el estado responda a tales quejas disminuyendo a los ‘opresores’, es decir, al sucesivamente desposeerlos de sus propiedades y autoridad y correspondientemente expandiendo y fortaleciendo su poder monopolistico ante una sociedad incrementalmente debilitada, fragmentada, fraccionada y no homogeneizada.

Irónicamente, así, y contrario a su meta autoproclamada de querer encoger o eliminar al estado, los libertarios de izquierda con su peculiar e igualitaria victimología se convierten en cómplices del estado y contribuyen efectivamente a agrandar su poder. Ciertamente, la visión de los libertarios de izquierda de una sociedad multicultural libre de discriminación es, para usar la frase de Pert Brimelow, viagra para el estado.

Lo que me lleva a mi tema final.

El papel de los libertarios de izquierda como viagra del estado se convierte aún más aparente cuando uno considera sus posiciones en la incrementalmente pregunta virulenta de la inmigración. Los libertarios de izquierda son típicamente fervientes defensores en particular de una política inmigratoria ‘no discriminatoria y libre’. Si ellos critican las políticas inmigratorias del estado, no es por el hecho de que la restricciones de entrada son las restricciones incorrectas, es decir, que no sirven para proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos del país, sino por el hecho de que impone algo de restricción a las inmigraciones.

¿Pero bajo qué base debería haber derecho a una inmigración sin restricciones y “libre”? Nadie tiene derecho de mudarse a un lugar al menos que haya sido invitado por el ocupador actual. Y si todos los lugares ya están ocupados, toda la inmigración es inmigración por invitación solamente. Un derecho para una inmigración “libre” existe solo para países vírgenes, para la frontera abierta.

Solo hay dos formas para llegar a esta conclusión y todavía rescatar la noción de inmigración “libre”. Primero se tiene que colocar todos los ocupantes actuales y ocupaciones bajo sospecha moral. Para este propósito, se le da mucha importancia al hecho de que todas las ocupaciones actuales han sido afectadas por acciones del estado, guerras y conquistas previas. Y ciertamente, las fronteras estatales han sido dibujadas y redibujadas, las personas han sido desplazadas, deportadas, asesinadas y reasentadas, y los proyectos infraestructurales fundados por el estado (carreteras, instalaciones del trasporte público, etc., etc.) han afectado el valor y el precio relativo de casi todas las localidades y alterado el viaje a distancia y el costo entre ellos. Como ya se ha explicado en un contexto ligeramente diferente, sin embargo, de este hecho indisputable no sigue que cualquier ocupante actual de un lugar tenga el derecho de inmigrar a cualquier otro lugar (excepto, por supuesto, cuando él es dueño de ese lugar o tiene permiso de su dueño actual). El mundo no le pertenece a todos.

La segunda posible salida es afirmar que toda la propiedad pública – la propiedad controlada por gobiernos locales, regionales o centrales – es similar a una frontera abierta, con acceso libre y sin restricciones. Todavía esto es ciertamente erróneo. Del hecho de que la propiedad gubernamental sea ilegítima porque está basada en expropiaciones previas, no sigue que no tiene poseedor y es libre para todos. Ha sido fundado a través del pago de impuestos locales, regionales, nacionales o federales, y son de los que han pagado estos impuestos, pues, y nadie más, quienes son los legítimos dueños de toda la propiedad pública. Ellos no pueden ejercer su derecho – que ha sido arrogado por el estado – pero ellos son los dueños legítimos.

En un mondo en donde todos los lugares son poseídos privadamente, el problema de la inmigración se desvanece. No existen derechos de inmigración. Solo existe el derecho de intercambio, compra o renta de varios lugares. Aún, ¿qué hay de la migración en el mundo real con propiedad pública administrada por el estado-gobierno local, regional o central?

Primero: ¿Cómo serían las políticas inmigratorias si el estado actuara, como supuestamente tiene que hacer, como un síndico de los dueños-contribuyentes de la propiedad pública? ¿Y qué hay de las políticas migratorias si el estado actuara como el administrador de la propiedad de la comunidad unida en conjunto y fundada por los miembros de la asociación de vivienda o por la comunidad cerrada?

Por lo menos en principio la respuesta es clara. Una pauta de un administrador sobre la inmigración sería el principio de “costo total”. Que es, el inmigrante o su residente invitado debe pagar el costo completo del uso del inmigrante a todos los bienes públicos o instalaciones durante su presencia. El costo de la propiedad de la comunidad fundada por los residentes contribuyentes no debe aumentar o su calidad caerá a cuenta de la presencia de inmigrantes. Al contrario, si es posible la presencia de un inmigrante debe producir a los residentes-dueños una ganancia, sea en la forma de menores impuestos o tarifas comunales o una calidad más alta de la propiedad comunal (y por tanto un aumento general de los valores de propiedad).

Lo que la aplicación del principio de costo total involucra en detalle depende de las circunstancias históricas, es decirxx, en particular sobre la presión migratoria. Si la presión es baja, la entrada inicial a carreteras públicas puede estar totalmente libre de restricciones a los ‘extranjeros’ y todos los costos asociados con inmigrantes son totalmente absorbidos por residentes domésticos con la expectativa de ganancias domésticas. Toda la discriminación restante sería dejada al residente-dueño. (Esto, incidentalmente, es prácticamente como son las cosas, como han sido en el mundo occidental desde la primera guerra mundial). Pero aún entonces, la misma generosidad probablemente no se hubiese extendido al uso hecho por los inmigrantes de hospitales públicos, escuelas, universidades, viviendas, piscinas, parques, etc.. La entrada a dichas instalaciones no sería “libre” para los inmigrantes. Al contrario, a los inmigrantes se les cobraría un precio más alto por su uso que a los residentes-dueños domésticos que han fundado estas instalaciones, para así disminuir la carga de impuestos domésticos. Y si un visitante-inmigrante temporal quiere convertirse en un residente permanente, a él se le puede esperar el pago de un precio de admisión, para ser remitido a los dueños actuales como compensación por el uso extra hecho de su propiedad comunal.

Por otro lado, si la presión inmigratoria es alta – como lo es actualmente en todo el mundo occidental, blanco, dominado por hombres heterosexuales – medidas más restrictivas pueden ser empleadas para los mismos propósitos de proteger los residentes dueños de la propiedad comunal y privada. Podrían haber controles de identificación no solo en los puertos de entrada, sino también a nivel local, para mantener fuera criminales conocidos y gentuza indeseable. Y aparte de las restricciones específicas impuestas a los visitantes a dueños-residentes individuales sobre el uso de sus diferentes propiedades individuales, también podría existir una restricción de entrada local más general. algunas comunidades especialmente atractivas pueden cobrar una tarifa de entrada por cada visitante (exceptuando por un invitado de algún residente) para ser remitido a los dueños-residentes, o que requieran algún tipo de código de conducta concerniente a toda propiedad comunal. Y los requisitos de una propiedad de una residencia permanente para algunas comunidades pueden ser altamente restrictivas e involucrar una selección intensiva y un alto precio de admisión, como es todavía el caso de algunas comunidades suizas.

Pero por supuesto, entonces: esto no es lo que el estado hace. Las políticas inmigratorias de los estados que son confrontados con la mayor presión inmigratoria, de los Estaos Unidos y Europa Occidental, tienen poco parecido a las acciones de un síndico. Ellos no siguen la regla del principio de costo total. Ellos no le dicen al inmigrante esencialmente que “pague o váyase”. Al contrario, le dicen “una vez dentro, puedes quedarte y usar no solo todas las carreteras pero todo tipo de instalación pública y servicio de a gratis o a un precio descontado aun si no pagas”. Lo que significa, ellos subsidian a los inmigrantes – o en vez: Ellos forzan a los contribuyentes domésticos a subsidiarlos. En particular, ellos también subsidian empleados domésticos que importan trabajadores extranjeros más económicos. Porque tales empleados pueden externalizar parte del costo total asociado a su empleo – a los otros contribuyentes domésticos. Y ellos todavía subsidian más aún la inmigración (migración interna) a costa de los gasto de los contribuyentes-residentes en prohibir – por medio de leyes antidiscriminatorias – no solo todas las restricciones de entrada internas y locales, pero también incrementalmente toda restricción concerniente a la entrada y uso de toda propiedad privada doméstica.

Y para la entrada inicial de inmigrantes, sean visitantes o residentes, los estados no discriminan sobre la base de características individuales (como un buen síndico haría, y como todo dueño de propiedad privada también, con respecto a su propia propiedad), pero sobre la base de grupos o clases de personas, es decir, basado en nacionalidad, etnicidad, etc.. Ellos no aplican una admisión estándar y universal: chequeando la identidad del inmigrante, conduciendo algún tipo de chequeo sobre su crédito, y posiblemente cobrándole una tarifa de admisión, en vez, ellos permiten entrar a alguna clase de extranjeros de a gratis, sin el requisito de una visa, como si fuesen residentes de regreso. Así, por ejemplo, todos los rumanos o búlgaros, indiferentemente de sus características individuales, son libres de migrar a Alemania o a Holanda y quedarse ahí para usar todos los bienes públicos e instalaciones, aun si ellos no pagan y viven a costa de los contribuyentes alemanes u holandeses. Igualmente para los puertoriqueños en los estados unidos a costa de los contribuyentes de estados unidos, y también para los mexicanos, quienes se les permite efectivamente entrar a los estados unidos ilegalmente, como intrusos no invitados y no identificados. Por otro lado, otras clases de extranjeros son objetos de minuciosas restricciones de visas. Así, por ejemplo, todos los turcos, otra vez, independientemente de sus características individuales, deben pasar por un proceso intimidante para las visas y puede completamente prevenirse que viajen a Alemania u Holanda, aun si han sido invitados y tienen suficiente capital para pagar por todos los costos asociados con su presencia.

Los residentes dueños-contribuyentes son por lo tanto dañados dos veces: una al incluir alguna clase de inmigrantes indiscriminadamente aun si ellos no pueden pagar y por otro lado al indiscriminadamente excluir otra clase de inmigrantes aun si ellos pueden.

Los libertarios de izquierda no critican estas políticas inmigratorias como contrarias a esas de un buen síndico de propiedad pública últimamente perteneciente los dueños-contribuyentes domésticos y privados, sin embargo, para no aplicar el principio de costo total y por tanto incorrectamente discriminar, pero tan solo para discriminarxx. Una inmigración libre y no discriminatoria para ellos significa una entrada libre de visa y residencia permanente disponible para todos, es decir, para cada inmigrante potencial en términos igualitarios, sin importar las características individuales o la habilidad de pagar por el costo completo de la estadía personal. Todos están invitados a quedarse en Alemania, en Holanda, en Suiza o en los Estados Unidos, por ejemplo, y hacer libre uso de todas las instalaciones y servicios domésticos y públicos.

A favor de ellos, los libertarios de izquierda reconocen algunas consecuencias que estas políticas tendrían actualmente en este mundo. Ausente de otra restricción interna o local concerniente al uso de propiedades públicas y servicios e incrementalmente ausente también de todas restricciones de entrada con respecto al uso de propiedad privada y doméstica (debido a innumerables leyes antidiscriminatorias), los resultados predecibles tendrían una entrada masiva de inmigrantes del tercer y segundo mundo a los Estados Unidos y Europa del este y el rápido colapso del actual sistema de ‘bienestar público’. Los impuestos se tendrían que aumentar bruscamente (encogiendo mucho más la productividad económica) y la propiedad pública y servicios se deteriorarían dramáticamente. resultaría en una crisis financieras de una magnitud sin paralelo.

Todavía ¿por qué esto sería una meta deseable para cualquiera que se llame a sí mismo libertario? Ciertamente, el sistema de bienestar público fundado por los contribuyentes debería ser eliminado, de raíz a rama. Pero la crisis inevitable que una política migratoria “libre” traería no producirá este resultado. Al contrario: las crisis, como todo aquel vagamente familiarizado con la historia sabría, son típicamente y frecuentemente fabricada por los estados para incrementar aún más su propio poder. Y seguramente la crisis producida por una “libre” política migratoria sería una extraordinaria.

Lo que los libertarios de izquierda típicamente ignoran en su despreocupado o hasta consideración compasiva de las predecibles crisis es el hecho de que los inmigrantes que causaron el colapso todavía están físicamente presentes cuando ocurren. para los libertarios de izquierda, debido a sus concepciones igualitaristas, este hecho no implica un problema. Para ellos, todas las personas son más o menos iguales y por tanto, un incremento en el número de inmigrante no tiene más impacto que el incremento de la población doméstica por medio de un más alto porcentaje de natalidad. Para cada realista social, sin embargo, ciertamente para cualquiera con algo de sentido común, esta premisa es patentemente falsa y potencialmente peligrosa. Un millón o más de nigerianos o árabes viviendo en Alemania o un millón más de mejicanos o hutus o tutsis residiendo en los Estados Unidos es una cosa bastante diferente que un millón de alemanes o americanos que crecieron en casa. Con un tercio de millón de inmigrantes de tercer y segundo mundo presentes cuando la crisis golpee y los cheques dejen de llegar, es poco probable que resulte de ello alguna consecuencia pacífica y que un orden social natural basado en la propiedad privada emerja.  En vez, es mucho más probable y efectivamente casi cierto que guerras civiles, saqueo, vandalismo, y guerras entre bandas tribales o étnicas estalle y en vez – el llamado por un el hombre fuerte estado se convertirá incrementalmente inequívoco.

¿Por qué, entonces, uno podría preguntar, el estado no adopta la política migratoria libertaria “libre” y toma la oportunidad ofrecida por la crisis predecible para fortalecerse más en su propio poder? A través de sus políticas internas antidiscriminatorias y también sus políticas inmigratorias actuales, el estado ya ha hecho mucho para fragmentar la población doméstica y así incrementar su propio poder. Una política de “inmigración libre” añadiría otra enorme dosis de “multiculturalismo” no discriminatorio. Fortalecería aun más la tendencia sobre la deshomogenización, división y fragmentación, y debilitaría aún más el orden social tradicional, blanco, dominado por hombres heterosexuales ‘burgueses’ y la cultura asociada con el “occidente”.

La respuesta a ‘¿por qué no?’ parece simple, sin embargo. En contraste a los libertarios de izquierda, las élites gobernantes son todavía lo suficientemente realistas como para reconocer que detrás de grandes oportunidades para el crecimiento estatal, la crisis predecible también acarrearía algún riesgo incalculable y podría llevar a una convulsión social de tal proporción que ellos mismos serían barridos fuera del poder y reemplazados por otra élite ‘extranjera’. En consecuencia, las élites gobernantes proceden solo gradualmente, paso a paso, en su propio camino a un “multiculturalismo no discriminatorio”. Y todavía ellos están felices sobre la propaganda de la izquierda libertaria de una “libre migración”, porque ayuda al estado a no solo mantenerse en su presente curso de divide y vencerás, sino también a proceder a un paso acelerado.

Contrario a sus propios pronunciamientos y pretensiones antiestatistas, entonces, la peculiar victimología de la izquierda libertaria y su demanda por bondad indiscriminada e inclusive frente a la larga y familiar lista de “víctimas” históricas, incluyendo en particular todos los extranjeros potencialmente inmigrantes, en realidad resulta ser un récipe para un mayor crecimiento del poder estatal. Los marxistas culturales saben esto, y esa es la razón por la que adoptaron la misma victimología. Los libertarios de izquierda aparentemente no saben esto y son así los útiles idiotas de los marxistas culturales en su marcha a un control social totalitario.

Déjenme llegar a una conclusión y regresar al libertarismo y al tema de la izquierda y derecha – y de este modo también a la respuesta de mi más temprana pregunta retórica concerniente a la victimología peculiar izquierdista y su significado.

No puedes ser un libertario de izquierda consistente, porque la doctrina de los libertarios de izquierda, aun si no es intencional, promueve el estatismo, es decir, fines antilibertarios. De esto, muchos libertarios han llegado a la conclusión de que el libertarismo no es de derecha o de izquierda. Que es solo un libertarismo “ligero”. Yo no acepto esta conclusión. Tampoco, aparentemente, lo hizo Murray Rothbard cuando terminó la cite presentada inicialmente diciendo: “pero psicológicamente, sociológicamente, y en práctica, simplemente no funciona de esa forma”. Ciertamente, yo me considero un libertario de derecha – o, si eso puede sonar más atractivo, un libertario realista o de sentido común – y uno consistente en ello.

Es cierto, la doctrina libertaria es puramente teoría apriorística y deductiva y como tal no dice o implica nada sobre las afirmaciones rivales de la derecha y la izquierda sobre la existencia, el grado y las causas de las desigualdades humanas. Eso es un asunto empírico. Pero sobre este asunto la izquierda resulta ser en gran parte poco realista, errada y vacía de sentido común, mientras que la derecha es realista y esencialmente está correcta y es sensata. Consecuentemente puede que no haya nada malo con aplicar una teoría apriorística correcta de cómo la cooperación humana pacífica es posible a una realista, es decir, fundamentalmente derechista, descripción del mundo. Porque solo basado en una presunción empírica correcta sobre el hombre es que es posible llegar a la apreciación correcta en cuanto a la implementación práctica y la mantenibilidad de un orden libertario social. Realistamente, entonces, un libertario de izquierda no solo reconoce que las habilidades físicas y mentales están distribuidas desigualmente alrededor de los diferentes individuos dentro de cada sociedad y que en consecuencia cada sociedad será caracterizada por innumerables desigualdades, por la estratificación social y una multitud de órdenes de rango de logros y autoridad. Él también reconoce que tales habilidades están desigualmente distribuidas alrededor de las muchas diferentes sociedades coexistiendo en el planeta y que consecuentemente también el mundo como un todo será caracterizado por desigualdades regionales y locales, disparidades, estratificación y orden de rangos. En cuanto para los individuos, también, no todas las sociedades son iguales y a la par una con la otra. Él nota más lejos aún que alrededor de estas habilidades distribuidas desigualmente, ambas dentro de cualquier sociedad dada y entre diferentes sociedades, está también la habilidad mental de reconocer los requerimientos y beneficios de la cooperación pacífica. Y él nota que la conducta de varios estados regionales o locales y sus respectivas élites de poder que han emergido de diferentes sociedades pueden servir como un buen indicador para los diferentes grados de desviación del reconocimiento de los principios libertarios en tales sociedades.

Más específicamente, él realistamente nota que el libertarismo, como sistema intelectual, fue desarrollado por primera vez y elaborado más lejos, por hombres blancos, en sociedades dominadas por los mismos. Esto es en sociedades blancas, dominadas por hombres heterosexuales, donde la adhesión a los principios libertarios es la más grande y las desviaciones de ellas son las menos severas (como es indicado por políticas estatales extorsionistas y comparativamente menos malvadas). Que son los hombre heterosexuales y blancos, quienes han demostrado el mayor ingenio, industria, y proeza económica. Y esto es sociedades dominadas por hombres blancos heterosexuales, y en particular por los más exitosos entre ellos, que han producido y acumulado la mayor cantidad de bienes capitales y logrado ĺos más altos promedios de vida.

A la luz de esto, como un libertario de derecha, yo por supuesto le diría primero a mis hijos y estudiantes: siempre respeta y no invadas los derechos de propiedad privada de otros y reconoce el estado como un enemigo y ciertamente la propia antítesis de propiedad privada. Pero no lo dejaría ahí. No diría (o silenciosamente implicaría) que una vez que hayas satisfecho estos requisitos “todo vale”. ¡Que es bastante lo que los libertarios ‘ligeros’ parecen estar diciendo! Yo no sería un relativista cultural como la mayoría de libertarios ‘ligeros’ por lo menos son implícitamente. En vez, yo añadiría (en lo mínimo): sé y haz lo que te haga feliz, pero siempre mantén en mente que mientras seas una parte integral de la división de trabajo mundial, tu existencia y bienestar depende decisivamente en la continua existencia de otros, y especialmente en la existencia continua de sociedades dominadas por hombres blancos y heterosexuales, sus estructuras familiares patriárquicas, y su estilo de vida y conductas burguesas o aristocráticas. Por tanto, aun si no quieres tener algún papel en eso, reconoce que eres no obstante un beneficiario de este modelo estándar “occidental” de organización y por lo tanto, para tu propio bien, no hagas nada para socavarlo sino sirve de apoyo a él como algo que debe ser respetado y protegido.

Y a la larga lista de ‘víctimas’ les diría: haz tu propia cosa, vive tu propia vida, mientras lo hagas pacíficamente y sin invadir los derechos de propiedad de otros. Si y en la medida en que estés integrado dentro de la división de trabajo internacional, no le deberás restitución a nadie, ni tampoco alguien te debe a ti restitución alguna. Tu coexistencia con tus supuestos ‘victimarios’ es mutuamente benéfica. Pero mantén presente que mientras los ‘victimarios’ puedan vivir y existir sin ti, lo contrario no es verdad. El desaparecimiento de los victimarios solo arriesgará tu misma existencia. Por lo tanto, aun si no quieres modelarte de los ejemplos provistos por la cultura del hombre blanco, sé consciente que es solo a cuenta de la continua existencia de este modelo que todas las culturas alternativas pueden ser sostenidas a los estándares de vida presentes y que con la desaparición de este modelo “occidental” como un modelo efectivo dominante la existencia de muchos, si no todos tus ‘compañeros’ víctimas, estaría en peligro.

Eso no significa que tú no debes ser crítico sobre el mundo “occidental”, dominado por hombre blancos. Después de todo, aun estas sociedades siguiendo más de cerca este modelo también tienen varios estados y son responsables por reprensibles actos de agresión no solo en contra de sus dueños de propiedades domésticos, sino también en contra de extranjeros. Pero tampoco donde vives ni en ningún otro lugar debe el estado ser confundido con “el pueblo”. No es el estado “occidental”, pero el “tradicional” (normal, estándar, etc.) estilo de vida y las conductas del pueblo “occidental”, ya bajo un incremental ataque pesado por su propio estado gobernante en su instinto hacia el control social totalitario, que merece tu respeto y del cual tú eres su beneficiario.

Notas

[1] Egalitarianism and the Elites, Review of Austrian Economics, 8, 2, 1995, p. 45.

[2] Murray Rothbard los ha listado: “académicos, moldeadores de opiniones, periodistas, escritores, élites de los medios, trabajadores sociales, burócratas, consejeros, psicólogos, consultantes personales, y especialmente para el siempre acelerante nuevo grupo igualistarista, una armada verdadera de ‘terapeutas’ y entrenadores de la sensibilidad. Además, por supuesto, ideólogos e investigadores que sueñan y descubren nuevos grupos que necesitan ser igualizados”. (Ibid, p. 51)

[3] En cuanto a quienes los que hoy en día se encuentran entre los tal llamados libertarios y son para ser considerados como izquierdistas, hay una prueba decisiva: la posición tomada durante las recientes primarias presidenciales sobre Dr Ron Paul, quien fácilmente es el más puro libertario que alguna vez haya ganado atención y reconocimiento nacional y hasta internacional. Libertarios Beltway alrededor de Cato, George Mason, Reason, y varios otros con trajes del ‘Kochtopus’ descartaron a Ron Paul o hasta le atacaron por su “racismo” y falta de “sensibilidad” social y “tolerancia”, es decir, en resumen: por ser un verdadero “burgués de derecha”, llevando una vida personal y profesional ejemplar.

[4] Ibidem, p. 102

[5] Vea sobre este tema a Hans-Hermann Hoppe, “Of Private, Common and Public Property and the Rationale for Total Privatization,” Libertarian Papers, Vol. 3., No.1, 2011. http://libertarianpapers.org/articles/2011/lp-3-1.pdf

[6] Característicamente, esta transformación cautelosa del libertarismo a socialistas de closet a través de la confusa noción de ‘derechos civiles’, ya ha sido identificada décadas atrás por Murray Rothbard. Para citarlo: “A lo largo del movimiento oficial libertario [de libertarios de izquierda], los ‘derechos civiles’ han sido adoptados sin cuestionarlos, anulando completamente los derechos genuinos de propiedad privada. En algunos casos, el adoptamiento de un ‘derecho a no ser discriminado’ ha sido explícito. En otros, cuando los libertarios quieren encasillar sus nuevos descubrimientos con sus viejos principios, y no tienen aversión a la sofistería y hasta la absurdez, ellos toman el camino más furtivo marcado por las Uniones Américanas de Libertad Civil: Eso si debe haber tanto como una pizca de gobierno involucrado, sea en uso de las calles públicas o de un poco de fondo de los contribuyentes, entonces los tal llamados ‘derechos’ de ‘acceso igualitario’ deben anular la propiedad privada o ciertamente cualquier forma de buen juicio”. Ibid, pp. 102/03.

Publicado originalmente el 30 de septiembre de 2014. Traducido del inglés por Pedro García. El artículo original se encuentra aquí.

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Economía y Ética de la Propiedad Privada

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

LA ÉTICA Y LA
ECONOMÍA
DE LA
PROPIEDAD PRIVADA

HANS-HERMANN HOPPE

Ludwig
von Mises
Institute
Auburn, Alabama

CONTENIDO

EL PROBLEMA DEL ORDEN SOCIAL ……………………………​3
LA SOLUCIÓN:
PROPIEDAD PRIVADA Y APROPIACIÓN ORIGINAL ……………..​5

CONFUSIONES Y CLARIFICACIONES ………………………….​13
LA ECONOMÍA DE LA PROPIEDAD PRIVADA …………………….​17
EL PEDIGRÍ CLÁSICO …………………………………………………….​20
LAS DESVIACIONES DE CHICAGO ……………………………​24

I

EL PROBLEMA DEL ORDEN SOCIAL
Viviendo solo en su isla, Robinson Crusoe puede hacer todo lo que le plazca. Para él, las preguntas sobre las reglas de conducta humana necesarias para la convivencia ordenada—cooperación social—simplemente no se presentan. Naturalmente, tales preguntas sólo aparecen cuando una segunda persona, Viernes, llega a la isla. Pero incluso, en ese contexto, tales reglas son en gran medida irrelevantes mientras no haya escasez. Supongamos que la isla es el Jardín del Edén, donde todos los bienes externos son superabundantes, es decir, “bienes libres” como el aire que respiramos; entonces, cualquier cosa que Crusoe haga con esos bienes no tendrá repercusión alguna sobre su aprovisionamiento, ni sobre el aprovisionamiento de Viernes (y viceversa). Por tanto, es imposible que puedan surgir conflictos entre Crusoe y Viernes respecto al uso de estos bienes. El conflicto solamente es posible cuando los bienes son escasos. Sólo entonces aparece la necesidad de formular reglas que hagan posible la cooperación social ordenada—libre de conflictos.

​En el Jardín del Edén sólo existen dos bienes escasos: el cuerpo físico de la persona y el espacio donde está dicho cuerpo. Crusoe y Viernes tienen cada uno un cuerpo y pueden pararse únicamente en un lugar a la vez. Por tanto, incluso en el Jardín del Edén pueden aparecer conflictos entre Crusoe y Viernes: ambos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente sin entrar en conflicto físico entre ellos. Por eso, incluso en el Jardín del Edén tienen que existir reglas de conducta social ordenada—reglas respecto a la ubicación y el movimiento apropiado de los cuerpos humanos. Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, tienen que existir normas que regulen no sólo el uso de los cuerpos personales sino también de todo lo escaso, de tal modo que todos los conflictos posibles puedan ser evitados. Ese es el problema del orden social.

II

LA SOLUCIÓN:
PROPIEDAD PRIVADA Y APROPIACIÓN ORIGINAL

En la historia del pensamiento social y político se ha formulado una variedad de propuestas para solucionar el problema del orden social, y esta gama de propuestas, mutuamente inconsistentes, ha contribuido al hecho de que la búsqueda de una solución única y “correcta” haya sido considerada frecuentemente ilusoria. Pero como trataré de demostrar, una solución correcta existe. Por tanto, no hay razón para sucumbir al relativismo moral. La solución ha sido conocida por cientos de años, si no por más tiempo. En tiempos modernos tal solución antigua y sencilla fue formulada de forma clara y convincente por Murray N. Rothbard.

​Permítanme primero formular la solución—tanto para el caso especial del Jardín del Edén como para el caso general del mundo “real”—y luego explicar por qué esta solución, y no otra, es la correcta.

​En el Jardín del Edén, la solución viene dada por una sencilla regla que estipula que todos pueden mover y colocar su cuerpo donde les plazca, con la única condición de que ninguna otra persona ya esté ocupando ese mismo espacio. Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, la solución viene dada por esta regla: Cada persona es la dueño legítimo de su propio cuerpo físico, como también de los lugares y bienes naturales que ocupe y ponga en uso por medio de su cuerpo, con la condición que ninguna otra persona haya ya ocupado o utilizado los mismos lugares y bienes antes que él. Esta propiedad sobre lugares y bienes adquiridos mediante “apropiación original” implica el derecho de una persona a usar y transformar esos lugares y bienes de la forma que considere adecuada, con la condición de que no cambie por la fuerza la integridad física de los lugares y bienes apropiados originalmente por otra persona. En particular, cuando un lugar o bien ha sido apropiado—en palabras de John Locke, “mezclando el trabajo de uno” con el objeto—la propiedad de esos lugares y bienes sólo puede ser adquirida mediante la transferencia voluntaria—contractual—del título de propiedad del dueño anterior al nuevo dueño.

​A la luz del muy extendido relativismo moral, vale la pena precisar que esta idea de apropiación original y de propiedad privada como solución al problema del orden social está en completa correspondencia con nuestra “intuición” moral ¿No es simplemente absurdo decir que una persona no debería ser dueña de su cuerpo y de los lugares y bienes de los que originalmente—esto es, antes que cualquier otra persona—se apropia, usa y/o produce con su cuerpo? ¿Quién, si no él, debería ser el dueño? ¿No es también obvio que la mayoría de la gente—incluyendo niños y primitivos—actúa de acuerdo a estas reglas de forma ordinaria y normal?

La intuición moral, tan importante como es, no constituye prueba alguna. Sin embargo, sí existe prueba de la veracidad de nuestra intuición moral.

La prueba consta de dos partes. Por un lado, las consecuencias de negar la validez de la institución de la apropiación original y de la propiedad privada son claras: Si A no es dueña de su propio cuerpo, ni de los lugares y bienes originalmente apropiados y/o producidos con su cuerpo, así como de los bienes voluntariamente adquiridos por contrato, entonces sólo quedan dos alternativas: i) O bien otra persona B debe ser reconocida como dueña del cuerpo de A, y de los lugares y bienes apropiados, producidos o adquiridos por A; o ii) ambas personas (A y B) deben ser copropietarias.

En el primer caso, A estaría reducida al rango de esclavo y objeto de explotación de B, quien a su vez sería dueño del cuerpo de A, como también de los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por A. Pero A, en cambio, no sería recíprocamente dueña del cuerpo de B ni de los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por B. De ahí que, bajo esta regla, aparecen dos clases de personas categóricamente distintas—Untermenschen (criaturas sub-humanas) como A y Uebermenschen (superhombres) como B—a quienes “leyes” distintas se aplican. Por tanto, tal regla debe ser descartada como ética humana igualmente aplicable a todo individuo qua ser humano (animal racional). Desde el principio, tal regla no puede ser considerada como universalmente aceptable, y entonces, no puede aspirar a rango de ley, pues para que una regla alcance el grado de ley—regla justa—debe aplicar a todos por igual.

Alternativamente, en el segundo caso—copropiedad universal igualitaria—se cumple el requisito que la ley sea igual para todos. Sin embargo, esta alternativa sufre una deficiencia aún más severa, porque si fuese aplicada, toda la humanidad perecería. (Dado que toda ética humana debe permitir la supervivencia de la humanidad, esta alternativa debe también ser rechazada.) Toda acción de una persona requiere la utilización de medios escasos (por lo menos del cuerpo de la persona y del espacio donde se ubica), pero si todos los bienes fuesen co-poseídos, entonces a ninguna persona, en ningún momento ni lugar, le estaría permitido hacer algo a menos que previamente hubiese pedido el consentimiento de cada copropietario. Pero, ¿cómo podría alguien otorgar tal consentimiento sin ser dueño exclusivo de su propio cuerpo (incluyendo sus cuerdas vocales)? De hecho, necesitaría primero el consentimiento de otros para poder expresar el suyo, pero esos otros no podrían dar su consentimiento sin tener primero el suyo, y así sucesivamente.

Esta revisión sobre la imposibilidad praxeológica del “comunismo universal,” como Rothbard denominó a esta propuesta, me lleva inmediatamente a una forma alternativa de demostrar que la idea de apropiación original y propiedad privada es la única solución correcta al problema del orden social. Si las personas tienen o no derechos—y si los tienen ¿cuáles?—sólo puede determinarse en el curso de una argumentación (intercambio de proposiciones). Una justificación—prueba, conjetura, refutación—es una justificación argumentativa. Cualquiera que negase esta proposición entraría en contradicción performativa, porque su negación constituiría en sí misma un argumento. Incluso un relativista ético tiene que aceptar esta proposición primera, conocida como el apriori de argumentación.

De la aceptación innegable—del status axiomático—de este apriori de argumentación, surgen dos conclusiones igualmente necesarias. Primero, hay un caso donde no hay solución racional al problema del conflicto que aparece por la escasez. Supongamos en el escenario anterior de la isla de Crusoe, que Viernes no es un hombre sino un gorila. Obviamente, en la misma forma que Crusoe podría tener un conflicto con Viernes respecto a su cuerpo y espacio, podría también tenerlo con Viernes, el gorila, pues éste podría querer ocupar el mismo espacio que Crusoe. En este caso, si el gorila es el tipo de ente que conocemos como tal, no habría solución racional al conflicto. O el gorila aparta, aplasta, o devora a Crusoe—la solución del gorila—o Crusoe domestica, persigue, golpea, o mata al gorila—la solución de Crusoe. En esta situación uno de hecho podría hablar de relativismo moral. Sin embargo, sería más apropiado referirse a esta situación como aquella donde las preguntas sobre justicia y racionalidad simplemente no aparecen; es decir, sería considerada una situación extra-moral. La existencia de Viernes, el gorila, sería para Crusoe un problema técnico, no moral. Crusoe no tendría otra opción que aprender a controlar los movimientos del gorila como hubiese tenido que aprender a controlar los otros objetos inanimados de su entorno.

Por implicancia, sólo si ambas partes son capaces de iniciar una discusión con argumentos, se puede hablar de un problema moral y la cuestión de si existe o no solución al problema es relevante. Sólo si Viernes, sin importar su apariencia física, es capaz de argumentar (incluso si hubiera demostrado hacerlo una sola vez), puede ser considerado racional y tiene sentido el asunto de si existe solución correcta al problema del orden social. Nadie tiene que dar una respuesta a alguien que nunca ha formulado una pregunta, o más precisamente, a alguien que nunca ha expresado su punto de vista relativista en la forma de un argumento. En tal caso, ese “otro” no puede sino ser considerado y tratado como un animal o una planta, es decir, como una entidad extra-moral. Sólo si esa otra entidad puede hacer una pausa en su actividad (cualquiera que sea), detenerse, y decir “sí” o “no” a algo que uno ha dicho, le debemos una respuesta y podemos sostener que nuestra respuesta es la correcta para ambas partes implicadas en el conflicto.

Además, del apriori de argumentación se deduce que la validez de todo aquello que tiene que ser pre-supuesto en el curso de una argumentación como pre-condición lógica y praxeológica de la argumentación, no puede ser disputado argumentativamente sin caer en una contradicción interna (performativa).

Ahora, los intercambios proposicionales no están hechos de proposiciones que flotan libremente en el espacio, sino que constituyen una actividad humana específica. La argumentación entre Crusoe y Viernes requiere que ambos tengan, y se reconozcan mutuamente, control exclusivo de sus respectivos cuerpos (cerebro, cuerdas vocales, etc.), así como del espacio ocupado. Nadie puede proponer algo y esperar que la otra parte se convenza por si misma de la validez de tal proposición, o que la rechace y proponga algo más, a menos que de antemano pre-suponga el derecho suyo y del oponente al control exclusivo de sus respectivos cuerpos y espacios ocupados. De hecho, es precisamente este reconocimiento mutuo de la propiedad del proponente y del oponente a sus propios cuerpos y espacios ocupados, lo que constituye el characteristicum specificum de todas las disputas proposicionales: que mientras uno puede no estar de acuerdo respecto a la validez de una proposición específica, uno puede a pesar de eso estar de acuerdo en el hecho que uno está en desacuerdo. Además, ese derecho a la propiedad sobre el propio cuerpo y el espacio que ocupa debe ser considerado apriori (o indiscutiblemente) justificado tanto por el proponente como por el oponente. Cualquiera que reclamase la validez de una proposición frente a su oponente, tendría primero que haber presupuesto de antemano, el control exclusivo—suyo y del oponente—de sus respectivos cuerpos y espacios ocupados simplemente para poder decir “yo afirmo que tal y cual es verdad, y te reto a que demuestres que estoy equivocado.”

Además, sería igualmente imposible entrar en argumentación y apoyarse en la fuerza proposicional de los argumentos de uno, sino a uno no le fuese permitido poseer (control exclusivo) otros medios escasos (aparte del cuerpo y el espacio ocupado). Si uno no tuviese tal derecho, entonces todos pereceríamos inmediatamente y el problema de justificar las reglas—así como cualquier otro problema humano—simplemente no existiría. De ahí que, en virtud del hecho de estar vivos, los derechos de propiedad sobre otras cosas tienen que ser pre-supuestos también válidos. Nadie que esté vivo podría argumentar de modo distinto.

Si a una persona no le estuviese permitido la propiedad de bienes y espacios mediante un acto de apropiación original—esto es, estableciendo una conexión objetiva (intersubjetivamente determinable) entre él y un bien o espacio particular, antes que a cualquier otra persona—y si en vez de eso la propiedad fuese otorgada al que llega después, entonces a uno nunca le estaría permitido empezar a utilizar un bien a menos que previamente tuviese el consentimiento de la persona que llegó después. Pero ¿cómo puede alguien que llega después dar su consentimiento sobre las acciones del que llega primero? Además, el que llega después necesita a su vez, el consentimiento de los otros, y de los que llegan después, y así sucesivamente. Es decir, ni nosotros ni nuestros antepasados hubiésemos podido sobrevivir de haber seguido tal regla. Sin embargo, para que alguien—del pasado, presente o futuro—pueda debatir algo, la sobrevivencia debe ser posible; y para hacer esto, los derechos de propiedad no pueden ser concebidos como vagos en el tiempo, o indeterminados respecto al número de personas involucradas. En vez de eso, los derecho de propiedad tienen necesariamente que ser concebidos como originados por medio de acciones, en puntos específicos del tiempo y espacio, por individuos específicos. De otro modo, sería imposible para alguien decir algo en un determinado momento en el tiempo y espacio, y para alguien más poder responder. Entonces, el simple hecho de decir que la regla del primer-usuario-primer-dueño puede ser ignorada o que es injustificada implica una contradicción performativa, ya que el ser capaz de decir eso tiene que presuponer la existencia de uno como unidad independiente de toma de decisiones en un punto dado del tiempo y el espacio.

III

CONFUSIONES Y CLARIFICACIONES

Según este razonamiento, propiedad privada significa control exclusivo que una persona particular tiene sobre objetos y espacios físicos específicos. Del mismo modo, invasión de derechos de propiedad significa daño físico o disminución no deseada de objetos y espacios poseídos. En contraste, un punto de vista bastante extendido sostiene que, el detrimento o la disminución del valor (o precio) de la propiedad de alguien también constituyen una ofensa castigable.

En lo concerniente a la (in)compatibilidad de ambas posiciones, es fácil reconocer que casi toda acción de un individuo puede alterar el valor (precio) de la propiedad de otra persona. Por ejemplo, cuando el individuo A entra al mercado de trabajo o matrimonio, eso puede cambiar el valor del individuo B en esos mercados. Y cuando A cambia sus valoraciones relativas respecto a cerveza y pan, o si A decide convertirse él mismo en fabricante de cerveza o pan, eso cambia el valor de la propiedad de otros productores de cerveza y pan. Según la visión de que el detrimento del valor constituye una violación de derechos, A estaría cometiendo una ofensa castigable contra los productores de cerveza y los panaderos. Si A es culpable, entonces B, los cerveceros y los panaderos deben tener derecho a defenderse de las acciones de A, y esas acciones defensivas consisten en invasiones físicas contra A y sus propiedades. Si A es culpable, debe permitirse que B prohíba físicamente la entrada de A a los mercados de trabajo y matrimonio; debe permitirse a los cerveceros y panaderos impedir físicamente que A gaste su dinero como le plazca. Sin embargo, en este caso, el daño físico o el menoscabo de la propiedad de A no puede verse como una ofensa castigable, pues la invasión física y el menoscabo, siendo acciones defensivas, son legítimas. Al contrario, si el daño físico y el menoscabo constituyen una violación de derechos, entonces B, los cerveceros y los panaderos no tienen derecho a defenderse de las acciones de A, porque sus acciones—su entrada a los mercados de trabajo y matrimonio, su cambio de valoración o su entrada a la producción de cerveza o pan—no afectan la integridad corporal de B o la integridad física de la propiedad de los cerveceros o los panaderos. Si ellos se defienden físicamente, entonces el derecho a defenderse recae sobre A. En este segundo caso, sin embargo, no puede considerarse ofensa castigable que uno altere el valor de la propiedad de otros. Una tercera posibilidad no existe.

Ambas ideas sobre derechos de propiedad no son sólo incompatibles, sino que además, la visión alternativa de que uno puede ser el dueño del valor o del precio de bienes escasos es indefendible. Mientras una persona puede controlar que sus acciones no cambien las características físicas de la propiedad de otro, no puede controlar que sus acciones afecten el valor (o precio) de la propiedad de otro. El valor es determinado por otros individuos y sus evaluaciones. En consecuencia sería imposible saber de antemano si las acciones que uno planea son, o no, legítimas. La población entera tendría que ser interrogada para estar seguros que las acciones de uno no dañarán el valor de la propiedad de alguien más, y uno no podría empezar a actuar hasta que un consenso universal hubiese sido alcanzado. La humanidad perecería mucho antes que este postulado se hubiese satisfecho.

Más aún, la afirmación de que uno tiene derechos de propiedad sobre el valor de las cosas implica una contradicción, pues para reclamar la validez de esta proposición—aceptación universal—tendría que haberse asumido que está permitido actuar antes de llegar a un acuerdo. De otra forma, siempre sería imposible proponer algo. Sin embargo si a uno le está permitido enunciar una proposición—y nadie podría negar esta premisa sin caer en contradicción—esto es solamente posible debido a la existencia de fronteras físicas en la propiedad, esto es, límites que todos pueden reconocer y confirmar independientemente y en completa ignorancia de las evaluaciones subjetivas de otros.

Otro malentendido igualmente común sobre la idea de propiedad privada se refiere a la clasificación de las acciones como permisibles o no, basándose exclusivamente en sus efectos físicos, esto es, sin considerar que cada derecho de propiedad tiene una historia (génesis temporal).

Si A está dañando físicamente la propiedad de B (por ejemplo, contaminando el aire o haciendo ruido), la situación tiene que ser juzgada de forma diferente dependiendo de quién estableció primero su derecho de propiedad. Si la propiedad de A fue establecida primero, y si él ha llevado a cabo las actividades objetables antes del establecimiento de la propiedad de B, entonces A puede continuar con sus operaciones. A ha establecido un derecho de uso. Desde el principio B adquirió una propiedad sucia o ruidosa, y si quiere una propiedad limpia y tranquila, tiene que pagar a A por esa ventaja. Por otro lado, si la propiedad de B fue establecida primero, entonces A debe suspender sus actividades; y si no quiere hacer tal cosa, debe pagar a B por esta ventaja. Cualquier otro veredicto es imposible e indefendible, pues mientras una persona esté viva y despierta, no puede no actuar. El que llega primero no puede, aunque quiera, esperar al que llega después y el permiso de éste para empezar a actuar. Se le tiene que permitir actuar inmediatamente. Y si no existe otra propiedad, además de la de él (porque el que llega después aún no ha llegado), entonces el rango de acción de uno debe considerarse limitado sólo por las leyes de la naturaleza. El que llega después sólo puede desafiar la legitimidad del que llega primero si él es dueño de los bienes afectados por las acciones del que llegó primero. Sin embargo, eso implicaría que el segundo podría ser dueño de cosas no apropiadas, esto es, cosas que aún no ha descubierto, o de las que aún no se ha apropiado mediante acción física. Eso significaría que al que llegó primero no le estaría permitido convertirse en el primer usuario de una entidad física previamente no descubierta ni apropiada.

IV

LA ECONOMIA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

La idea de propiedad privada no sólo concuerda con nuestra intuición moral y es la única solución al problema del orden social. La institución de la propiedad privada es también la base de la prosperidad económica y del “bienestar social”. Mientras la gente actúe de acuerdo a las reglas de la institución de la propiedad privada, el bienestar social será optimizado.

Todo acto de apropiación original mejora el bienestar del apropiador (por lo menos ex-ante); de otra forma, no se llevaría a cabo. Al mismo tiempo, nadie empeora su situación con esta acción. Cualquier otra persona pudo haberse apropiado de los mismos bienes y territorios si sólo los hubiera reconocido como escasos y, por tanto, valiosos. Sin embargo, como ningún otro individuo realizó tal apropiación, nadie puede haber sufrido una pérdida de bienestar por culpa de la apropiación original. Por lo tanto, el tal llamado criterio de Pareto (que es científicamente legítimo hablar de una mejora en el bienestar social, sólo si un cambio particular aumenta el bienestar individual de por lo menos una persona y no deja a ninguna otra en peor condición) se alcanza. Un acto de apropiación original cumple con este requerimiento. Mejora el bienestar de una persona, el apropiador, sin disminuir la riqueza física (propiedad) de nadie. Todos los demás tienen la misma cantidad de propiedad que tenían antes y el apropiador ha ganado propiedad nueva, previamente inexistente. Hasta aquí, un acto de apropiación original siempre aumenta el bienestar social.

Cualquier acción posterior con bienes o territorios apropiados originalmente mejora el bienestar social, porque sin importar lo que una persona haga con su propiedad, lo hace para aumentar su bienestar. Tal es el caso cuando una persona consume su propiedad igual que cuando produce nueva propiedad a partir de la “naturaleza.” Todo acto de producción es causado por el deseo del productor de transformar una entidad de menor valor en una de mayor valor.

Finalmente, todo intercambio (transferencia) voluntario de propiedad apropiada o producida, de un dueño a otro, incrementa el bienestar social. Un intercambio de propiedad es posible sólo si ambos dueños prefieren lo que adquieren más que lo que entregan y por tanto esperan un beneficio del intercambio. Las dos personas ganan bienestar en todo intercambio de propiedad, y la propiedad bajo el control de los demás permanece inalterada.

En claro contraste, cualquier desviación de la institución de la propiedad privada tiene que conducir a pérdidas en el bienestar social.

En el caso de la co-propiedad igual y universal—comunismo universal en vez de propiedad privada—el precio a pagar sería la muerte instantánea de la especie humana, porque la co-propiedad universal significa que a nadie le está permitido hacer algo o moverse a algún lado. Cada desviación del orden de propiedad privada representa un sistema de desigual dominación y hegemonía. Esto es, sería un orden en el cual a una persona o grupo—los gobernantes, explotadores o Uebermenschen—le estaría permitido adquirir propiedad en diferente forma que por apropiación original, producción o intercambio, mientras que otra persona o grupo—los gobernados, explotados o Untermenschen—lo tendrían prohibido. Aunque la hegemonía es posible, eso conllevaría a pérdidas en el bienestar social y conduciría a un empobrecimiento relativo.

Si a A le es permitido adquirir un bien o un territorio del que B se ha apropiado como está indicado por signos visibles, el bienestar de A se incrementa a costa de la correspondiente pérdida de bienestar de B. No se cumple el criterio de Pareto y el bienestar social es sub-óptimo. Lo mismo ocurre con otras formas de gobierno hegemónico. Si A prohíbe a B apropiarse originalmente de una parte de la naturaleza sin dueño hasta ese momento, si A puede adquirir bienes producidos por B sin el consentimiento de B, si A puede dictar lo que B tiene permitido hacer con sus bienes apropiados o producidos (aparte del requerimiento de que uno no tiene permiso para dañar o deteriorar la propiedad de otros), en cada caso hay un “ganador,” A, y un “perdedor,” B. En todo caso, A aumenta su provisión de propiedades a costa de la correspondiente pérdida de propiedades de B. En ningún caso se cumple el criterio de Pareto y siempre resulta un sub-óptimo nivel de bienestar social.

Más aún, hegemonía y explotación conllevan a niveles futuros de producción reducidos. Toda reglamentación que concede control, parcial o total, a no-apropiadores, no-productores y no-comerciantes, sobre bienes apropiados, producidos o comercializados, conduce necesariamente a una reducción de futuros actos de apropiación original, producción y comercio mutuamente beneficioso. Para la persona que las lleva a cabo, cada una de estas actividades está asociada a ciertos costos, y los costos de llevarlas a cabo aumentan bajo un sistema hegemónico, y los de no llevarlas a cabo disminuyen. El consumo presente y la diversión se hacen más atractivos comparados con la producción (consumo futuro), y el nivel de producción caerá por debajo del nivel que hubiese sido de otra forma. Para los gobernantes, el hecho de que ellos puedan aumentar su riqueza expropiando la propiedad apropiada, producida o adquirida contractualmente por otros, conduce al desperdicio de la propiedad a disposición. Como a ellos les está permitido suplementar su fortuna futura por medio de expropiación (impuestos), se acentúa la orientación hacia el presente y el consumo (alta preferencia temporal), y como hasta donde sabemos ellos no usan sus bienes “productivamente,” la probabilidad de malas asignaciones, malos cálculos y pérdidas económicas se incrementa sistemáticamente.

V

EL PEDIGRÍ CLÁSICO

Como se mencionó al principio, la ética y la economía de la propiedad privada presentadas arriba no reclaman originalidad. En vez de eso, es una expresión moderna de la tradición “clásica” que viene desde los tiempos de Aristóteles, la Ley Romana, Aquino, los últimos Escolásticos españoles, Grotius y Locke.

En contraste con la utopía comunista contenida en La República de Platón, Aristóteles nos entrega una lista muy completa de las ventajas de la propiedad privada en La Política. Primero, la propiedad privada es más productiva. “Lo que es común al mayor número de personas recibe la menor cantidad de cuidado. Los hombres ponen más atención a lo que es de su propiedad; ellos se preocupan menos por lo que es común; o le prestan atención según el grado en que esté cada uno individualmente interesado. Incluso cuando no hay otra causa para la desatención, los hombres están más inclinados a descuidar su deber cuando piensan que otro lo está atendiendo.”

Segundo, la propiedad privada previene conflictos y promueve la paz. Cuando la gente tiene separados sus dominios de interés, “no habrá la misma base para peleas, y el grado de interés se incrementará, porque cada hombre sentirá que se está dedicando a lo que es suyo.” “Sin duda es un hecho observable que aquellos que tienen propiedad común, y comparten su administración, están con más frecuencia en desacuerdo entre sí, que aquellos que tienen propiedades individuales.” Más aún, propiedad privada ha existido siempre y en todas partes, mientras que espontáneamente nunca han aparecido utopías comunistas. Finalmente, la propiedad privada promueve la benevolencia y la generosidad. Permite a uno portarse así con los amigos necesitados.

La ley Romana, desde las Doce Tablas hasta el Código de Teodosio y el Corpus Justiniano, reconocieron el derecho a la propiedad privada como casi absoluto. La propiedad surgía de la posesión indiscutida, derechos de uso establecidos por previa utilización, el propietario podía hacer con su propiedad lo que quisiera y se reconocía la libertad de contrato. También, la Ley Romana hacía distinción importante entre ley ‘nacional’ (Romana)—ius civile—y ley ‘internacional’—ius gentium.

La contribución cristiana a esta tradición clásica—representada por Santo Tomás de Aquino y los últimos Escolásticos españoles así como también los Protestantes Hugo Grotius y John Locke—tiene dos partes. Ambas, Grecia y Roma, eran civilizaciones que permitían la esclavitud. Aristóteles, característicamente, consideraba la esclavitud como una institución natural. Por contraste, la civilización occidental—cristiana, con algunas excepciones, ha sido esencialmente una sociedad de hombres libres. De acuerdo a esto, para Aquino y también para Locke, cada persona tenía derecho de propiedad sobre sí mismo (auto-propiedad). Aristóteles, y la civilización clásica generalmente, desdeñaban el trabajo, el comercio, y el hacer dinero. En contraste, de acuerdo al Antiguo Testamento, la Iglesia alababa las cualidades del trabajo y la laboriosidad. Para Aquino y para Locke, fue a través del trabajo, el uso, y el cultivo de tierras previamente no utilizadas, que la propiedad primera empezó a existir.

Esta teoría clásica de propiedad privada, basada en auto-propiedad, apropiación original (homesteading), y contratos (transferencia de títulos), continuó encontrando eminentes proponentes, como J. B. Say. Sin embargo, desde su alta influencia en el siglo XVIII hasta muy recientemente, con el avance del movimiento rothbardiano, la teoría clásica se ha deslizado hacia el olvido.

Por dos siglos, la economía y la ética (filosofía política) se han ido separando desde su origen común en la doctrina de ley natural hasta convertirse en tareas intelectuales aparentemente no relacionadas. La economía se convirtió una ciencia “positiva” libre de valores que preguntaba “¿qué medios son apropiados para alcanzar un fin dado(presupuesto)? La ética se convirtió en una ciencia “normativa” (si es que acaso podía ser considerada ciencia) que preguntaba “¿qué fines (y qué medios) está uno justificado a elegir?” Como resultado de esta separación, el concepto de propiedad progresivamente desapareció de ambas disciplinas. Para los economistas, propiedad sonaba muy normativo; para los filósofos políticos, propiedad era economía mundana.

En contraste, Rothbard explicó que términos económicos elementales como intercambio directo e indirecto, mercados y precios de mercado, agresión, crimen, falta civil, y fraude no pueden definirse o entenderse sin una teoría de propiedad. Ni tampoco es posible establecer los teoremas económicos que relacionan estos fenómenos, sin la noción implícita de propiedad privada. Una definición y teoría de propiedad tienen que preceder la definición y establecimiento de todos los otros términos y teoremas económicos.

La singular contribución de Rothbard, desde comienzos de 1960 hasta su muerte en 1995, fue el redescubrimiento de la propiedad y los derechos de propiedad como fundamento común de ambas, economía y filosofía política, y la reconstrucción sistemática y la integración conceptual de la moderna economía marginalista y la filosofía política de ley natural en una ciencia moral unificada: el libertarianismo.

VI

LAS DESVIACIONES DE CHICAGO

Al mismo tiempo que Rothbard restauraba el concepto de propiedad privada a su posición central en economía y reintegraba la economía y la ética, otros economistas y teóricos legales asociados con la Universidad de Chicago, como Ronald Coase, Harold Demsetz y Richard Posner estaban empezando también a redireccionar la atención profesional al tema de la propiedad y los derechos de propiedad.

Sin embargo, mientras para Rothbard la propiedad privada y la ética lógicamente precedían a la economía, para los otros la propiedad privada y la ética estaban subordinadas a la economía y a las consideraciones económicas. De acuerdo a Posner, cualquier cosa que incremente el bienestar social es justo.

La diferencia entre las dos posiciones puede ilustrarse considerando un caso que Coase plantea: Un ferrocarril corre al costado de una granja. El motor produce chispas que dañan la cosecha del granjero. ¿Qué se debe hacer?

Desde el punto de vista clásico, lo que se necesita establecer es quién estaba allí primero, ¿el granjero o el ferrocarril? Si el granjero estaba allí primero, entonces puede forzar al ferrocarril a detenerse, o pedir compensación. Si el ferrocarril estaba allí primero, entonces puede continuar produciendo chispas y el granjero tendría que pagar al ferrocarril si no quiere chispas.

Desde el punto de vista de Coase, la respuesta tiene dos partes. Primero y “positivamente” Coase sostiene que no importa como sean asignados los derechos de propiedad y la responsabilidad legal mientras sean asignados y mientras (de forma irreal) los costos de transacción sean cero.

Coase sostiene que es erróneo pensar en el granjero y el ferrocarril como “correcto” o “incorrecto” (responsable), o como “agresor” o “víctima”. “El asunto a menudo se piensa como uno en el que A inflige daño a B y lo que tiene que decidirse es, ¿Cómo deberíamos detener a A? Pero eso es incorrecto. Estamos tratando un problema de naturaleza recíproca. Evitar el daño a B sería infligir daño a A. La cuestión real que tiene que decidirse es, ¿Debería permitirse a A dañar a B, o que B haga daño a A? El problema es evitar el daño más serio.”

Más aún, dada la “igual” estatura moral de A y B, para la asignación de recursos económicos no importa a quien tenía primero los derechos de propiedad. Supongamos que el daño a la cosecha del granjero A es de $1,000, y el costo del aparato de captura de chispas (ACC) para el ferrocarril B es de $750. Si a B se le encuentra responsable del daño a la cosecha, B instalará un ACC o dejará de operar. Si a B se le encuentra no responsable, entonces A pagará una suma entre $750 y $1,000 a B para que instale un ACC. Ambas posibilidades dan como resultado la instalación de un ACC. Ahora supongamos que invertimos los números: El daño a la cosecha es de $750 y el costo del ACC es de $1,000. Si a B se le encuentra responsable, pagará $750 a A, pero no instalará el ACC. Y si B es encontrado no responsable, A no podrá pagar a B lo suficiente para instalar el ACC. De nuevo, ambos escenarios terminan con el mismo resultado; no habrá ACC. Por tanto, sin importar cómo estaban inicialmente asignados derechos de propiedad, según Coase, Demsetz y Posner, la asignación de factores de producción será la misma.

Segundo y “normativamente”—y para el único caso real de costos de transacción positivos—Coase, Demsetz y Posner piden a los tribunales que asignen los derechos de propiedad de las partes en conflicto, de tal forma que la “riqueza” o el “valor de producción” sean maximizados. Para el caso que acabamos de considerar eso significa que si el costo del ACC es menor que el daño a la cosecha, el tribunal debe ponerse del lado del granjero y declarar responsable al ferrocarril. Por otro lado, si el costo del ACC es mayor que los daños a la cosecha, entonces el tribunal de estar del lado del ferrocarril y declarar responsable al granjero. Posner da otro ejemplo. Una fábrica emite humo, y al hacerlo deteriora el valor de las propiedades residenciales. Si el valor de las propiedades se reducen en $3 millones y el costo de relocalización de la fábrica es de $2 millones, la planta debe ser considerada responsable y forzada a relocalizarse. Pero si invertimos los números—el valor de las propiedades se reduce en $2 millones y el costo de relocalización es $3 millones—la fábrica se puede quedar y podrá continuar emitiendo humo.

Ambas afirmaciones, positiva y normativa, de la escuela de ley y economía de Chicago deben ser rechazadas. Y para la afirmación de que no importa quién tenía inicialmente los derechos de propiedad, hay tres respuestas. Primero, como Coase ha tenido que admitir, ciertamente sí importa al granjero y al ferrocarril a quién se le asignan los derechos. Importa no sólo cómo se asignan los recursos sino también a quién pertenecen.

Segundo y más importante, para el valor de la producción social sí importa, fundamentalmente, cómo son asignados los derechos de propiedad. Los recursos asignados a negocios productivos no son simplemente dados. Ellos mismos son el resultado de actos previos de apropiación original y producción, y qué tanta apropiación y producción hay depende del incentivo de apropiadores y productores. Si los apropiadores y productores son los dueños absolutos de lo que se han apropiado y producido—esto es, si no son encontrados legalmente responsables frente a segundos o terceros por actos de apropiación y producción—entonces el nivel de riqueza será maximizado. Por otro lado, si a los apropiadores originales y a los productores se les encuentra legalmente responsables frente a los que llegan después, como está implicado en la doctrina de “reciprocidad de daño” de Coase, entonces el valor de la producción será más bajo de lo que en otro caso pudiese haber sido. Es decir, la doctrina del “no importa” es contra-productiva para la meta establecida de maximización de bienestar.

Tercero, la afirmación de Coase de que el uso de los recursos no será afectado por la asignación inicial de los derechos de propiedad no es generalmente cierta. De hecho, es fácil producir contra-ejemplos. Suponga que el granjero no pierde $1,000 en cosechas a causa de las chispas del ferrocarril, sino que pierde un jardín de flores que tiene un valor para él de $1,000 pero que no tiene valor alguno para alguien más. Si los tribunales asignan responsabilidad al ferrocarril, se instalará el ACC de $750. Si la corte no asigna responsabilidad al ferrocarril, el ACC no se instalará porque el granjero simplemente no tiene fondos suficientes para sobornar al ferrocarril para que lo instale. La asignación de recursos es diferente dependiendo de la asignación inicial de derechos de propiedad.

Similarmente, hay tres respuestas contra la afirmación normativa de la escuela de ley y economía de Chicago de que los tribunales deberían asignar derechos de propiedad de tal modo que se maximice el bienestar social. Primero, cualquier comparación de utilidad interpersonal es científicamente imposible, sin embargo los tribunales entran a hacer tales comparaciones sin sentido siempre que quieren hacer un análisis de costo-beneficio. Tales análisis de costo-beneficio son tan arbitrarios como las suposiciones en que se basan. Por ejemplo, asumen que los costos psíquicos pueden ser ignorados y que la utilidad marginal del dinero es constante e igual para todos.

Segundo, como muestran los ejemplos numéricos dados anteriormente, los tribunales asignan derechos de propiedad en forma diferente dependiendo de los datos cambiantes del mercado. Si el ACC es menos costoso que el daño a la cosecha, el granjero tiene el derecho, mientras que si el ACC es más costoso que el daño, el ferrocarril tiene el derecho. Es decir, diferentes circunstancias llevarán a una re-distribución de los títulos de propiedad. Nunca nadie podría estar seguro de su propiedad. La incertidumbre legal se haría permanente. Esto no parece ni justo ni económico; más aún, ¿quién en su sano juicio acudiría a una corte que ha anunciado que podría re-asignar títulos de propiedad existentes en el transcurso del tiempo, dependiendo de las cambiantes condiciones del mercado?

Finalmente, una ética debe tener no sólo permanencia y estabilidad frente a circunstancias cambiantes; una ética tiene que permitir a uno tomar una decisión entre “justo e injusto” antes de actuar, y debe referirse a algo que esté bajo el control del actor. Tal es el caso de la ética clásica de propiedad privada y su principio de primer-usuario-primer-dueño. De acuerdo a esta ética, actuar con justicia significa que una persona emplee sólo los recursos justamente adquiridos—recursos apropiados originalmente, producidos o adquiridos contractualmente de un dueño anterior—y que los emplee de tal forma que no dañe físicamente la propiedad de otros. Toda persona puede determinar de antemano si se cumple o no esta condición, y tiene control sobre si sus acciones dañarán físicamente la propiedad de otros. En claro contraste, la ética de maximización de bienestar falla en ambos casos. Nadie puede determinar ex-ante si sus acciones conducirán o no a la maximización del bienestar social. Si es que acaso eso se puede determinar, sólo puede hacerse después de los hechos. Nadie tiene tampoco control sobre si sus acciones maximizan o no el bienestar social. Eso depende de las acciones y evaluaciones de otros. Y una vez más, ¿quién en su sano juicio se sometería al dictamen de un tribunal que no le permitió saber de antemano cómo actuar correctamente, ni cómo evitar actuar injustamente, sino que emitirá un juicio después de los hechos?

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Del Acompañamiento Elgar
Para La Economía de la Propiedad Privada
Editado por Enrico Colombatto
Londres: Edward Elgar, 2004

Traducción original: Rodrigo Betancur
Revisión: Dante Bayona

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Libertad o Socialismo

Por Hans-Hermann Hoppe

Hans-Hermann Hoppe

 

LIBERTAD O SOCIALISMO

 

Este libro fue publicado por la Universidad San Francisco de Quito (Círculo de Cumbayá, Quito, www.usfq.ec), en enero de 2009 con un tiraje de 10,000 ejemplares.

Diagramación: G&R Comunicación Gráfica.

 

 

PRIMERA PARTE

Sobre la Libertad

Las bases éticas y económicas de una sociedad libre, desde un enfoque que va a la raíz (radice, radical) del problema del orden social, la organización según el principio de justicia y no del poder político, y por ende el rol de instituciones como la propiedad privada, los contratos, las cortes, el lenguaje y la familia para el avance civilizacional.

 

 

Libertad o Socialismo

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Sobre el Origen de la Propiedad y la Familia

Es razonable dar comienzo a la historia humana hace 5 millones de años, cuando la línea humana de descendencia evolutiva se separaba de la de nuestro pariente no-humano más cercano, el chimpancé.

Es también razonable comenzarla hace 2.5 millones de años, con el primer representante del homo habilis; o hace 200.000 años, cuando el primer representante “del hombre anatómicamente moderno” hizo su aparición; o hace 100.000 años, cuando el hombre anatómicamente moderno había logrado la forma humana típica actual. En vez de esto, desearía comenzarla desde hace 50.000 años. Esta es además una fecha eminentemente razonable. Para ese entonces los seres humanos habían desarrollado un lenguaje completo, lo que implicaba una mejora radical en su capacidad de aprender y de innovar, y el “hombre anatómicamente moderno” se había convertido en el “hombre de comportamiento moderno”. Es decir, cuando el hombre ya había adoptado la forma de vida de cazador-recolector, de la cual incluso subsisten aún algunos grupos.

Hace cerca de 50.000 años, el número de “seres humanos modernos” podría no exceder los 5.000 individuos, confinados al Noreste de África. Vivían en sociedades integradas por bandas pequeñas (10- 30) personas que ocasionalmente se juntaban y formaron una reserva genética común de cerca de 150 y quizás hasta de 500 personas (un tamaño que los genetistas han encontrado como que es necesario para evitar efectos disgénicos). La división del trabajo era limitada, cuya partición principal era entre mujeres – actuando sobre todo como recolectoras – y hombres – actuando sobre todo como cazadores.No obstante, la vida parece haber sido buena inicialmente para nuestros antepasados. Se permitían una vida cómoda con solamente algunas horas del trabajo regular, con buena nutrición (alto valor proteico) y mucho tiempo libre para disfrutar.

Sin embargo la vida de cazadores y recolectores enfrentaba un desafío fundamental. Las sociedades de cazadores-recolectores llevaban esencialmente vidas parásitas. Es decir, no agregaban nada al suministro de productos entregados por la naturaleza. Sólo agotaban las fuentes de bienes. No producían (fuera de algunas herramientas) sino que consumían solamente. No cosechaban ni criaban sino que tenían que esperar a que la naturaleza regenerara y reaprovisionara. Esta forma de parasitismo implicaba el problema inatajable del crecimiento de la población. Para mantener una vida cómoda, la densidad demográfica tendría que haber seguido siendo extremadamente baja. Se ha estimado que una milla cuadrada de territorio era necesaria para sostener confortablemente una o dos personas, e inclusive, en regiones menos fértiles eran necesarios terrenos más grandes aún.

La gente podía por supuesto intentar evitar esta presión del aumento poblacional, y las sociedades de cazadores-recolectores de hecho lo intentaron. Inducían abortos, practicaban el infanticidio especialmente el infanticidio femenino, y reducían el número de embarazos manteniendo largos períodos de lactancia (que, conjuntamente con la baja grasa corporal característica de mujeres en constante movimiento, reducía la fertilidad femenina). Es claro que todas estas prácticas aliviaban el problema pero no lo solucionaban. La población seguía aumentando.

Dado que el tamaño de la población no se podía mantener en un nivel estacionario, sólo había tres alternativas para el surgente “exceso” de población. Podían renunciar a la vida de cazadoresrecolectores y encontrar un nuevo modo de organización social, podían luchar por el suministro limitado de alimentos o podían migrar. Aunque la migración de ninguna manera era gratuita – tenían además que cambiar territorios familiares por territorios desconocidos – parecía como la opción menos costosa.

Fue así como despegándose de su patria en el Este de África, el globo entero fue conquistado por bandadas sucesivas de gentes que se separaban de sus parientes para formar nuevas sociedades en áreas nunca antes ocupadas por seres humanos.

El proceso era esencialmente igual siempre: un grupo invadía algún territorio, la presión de la población aumentaba, algunas personas permanecían en el sitio, un subgrupo se movía más lejos, y así generación tras generación. Una vez que se separaban, no existía prácticamente ningún contacto entre las diferentes sociedades de cazadores-colectores. Por lo tanto, aunque al inicio estuvieron estrechamente relacionadas unos con otros por relaciones directas de parentesco, estas sociedades formaron reservorios genéticos separados y, al enfrentar diversos ambientes naturales y como resultado de la deriva genética y las mutaciones que interactuaba con la selección natural, en el transcurso del tiempo adquirieron apariencias claramente diferentes.

Parece que este proceso también comenzó hace 50.000 años aproximadamente, poco después de la aparición “del hombre de comportamiento moderno” y de su adquisición de la habilidad para construir embarcaciones. De este tiempo hasta hace alrededor de 12.000 a 11.000 años las temperaturas globales cayeron gradualmente (desde entonces estamos en un período interglaciar de calentamiento) y por consiguiente los niveles del mar bajaron.* La gente cruzaba el Mar Rojo en la Puerta de la Pena (Gate of Grief), que era entonces una simple brecha estrecha de agua sembrada de islas dispersas, hasta tocar tierra en el extremo sur de la Península de Arabia (que en ese entonces gozaba de un período comparativamente húmedo). De allí en adelante, como preferían permanecer en climas tropicales a los cuales se habían ajustado, la migración continuó hacia el Este.

El recorrido se hacía sobretodo en embarcaciones porque hasta hace aproximadamente 6.000 años, cuando el hombre aprendió a domesticar caballos, esta forma de transporte era mucho más rápida y más conveniente que el recorrido a pie. Por lo tanto, la migración ocurrió a lo largo de la línea de la costa primero – y procedió de allí hacia el interior a través de los valles de los ríos – hasta llegar finalmente a la India. Allí, el movimiento de la población parece haberse partido en dos direcciones. La una prosiguió alrededor de la Península Indica hacia el Sureste de Asia e Indonesia (que por ese entonces estaba conectada al continente asiático) y finalmente al ahora fragmentado continente de Sahul (Australia, Nueva Guinea y Tasmania, que estuvieron unidas hasta hace cerca de 8.000 años), el cual en ese entonces estaba separado del continente asiático por un canal de sólo 60 millas de ancho, poblado de islas, lo que permitía navegar tramos cortos saltando de isla en isla, así como también hacia el Norte, costa arriba hasta la China y eventualmente al Japón. Por otra parte, el proceso de migración salió de la India en dirección Noroeste, a través de Afganistán, Irán, y Turquía y en última instancia hasta Europa.

También hubo una división de esta corriente migratoria, cuya gente empujó en dirección Noreste hacia el Sur de Siberia. Migraciones posteriores, muy probablemente en tres oleadas, los primeros hace aproximadamente 14.000-12.000 años, pasaron de Siberia a través del estrecho de Bering – entonces un puente en tierra (hasta hace aproximadamente 11.000 años) – al continente americano y parece que alcanzaron la Patagonia cerca de 1.000 años más tarde. La última ruta de migración salió de Taiwán, la cual estaba ocupada desde hace aproximadamente 5.000 años, navegando a través del Pacífico hasta alcanzar las islas de la Polinesia y por último llegar a Nueva Zelandia, hace cerca de 800 años.

A pesar de todos estos detalles complicados, en cierto momento en el tiempo, la masa de tierra disponible para ayudar a satisfacer las necesidades humanas no pudo acrecentarse más. En jerga económica, la fuente del factor de producción “tierra” llegó a ser fija, y cada aumento en el tamaño de la población humana tuvo que sostenerse con la misma cantidad invariable de tierra. De la ley económica de rendimientos sabemos que esta situación tiene que terminar en un problema Maltusiano.

La ley de rendimientos indica que para cualquier combinación de factores de producción – en el caso actual: tierra y trabajo – existe una combinación óptima. Si uno se desvía de este grado óptimo, aumentando el suministro de sólo un factor – en nuestro caso: trabajo – mientras que el suministro del otro – tierra – se mantiene constante, entonces la cantidad física de producción, o bien decididamente no aumenta, o por lo menos, no en proporción al suministro creciente de trabajo. Es decir, mientras otros factores permanezcan iguales, un aumento en el tamaño de la población, más allá de cierto punto, no viene acompañado por un aumento proporcional de riqueza. Si se pasa de este punto, la producción física de bienes por persona disminuye. El estándar de vida, en promedio, baja. Se ha alcanzado entonces el punto de superpoblación (absoluta).

¿Qué hacer para enfrentar este desafío? De las tres opciones antes mencionadas como respuesta a la presión del aumento poblacional: emigrar, pelear o encontrar un nuevo modo de organización social, solamente los dos últimos siguen abiertos. Me concentraré en el último, la respuesta pacífica.

El desafío fue enfrentado con una doble respuesta: por un lado economizando tierra y por otro lado “privatizando” la producción de descendencia – en una sola frase: a través de la instituciones de la familia y de la propiedad privada.

Para entender estos dos conceptos debemos dar primero una ojeada al tratamiento del factor de producción “tierra” por las sociedades de cazadores-recolectores.

Se puede asumir con seguridad que la propiedad privada existía dentro del marco de la casa tribal. La propiedad privada existía con relación a cosas tales como ropa, herramientas, instrumentos y ornamentos personales. Hasta el punto que tales artículos fueron producidos por particulares, por individuos identificables (durante su tiempo libre) o adquiridos por otras personas, de sus fabricantes originales, a través de regalos o intercambio (trueque) y eran considerados propiedad individual. Sin embargo, como los bienes eran el resultado de esfuerzos concertados o conjuntos, muchas veces eran considerados bienes colectivos. Posiblemente esto se aplicaba mayormente a los medios de subsistencia: a los frutos recolectados y a los animales cazados como resultado una cierta división del trabajo intra-tribal. (Sin duda la propiedad colectiva desempeñó, en ese entonces, un papel prominente en las sociedades de cazadores-recolectores, y es debido a esto que el término “comunismo primitivo” se ha empleado con frecuencia para describir economías primitivas, tribales: cada individuo contribuía a la “renta” hogareña según sus capacidades, y cada uno recibía de la renta colectiva según sus necesidades).

¿Qué decir de los suelos sobre los cuales ocurrían todas las actividades tribales? Uno puede determinar con seguridad que los suelos no eran considerados propiedad privada. ¿Pero eran propiedad colectiva?

Se ha asumido típicamente que este es el caso. De hecho, sin embargo, los suelos no eran ni propiedad privada ni colectiva sino que, por el contrario, constituían parte del ambiente, o más específicamente, de las condiciones generales de la acción.

El mundo externo en el cual ocurren las acciones del hombre se puede dividir en dos porciones categóricamente distintas. Por una parte, hay esas cosas que se consideran los medios o bienes económicos; y por otra parte, hay esas cosas que se consideran ambiente. Los requisitos para que un elemento del mundo externo pueda ser clasificado como un medio o un bien económico son tres.

Primero, para que algo llegue a ser un bien económico, debe haber una necesidad humana. En segundo lugar, debe haber la percepción humana de una cosa que se cree está dotada de propiedades causalmente conectadas con la satisfacción de esta necesidad. Tercero, y lo más importante en el actual contexto, un elemento del mundo externo así percibido debe estar bajo control humano de tal forma que pueda ser empleado para satisfacer la necesidad dada. Es decir, solamente si una cosa es llevada a tener una conexión causal con una necesidad humana, y además esta cosa está bajo control humano, puede uno decir que este ente ha sido apropiado – se ha convertido en un bien – y por lo tanto es propiedad de alguien. Por otra parte, si un elemento del mundo externo tiene conexión causal con una necesidad humana, pero nadie controla ni interfiere con este elemento, entonces, tal elemento se debe considerar como parte del ambiente no asignado y por lo tanto no es propiedad de nadie.

Con estas consideraciones como telón de fondo, puede uno ahora responder la pregunta con respecto al status de la tierra en una sociedad de cazadores-recolectores. Ciertamente, los frutos recolectados de un arbusto son una propiedad; ¿pero qué decir sobre el arbusto que causalmente se asocia a los frutos recolectados? El arbusto es simplemente elevado de su estatus original, de ser condición ambiental de la acción y mero factor contribuyente a la satisfacción de necesidades del ser humano y una vez que ha sido apropiado, pasa al status de propiedad y factor genuino de producción: es decir, una vez que el hombre ha interferido a propósito, con el proceso causal natural que conecta el arbusto y los frutos, por ejemplo, regándolo con agua o podando sus ramas para producir un cierto resultado: un aumento en la cosecha por encima del nivel que se hubiera logrado naturalmente.

Similarmente, no se cuestiona que el animal cazado es propiedad; ¿pero qué decir sobre la manada de la cual formaba parte este animal? La manada debe ser mirada como naturaleza no poseída mientras el hombre no haya hecho nada que se pueda interpretar (y que está en su propia mente) como una causal conectada con la satisfacción de una necesidad percibida. La manada solamente se convierte en propiedad una vez que se ha satisfecho el requisito de interferir con la cadena de acontecimientos naturales para producir cierto resultado deseado. Éste sería el caso, por ejemplo, cuando el hombre se dedique al manejo de los animales (pastoreo), es decir cuando intente activamente controlar los movimientos de la manada.

¿Qué decir sobre la tierra en la cual ocurre el movimiento controlado de la manada? Según nuestra definición, las personas que manejan las manadas no pueden ser considerados dueños de la tierra.

Porque simplemente siguen sus movimientos naturales, y su interferencia con la naturaleza se restringe a mantener al grupo reunido, para tener acceso más fácil a sus miembros, en caso que se presente la necesidad de suministro de carne animal. Las personas que manejan las manadas no interfieren con la tierra para controlar los movimientos de la manada; interfieren solamente con los movimientos de los miembros de la manada. La tierra se convierte en propiedad una vez que deciden no controlar la manada y se dedican en vez de eso, a la cría de animales, es decir, una vez que tratan la tierra como un medio (escaso) de intervenir el movimiento de los animales mediante el control de la tierra. Esto requeriría confinar la tierra de alguna manera, cercándola o construyendo algunos otros obstáculos que restringieran el flujo libre, natural, de los animales. Más bien que ser simplemente un factor que contribuye a la existencia de las manadas, la tierra se convierte, ahora sí, en un genuino factor de producción.

Estas consideraciones demuestran que es erróneo pensar que la tierra era propiedad (colectivamente poseída) de las sociedades de cazadores-recolectores. Los cazadores no manejaban manadas y menos aún, no estaban dedicados a la cría de animales; y los recolectores no eran jardineros ni agricultores. No ejercitaban control sobre la fauna y flora tomadas de la naturaleza, atendiéndolas o preparándolas.

Simplemente arrancaban pedazos de la naturaleza. La tierra no era más que una condición de sus actividades, no su propiedad.

Se puede decir que el primer paso hacia la solución de la trampa Maltusiana que enfrentaban con su crecimiento las sociedades de cazadores-recolectores, fue exactamente el establecimiento de la propiedad de las tierras. Presionados por el descenso en el estándar de vida, como resultado de la superpoblación absoluta, los miembros de la tribu sucesivamente (por separado o colectivamente) se apropiaron, cada vez más, de naturaleza (tierra) no-poseída previamente. Esta apropiación de la tierra tenía un efecto doble inmediato. Primero, se producían más bienes y por consiguiente se podían satisfacer más necesidades que antes. De hecho, este fue el motivo real detrás de la apropiación de las tierras: la idea de que la tierra tenía una cierta conexión causal con la satisfacción de necesidades humanas y podía ser controlada. Controlando la tierra, el hombre realmente empezaba a producir bienes en vez de simplemente consumirlos. (Importante, el producir bienes también implicaba ahorrar y almacenar bienes para consumir posteriormente). En segundo lugar, la mayor productividad alcanzada al economizar tierra, hizo posible por tanto que un mayor número de personas pudiera sobrevivir en una extensión dada de tierra. De hecho, se ha estimado que con la apropiación de la tierra y el cambio correspondiente en su existencia, al pasar de cazador-recolector a agricultor-jardinero y criador de animales, se pudo mantener, en la misma cantidad de tierra, un tamaño de población entre diez y cien veces mayor que antes.

Sin embargo, la economía en la tierra era solamente parte de la solución al problema que se presentó por la presión del aumento poblacional. Con la apropiación se hizo un uso más eficaz de la tierra, teniendo en cuenta que sustentaba un tamaño mayor de población. Pero la institución de la propiedad de la tierra en sí no afectó el otro lado del problema: la proliferación continuada de descendientes. Este aspecto del problema requería también una solución. Tenía que encontrarse una institución social que pusiera esta proliferación bajo control. La institución diseñada para lograr esta tarea fue la institución de la familia. Como Thomas Malthus explicaba, para solucionar el problema de la superpoblación, la institución del característico “comercio entre los sexos” también tuvo que experimentar un cambio fundamental.

¿En qué consistía el comercio entre los sexos antes y cuál fue la innovación institucional introducida por la familia en este aspecto? En términos de teoría económica, el cambio se puede describir como pasar de una situación donde ambas, las ventajas de tener hijos – creando un productor potencial adicional – y especialmente sus costos – al crear un consumidor adicional (alguien a quien alimentar) – fueron socializados, es decir, cosechados y pagados por toda la sociedad más bien que por los “productores” del nuevo vástago, hasta llegar a una situación donde ambos, las ventajas así como también los costos que implicaba la procreación, fueron internalizados por, y de nuevo imputados económicamente a, aquellos individuos causalmente responsables de los hijos.

Cualesquiera que hayan sido los detalles exactos, parece que la institución de una relación entre hombres y mujeres, estable y monogámica – y también poligámica – que hoy en día se asocia con el término familia, es bastante reciente en la historia de la humanidad y estuvo precedida de una institución que podría definirse, en términos amplios, como inter-curso sexual “no restringido” o “no regulado” o como “matrimonio en grupo” (también conocido como “amor libre”). El comercio entre los sexos durante esta etapa de la historia humana no eliminaba la existencia de relaciones temporales, por parejas, entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en principio consideraban a cada mujer un socio sexual potencial de cada hombre, y viceversa. En palabras de Friedrich Engels: Los “hombres vivían en poligamia y sus mujeres simultáneamente en poliandria, y consideraban a sus hijos como pertenecientes a todos. …. Cada mujer pertenecía a todo hombre y cada hombre a toda mujer”.

Sin embargo, lo qué Engels y muchos socialistas posteriores dejaron de notar en su glorificación de la pasada, y también supuestamente de la futura, institución del amor libre, es el hecho que esta institución tenía un efecto directo sobre la producción de descendientes. Como ha comentado Ludwig von Mises: “es cierto que, aún si una comunidad socialista pudiese establecer el `amor libre’, no podría de ninguna manera establecer el nacimiento gratuito”. Lo qué Mises implicaba con esta observación es que el amor libre tenía consecuencias, a saber embarazos y nacimientos, y que los nacimientos implicaban ventajas así como también costos. Esto no importaría mientras las ventajas excediesen los costos, por ejemplo, mientras un miembro adicional de la sociedad agregase más a ella como productor de bienes que lo que sacase de ella como consumidor – y esto pudo muy bien haber sido el caso durante algún tiempo. Pero según la ley de rendimientos esta situación no podía durar para siempre.

Inevitablemente, se debía llegar al punto en que los costos del descendiente adicional excedían sus ventajas. Entonces, cualquier procreación adicional debía cesar – se tenía que ejercitar el freno moral – a menos que uno hubiese deseado experimentar una caída progresiva en el estándar de vida. Sin embargo, si se consideraba a los niños como hijos “de todos” o “de nadie” porque cada uno había mantenido relaciones sexuales con todos los demás, entonces el incentivo a refrenarse de la procreación desaparecía o disminuía perceptiblemente. El instinto, en virtud de la naturaleza biológica del hombre, lleva a cada mujer y a cada hombre a colocar sus genes en la siguiente generación de la especie. Mientras más descendientes tenga uno, mejor, porque más de sus propios genes sobrevivirán.

No hay duda, este instinto natural humano se podría controlar con deliberación y raciocinio. Pero si el sacrificio económico que había que hacer fuera ninguno, o poco, por simplemente seguir sus propios instintos animales, ya que los niños eran sostenidos por toda la sociedad, entonces sería poco, o no existiría, el incentivo de ejercitar algún freno moral, de emplear la razón en materia sexual.

Desde un punto de vista puramente económico, entonces, la solución al problema de la superpoblación debía ser de inmediato evidente. La propiedad de los niños, o más correctamente, el confiarlos al cuidado por encargo, tenía que ser privatizada. Más bien que considerar a los niños como posesión colectiva, o confiados al cuidado por encargo a la “sociedad”, o ver los nacimientos como un evento natural incontrolado o incontrolable y en tal caso considerar a los niños como posesión, o encargo, de nadie, los niños tenían que ser considerados como entes producidos privadamente y confiados al cuidado privado.

Más aún y finalmente: con la formación de familias monógamas o polígamas vino otra innovación decisiva. Anteriormente, los miembros de una tribu formaban un sólo domicilio unificado, y la división del trabajo intra-tribal era esencialmente una división de trabajo al interior de tal domicilio. Con la formación de familias vino la separación de este domicilio unificado en varias moradas independientes y con ella también la formación de propiedades “separadas” – o privadas – de la tierra. Es decir, la apropiación previamente descrita de la tierra no era simplemente una transición de una situación donde algo que era anteriormente no-poseído, llegaba ahora a ser poseído, sino, más precisamente, como algo previamente no-poseído, se convertía ahora en varias posesiones separadas o moradas independientes (permitiendo así también el surgimiento de la división del trabajo inter-moradas).

En consecuencia, el aumento en la renta social derivado de la propiedad de la tierra ya no se distribuía como antes: a cada miembro de la sociedad “según su necesidad”. En vez de eso, la parte correspondiente a cada morada del total de la renta social vino a depender del producto imputado económicamente a cada una de ellas, es decir, a la labor y propiedades invertidas en la producción. Es decir: el propagado “comunismo” pudo continuar todavía internamente en cada morada, pero desapareció de la relación entre los miembros de viviendas diferentes. Dichas rentas difirieron, dependiendo de la cantidad y de la calidad del trabajo y de las propiedades invertidas, y nadie podía demandar algo sobre la renta producida por los miembros de otra casa, con excepción de la suya propia.

Así, el “ir de polizón” sobre los esfuerzos de otros llegó a ser casi, sino del todo, imposible. Aquel que no trabajaba no podría esperar seguir comiendo.

Así, en respuesta a la presión creciente del aumento poblacional había llegado a su existencia un nuevo modo de organización social, desplazando la forma de vida del cazador-recolector, que había sido característica en la mayor parte de la historia humana. Ludwig von Mises resume el tema así: La “propiedad privada en los medios de producción es el principio regulador que, dentro de la sociedad, balancea los medios limitados de subsistencia a disposición de dicha sociedad, con la menos limitada capacidad de aumentar el número de consumidores. Al hacer que la parte del producto social correspondiente a cada miembro de la sociedad dependa del producto económicamente imputado a él, es decir, de su trabajo y su propiedad, la eliminación de los seres humanos sobrantes en la lucha por la existencia, que se ensaña en los reinos vegetal y animal, sea substituida por una reducción en la natalidad como resultado de fuerzas sociales. El ‘freno moral`, las limitaciones impuestas por posiciones sociales sobre la natalidad, substituye la lucha por la existencia”.

* Realmente el último periodo de calentamiento habría terminado hace aproximadamente 120,000 años. Durante este período, es decir, más de 120,000 años, los hipopótamos habían vivido en el Rin y en el Támesis y la Europa del norte tenía una apariencia “Africana”. De ahí en adelante los glaciares se movieron, en forma sostenida, más hacia el sur y eventualmente el nivel del mar bajó más de 100 metros. El Támesis y el Elba se convirtieron en tributarios del Rin antes de salir primero al Mar del Norte y de allí al Atlántico. Cuando este período terminó, de forma bastante súbita, hace cerca de 12,000 años, los glaciales rápidamente se retiraron y el nivel del mar subió, no en milímetros por año, sino muy rápidamente, en una forma muy parecida a una inundación. En un tiempo muy corto, Inglaterra e Irlanda, las cuales habían estado previamente conectadas al continente Europeo, se convirtieron en islas. El Mar Báltico y gran parte del Mar del Norte llegaron así a existir. En la misma forma el Golfo Pérsico sólo data de cerca de ese tiempo.

Tomado de “On The Origin Of Private Property And The Family”

Traducción de Rodrigo Betancur


 

Libertad o Socialismo

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Etica Rothbardiana

El problema del orden social.

Robinson Crusoe, solo en su isla, puede hacer lo que le plazca. Para él, la cuestión concerniente a las reglas de la conducta humana ordenada – cooperación social – sencillamente no surge. Naturalmente, esta cuestión sólo puede surgir cuando una segunda persona, Viernes, llega a la isla. Incluso entonces, la cuestión sigue siendo largamente irrelevante hasta tanto no haya escasez. Supongamos que la isla es el Jardín del Edén. Todos los bienes materiales están al alcance con sobreabundancia. Son “bienes gratuitos,” como el aire que respiramos que, por lo general, es un bien “gratuito”. Sea lo que fuere que Crusoe haga con esos bienes, sus acciones no tienen repercusión con respecto a su propia provisión de esos bienes, ni con respecto a la provisión actual o futura de los mismos bienes de Viernes (y viceversa). Por lo tanto, es imposible que pudiese haber un conflicto entre Crusoe y Viernes en lo concerniente al uso de esos recursos. El conflicto se hace posible sólo si los bienes son escasos, y sólo entonces puede surgir un problema de formulación de reglas que hacen posible a una cooperación social ordenada – libre de conflicto.

En el Jardín del Edén existen solamente dos bienes escasos: el cuerpo físico de una persona y el lugar que ocupa. Crusoe y Viernes tienen cada uno un solo cuerpo y pueden parase en el mismo lugar, sólo de a uno por vez. Entonces, incluso en el Jardín del Edén pueden surgir conflictos entre Crusoe y Viernes: Crusoe y Viernes no pueden querer ocupar simultáneamente el mismo lugar sin entrar en conflicto físico, entre sí.

Por lo tanto, incluso en el Jardín del Edén deben existir reglas de conducta social ordenada – reglas referentes a la ubicación y el movimiento apropiados de los cuerpos humanos. Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, debe haber reglas que regulen no sólo el uso de los cuerpos humanos, sino de todo lo escaso para que todo conflicto posible pueda ser eliminado. Este es el problema del orden social.

La solución al problema: La idea de la apropiación originaria y la propiedad privada.

En la historia del pensamiento político y social se han realizado muchas propuestas como supuestas soluciones al problema del orden social, y esta variedad de propuestas alternativamente inconsistentes contribuyó al hecho de que hoy, la búsqueda por la única solución correcta a un problema, es frecuentemente vista como ilusoria. Sin embargo, tal como intentaré demostrar, existe una solución correcta; y por lo tanto no hay razón para sucumbir al relativismo moral.

Yo no descubrí esta solución, ni tampoco lo hizo Murray Rothbard. En realidad, hace cientos de años, si no es que más aún, que la solución se conoce en esencia. El salto a la fama de Murray Rothbard fue “simplemente” por redescubrir esta solución tan antigua como sencilla y for mularla en forma más clara y convincente que nadie antes que él.

Permítaseme comenzar formulando la solución – primero para el caso especial representado por el Jardín del Edén y luego para el caso general representado por el mundo “real” de escasez circundante – y luego proceder a la explicación de por qué esta solución, y ninguna otra, es la correcta.

En el Jardín del Edén, la solución es provista por la sencilla regla que estipula que cada uno puede poner y mover su propio cuerpo donde lo desee, con la única condición de que nadie más ya esté parado allí y ocupando el mismo espacio.

Y fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez circundante, la solución es dada por esta regla: Cada uno es el dueño adecuado de su propio cuerpo físico como así también de todos los lugares y bienes naturales que ocupe y ponga en uso mediante su cuerpo, con la única condición de que nadie más ya haya ocupado o utilizado los mismos lugares y bienes antes que él.

Esta pertenencia de los lugares y los bienes “apropiados originariamente” por una persona implica su derecho a utilizar y transformar esos lugares y bienes de cualquier manera que considere posible, con la única condición de que no modifique sin permiso, la integridad física de lugares y bienes originariamente apropiados por otra persona.

En particular, una vez que un lugar o un bien fue apropiado por primera vez mediante, en palabras de John Locke, “mezclar el propio trabajo” con él, la propiedad sobre esos lugares y bienes sólo puede ser adquirida mediante una transferencia voluntaria – contractual – del título de propiedad del propietario originario al otro.

A la luz del ampliamente difundido relativismo moral, vale la pena destacar que esta idea de apropiación originaria y propiedad privada como solución al problema del orden social concuerda completamente con nuestra “intuición” moral. ¿No es sencillamente absurdo sostener que una persona no debería ser el dueño indicado de su propio cuerpo y de los lugares y bienes que él originariamente, es decir, antes que nadie más, se apropió, utiliza y/o produce mediante su cuerpo? Dado que ¿quién más, si no él, debería ser el dueño? ¿Y no es también obvio que la abrumadora mayoría de las personas – incluyendo a los niños y a los primitivos – actúan de hecho según esta regla, y lo hacen sin cuestionamiento y en forma natural?

Sin embargo, una intuición moral, más allá de su importancia, no es una prueba. Pero también hay prueba de que nuestra intuición moral es correcta.

La prueba puede ser provista de dos maneras. Por un lado, describiendo las consecuencias de que uno niegue la validez de la institución de la apropiación originaria y la propiedad privada: si una persona A no fuera dueña de su propio cuerpo y de los lugares y bienes originariamente apropiados y/o producidos con su cuerpo, como así también de los bienes voluntariamente (contractualmente) adquiridos a otro propietario anterior, entonces existen dos alternativas.

Otra persona B tiene que ser reconocida como dueña del cuerpo de A, como así también de los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por A. O sino todas las personas, A y B, deben ser consideradas copropietarias iguales de todos los cuerpos, lugares y bienes.

En el primer caso, A quedaría reducido al nivel de esclavo de B y objeto de explotación. B es el dueño del cuerpo de A y de todos los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por A, pero A, por su parte, no es dueño del cuerpo de B y de los lugares y bienes apropiados, producidos y adquiridos por B. Entonces, bajo esta regla se constituyen dos clases de personas categóricamente distintas – Untermenschen (Subhombres) como A y Übermenschen (Superhombres) como B – a las cuales se aplican “leyes” diferentes. Por lo tanto, ese tipo de reglas debe ser descartado como ética humana igualmente aplicable a todos qua seres humanos (animal racional). Desde el mismísimo comienzo, cualquier reglamentación similar puede ser reconocida como no aplicable universalmente y por ende, no puede sostener representar al derecho.

Porque para que una regla aspire al nivel de derecho – una regla justa – es necesario que dicha regla se aplique igual y universalmente a todos.

En forma alternativa, en el segundo caso de propiedad universal y copropietaria, se cumple el requisito de igual derecho para todos. Sin embargo, esta alternativa sufre de otra deficiencia, incluso más severa, porque de aplicarse toda la humanidad perecería instantáneamente. (Y dado que toda ética humana debe permitir la supervivencia de la humanidad, esta alternativa también debe ser rechazada.) Toda acción de una persona requiere la utilización de un medio escaso (al menos el cuerpo de la persona y el lugar en que está parada). Pero si todos los bienes fueran copropiedades de todos, entonces ninguno, en ningún momento y ningún lugar, tendría permiso para hacer nada salvo que haya asegurado previamente el consentimiento de todos los demás copropietarios; y aún así, ¿cómo podría alguien brindar dicho consentimiento si no fuera el dueño exclusivo de su propio cuerpo (incluyendo sus cuerdas vocales) mediante las cuales debe expresar su consentimiento? En realidad, primero necesitaría el consentimiento de otros para poder expresarse, pero estos otros no pueden dar su consentimiento sin antes tener el de él, etc.

Esta mirada a la imposibilidad praxeológica del “comunismo universal,” tal como Rothbard se refirió a esta propuesta, me lleva de inmediato a una segunda forma alternativa de demostrar la idea de la apropiación originaria y la propiedad privada como la única solución correcta al problema del orden social. Si una persona tiene o no algún derecho y, si los tiene, cuáles son, sólo puede ser decidido mediante la argumentación (intercambio lógico). La justificación – prueba, conjetura, refutación – es una justificación argumentativa.

Quien quisiera negar esta proposición quedaría envuelto en una contradicción en términos, porque su negación constituiría en sí misma un argumento. Incluso un relativista ético, por lo tanto, debe aceptar esta primera proposición, a la cual acordadamente se la denomina a priori de la argumentación.

De la innegable aceptación – el nivel axiomático – de este a priori de la argumentación, surgen, por lo tanto, dos conclusiones igualmente necesarias. Primero, se sigue del a priori de la argumentación cuando no hay solución racional al problema del conflicto que surge de la existencia de la escasez. En mi anterior escenario de Crusoe y Viernes, supongamos que Viernes no era el nombre de un hombre sino el de un gorila.

Obviamente, de la misma forma en que Crusoe puede entrar en conflicto respecto de su cuerpo y el lugar que ocupa con Viernes, el hombre, también puede suceder con Viernes, el gorila. El gorila puede que quiera ocupar el mismo espacio que Crusoe está ocupando. En este caso, al menos si el gorila es la clase de entidad que conocemos como gorilas, no hay, de hecho una solución racional a su conflicto. O gana el gorila, y devora, destruye, o empuja a Crusoe a un lado – esto es la solución del gorila al problema – o Crusoe gana, y mata, golpea, ahuyenta o domestica al gorila – esto es la solución de Crusoe. En esta situación, uno podría hablar, de hecho, de relativismo moral. Uno podría concordar con Alasdair MacIntyre, un prominente filósofo de la persuasión relativista, preguntando lo mismo que el título de uno de sus libros, ¿La justicia de quién? ¿Cuál racionalidad? (Whose Justice? Which Rationality?) – la de Crusoe o la del gorila. Dependiendo del lado de cual uno elija estar, la respuesta será diferente. Sin embargo, es más apropiado referirse a esta situación como una en la cual la cuestión de la justicia y la racionalidad simplemente no surge: es decir, como una situación extra-moral. La existencia de Viernes, el gorila, le impone a Crusoe, sencillamente un problema técnico, no moral. Crusoe no tiene otra opción que aprender a manejar y controlar exitosamente los movimientos del gorila de la misma forma en que debe aprender a manejar y controlar a los objetos inanimados de su entorno.

Por implicancia, sólo si las dos partes del conflicto son capaces de presentarse argumentos mutuamente, se puede hablar de un problema moral y surge la cuestión de si existe o no una solución significativa. Sólo si Viernes, más allá de su apariencia física (es decir, sin importar si se ve como un hombre o como un gorila) es capaz de argumentar (aún si se ha mostrado capaz de hacerlo una sola vez) puede ser considerado racional y tiene sentido la cuestión de si existe una solución correcta al problema del orden social o no. No se puede esperar que nadie dé una respuesta – realmente ninguna respuesta – a alguien que nunca ha hecho una pregunta o, más puntualmente, que nunca ha declarado su propia postura relativista en forma de un argumento. En ese caso, este “otro” no puede ser visto y tratado como otra cosa que no sea un animal o una planta, es decir, como una entidad extra-moral. Sólo si esta otra entidad puede en principio detener su actividad, cualquiera que sea, pararse para hablar y decir “sí” o “no” a algo que uno ha dicho, le debemos a esta entidad una respuesta y por lo tanto, podemos sostener que nuestra respuesta es la correcta para las dos partes involucradas en el conflicto.

Más aún, en segundo lugar y positivamente se sigue del a priori de la argumentación que todo lo que debe ser presupuesto en el curso de una argumentación – como precondición lógica o praxeológica de la argumentación – no puede ser discutido argumentativamente respecto de su validez sin caer, así, en una contradicción interna (en términos). Ahora, los intercambios lógicos no están hechos de proposiciones aisladas, sino que constituyen una actividad humana específica. La argumentación entre Crusoe y Viernes requiere que ambos posean, y se reconozcan mutuamente como poseedores de, control exclusivo sobre sus respectivos cuerpos (sus cerebros, cuerdas vocales, etc.) como así también del lugar que ocupan sus cuerpos. Nadie podría proponer nada y esperar que la otra parte se convenza de la validez de esa proposición o la niegue y proponga algo diferente, a menos que se presupongan y asuman como válidos el control de uno y otro sobre sus respectivos cuerpos y lugares que ocupan. De hecho, es precisamente este reconocimiento mutuo de la propiedad del propio cuerpo y del lugar que ocupa, por parte del proponente al igual que del oponente, lo que constituye el characteristicum specificum de toda disputa proposicional: que mientras uno puede no estar de acuerdo respecto de la validez de alguna proposición, uno puede acordar de todas formas en el hecho de que uno está en desacuerdo.

Además, este derecho a la propiedad del propio cuerpo y el lugar que ocupa debe ser considerado a priori (o indiscutible), justificado tanto por el proponente como por el oponente. Dado que quien quisiera sostener cualquier proposición como válida vis-à-vis con un oponente ya estaría presuponiendo el control exclusivo de él y el de su oponente sobre sus respectivos cuerpos y lugares que ocupan, simplemente para decir:

“Considero que tal y tal cosa son ciertas, y te desafío a que me demuestres lo contrario.”

[Suficiente para el reclamo de John Rawls, en su celebrada Una Teoría de la Justicia (Theory of Justice), respecto de que no podemos más que “reconocer como primer principio de justicia el que requiere una distribución igualitaria (de todos los recursos),” y de su comentario de que “este principio es tan obvio que sería de esperar que se le ocurra a inmediatamente cualquiera.” Acabo de demostrar aquí que cualquier ética igualitaria tal como esta propuesta por Rawls no sólo no es obvia sino que también debe ser vista como absurda, es decir, un sin sentido contradictorio. Dado que si Rawls estuviese en lo correcto y todos los recursos estuvieran realmente distribuidos en forma igualitaria, entonces él literalmente no tendría piernas sobre las cuáles pararse y sostenerse para proponer la mismísima sonsera que manifiesta.]

Es más, sería igualmente imposible involucrarse en una argumentación y descansar en la fuerza de los propios argumentos, si uno no pudiese poseer (controlar en forma exclusiva) otros medios escasos (más allá del propio cuerpo y del lugar que ocupa). Ya que si uno no tuviese ese derecho, entonces todos pereceríamos inmediatamente y el problema de justificar reglas – como así también cualquier otro problema humano – sencillamente no existiría. Ergo, por virtud del hecho de vivir, se deben presuponer como válidos también, derechos de propiedad sobre otras cosas. Nadie que esté vivo podría argumentar lo contrario.

Y si a una persona no se le permitiera adquirir propiedad sobre estos bienes y espacios mediante el acto de la apropiación originaria, es decir, estableciendo un vínculo objetivo (comprobable intersubjetivamente) entre él y un bien o espacio particular anterior a cualquier otro, pero si, en su lugar, la propiedad sobre esos bienes y espacio estuviera garantizada para quienes llegan más tarde, entonces nadie tendría el permiso jamás para comenzar a utilizar ningún bien a menos que se asegure previamente el consentimiento de quienes llegan luego. ¿Pero cómo puede alguien que llegará más tarde, consentir las acciones de quien llegó antes? Más aún, todo el que llega más tarde necesitaría a su vez el consentimiento de otros que llegarán aún más tarde, y así sucesivamente. O sea que, ni nosotros, ni nuestros antepasados o nuestra descendencia seríamos, ni serían, capaces de sobrevivir si hubiese que seguir esta regla. Sin embargo, para que cualquier persona – pasada, presente o futura – argumente cualquier cosa debe serle obviamente posible sobrevivir, entonces y ahora; y para hacerlo simplemente estos derechos de propiedad no pueden concebirse como carentes de tiempo e inespecíficos respecto del número de personas involucradas.

Más bien, los derechos de propiedad necesariamente deben concebirse como originados mediante la actuación en puntos definidos en tiempo y espacio para individuos definidos. De otra forma, sería imposible para cualquiera decir algo en un determinado punto en el tiempo y el espacio y para que alguien más sea capaz de responder. En otras palabras, entonces, que la regla del primer-usuario-primer-dueño de la ética de la propiedad privada pueda ser ignorada o sea injustificada, implica una contradicción en términos, ya que al ser uno capaz de decirlo se debe presuponer la propia existencia como unidad independiente tomadora de decisiones en un punto dado en tiempo y espacio.

Solución sencilla, conclusión radical: Anarquía y Estado.

Por más sencilla que sea la solución al problema del orden social y por más gente que en su vida diaria reconoce intuitivamente y actúa según la ética de la propiedad privada tal como se la ha explicado antes, esta solución sencilla y poco exigente implica algunas conclusiones sorprendentemente radicales. Dado que, además de dejar afuera como injustificadas actividades como el asesinato, el homicidio, la violación, el ingreso ilegal, el robo, el asalto, el hurto, y el fraude, la ética de la propiedad privada también es incompatible con la existencia de un Estado definido como una agencia que posee el monopolio territorial compulsivo de la toma definitiva de decisiones (jurisdicción) y/o el derecho a cobrar impuestos.

La teoría política clásica, al menos desde Hobbes en adelante, ha visto al Estado como la institución responsable de la puesta en práctica de la ética de la propiedad privada. Al ver al Estado como injusto – en realidad, como “una vasta organización criminal” – y entonces llegar a conclusiones anarquistas, Rothbard por supuesto que no negaba la necesidad de poner en vigencia la ética de la propiedad privada. No compartía la visión de esos anarquistas, ridiculizados por su maestro y mentor Mises, que creían que todas las personas, si simplemente se las dejara solas, serían criaturas buenas y amantes de la paz.

Al contrario, Rothbard concordaba profundamente con Mises en que siempre habría asesinos, ladrones, alborotadores, falsificadores, etc., y que la vida en sociedad sería imposible si no fueran castigados por la fuerza física. Más bien, Rothbard negaba categóricamente la manifestación de que surgía del derecho y la necesidad de protección de la persona y la propiedad, que la protección debía legítimamente, o podía efectivamente, ser provista por un monopolio jurisdiccional e impositivo. La teoría política clásica, al sostener esto, tenía que presentar al Estado como el resultado de un acuerdo contractual entre propietarios. Sin embargo, Rothbard sostenía que esto era falso y un emprendimiento imposible. Ningún Estado puede levantarse contractualmente, y por consiguiente se puede demostrar que ningún Estado es compatible con la protección legítima y efectiva de la propiedad privada.

La posesión de la propiedad privada, como resultado de actos de apropiación originaria, producción o intercambio de dueños anteriores a posteriores, implica el derecho del dueño a la jurisdicción exclusiva sobre su propiedad; y ningún propietario puede renunciar a su derecho de jurisdicción definitiva sobre, y defensa física de, su propiedad a otro – a menos que haya vendido o transferido su propiedad (en cuyo caso alguien más tendrá jurisdicción exclusiva sobre ella). Se puede estar seguro de que todo propietario puede compartir las ventajas de la división del trabajo y buscar mayor o mejor protección de su propiedad mediante la cooperación con otros propietarios y sus propiedades. Es decir, todo propietario puede comprar de, vender a, o acordar con, alguien más en lo que respecta a más o mejor protección de su propiedad. Pero todo propietario también puede, en cualquier momento, discontinuar unilateralmente cualquier cooperación semejante con otros o cambiar su filiaciones respectivas. Por tanto, para poder satisfacer la demanda de protección sería legítimamente posible y económicamente probable que surjan individuos especializados y agencias que provean servicios de protección, seguro, y arbitraje por un honorario pagado voluntariamente por los clientes.

Sin embargo, si bien es fácil concebir el origen contractual de un sistema competitivo de proveedores de seguridad, es inconcebible cómo los propietarios entrarían en un contrato que le asignara a otro agente en forma irrevocable (una vez y para siempre) el poder definitivo de toma de decisiones respecto de su propia persona y propiedad y/o el poder de cobrar impuestos. O sea que es inconcebible cómo alguien podría estar de acuerdo con un contrato que le permitiera a otra persona determinar en forma permanente lo que podría o no hacer con su propiedad; dado que al hacerlo, esta persona estaría rindiéndose efectivamente indefenso de cara a semejante tomador definitivo de decisiones. Y asimismo es inconcebible cómo alguien podría estar de acuerdo con un contrato que permitiera que el propio protector determinara unilateralmente, sin consentimiento del protegido, la suma que debe pagar el protegido por su protección.

Ortodoxos, es decir, estatistas, politólogos, desde John Locke hasta James Buchanan y John Rawls, han intentado resolver esta dificultad sacando partido de acuerdos, contratos, o constituciones estatales, “tácitos”, “implícitos” o “conceptuales”. Sin embargo, todos estos intentos característicamente tortuosos y confusos sólo se han sumado a la misma conclusión inevitable a la que llegó Rothbard: que es imposible extraer una justificación del gobierno de contratos explícitos entre propietarios, y por ende, que la institución del Estado debe ser considerada injusta, es decir, el resultado de un error moral.

La consecuencia del error moral: El estatismo y la destrucción de la libertad y la propiedad.

Todos los errores cuestan. Esto resulta más evidente con las leyes de la naturaleza. Si una persona yerra con respecto a las leyes de la naturaleza, esa persona no será capaz de alcanzar sus propios objetivos. Sin embargo, dado que el fracaso de lograrlo tiene que cargarlo cada individuo que se equivoca, prevalece en este mundo un deseo universal de aprender y corregir los propios errores. Los errores morales también cuestan. No obstante, a diferencia del caso anterior, su costo no debe, al menos no necesariamente, ser pagado por cada una y todas las personas que cometieron el error. En realidad, este sería el caso sólo si el error involucrado fuera el de creer que todos tienen el derecho a cobrar impuestos y a la toma definitiva de decisiones referentes a la persona y la propiedad de todos los demás. Una sociedad cuyos miembros crean esto estaría condenada. El precio a pagar por este error sería la muerte universal y la extinción. Sin embargo, la cuestión es claramente diferente si el error involucrado es el de creer que una agencia – el Estado – sola tiene el derecho de cobrar impuestos y de la toma definitiva de decisiones (en lugar de todos, o, correctamente, ninguno). Una sociedad cuyos miembros creyeran esto – o sea, que debe haber leyes diferentes que se apliquen en forma desigual a amos y siervos, cobradores y pagadores de impuestos, legisladores y legislados – puede de hecho existir y perdurar. También hay que pagar por este error.

Pero no todos los que sostienen este error deben pagar por él de igual manera. En su lugar, algunas personas tendrán que pagar por él, mientras otras – los funcionarios del Estado – realmente se benefician del mismo error. Por ende, en este caso sería erróneo asumir un deseo universal por aprender y corregir los propios errores. Al contrario, en este caso habría que asumir que algunas personas, en lugar de conocer y promover la verdad, tienen un motivo constante para mentir, es decir, para mantener y promover falsedades aún si ellos mismos las reconocen como tales.

En cualquier caso, entonces, ¿cuáles son las consecuencias “mixtas” de, y cuál es el precio desigual a pagar por, el error y/o la mentira de creer en la justicia de la institución del Estado? Toda vez que el principio del Gobierno – monopolio judicial y poder de cobrar impuestos – es admitido incorrectamente como justo, cualquier noción de restringir el poder gubernamental y salvaguardar la libertad individual y la propiedad es ilusoria. Más bien, bajo auspicios monopólicos el precio de la justicia y la protección aumentará continuamente y la calidad de la justicia y la protección caerá. Una agencia financiada mediante impuestos es una contradicción en términos – un expropiador protector de la propiedad – y llevará inevitablemente a más impuestos y menos protección. Aún si, como algunos estatistas – liberales clásicos – han propuesto, un gobierno con sus actividades limitadas exclusivamente a la protección de derechos de propiedad preexistentes, surgiría la cuestión de cuánta seguridad producir. Motivado (como todos) por el interés personal y la fatiga del trabajo, pero con el único poder de cobrar impuestos, la respuesta de un funcionario del Gobierno será invariablemente la misma:

Maximizar los gastos en protección – y casi toda la riqueza de la nación puede ser concebida como consumible por el costo de la protección – y al mismo tiempo minimizar la producción de la protección. Cuanto mayor dinero uno pueda gastar y menos se deba trabar para producir, se saldrá más ganador.

Además, un monopolio judicial llevará inevitablemente a un constante deterioro de la calidad de la justicia y la protección. Si nadie puede apelar a la justicia excepto la del Gobierno, la justicia será pervertida a favor del Gobierno, incluyendo las constituciones y las cortes supremas. Las constituciones y las cortes supremas son constituciones y agencias estatales, y cualesquiera que sean las limitaciones a la acción estatal que puedan tener o encontrar, es invariablemente decidido por agentes de la misma institución en cuestión. Presumiblemente, la definición de la propiedad y la protección serán continuamente alterados y el espacio de jurisdicción será expandido en ventaja del Gobierno hasta que, finalmente, la noción de derechos humanos universales e inmutables – y especialmente de derechos de propiedad – desaparecerán y serán reemplazados por los de la ley como legislación gubernamental y los derechos como garantías brindadas por el Gobierno.

Los resultados, todos predichos por Rothbard, están ante sus ojos, para que todos los vean. La carga impositiva impuesta sobre los propietarios y los productores ha aumentado continuamente, haciendo que la carga económica de incluso esclavos y siervos parezca, en comparación, moderada. La deuda gubernamental – y por lo tanto, futuras obligaciones impositivas – han aumentado a niveles espasmódicos. Cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y el contrato es regulado por cada vez mayores montañas de leyes. De todas formas, la única tarea que se suponía que el Gobierno tenía que asumir – la de proteger nuestra vida y propiedad – no la realiza. Por el contrario, los cada vez más altos gastos en seguridad social, pública y nacional han aumentado, cuanto más se desgastan nuestros derechos de la Propiedad Privada, más ha sido expropiada, confiscada, destruida y devaluada nuestra propiedad. Cuantas más leyes se producen, se crea mayor incertidumbre legal y daño moral, y la falta de derechos ha desplazado a la ley y al orden. En lugar de protegernos del crimen doméstico y la agresión externa, nuestro Gobierno, equipado con enormes cantidades de armas de destrucción masiva, ataca contra siempre nuevos Hitlers y supuestos simpatizantes de Hitler en cualquier parte fuera de “su” territorio. En resumen, mientras nos hemos convertido en cada vez más indefensos, empobrecidos, amenazados, e inseguros, nuestros gobernantes estatales se han hecho cada vez más corruptos, arrogantes y peligrosamente armados.

La restauración de la moral: Sobre la liberación.

¿Qué hacer, entonces? Rothbard no sólo ha reconstruido la ética de la libertad y explicado a la ciénaga actual como resultado del estatismo, también nos ha enseñado el camino hacia la restauración de la moral. Lo primero y más importante es que nos ha explicado que los Estados, por poderosos e invencibles que puedan parecer, en definitiva deben su existencia a ideas, y dado que las ideas pueden, en principio, cambiar instantáneamente, los Estados pueden ser derribados y destruidos casi de la noche a la mañana. Los representantes del Estado son siempre y en todas partes, sólo una pequeña minoría de la población sobre la cual gobiernan. La razón de esto es tan sencilla como fundamental: cien parásitos pueden vivir vidas confortables si chupan la sangre vital de miles de anfitriones productivos, pero miles de parásitos no pueden vivir confortablemente de una población anfitriona de sólo cien miembros. Sin embargo, si los agentes gubernamentales son meramente una pequeña minoría de la población, ¿cómo pueden forzar su voluntad sobre esa población y salir airosos? La respuesta que da Rothbard al igual que de la Boetie, Hume, y Mises antes que él, es: sólo por virtud de la cooperación voluntaria de la mayoría de la población con el Estado. Pero aún ¿cómo puede el Estado asegurarse tal cooperación? La respuesta es: sólo debido a que, y en tanto que, la mayoría de la población crea en la legitimidad del Gobierno estatal. Esto no quiere decir que la mayoría de la población debe estar de acuerdo con cada medida estatal. En realidad, bien puede considerar que muchas políticas estatales están equivocadas e incluso son despreciables. No obstante, la mayoría de la población debe creer en la justicia de la institución del Estado como tal, y por ende, que aún si un Gobierno particular se equivoca, estos errores son meros accidentes que deben ser aceptados y tolerados en miras a un bien mayor, provisto por la institución del Gobierno.

Pero ¿cómo se hace para que la mayoría de la población crea esto? La respuesta es: con la ayuda de los intelectuales. En la antigüedad eso significaba intentar moldear una alianza entre el Estado y la iglesia. En la actualidad y en forma mucho más efectiva, esto implica la nacionalización (socialización) de la educación: a través de escuelas y universidades estatales o subsidiadas por el Estado. La demanda del mercado de servicio intelectuales, especialmente en el área de humanidades y ciencias sociales, no es precisamente alta, estable y segura. Los intelectuales estarían a la merced de los valores y las decisiones de las masas, y las masas generalmente no están interesadas en cuestiones filosófico-intelectuales. El Estado, por otro lado, destaca Rothbard, acomoda su ego típicamente exacerbado y “está gustoso de ofrecerle a los intelectuales, una cama cálida, segura y permanente en su aparato, un ingreso seguro, y la panoplia del prestigio”. Y realmente, el Estado democrático moderno en particular, creó una masiva sobreoferta de intelectuales.

Su comodidad no garantiza un pensamiento “correcto” – estatista – por supuesto; y por bien y de más, que generalmente que estén pagados, los intelectuales continuarán quejándose de cuán poco aprecian los poderes su tan importante trabajo. Pero seguramente ayuda para llegar a las conclusiones “correctas” si uno se da cuenta de que sin el Estado – la institución del cobro de impuestos y la legislación – uno podría quedarse sin trabajo y tendría que probar las propias manos en la mecánica de los surtidores de combustible, en lugar de preocuparse con cuestiones tan estresantes como la alienación, la equidad, la explotación, la deconstrucción del género y los roles sexuales, o la cultura de los esquimales, de los hopis y de los zulúes. E incluso si uno se siente menospreciado por esto o eso incumbe al Gobierno, uno aún se da cuenta de que la ayuda sólo puede venir de otro Gobierno, y seguramente no de un asalto intelectual sobre la legitimidad de la institución gubernamental como tal. Entonces, no es de sorprender que, como hecho empírico, la abrumadora mayoría de los intelectuales contemporáneos sean directamente izquierdistas e incluso que los intelectuales más conservadores o de libre mercado, como Friedman o Hayek, por ejemplo, sean fundamental y filosóficamente estatistas.

De esta perspectiva de la importancia de las ideas y el rol de los intelectuales como guardaespaldas del Estado y del estatismo, entonces, resulta que el papel más decisivo en el proceso de liberación – la restauración de la justicia y la moral – debe recaer sobre los hombros de lo que se podría llamar intelectuales anti-intelectuales. Sin embargo, ¿cómo podrían tener éxito los intelectuales anti-intelectuales en deslegimitar al Estado en la opinión pública, especialmente si la gran mayoría de sus colegas son estatistas y harán todo lo que esté a su alcance para aislarlos y desacreditarlos como extremistas y locos? El tiempo me permite sólo hacer unos pocos comentarios breves sobre esta pregunta.

Primero:

Dado que uno debe contar con la viciosa oposición de los propios colegas, para poder enfrentarla, sacársela de encima, es de suma importancia no basar la propia postura en economía y utilitarismo, sino en argumentos éticos y morales. Esto es debido a que sólo las convicciones morales lo proveen a uno del coraje y la fuerza necesarios en la batalla ideológica. Pocos están inspirados y dispuestos a aceptar sacrificios si aquello a lo cual se oponen es simple error y derroche. Más inspiración y coraje pueden surgir de saber que uno está involucrado en la lucha contra el mal y las mentiras.

(Volveré sobre esto en breve).

Segundo:

Resulta importante reconocer que uno no necesita convertir a los colegas, es decir, persuadir a los principales intelectuales. Tal como Thomas Kuhn ha demostrado, esto ya es bastante raro en ciencias naturales. En ciencias sociales, las conversiones de visiones previamente sostenidas entre los intelectuales establecidos son casi inexistentes. En su lugar, uno debería concentrar los esfuerzos personales en los jóvenes que aún no están comprometidos intelectualmente, cuyo idealismo también los hace particularmente receptivos de los argumentos morales y del rigor moral. Y así, uno debería esquivar al mundo académico y llegar al público general (es decir, el hombre común educado), que sostiene algunos prejuicios anti-intelectuales generalmente saludables en los cuales se puede dar fácilmente.

Tercero:

(volviendo a la importancia de un ataque moral contra el Estado):

Es esencial reconocer que no se puede ceder en el nivel teórico. Es cierto que uno no debería negarse a cooperar con personas cuyos puntos de vista estén definitivamente equivocados y confundidos, en tanto y en cuanto sus objetivos puedan ser clasificados, claramente y sin ambigüedades, como un paso en la dirección correcta de la desestatización de la sociedad. Por ejemplo, uno no debería querer negarse a cooperar con personas que buscan introducir un impuesto a las rentas plano del 10 por ciento (aunque no deberíamos querer cooperar con aquellos que quieren combinar esta medida con un aumento del impuesto a las ventas para lograr neutralidad impositiva, por ejemplo). Sin embargo, bajo ninguna circunstancia dicha cooperación debe llevar a, o alcanzarse mediante, el sacrificio de los propios principios. El cobro de impuestos es justo o injusto. Y una vez que se lo admite como justo, ¿cómo se hará para oponerse a un aumento de impuestos? Por supuesto, la respuesta es que no se puede.

Puesto de otra manera, negociar en el nivel de la teoría, como se encuentra, por ejemplo, entre los defensores moderados del libre mercado como Hayek o Friedman o incluso entre los llamados minarquistas, no sólo es filosóficamente insatisfactorio sino también ineficiente y contraproducente en la práctica. Sus ideas pueden ser – y de hecho lo son – fácilmente cooptadas e incorporadas por los gobernantes estatales y la ideología estatista. Realmente, cuán a menudo oímos por parte de estatistas y en defensa de una agenda estatista, gritar cosas como “incluso Hayek (Friedman) dice…” o “¡ni siquiera Hayek (Friedman) niega que tal y tal cosa debe ser realizada por el Estado!”

Personalmente, pueden no estar contentos al respecto, pero es innegable que su trabajo se presta a este propósito, y por lo tanto, que ellos, de grado por fuerza, de hecho contribuyen al continuado e imbatible crecimiento del poder estatal.

En otras palabras: negociar en la teoría o el incrementalismo sólo llevará a la perpetuación de las falsedades, males y mentiras del estatismo, y sólo el purismo en la teoría, el radicalismo, y la intransigencia pueden y deben llevar primero a la reforma práctica gradual, la mejora y la posible victoria final. Por ende, como intelectual anti-intelectuales en el sentido Rothbardiano uno nunca puede estar satisfecho con criticar varios locuras gubernamentales, aunque puede que haya que empezar con eso, pero uno siempre debe proceder de allí a un ataque fundamentalista sobre la institución del Estado como un ultraje moral y a sus representantes como fraudes morales y económicos, mentirosos e impostores – como emperadores sin ropa.

En particular, uno nunca debe dudar de atacar al mismo corazón de la legitimidad del Estado: su supuesto rol indispensable como productor de protección de la propiedad y la seguridad. Ya he demostrado cuán ridículo es este reclamo en términos teóricos: ¿cómo es posible que una agencia que puede expropiar la propiedad privada sostenga ser protectora de la propiedad privada? Pero dudosamente sea menos importante atacar la legitimidad del Estado sobre este aspecto en términos empíricos. Es decir, destacar y dar por descontada la cuestión de que, después de todo, los Estados, que son nuestros supuestos protectores, son la misma institución responsable por 170 millones de muertes aproximadas sólo en el siglo XX – más que las víctimas del crimen privado en toda la historia de la humanidad (y este número de víctimas de crímenes privados, de los cuales el Gobierno no nos protegió, hubiese sido aún mucho menor si los gobiernos en todas partes y en todos los tiempos no se hubieran esforzado constantemente en desarmar a sus propios ciudadanos para que los gobiernos por su parte ¡pudieran convertirse en máquinas asesinas cada vez más eficientes!) En lugar de tratar a los políticos con respeto, entonces, la crítica hacia ellos debería aumentar significativamente; no sólo son ladrones sino también asesinos en masa. Cómo se atreven a exigir nuestro respeto y lealtad.

¿Pero una radicalización ideológica categórica y distintiva traerá los resultados buscados? De hecho, sólo ideas radicales – y en realidad radicalmente sencillas – pueden movilizar los sentimientos de las masas oscuras y apáticas y deslegitimar al Gobierno ante sus ojos.

Me permito citar a Hayek sobre este aspecto (y al hacerlo, espero también dar a entender que mi crítica bastante fuerte hacia él más arriba, no debe ser malentendida en el sentido de que no se puede aprender nada de autores que están fundamentalmente equivocados y confundidos):

“Debemos construir una sociedad libre, una vez más, un emprendimiento intelectual, a acto de valentía. Carecemos de una Utopía liberal, un programa que no parezca una mera defensa de cosas como son, ni tampoco una suerte de socialismo diluido, sino un radicalismo verdaderamente liberal que no desperdicie las susceptibilidades del hábil…, que no sea demasiado severamente práctico y que no se confine a sí mismo a lo que hoy parece políticamente posible. Necesitamos líderes intelectuales que estén preparados a resistir las lisonjas del poder y la influencia, y que estén dispuestos a trabajar por un ideal, por más pequeñas que puedan ser las perspectivas de su temprana realización. Deben ser hombres dispuestos a aferrarse a principios y a luchar por su completa realización, por más remota que sea. El libre comercio y la libertad de oportunidades son ideas que aún pueden causar imaginaciones en muchas personas, pero una mera ‘razonable libertad de comercio’ o una mera ‘disminución de los controles’ no es ni intelectualmente respetable ni es probable que inspire ningún entusiasmo… A menos que podamos hacer que los fundamentos filosóficos de una sociedad libre sean una vez más una cuestión intelectual, y su implementación una tarea que desafíe la ingenuidad e imaginación de nuestras mentes más despiertas, las perspectivas de la libertad son realmente oscuras. Pero si podemos recuperar esa fe en el poder de las ideas que fue el logro del liberalismo en su mejor momento, la batalla no está perdida”.

Hayek por supuesto no siguió su propio consejo para proveernos de una teoría consistente e inspiradora. Su Utopía, desarrollada en su

Constitución de la Libertad, es la visión bastante poco inspiradora del Estado de bienestar sueco. En su lugar, fue Rothbard quien hizo lo que Hayek reconoció como necesario para una renovación del liberalismo clásico; y si hay algo que pueda revertir la marea aparentemente incontenible de estatismo y restituir la justicia y la libertad, es el ejemplo personal brindado por Murray Rothbard y la difusión del Rothbardianismo.

1 Originalmente publicado el 20 de mayo de 2002 en LewRockwell.com Hans-Hermann Hoppe es senior fellow del Ludwig von Mises Institute, profesor de Economía de la Universidad de Nevada, Las Vegas, y editor del The Journal of Libertarian Studies. Democracy: The God That Failed es su octavo libro. Este ensayo está basado en una conferencia del Profesor Hoppe en memoria de Murray N. Rothbard en el Mises Institute’s Austrian Scholars Conference en 1999.

Traducción de Hernán Alberro. ([email protected])

 

 

Libertad o Socialismo

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La Idea de una Sociedad de Derecho Privado *

Sólo, en su isla, Robinsón Crusoe puede hacer cualquier cosa que le plazca. Para él no existen preguntas con respecto a reglas organizadas de conducta humana – cooperación social – simplemente no salen a flote. Esta pregunta sólo puede surgir una vez llegue una segunda persona a la isla, Friday. Mas aún, la pregunta en gran parte no es pertinente mientras no exista escasez.

Supongamos que la isla es el Jardín del Edén; todos los bienes externos están disponibles en superabundancia. Son “bienes gratuitos,” tal como el aire que respiramos el cual es normalmente “gratis”. Cualquier cosa que Crusoe haga con estos bienes, no tendrán repercusiones – ni con respecto a su futuro suministro ni al suministro presente ni futuro de bienes para Friday (y viceversa). De ahí que, es imposible que haya conflictos entre Crusoe y Friday con respecto al uso de tales bienes. El conflicto es posible solamente si los bienes son escasos. Sólo entonces surgirá la necesidad de formular reglas que hagan posible una cooperación social ordenada y libre de conflictos.

En el Jardín del Edén existen sólo dos bienes escasos: el cuerpo físico de la persona y el espacio en que se para. Crusoe y Friday tienen sólo un cuerpo y pueden pararse sólo en un lugar en determinado momento. De ahí que, aún en el Jardín del Edén puedan surgir conflictos: Crusoe y Friday no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente sin entrar en conflicto físico el uno con el otro.

Por consiguiente, aún en el Jardín del Edén deben existir reglas de conducta social ordenada – reglas con respecto a la ubicación y al movimiento apropiado de los cuerpos humanos. Fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, debe haber reglas no sólo para el uso de los cuerpos personales sino también para todo bien escaso, y así poder excluir toda posibilidad de conflictos. Este es el problema del orden social.

La Concepción Liberal Clásica del Orden Social

En la historia del pensamiento social y político, se han hecho innumerables propuestas para solucionar el problema del orden social, y esta variedad de propuestas, mutuamente incompatibles, con frecuencia ha contribuido a que la búsqueda de una solución única y “correcta” se haya considerado ilusoria. Pero si existe una solución correcta. No hay razón para sucumbir al relativismo moral. La solución ha sido conocida durante centenares de años. En tiempos modernos esta solución sencilla ha sido íntimamente asociada con el “liberalismo clásico”.

Permítanme formular la solución, primero para el caso especial representado por el Jardín del Edén y subsiguientemente para el caso general representado por el mundo “real” donde todo es escasez y luego indicaré brevemente porqué esta solución debe ser considerada justa y además, económica.

En el Jardín del Edén, la solución es proporcionada por una sencilla regla que establece que todos puedan colocar o mover su propio cuerpo dondequiera les plazca, con la condición que nadie esté ocupando ese mismo espacio al mismo momento. Fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, la solución es aportada por cuatro reglas correlacionadas.

Primero, cada persona es la dueña adecuada de su propio cuerpo físico. ¿Quién más, si no Crusoe, debería ser el dueño del cuerpo de Crusoe? De otro modo, se constituiría en un caso de esclavitud, y ¿no es acaso la esclavitud injusta sino, además, antieconómica?

En segundo lugar, cada persona es dueña adecuada de todos los bienes recibidos de la naturaleza, que él mismo haya percibido como escasos y haya puesto en uso antes que cualquiera otra persona, por medio de su cuerpo. ¿En verdad, quien más, sino el primer usuario, debería ser su dueño? ¿El segundo o el tercero?

Si fuera esto así, la primera persona no realizaría su acto de apropiación original, y así la segunda persona llegaría a ser la primera, y así sucesivamente. A nadie, nunca, le sería permitido realizar un acto de apropiación y la humanidad original desaparecería al instante. Alternativamente, el primer usuario, junto con todos los rezagados, llega a ser copropietario de los bienes en cuestión. Entonces no podría evitarse el conflicto, porque, ¿qué hace uno si varios copropietarios tienen ideas incompatibles acerca de lo que quieren hacer con los bienes en cuestión? Esta solución sería también antieconómica porque reduciría el estímulo para utilizar por primera vez aquellos bienes percibidos como escasos.

En tercer lugar, toda persona que con la ayuda de su cuerpo y sus bienes originalmente apropiados, genere nuevos productos, llegará a ser en consecuencia el dueño adecuado de éstos, provisto sólo que en el proceso de producción no dañe físicamente los bienes de otras personas.

Finalmente, una vez que los bien han sido apropiados por primera vez, ó han sido producidos, su propiedad puede ser adquirida sólo por medio de transferencias voluntarias y contractuales del título de propiedad de un dueño previo a otro posterior.

La institución de la propiedad privada y en particular el establecimiento de la propiedad privada por medio de la apropiación original se han catalogado con frecuencia como “convenciones”. Sin embargo, debe aclararse que esta premisa es falsa. La convención sirve un propósito siempre que exista una alternativa. Por ejemplo el alfabeto latino sirve el propósito de comunicación escrita. Existe una alternativa, el alfabeto cirílico. Por esta razón el alfabeto es una convención.

¿Cual, es entonces, el propósito de las normas de acción? ¡Evitar todo conflicto posible! Las normas que generan conflicto son contrarias al verdadero propósito de las normas. Sin embargo, con respecto al propósito de evitar conflictos, las dos instituciones mencionadas no son convencionales; ninguna alternativa a ellas existe. Sólo la propiedad privada hace posible evitar conflictos que de otra manera son inevitables; y sólo el principio de adquisición de la propiedad por acción de la apropiación original, realizada por individuos específicos, en tiempos y ubicaciones específicos, han hecho posible evitar conflictos desde el principio de la humanidad.

La Aplicación del Orden Social: El Papel del Estado en el Liberalismo Clásico

Tan importante como es este descubrimiento, sin embargo, nos deja con otro problema aún más difícil. Incluso si todos sabemos cómo evitar todo conflicto posible, e incluso si todos sabemos que al hacerlo así, a largo plazo, la prosperidad de todos en derredor llegará al máximo, no es cierto que siempre todos estemos interesados en evitar los conflictos ni las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, siendo la humanidad como es, siempre existirán asesinos, ladrones, asaltantes, maleantes, y estafadores, o personas que no actúan de acuerdo con las reglas establecidas, y la vida sería imposible en la sociedad si los criminales no son disuadidos de sus actuaciones. Para mantener la ley y el orden, es necesario que los miembros de la sociedad estén preparados y equipados para presionar a cualquiera que no respete la vida y la propiedad de los demás, para que respete las reglas de la sociedad. ¿Cómo y a través de quién se llega a la aplicación de la ley y del orden?

La respuesta dada por los liberales clásicos y por casi todos los demás es bien conocida. La tarea imprescindible de mantener la ley y el orden es la única función del estado. ¿Cómo se define el estado, entonces? Un estado no es simplemente una firma especializada. Convencionalmente, el estado está definido como una agencia que posee dos características únicas. Primero, el estado es una agencia que ejercita un monopolio territorial con toma de decisiones de última instancia.

Eso es, es el último árbitro en todo caso de conflicto, incluyendo los conflictos que el mismo estado implica, y no permite apelación superior a si mismo. Además, el estado es una agencia que ejercita un monopolio territorial de impuestos. Eso es, es una agencia que fija unilateralmente a los particulares el precio que se debe pagar por el servicio de mantener la ley y el orden.

Errores del Liberalismo Clásico

Es muy difundida la visión liberal clásica con respecto a la necesidad de la institución del estado como proveedor de la ley y del orden, sin embargo, argumentos bastante elementales, económicos y morales, muestran como esta visión puede estar enteramente sesgada.

Entre economistas y filósofos políticos, una de las tesis más extensamente aceptadas es la de que todo “monopolio” es “malo” desde el punto de vista de los consumidores. Aquí, el monopolio es entendido como un privilegio exclusivo otorgado a un sólo productor de bienes o servicios, o como la ausencia de “libre entrada” en una línea particular de producción. Por ejemplo, sólo una agencia, A, puede producir un bien dado o servicio, X. Tal monopolio es “malo” para los consumidores porque, protegido contra la entrada de nuevos participantes potenciales en un área dada de producción, el precio del producto será más alto y de calidad más baja que en condiciones competitivas. Por consiguiente, es de esperarse que la ley y el orden proporcionados por el estado sean excesivamente costosos y de calidad particularmente baja.

Sin embargo, este es sólo el más leve de los errores. El monopolio del gobierno no es como cualquier otro monopolio, tal como el de la leche, ni como el monopolio de coches que saca productos de baja calidad con precios altos. La agencia del gobierno es extraordinaria entre todas las otras agencias porque produce no sólo cosas buenas sino también malas. En realidad debe producir cosas malas para poder producir algo que pudiéramos considerar un bien.

Como hemos anotado, el gobierno es el juez último en todo caso de conflicto, inclusive en conflictos en que él mismo está implicado. Consecuentemente, en vez de prevenir y resolver conflictos, un monopolio de última instancia provocará conflictos adicionales para resolver el caso a su favor. Eso es, si uno sólo puede apelar al gobierno por justicia, la justicia estará pervertida en favor del gobierno, a pesar de la constitución y los tribunales supremos. De todas maneras, se trata de constituciones y tribunales del gobierno, y cualquier limitación en la acción del gobierno que ellos puedan encontrar será decidida invariablemente por agentes de la mismísima institución. Previsiblemente, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas continuamente y la escala de la jurisdicción ampliada en favor del gobierno. El concepto de una ley eterna e inmutable que debería primar, desaparecerá y será reemplazada por la idea de la ley como legislación – una ley tan flexible como toda ley emanada del estado.

Todavía peor, el estado es un monopolio de impuestos, y mientras los que reciben los impuestos – los empleados del gobierno – la consideran como algo bueno, los que deben pagar los impuestos consideran el pago como algo malo, como un acto de expropiación. Como agencia en términos de protección de vida y propiedades, sostenida con impuestos, la mera institución del gobierno no es nada menos que una contradicción. Es un expropiador protector de propiedades, que “produce” cada vez más impuestos y siempre menos protección. Incluso si el gobierno limitara sus actividades exclusivamente a la protección de la propiedad de sus ciudadanos, como los liberales clásicos han propuesto, surgiría la pregunta adicional de cuánta seguridad debe producir. Motivados, como están todos, por intereses personales y la inutilidad del trabajo, pero equipados con el poder extraordinario de imponer tasas e impuestos, la meta de un agente de gobierno será invariablemente llevar al máximo los gastos en protección, y es concebible que gran parte de la riqueza de una nación pueda ser consumida por el costo de dicha protección, reduciéndose al mismo tiempo su alcance. Mientras más dinero pueda uno gastar y menos deba uno trabajar para producir, mejor se estará.

En suma, la estructura de los estímulos inherentes a la institución del gobierno no es una receta para la protección de vida y propiedad, sino una receta para maltratos, opresión, y explotación. Esto es lo que nos muestra la historia de los estados. Es primordialmente la historia de incontables millones de vidas humanas arruinadas.

Errores multiplicados: Liberalismo democrático

Una vez que el liberalismo clásico asumió erróneamente que la institución del gobierno era necesaria para la conservación de la ley y del orden, surgió la siguiente pregunta: ¿Cuál forma convencional de gobierno es mejor para la tarea entre manos? Mientras la respuesta liberal clásica a esta pregunta no fue de manera alguna unánime, fue aún perfectamente fuerte y clara. La forma tradicional de gobierno señorial o real era aparentemente incompatible con la idea añorada de derechos humanos universales, porque se trataba de un gobierno basado en el privilegio. Por consiguiente, fue excluida. ¿Cómo, entonces, podría encuadrarse la idea de universalidad de los derechos humanos con el gobierno? La respuesta liberal fue la de abrir la participación y la entrada en el gobierno de igual a igual, para todos, por la vía de la democracia. A cualquiera – ni siquiera se limitó a alguna clase hereditaria de nobles – le fue permitido llegar a ser funcionario del estado y ejercitar todas las funciones del gobierno.

Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo enteramente diferente e incompatible con la idea de una ley universal, igualmente aplicable a todos, en todas partes, y en todos los tiempos. De hecho, el cisma y la desigualdad objetables anteriormente de la más alta ley de los reyes versus la ley subordinada de sujetos ordinarios se preservan completamente bajo la democracia en la separación del derecho público versus el derecho privado y la supremacía del anterior sobre el último. Bajo la democracia, todos son iguales en lo que se refiere a que la entrada está abierta para todos en términos igualitarios. En una democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas. Sin embargo, existen los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas. Siempre y cuando actúen en calidad oficial, los funcionarios públicos son gobernados y protegidos por la ley pública, con lo cual ocupan una posición privilegiada en relación con personas que actúan bajo la mera autoridad del derecho privado, fundamentalmente en que les es permitido sostener sus propias actividades por medio de impuestos cargados a sujetos de derecho privado. El privilegio y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario. Antes que estar restringidos a príncipes y nobles, el privilegio, el proteccionismo, y la discriminación legal estarán disponibles para todos y pueden ser ejercitados por todos.

Previsiblemente, entonces, bajo condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio de aumentar los precios y disminuir la calidad es más pronunciada.

Como monopolio hereditario, el rey o el príncipe consideraban el territorio y las personas bajo su jurisdicción como sus bienes muebles y se dedicaban a explotar monopolísticamente su “propiedad”. Bajo la democracia, el monopolio, y la explotación monopolística no desaparecen. Incluso si a todos se les permite entrar el gobierno, no por eso se elimina la distinción entre gobernantes y gobernados. El gobierno y el gobernado no son uno y la misma persona. En vez de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, un guardián temporal e intercambiable es puesto monopolísticamente a cargo del país. El guardián no es dueño del país, pero mientras esté en su oficio le es permitido utilizarlo para ventaja de si mismo y de sus protegidos. Tiene el uso actual – el usufructo – pero no su capital social. Esto no elimina la explotación. Al contrario, hace la explotación menos calculada, llevada a cabo con poca o ninguna consideración del capital social. La explotación es miope y se promueve sistemáticamente el consumo del capital.

La Idea de una Sociedad del derecho privado

A la luz de los múltiples errores del liberalismo clásico, entonces, ¿cómo mantener la ley y el orden en relación con los efectivos y potenciales transgresores de la ley? ¡La solución está en una sociedad de derecho privado – una sociedad donde cada individuo e institución esté sujeta a un mismo conjunto de leyes! Ninguna ley pública que otorgue privilegios a personas de funciones específicas (y ningún dominio público) existe en esta sociedad. Sólo existe el derecho privado (y la propiedad privada), igualmente aplicable a todos y cada uno. A nadie le es permitido adquirir propiedades por medios que no sean la apropiación original, la producción, o el intercambio voluntario; y nadie posee los privilegios de imponer tasas e impuestos ni de expropiar. Además, a nadie, en una sociedad de derecho privado, le es permitido prohibir a cualquiera el utilizar su propiedad para entrar en cualquier línea de producción y competir contra quienquiera que a él le plazca.

Más específicamente, para ser justo y eficiente, la producción y la conservación de la ley tendrán que ser emprendidas por individuos y agencias libremente financiadas y competentes. ¿Cómo puede hacerse esto? Mientras es imposible predecir el perfil y la forma precisas que tomaría la “industria de la seguridad” dentro de la armazón de una sociedad de derecho privado – así como es imposible predecir la estructura específica de casi cualquier industria bajo las, hasta ahora, inexistentes circunstancias – se puede predecir un número significativo de cambios estructurales fundamentales en comparación con el estatu quo de la protección a la seguridad proporcionada por el estado.

Primero, en sociedades complejas un aspecto de la solución naciente sólo será de importancia secundaria, pero bajo ningún concepto debe de dejarse de considerar.

Mientras que la provisión estadista de la ley y del orden ha llevado al desarme sucesivo de la población, rindiéndola cada vez más indefensa contra los transgresores de la ley, en una sociedad del derecho privado esencialmente no existirían restricciones en la propiedad privada de fusiles y otros armamentos. Es derecho elemental y sacrosanto de todos el ejercer la defensa propia para proteger su vida y su propiedad contra los invasores, y cuando uno conoce la experiencia del no tan salvaje oeste americano, así como de numerosas investigaciones empíricas en relación con la propiedad de armas e índices de criminalidad, más armas implican menos crimen. La intuición nos lo dicta, pero la propaganda del gobierno trata de negarlo sin descanso.

Sin embargo, en el moderno complejo de sociedades la defensa propia constituye sólo una pequeña parte de la producción general de seguridad. En el mundo actual no producimos nuestros propios zapatos, ni trajes, ni teléfonos; aprovechamos las ventajas de la división del trabajo. Esto también es verdad en la producción de seguridad. En gran parte, dependemos de agentes y agencias especializados en proteger nuestra vida y propiedad. En particular, la mayoría de las personas dependen de compañías de seguros libremente financiadas y competentes para su protección, y esta dependencia de las aseguradoras tenderá a aumentarse e intensificarse mientras más grande y más valiosa sea la cantidad de propiedades. Las compañías de seguros se asociarán en cambio y cooperarán con la policía y las agencias de detectives, o directamente como una subdivisión de la compañía de seguros o indirectamente como entidades separadas del negocio. Al mismo tiempo, las agencias de seguro cooperarán constantemente con agencias independientes internas y externas de árbitros y arbitraje.

¿Cómo trabajaría este sistema competitivo, interconectado, de compañías de seguro, policía, y agencias de arbitraje?

La competencia entre los aseguradores, la policía, y los árbitros por los clientes produciría una tendencia hacia la caída continua en el precio de la protección (por el valor asegurado), rindiendo así la protección más económica. Por contraste, un protector monopolístico que puede imponer tasas e impuestos al protegido puede cargar por sus servicios precios cada vez más altos.

Además, como ya ha sido indicado, la protección y la seguridad son bienes y servicios que compiten con otros. Si más recursos son asignados a la protección, menos puede gastarse en coches, en vacaciones, en alimentos, o en bebidas, por ejemplo. También, los recursos asignados a la protección de A o del grupo A (personas que viven por el Pacífico) por ejemplo, compite con recursos gastados en la protección de B o el grupo B (personas que viven por el Atlántico). Para un monopolio de la protección financiado con impuestos, la asignación de recursos por el estado será necesariamente arbitraria. Habrá sobreproducción (o producción insuficiente) de seguridad en comparación con otros bienes y servicios en competencia, y habrá sobreprotección para algunos individuos, grupos, o regiones y protección baja para otros.

En claro contraste, en un sistema de agencias de protección en libre competencia desaparecerían todas las arbitrariedades de asignación (en todas partes- y de producción insuficiente). La protección tendría la importancia relativa que tiene a los ojos de consumidores que pagan voluntariamente, y ninguna persona, grupo, ni región recibiría protección a costa de cualquier otro, sino que cada uno recibirían protección de acuerdo con sus pagos.

Además, los aseguradores tendrían que indemnizar a sus clientes en el caso del daño verdadero; de ahí, ellos deben operar eficientemente. Con respecto a desastres sociales, crimen en particular, esto significa que el asegurador estaría preocupado sobre todo por una prevención efectiva, porque sino puede prevenir un crimen, tendría que pagar. Aún más, si un acto criminal no puede prevenirse, un asegurador querría todavía recuperar el botín, aprehender el ofensor, y traerlo ante la justicia, porque haciéndolo el asegurador podría reducir sus costos y forzar al criminal – antes que a la víctima y a su asegurador – a pagar por los daños y por el costo de la indemnización.

En claro contraste, los estados, como monopolios compulsivos no indemnizan a las víctimas, y como pueden recurrir a los impuestos como fuente de fondos, tienen poco o ningún estímulo para prevenir el crimen o para recuperar de botín y capturar a los criminales. En realidad, si logran aprehender al criminal, típicamente obligan a la víctima y a otros contribuyentes a pagar por la encarcelación del criminal, añadiendo así insulto sobre injuria.

Ya ha sido indicado que las sociedades del derecho privado se caracterizan por el derecho a la defensa propia sin restricción y como consecuencia, por una extensa propiedad privada de armas y armamentos. Esta tendencia es reforzada aún más por el papel importante de las compañías de seguros en tales sociedades. Todos los estados procuran desarmar su población, por la razón obvia de que es menos peligroso cobrar impuestos a un hombre desarmado que a un hombre armado. Si una compañía de seguros libremente financiada fuese a demandar como requisito previo para la protección que los clientes potenciales entregasen todos los medios de defensa propia, despertarían inmediatamente una gran sospecha en cuanto a sus verdaderos motivos, y quebrarían rápidamente. En su propio interés, las compañías de seguros recompensarían a los clientes armados, en particular aquellos capaces de certificar algún nivel de instrucción en el manejo de armamentos, cargándoles primas bajas que reflejan el más bajo riesgo que representan. Así como los aseguradores cargan menos si los propietarios tienen un sistema de alarma o una caja de seguridad instalada, así un dueño entrenado en el uso de las armas representa un riesgo más bajo para el seguro.

Los estados, como monopolios de última instancia en la toma de decisiones, financiados por impuestos, pueden externalizar los costos asociados con la conducta agresiva en contribuyentes desventurados. De ahí que, los estados están, por naturaleza, más inclinados a llegar a ser agresores y belicosos más que agentes o agencias que deben correr por si mismos con los costos inherentes a la agresión y a la guerra. Las compañías de seguros son, por su misma naturaleza, agencias defensivas antes que agresivas. Por una parte esto es así, porque cada acto de agresión es costoso, y una compañía de seguros que utiliza una conducta agresiva requeriría primas relativamente más altas, lo que ocasiona la pérdida de clientes ante competidores no agresivos.

Por otro lado, no es posible asegurarse uno contra todo “riesgo” concebible.

Desde otro punto de vista, sólo es posible asegurarse contra “accidentes,” es decir, riesgos sobre cuyo resultado el asegurado no tiene control y a los que él no contribuye en nada. Por ejemplo, es posible asegurarse contra el riesgo de muerte y de fuego, pero es imposible asegurarse contra el riesgo de suicidarse o de prender fuego a su propia casa. Semejantemente, es imposible asegurarse contra el riesgo de fracaso en el negocio, contra el desempleo, o de tener aversión a un colindante, porque en cada caso uno tiene algún control sobre el acontecimiento.

Es bien notable que la inasegurabilidad de acciones y sentimientos individuales (en contraposición con accidentes) implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños que resulten de una previa agresión propia o provocación. En vez de eso, cada asegurador debe restringir las acciones de sus clientes para excluir toda agresión y provocación de su parte. Eso es, cualquier seguro contra desastres sociales, tales como el crimen, debe estar condicionados al sometimiento de los asegurados a normas especificas de conducta no agresiva.

Casualmente, debido a las mismas razones y preocupaciones financieras, los aseguradores tenderán a requerir que todos sus clientes se abstengan de toda forma de tomarse la justicia por propias manos (menos quizás bajo circunstancias bastante extraordinarias), porque la justicia por propias manos, inclusive si es justificada, causa invariablemente incertidumbre y provoca la posible intervención de terceros. Más bien, obligando a sus clientes, siempre que piensen que han sido víctimizados, a someterse a procedimientos regulares, publicados previamente, se pueden evitar en gran parte estos alborotos y los costos asociados.

Finalmente, vale indicar que mientras los estados como agencias financiadas con impuestos pueden – y lo hacen – entrar en persecución a gran escala de crímenes sin victimas tal como el uso “ilegal de drogas”, la prostitución, o las apuestas, estos “crímenes” tenderían a ser de poca o ninguna importancia dentro de un sistema de agencias de protección financiadas libremente. La “protección” contra tales “crímenes” requeriría primas de seguros más altas, pero desde que éstos “crímenes,” a diferencia de crímenes genuinos contra las personas y la propiedad, no crean víctimas, muy pocas personas estarían dispuestas a gastar dinero en tal “protección”.

Por último y muy importante, un sistema de competencia entre las agencias de protección tendría un impacto doble en el desarrollo de la ley. Por una parte, tendría en cuenta una mayor variabilidad de la ley. Antes que imponer un conjunto uniforme de estándares a todos (como bajo las condiciones del estatismo), las agencias de la protección podrían competir contra la una contra la otra no sólo vía el precio sino también por diferenciación del producto. Allí podría existir por ejemplo unas al lado de las otras, las agencias católicas de la protección o aseguradores que aplican la ley Canónica, las agencias judías que aplican la ley de Mosaica, las agencias musulmanas que aplican la ley Islámica, y las agencias que aplican la ley secular de una variedad u otra, todos ellas sostenidas por una clientela que paga voluntariamente. Los consumidores podrían escoger la ley aplicada a ellos y a su propiedad. Nadie tendría que vivir bajo una ley “extranjera”.

Por otro lado, el mismísimo sistema de producción privada de ley y orden promovería una tendencia hacia la unificación de la ley. La ley “doméstica” – católica, judía, romana, etc. – aplicaría sólo a la persona y a la propiedad de los que la habían escogido, el asegurador, y todos los otros asegurados por el mismo asegurador bajo la misma ley. La ley Canónica, por ejemplo aplicaría sólo a católicos profesos y trataría únicamente con el conflicto entre católicos y la resolución del conflicto. Mas es también posible, por supuesto, que un católico quizás entre en conflicto con el suscriptor de algún otro código de la ley, por ejemplo, un musulmán. Si ambos códigos de la ley alcanzaron la misma o similar conclusión, no existiría ninguna dificultad.

Sin embargo, surgiría un problema si por códigos de leyes en competencia llegaran a conclusiones claramente diferentes (como sucede por lo menos a veces). La ley “doméstica” (inter-grupo) sería inútil, pero cada persona asegurada querría la protección contra la contingencia de conflictos de inter-grupo también.

En esta situación no se puede esperar que un asegurador y los suscriptores de su código de la ley, subordinen simplemente su juicio al de otro asegurador y su ley.

Sino, que para todas las partes implicadas hay sólo una salida creíble y aceptable de este predicamento.

Desde el principio, cada asegurador y sus clientes estarían obligados a someterse al arbitraje de un tercero realmente independiente. Sin embargo este tercero no sólo sería una entidad independiente, sino al mismo tiempo de elección unánime para ambos interesados. El tercero sería escogido por acuerdo entre las partes debido a la habilidad comúnmente percibida de que éste encuentra soluciones mutuamente aceptables (justas) en casos de desacuerdo inter-grupo. Además, si un árbitro falla en esta tarea y llega a conclusiones que se pueden percibir como “injustas” o “influenciadas” por uno de los aseguradores o sus clientes, esta persona o agencia es improbable que sea escogida como árbitro en el futuro.

En resumen, tendrían existencia los contratos de protección y seguridad. Los aseguradores (a diferencia de los estados) ofrecerían contratos a clientes con descripciones de propiedad bien especificadas y con deberes y obligaciones claramente definidos. Igualmente, la relación entre aseguradores y árbitros estaría gobernada por un contrato. Cada parte de un contrato, mientras dure su plazo o hasta el cumplimiento del mismo, estaría atado por estos términos y condiciones; y cada cambio (en los términos o condiciones) de un contrato requeriría el consentimiento unánime de las partes interesadas. Eso es, en una sociedad de derecho privado, a diferencia de las que se presentan bajo condiciones de estatismo, ninguna “legislación” existiría. Ningún asegurador podría salirse con prometer protección a sus clientes sin permitirles saber cómo ni a que precio, ni insistir en que podría cambiar unilateralmente los términos y las condiciones de la relación protector-cliente. Los clientes de seguros demandarían algo apreciablemente mejor, y los aseguradores suministrarían contratos y ley constante, en vez de promesas y una legislación cambiante.

Además, a consecuencia de la cooperación continua de varios aseguradores y árbitros, se pondría en marcha una tendencia hacia la unificación de la propiedad y el derecho de contratos y de la armonización de las reglas del procedimiento, la evidencia, y la resolución del conflicto. Por comprar el seguro de protección, todos compartirían la meta común de esforzarse por reducir el conflicto y aumentar la seguridad. Además, todos y cada uno de los conflictos y los reclamos por daño, sin importar donde, por o contra quien, caerían en la jurisdicción de una o más agencias específicas de seguro y sería manejado o por una ley “doméstica” individual del asegurador o por provisiones del derecho internacional y procedimientos acordados con antelación por un grupo de aseguradores.

Tal sistema aseguraría la más completa y perfecta estabilidad y certeza legal en cualquier sistema de seguridad al que podemos acudir actualmente.

* Tomado de “The Idea of a Private Law Society”, LewRockwell.com, August 1, 2006

Traducción de Rodrigo Betancur

 

 

Libertad o Socialismo

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Elites Naturales, los Intelectuales y el Estado

El estado es un monopolio territorial por compulsión, una agencia que puede infringir continua e institucionalmente los derechos de propiedad y explotar a los dueños de la propiedad privada por medio de expropiación, con impuestos y por regulación.

¿Pero cómo nacieron los estados? Hay dos teorías en el origen de los estados. Una visión está asociada con nombres tales como Franz Oppenheimer, Alexander Rüstow, y Albert J. Nock, y afirma que los estados se originaron como resultado de la conquista militar de un grupo sobre otro. Esta es la teoría del origen exógeno del estado.

Pero esta visión ha sido criticada severamente, por motivos históricos y teóricos, por etnógrafos y antropólogos tales como Wilhelm Mühlmann. Estos críticos indican que no todos los estados se originaron por conquista exterior. Realmente, los críticos sostienen como cronológicamente falsa la teoría que los primeros estados fueron el resultado de la invasión de pastores nómadas sobre asentamientos granjeros.

Además, la teoría tiene el problema que esa conquista en sí misma debería presuponer una organización estatal por parte de los conquistadores. De ahí que el origen exógeno de los estados requiere una teoría más fundamental del origen endógeno del estado.

Tal teoría ha sido presentada por Bertrand de Jouvenel. Según su punto de vista, los estados son la consecuencia del desarrollo de élites naturales: el resultado de transacciones voluntarias entre dueños de propiedad privada es no-igualitario, jerárquico, y elitista. En cada sociedad, unos pocos individuos adquieren la posición de una élite por su talento. Debido a logros superiores de riqueza, de sabiduría, y de valentía, estos individuos vienen a poseer una autoridad natural, y sus opiniones y juicios gozan del respeto general. Además, a causa del apareamiento selectivo, el casamiento, y las leyes de herencia civil y de la genética, es probable que las posiciones de autoridad natural fueran traspasadas dentro de unas pocas familias nobles. Es hacia estas cabezas de familia con antecedentes de logros superiores largamente establecidos, de visión de futuro, y de conducta personal ejemplar, a quienes las gentes llegaban con sus conflictos y quejas del uno contra el otro. Estos líderes, ó élites, actuaban a menudo como jueces naturales y pacificadores, casi siempre sin ningún cargo, por sentido del deber esperado de una persona de autoridad o independencia para quien la justicia civil era la producción privada de un “bien público” Un pequeño pero decisivo paso en la transición hacia la creación de un estado consiste precisamente en la monopolización de la función de juez y pacificador. Esto ocurre una vez que un miembro de la élite natural voluntariamente reconocido puede lograr, a pesar de la oposición de otros miembros de la élite, que todos los conflictos dentro de un territorio especificado sean traídos ante él. Los partes en conflicto ya no pueden desde ese momento escoger cualquier otro juez o pacificador.

Los origenes de la monarquía.

Una vez que el origen del estado es visto como el crecimiento de un ordenamiento anterior, jerárquicamente estructurado, de élites naturales, se aclara por qué la humanidad, en la medida en que fue susceptible de gobierno en todo, ha estado bajo la férula monárquica (más bien que democrática) durante la mayor parte de su historia. Hay excepciones por supuesto: La democracia ateniense, Roma hasta 31 AC, las repúblicas de Venecia, de Florencia, y de Génova durante el Renacimiento, los Distritos suizos desde 1291, las Provincias Unidas (los Países Bajos) de 1648 hasta 1673, e Inglaterra bajo Cromwell. Pero éstos fueron ocurrencias raras, y ninguno de ellos se pareció ni remotamente al sistema democrático moderno de un voto por persona.

Además, también fueron sumamente elitistas. En Atenas, por ejemplo no más del 5 por ciento de la población votaba y tenía derecho a posiciones de gobierno. No fue hasta después del fin de la primera Guerra mundial que la humanidad dejó verdaderamente la era monárquica.

 

El poder monopolizado.

En el momento que un sólo miembro de la élite natural logró monopolizar exitosamente la función de juez y pacificador, la ley y la aplicación de la ley se volvieron más costosas.

En vez de ser ofrecida libre de cargo o a cambio de un pago voluntario, la administración de justicia fue financiada mediante un impuesto obligatorio. Al mismo tiempo, la calidad de la ley empeoró. Antes que mantener la vigencia de las leyes antiguas de propiedad privada y la aplicación de principios universales e inmutables de justicia, un juez monopolístico, que ya no tenía que temer perder sus clientes como resultado de ser menos que imparcial, podía pervertir la ley existente en su propia ventaja.

¿Cómo fue posible que un rey diera este pequeño pero decisivo paso de monopolizar la ley y el orden público, que previsiblemente encareció los precios y bajó la calidad de la justicia?

Ciertamente, otros miembros de la élite natural debieron resistir tal tentativa. Esta fue la razón por la cual los reyes eventualmente se dignaron alinearse con la “gente” o el “hombre del común”. Apelando al sentimiento siempre popular de la envidia, los reyes prometieron a estas personas mejor justicia, más barata y a cambio de y a costa de rebajar el costo de la competencia, la de la justicia de las élites. Además, los reyes reclutaron la ayuda de la clase intelectual.

El papel de intelectuales.

La demanda por servicios intelectuales se podría esperar que creciera con las mejoras en los niveles de vida. Sin embargo, la mayoría de las personas se preocupaban de asuntos bastante terrenales y mundanos, y tenían poco uso de empresas intelectuales. Aparte de la Iglesia, las únicas personas con una demanda por servicios intelectuales fueron los mismos miembros de las élites naturales que buscaban maestros para sus niños, consejeros personales, secretarios y bibliotecarios. El empleo para los intelectuales era precario y el pago típicamente bajo. Además, mientras los miembros de la élite natural eran sólo raramente intelectuales en sí mismos (es decir, personas que gastan todo su tiempo en proyectos eruditos) más bien eran personas interesadas en la conducción de sus empresas terrenales, típicamente por lo menos, tan brillantes como sus empleados intelectuales, de modo que la estima por los logros de “sus” intelectuales era más bien modesta.

Apenas sorprende, entonces, que los intelectuales, quienes tenían una imagen de sí mismos muy inflada, se resintieran con este hecho. Cuán injusto que la élite natural que recibían las enseñanzas de los intelectuales cuando eran sus superiores, mantenía una vida cómoda mientras ellos – los intelectuales – permanecían relativamente pobres y dependientes. No es de extrañar entonces que los intelectuales pudieran ser convencidos fácilmente por el rey que se disponía a establecer su monopolio de la justicia. A cambio de una justificación ideológica de la monarquía, el rey no sólo les podría ofrecer mejor empleo y más alta posición, sino que además, leales a la Corte, los intelectuales finalmente podrían cobrar a la élite natural su falta del respeto.

Sin embargo, la mejora de la posición de la clase intelectual fue sólo moderada. Bajo la regla monárquica, había una bien definida distinción entre el gobernante (el rey) y el gobernado, y como gobernados sabían que nunca podrían llegar a ser gobernantes. Por consiguiente, había resistencia considerable, no sólo por las élites naturales, sino también por parte de la gente corriente en contra de cualquier aumento en el poder de rey. Fue así muy difícil para el rey aumentar los impuestos, y las oportunidades de empleo para los intelectuales quedaron por tanto sumamente limitadas. Además, una vez bien atrincherado, el rey no trató a sus intelectuales mejor que las élites naturales. Y dado que el rey controlaba territorios más grandes que los de las élites naturales jamás podrían controlar, perder el favor del rey fue aún más peligroso e hizo que la posición de los intelectuales de alguna manera fuera más inestable.

Una inspección de las biografías de intelectuales de avanzada, de Shakespeare a Goethe, de Descartes a Locke, de Marx a Spencer, muestra aproximadamente la misma pauta: hasta bien entrado el siglo XIX, su trabajo fue patrocinado por donantes privados, los miembros de la élite natural, de los príncipes, o de los reyes. Obtener o perder el favor de sus patrocinadores, significaba el cambio frecuente de empleo y por esa razón se mantuvieron sumamente móviles geográficamente. Mientras esto a menudo significó inseguridad financiera, por otro lado contribuyó no sólo a un cosmopolitanismo extraordinario de los intelectuales (como lo indica su dominio de numerosos idiomas) sino también a una independencia intelectual excepcional. Si un donante o patrocinador los abandonaba, existían muchos otros que llenarían felizmente el espacio. Sin duda, la vida intelectual y cultural prosperó y la independencia de los intelectuales fue mayor; donde la posición del rey o del gobierno central era relativamente débil, las élites naturales eran relativamente fuertes.

El ascenso de la democracia.

Un cambio fundamental en la relación entre el estado, las élites naturales, y los intelectuales sólo ocurrió con la transición de gobiernos monárquicos a democráticos. Fue el aumento en el precio de la justicia y la introducción de perversiones de la ley ancestral, por parte de los reyes como jueces monopolísticos y pacificadores, lo que motivó la oposición histórica contra la monarquía. Pero prevaleció la confusión en cuanto a las causas de este fenómeno. Algunos reconocieron correctamente que la causa del problema era el monopolio y no las élites o la nobleza. Sin embargo fueron superados en número por aquellos que erróneamente culparon del problema al carácter elitista del gobernante, y por quienes abogaban por mantener el monopolio y la aplicación de la ley y simplemente sustituir rey y su visible pompa, por la sencillez del “pueblo” y la supuesta decencia “del hombre común”. De ahí el éxito histórico de la democracia.

Cuán irónico que la monarquía fuese destruida por las mismas fuerzas sociales que los reyes inicialmente estimularon y alistaron cuando comenzaron a excluir autoridades naturales competidoras en su actuación como jueces: la envidia de los hombres comunes contra los más destacados, y el deseo de los intelectuales por encontrar su supuestamente merecido lugar en la sociedad. Cuando resultaron ser vacías las promesas del rey de una justicia mejor y más barata, los intelectuales voltearon aquellos sentimientos igualitarios, que los reyes tanto habían cortejado, contra los mismos monarcas. En consecuencia, pareció lógico que los reyes también deberían ser rebajados y que las políticas igualitarias, que algunos monarcas habían iniciado, deberían ser llevadas a su conclusión última: el control monopolístico de la judicatura por el hombre común.

Es decir, por los intelectuales, como portavoces del pueblo.

Como la teoría económica elemental podría predecir, con la transición del gobierno monárquico al democrático, una persona por un voto, y la substitución del rey por el pueblo, las cosas se hicieron peores. El precio de la justicia se elevó astronómicamente mientras la calidad de la ley se deterioraba cada vez más. Ya que la transición se redujo a la conversión de un sistema de gobierno de propiedad privada – un monopolio privado -, a un sistema de gobierno de propiedad pública – un monopolio de propiedad pública-.

“Una tragedia de la gente común” fue creada. Todos tuvieron derecho ahora, no sólo el rey, de tratar de echar mano a la propiedad privada de los demás. Las consecuencias fueron más explotación por parte del gobierno (impuestos); el deterioro de la ley hasta el punto de que la idea de un conjunto de principios universales e inmutables de justicia desapareció y fue sustituida por la idea de ley como legislación (ley hecha a la medida, más bien que encontrada ó ley eternamente “dada”); y un aumento de la tasa social de preferencia del tiempo (aumento en la orientación hacia el presente).

Un rey que poseía el territorio y podría transmitirlo a su hijo, trataba de conservar su valor.

Un gobernante democrático es una autoridad temporal y trata de maximizar los ingresos corrientes del gobierno a costa de su capital, y como consecuencia malgasta. Estos son algunos resultados: durante la época de las monarquías, antes de la Primera guerra mundial, el gasto del gobierno como porcentaje del PNB era raramente superior al 5 por ciento. Desde entonces se ha elevado, típicamente, a cerca del 50 por ciento. Antes de la Primera guerra mundial, el empleo en el gobierno era menor al 3 por ciento del empleo total. Desde entonces ha aumentado a entre un 15 y 20 por ciento. La época de la monarquía se caracterizaba por el dinero-materia prima (oro) y cuyo poder adquisitivo aumentaba gradualmente. En contraste, la época democrática es la época de papel moneda cuyo poder adquisitivo disminuye permanentemente.

Los reyes se endeudaban cada vez más profundamente, pero al menos durante los tiempos de paz característicamente reducían su carga de deudas. Durante la época democrática la deuda pública ha aumentado, en guerra o en paz, a alturas increíbles. Las verdaderas tasas de interés durante la edad monárquica habían caído gradualmente a cerca del 2.5 por ciento. Desde entonces, las verdaderas tasas de interés (tasas nominales ajustadas contra la inflación) se han elevado a cerca del 5 por ciento, iguales a las tasas del siglo quince.

Legislación prácticamente no existió hasta finales del siglo diecinueve. Hoy pasan, en un solo año, decenas de millares de leyes y regulaciones. Las tasas de ahorro disminuyen en vez de aumentar con los ingresos crecientes, y los indicadores de desintegración de la familia, y de criminalidad, aumentan constantemente.

El destino de las élites naturales.

Mientras al estado le ha ido mucho mejor con el gobierno democrático, y mientras “al pueblo” le ha ido mucho peor desde que empezaron a gobernarse a si mismos, que ha pasado con las élites naturales y con los intelectuales? En cuanto a las primeras, la democratización ha tenido éxito donde comenzaron modestamente los reyes: la destrucción final de la élite natural y de la nobleza. Las fortunas de las grandes familias se han disipado por impuestos confiscatorios, en vida y al momento de la muerte. La tradición de estas familias de independencia económica, visión de futuro intelectual, y mando moral y espiritual se ha perdido y olvidado.

Ricos existen hoy pero, con más frecuencia que no, deben sus fortunas directamente o indirectamente al estado. De ahí que a menudo son más dependientes de los favores continuados del estado que muchas personas de riqueza bastante menor. No son ya las típicas cabezas principales de familia establecidas durante mucho tiempo, sino que son “les nouveaux riches”. Su conducta no se caracteriza por la virtud, la sabiduría, la dignidad, o el buen gusto, sino que es un reflejo de la orientación actual de la misma cultura masiva proletaria, del oportunismo, y del hedonismo que los ricos y famosos comparten ahora con todos los demás.

Por consiguiente – y gracias a Dios- sus opiniones no tienen más peso en la opinión pública que el de la mayoría de la gente.

La democracia ha conseguido lo que Keynes soñó: “la eutanasia de la clase adinerada”. La declaración de Keynes que “en carrera larga todos estaremos muertos” exactamente expresa el espíritu democrático de nuestros tiempos: hedonismo orientado sólo al tiempo presente.

Aunque sea perverso no pensar más allá de la propia vida de alguien, tal pensamiento se ha hecho típico. En vez de ennoblecer a los proletarios, la democracia tiene proletarizadas las élites y ha pervertido sistemáticamente el pensamiento y el juicio de las masas.

El destino de intelectuales.

Por otra parte, mientras las élites naturales estaban siendo destruidas, los intelectuales asumieron una posición más prominente y poderosa en la sociedad. En efecto, en gran medida han conseguido su objetivo y se han hecho la clase dirigente, controlando el estado y funcionando como jueces monopolísticos.

Este no quiere decir que los políticos democráticamente elegidos sean todos intelectuales (aunque seguramente haya más intelectuales hoy en día que se hacen presidentes que intelectuales que se hicieron reyes en algún momento). Después de todo, se requieren habilidades y talentos algo diferentes para ser intelectual que las requeridas para liderar acertadamente las masas y recaudar fondos electorales. Hasta los no intelectuales son producto del adoctrinamiento en escuelas y universidades financiadas con impuestos, y por intelectuales empleados públicamente, y casi todos los consejeros estatales salen de estos sectores.

No hay casi economistas, filósofos, historiadores, o teóricos sociales, de talla, empleados privadamente por miembros de la élite natural. Y aquellos pocos de la vieja élite que subsisten y quienes podrían necesitar sus servicios ya no pueden darse el lujo de emplear intelectuales. En cambio, los intelectuales son ahora típicamente empleados públicos, aunque trabajen para instituciones ó fundaciones nominalmente privadas. Casi completamente protegidos de los caprichos de la demanda del consumidor (“tenured”), su número ha aumentado dramáticamente y su compensación está, por término medio, muy por encima de su valor genuino en el mercado.

Al mismo tiempo ha caído constantemente la calidad de la producción intelectual.

Lo que descubriremos es, sobre todo, irrelevancia e incomprensibilidad. Peor, mientras que la producción intelectual de hoy es en absoluto relevante y comprensible, es viciosamente estatista.

Hay excepciones pero, si prácticamente todos los intelectuales son empleados en las diferentes ramas del estado, no debería ser sorprendente que la mayor parte de su más voluminosa producción, por comisión u omisión, sea propaganda estatista?. Hay más propagandistas del gobierno democrático hoy que propagandistas de la monarquía en toda la historia humana.

Este movimiento aparentemente imparable hacia el estatismo es ilustrado por el destino de la llamada Escuela de Chicago: Milton Friedman, sus precursores, y sus seguidores. En los años 1930 y años 1940, la Escuela de Chicago todavía era considerada de izquierda, y era precisamente tanto que, Friedman, por ejemplo, abogó por un banco central y por papel moneda en vez del patrón oro. Incondicionalmente respaldó el principio del estado benefactor con su oferta de unos ingresos mínimos garantizados (impuesto sobre la renta negativo) al no se podía poner un límite. Abogó por un impuesto a la renta progresivo para conseguir sus objetivos explícitamente igualitarios (y él personalmente ayudó a poner en práctica el impuesto de retención). Friedman respaldó la idea que el estado podría imponer impuestos para financiar la producción de todos los bienes que tenían un efecto positivo en el vecindario o aquellos que pensó que tendrían tal efecto. ¡Este implica, por supuesto, que no hay casi nada que el estado no pueda financiar con impuestos! Además, Friedman y sus seguidores fueron defensores de la más trivial de todas las superficiales filosofías: el relativismo ético y epistemológico. No hay ninguna verdad moral última y todo nuestro conocimiento factual o empírico es, cuando más, hipotéticamente verdadero.

Más aún, nunca dudaron que debiera haber un estado, y que el estado debía ser democrático.

Hoy, medio siglo más tarde, la Escuela de Chicago-Friedman, sin haber cambiado esencialmente ninguna de sus posiciones, es considerada como de libre mercado y derechista. En efecto, la escuela define la línea de demarcación de la opinión respetable en el derecho político, que sólo los extremistas cruzan. Tal es la magnitud del cambio en la opinión pública que los empleados públicos han conseguido.

Consideremos otros indicadores de la deformación estatista causada por los intelectuales. Si uno mira las estadística electorales encontrará, en términos generales el siguiente cuadro: mientras más tiempo gasta una persona en instituciones educativas, alguien con un Doctorado en Filosofía (PhD), por ejemplo, comparando con alguien con sólo un B.A., lo más probable es que aquella persona sea ideológicamente estatista y vote por el partido demócrata. Además, mientras más impuestos se usan en financiar la educación, más bajos son los resultados del SAT y/o de mediciones similares del nivel de conocimiento intelectual, y sospecho que los estándares de comportamiento moral y de decadencia de la conducta ciudadana llegan aún más bajo.

O consideremos el siguiente indicador: en 1994 fue “una revolución” que el Presidente de la Cámara de Representantes (Speaker of the House), Newt Gingrich, respaldara el New Deal y la Seguridad Social, y elogiara la legislación de derechos civiles, es decir, la acción afirmativa y la integración forzada que es responsable de la destrucción casi completa de los derechos a la propiedad privada, y de la erosión de la libertad de contratación, asociación, y desasociación.

¿Qué tipo de revolución es ésta donde los revolucionarios han aceptado incondicionalmente las premisas estatistas y las causas del desastre presente? Obviamente, sólo puede ser etiquetada como “revolución” en un ambiente intelectual que sea estatista hasta la médula.

Historia e ideas.

La situación parece desesperada, pero no es tanto. Primero, se debe reconocer que la situación no puede continuar para siempre. A la época democrática le cuesta ser “el final de historia” como los neoconservadores quieren que creamos, porque también hay un lado económico del proceso.

Las intervenciones de mercado causarán inevitablemente más problemas de los que se supone que curan, lo que nos llevará a más y más controles y regulaciones hasta que lleguemos al socialismo auténtico. Si la tendencia actual continúa, se puede predecir sin peligro que, el estado benefactor democrático occidental sufrirá un colapso final como sucedió a las “repúblicas populares” orientales a finales de los años 1980. Durante décadas, los verdaderos ingresos en occidente han estado estancados o hasta han caído.

La deuda pública del gobierno y el costo de los esquemas de seguros sociales han provocado la perspectiva de una crisis económica. Al mismo tiempo, el conflicto social ha llegado a alturas peligrosas.

Quizás tendremos que esperar un colapso económico antes que la actual tendencia estatista cambie. Pero aún en el caso de un colapso, es necesario algo más. Una crisis económica no causaría automáticamente un retroceso del estado. El asunto podría ser peor.

De hecho, en la historia occidental reciente, hay sólo dos casos claros donde los poderes del gobierno central realmente fueron reducidos, aunque sólo temporalmente, como resultado de una catástrofe: en Alemania Occidental después de Segunda Guerra Mundial bajo Ludwig Erhard, y en Chile bajo el General Pinochet. Son necesarias ideas y además de una crisis, pero ideas correctas, y hombres capaces de entenderlas y llevarlas a cabo una vez que la oportunidad se presente.

Pero si el curso de la historia no es inevitable, y no lo es, entonces una catástrofe tampoco lo es, ni necesaria, ni inevitable. Por último, el curso de historia está determinado por ideas, sean éstas verdaderas o falsas, y por hombres que actúan inspirados por ideas, verdaderas o falsas.

Pero mientras las falsas gobiernen la catástrofe es inevitable. Por otra parte, una vez que las ideas correctas sean adoptadas y prevalezcan en la opinión pública – y las ideas pueden ser, en principio, cambiadas casi al instante – la catástrofe no tendrá que ocurrir.

El papel de intelectuales.

Esto me trae al papel que los intelectuales deben jugar en el cambio necesario, radical y fundamental, en la opinión pública y el papel que tendrán que jugar también los miembros de las élites naturales, o lo que quede de ellas. Las cargas en ambos lados son pesadas, tan pesadas como lo son el prevenir una catástrofe o surgir con éxito de ella; estas cargas tendrán que ser aceptadas por las élites naturales e intelectuales como su deber natural.

Incluso si la mayor parte de los intelectuales están corrompidos y son en gran parte responsables de la perversión actual, es imposible conseguir una revolución ideológica sin su ayuda. La tiranía de los intelectuales públicos sólo la pueden romper intelectuales antiintelectuales.

Por suerte, las ideas de libertad individual, propiedad privada, libertad de contratación y asociación, responsabilidad personal, y que el poder del gobierno es el enemigo primordial de la libertad y de la propiedad, no morirán mientras haya raza humana, simplemente porque son verdaderas y la verdad triunfa por si misma. Además, los libros de anteriores pensadores, quienes expresaron estas ideas no desaparecerán. Sin embargo, es también necesario que haya pensadores vivientes que lean tales libros y que puedan recordar, repetir, volver a aplicar, afilar, y hacer avanzar estas ideas, y que sean capaces y tengan la voluntad de darles expresión personal y abiertamente oponerse, atacar y refutar a los intelectuales antagónicos.

De estas dos capacidades, competencia intelectual y carácter- el segundo es el más importante, sobretodo en estos tiempos. Desde un punto de vista puramente intelectual, el asunto es comparativamente fácil. La mayor parte de los argumentos estatistas, morales o económicos que oímos un día sí y un día no, son refutados fácilmente como tonterías sin ningún sentido.

Tampoco es raro encontrar intelectuales que, en privado, no creen lo que proclaman, con gran fanfarria, en público. No es una simple equivocación. Deliberadamente dicen y escriben cosas que saben que son falsas. No carecen de intelecto; carecen de moral. Esto por una parte implica que hay que estar listo no sólo para luchar contra la falsedad sino también contra la maldad – y esta es una tarea mucho más difícil y audaz. Además de buenos conocimientos, se requiere de coraje.

Como intelectual anti-intelectual, uno puede esperar que le ofrezcan sobornos- y es asombroso cuan fácilmente pueden ser corrompidas algunas personas: unos cientos de dólares, un viaje agradable, una fotografía con el fuerte y poderoso son demasiado a menudo suficientes para comprar a la gente. Tales tentaciones deben ser rechazadas como desdeñables. Además, en enfrentamientos contra el mal, hay que aceptar que nunca se será infaliblemente “acertado”. No hay ninguna riqueza aguardando, ni promociones magníficas, ni prestigio profesional. De hecho, “la buena fama intelectual” debe considerarse con suma sospecha.

En efecto, no sólo tiene uno que aceptar que será marginado por el establecimiento académico, sino que debe esperar que sus colegas intentarán alguna forma de arruinarlo. Demos sólo una mirada a Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard. Los dos más grandes economistas y filósofos sociales del siglo veinte, fueron considerados no sólo esencialmente inaceptables sino además ineptos para trabajar en establecimientos académicos. Sin embargo nunca cedieron ni una pulgada a lo largo de sus carreras. Nunca perdieron la dignidad ni sucumbieron al pesimismo. Al contrario, ante la adversidad constante, permanecieron impávidos y hasta alegres, y trabajaron con un nivel alucinante de productividad. Estuvieron satisfechos de estar dedicados predicar la verdad y solamente la verdad.

El papel de las élites naturales.

Precisamente aquí entra en juego lo que queda de las élites naturales. Los intelectuales verdaderos, como Mises y Rothbard, no pueden hacer lo que tienen que hacer sin ayuda de las élites naturales. A pesar de todos los obstáculos, para Mises y Rothbard fue posible hacerse oír.

No fueron condenados al silencio. Pudieron enseñar y publicar. Se dirigieron a audiencias e inspiraron gente con su perspicacia e ideas. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de otros.

Mises tuvo a Lawrence Fertig y los fondos de Guillermo Volker, quien pagó su sueldo en NYU, y Rothbard tuvo el Ludwig von Mises Institute, que lo apoyó, le ayudó en la publicación y promoción de sus libros, y le proporcionó el marco institucional que permitió que dijera y escribiera lo que tenía que decir y escribir, y que no podría ser dicho ni escrito dentro de la academia ni dentro de la prensa estatista del Establecimiento.

En alguna época, en la edad predemocrática, cuando el espíritu de igualitarismo no había destruido aún la mayoría de los ricos con mente y juicio independientes, esta tarea de apoyar a intelectuales impopulares fue llevada cabo por estos individuos. ¿Pero quién puede permitirse hoy en día, sin ayuda, emplear a un intelectual en privado, como su secretario o consejero personal, o como profesor de sus hijos? Y aquellos que todavía lo pueden hacer están a menudo profundamente implicados con el gran gobierno, eternamente corrupto – o con la gran alianza comercial, y promueven los mismos cretinos intelectuales que dominan la academia estatista.

Piense solamente en Rockefeller ó en Kissinger, por ejemplo.

De ahí que la tarea de apoyar y mantener vivos los principios de propiedad privada, libertades de contratación, asociación y desasociación y de responsabilidad personal, de enfrentar las falsedades, las mentiras, y la maldad del estatismo, el relativismo, la corrupción moral, y la irresponsabilidad hoy en día sólo puede ser acometida colectivamente reuniendo recursos y apoyando organizaciones, tales como el Instituto von Mises, una organización independiente dedicada a los valores que son la base de la civilización Occidental, intransigente y lejana, hasta físicamente, de los pasillos del poder. Su programa de becas, enseñanza, publicaciones, conferencias, y su programa educativo y sitio web siempre crecientes, no son nada menos que islas de decencia moral e intelectual en un mar de perversión.

Desde luego la primera obligación de cualquier persona decente es consigo mismo y su familia. Debería – en el mercado libre- hacer todo el dinero que pueda, porque mientras más dinero tenga, más beneficioso será para su prójimo.

Pero no es suficiente. Un intelectual debe estar dedicado a la verdad, dé o no dé resultado a corto plazo. Del mismo modo, la élite natural tiene obligaciones que se extienden mucho más allá de ellos y sus familias.

Mientras más acertados son como hombres de negocios y profesionales, y mientras más personas los reconozcan como tales, más importante es que ellos den ejemplo: que se esfuercen por cumplir con los estándares más altos de conducta ética. Esto significa la aceptación como su deber, como su más noble deber, el apoyar abierta, orgullosa, y tan generosamente como puedan, los valores que hayan reconocido como correctos y verdaderos.

Reciben en inspiración de intelectual en retorno, alimento y fuerza, así como la certeza que su nombre vivirá para siempre como individuos excepcionales que se elevaron encima de las masas e hicieron una contribución durable a la humanidad.

El Ludwig von Mises Institute puede ser una institución fuerte, un modelo para la restauración del aprendizaje genuino, y una universidad de enseñanza y escolaridad. Incluso si no vemos el triunfo de nuestras ideas durante la existencia, estaremos eternamente orgullosos de saber que lo dimos todo, y que hicimos lo que toda persona honesta y noble tenía que hacer.

Tomado de: ”Natural Elites, Intellectuals, and the State” (Auburn, Al.: Ludwig von Mises Institute, 1995),

Traducción de Rodrigo Betancur


 


 

Libertad o Socialismo

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La Fachada Intelectual para el Socialismo *

Comparada con la vida en los países de Occidente donde el sector socializado es considerable la vida en el socialismo total es miserable. El estándar de vida es tan deplorable que, en 1961, el gobierno de la socialista Alemania Oriental construyó un sistema de muros, alambre de púas, cercas electrificadas, campos minados, dispositivos de tiro automático, torres de vigilancia, perros amaestrados y vigilantes, a lo largo de 900 millas, para evitar que la gente huyera del socialismo.

La evidencia empírica muestra que el socialismo es un fracaso evidente. Y la causa del fracaso socialista es transparente como un cristal: casi no existe propiedad privada de los medios de producción, y casi todos los factores de producción son de propiedad común de la misma manera en que los Estadounidenses son dueños del Servicio Postal.

¿Por qué entonces, gente aparentemente seria todavía promueve el socialismo? Y, ¿por qué existen aún millares de científicos sociales que quieren poner más y más factores de producción bajo control social en vez de control privado?

Por una parte, claro, algunos socialistas pueden ser simplemente malévolos. Puede que no tengan nada contra la miseria, especialmente si es solamente la miseria de otros, y están a cargo de administrarla mientras viven muy bien de hecho.

Pero estoy interesado en aquellos que promueven el socialismo porque es supuestamente más “productivo” que el capitalismo. Ellos alegan que la evidencia que demuestra lo contrario, como en Alemania Oriental, está fuera de lugar o probablemente es accidental.

Pero, ¿cómo puede alguien negar que las experiencias de Alemania Oriental o Rusia constituyen evidencia decisiva contra el socialismo? ¿Cómo puede puede cierta gente salirse con la suya al divulgar la visión absurda de que la evidencia contra el socialismo es meramente fortuita?

La respuesta radica en la -aparentemente respetable- filosofía empirista. Es el empiricismo lo que escuda al socialismo de su refutación por cuenta de su propio fracaso, y le da al socialismo la credibilidad que aún tiene.

Es por eso que la crítica Miseana del socialismo ataca tanto el socialismo como el empirismo. Ésta explica que existe una necesaria conexión entre el socialismo y los bajos estándares de vida; la experiencia rusa no es accidental; y el esfuerzo del empirista de hacerla parecer un accidente está fundamentada en el error intelectual.

El empirismo está basado en dos presunciones fundamentales: primero, uno no puede saber nada sobre la realidad con certeza, de forma a priori; y segundo, una experiencia no puede probar definitivamente que la relación entre dos o más eventos existe o no. Si se utilizan estas dos premisas como el punto de partida, es fácil despreciar las refutaciones empíricas del socialismo.

El socialista empirista no niega los hechos. De hecho admitirá -muy a su pesar- que los estándares de vida son deplorables en Rusia y en Europa del Este (al momento del artículo). Pero alega que esa experiencia no constituye una prueba en contra del socialismo. En vez de eso, dice el empirista, que las condiciones miserables son el resultado de circunstancias olvidadas o no controladas que serán abordadas en el futuro, luego del cual todos verán que el socialismo significa estándares de vida más altos.

De la mano del empirismo, incluso las abrumadoras diferencias entre Alemania Oriental y Alemania Occidental pueden ser explicadas entonces completamente. El empirista dice, por ejemplo, que se debe a la ayuda del Plan Marshall recibida por Alemania Occidental mientras que Alemania Oriental tuvo que pagar reparaciones a la Unión Soviética; o porque la Alemania Oriental incluía las provincias rurales y menos desarrolladas de Alemania; o debido a que la mentalidad esclavista no fue desechada en la región oriental si no hasta más tarde relativamente; etc, etc.

Ni siquiera el experimento más perfectamente controlado puede sacarnos de este predicamento, porque es imposible controlar cada variable que pueda concebirse como influyente en la variable que tratamos de explicar. Ni siquiera conocemos todas las variables que componen el universo, lo que deja todas las preguntas abiertas a experiencias de reciente descubrimiento.

De acuerdo con el empirismo, no existe forma en que se pueda descartar ningún evento como una causa posible de alguna otra cosa. Incluso las cosas más absurdas dado que hayan acontecido antes en el tiempo- pueden ser causas probables. Por lo tanto el número de excusas no tiene fin.

El socialista empirista puede descartar cualquier cargo que se le levante al socialismo siempre y cuando esté basado solamente en evidencia empírica. Puede alegar que debido a que no podemos saber el resultado de las políticas socialistas en el futuro, debemos probarlas y dejar que la experiencia hable por sí sola. Y no importa que tan malos sean los resultados, el socialista empirista puede rescatarse a si mismo culpando a alguna variable -hasta el momento olvidada- que parezca más o menos plausible. Formulará una nueva hipótesis revisada, y debe supuestamente ponérsela a prueba durante tiempo indefinido.

El empirista dice que la experiencia puede decirle que un esquema de política socialista no alcanzó el objetivo de producir más riqueza. Pero nunca podrá decirle si uno ligeramente distinto producirá mejores resultados. Ni podrá la experiencia decirle que es imposible mejorar la producción de bienes y servicios, o elevar los estándares de vida, a través de cualquier política socialista.

Ahora vemos que tan dogmática es en realidad la filosofía empirista. Muy al contrario de su supuesta apertura y apego a la experiencia, el empirismo es una herramienta intelectual que le inmuniza a uno completamente de la crítica y la experiencia. Es el medio perfecto para la deshonestidad intelectual que permite escudar al socialismo de la deslumbrante verdad de su propio fracaso.

Los aportes económicos de Mises demuestran que el socialismo falla porque viola los principios irrefutables de la Economía entre ellos la ley de intercambio, la ley de utilidad marginal decreciente, la ley ricardiana de asociación, la ley de controles de precios, y la teoría cuantitativa del dinero- que pueden ser deducidas del axioma de la acción humana mediante la lógica aplicada. Y por lo tanto podemos saber de antemano y con absoluta certeza- las consecuencias del socialismo dondequiera que se lo aplique.

Si queremos desenmascarar al socialismo, debemos atacar el absurdo error intelectual que representa el empirismo. Y si queremos derrotar al socialismo, debemos consolidar un sólido argumento Miseano basado en la lógica de la acción humana y las irrefutables leyes de la Economía.

* Publicado originalmente en The Free Market, Febrero 1988 Volumen VI, Número 2. El profesor Hans-Hermann Hoppe enseña Economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y es senior fellow del Ludwig von Mises Institute.

Traducido por Juan Fernando Carpio © 2001-2007 liberalismo.org

Libertad o Socialismo

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A THEORY OF SOCIALISM AND CAPITALISM

Socialismo de Estilo Socialdemócrata

En el último capítulo analicé la versión ortodoxa del socialismo marxista –el socialismo de estilo Ruso, como fue denominado– y expliqué sus efectos sobre el proceso de producción y sobre la estructura moral de la sociedad. Proseguí a señalar que las consecuencias teóricamente esperables del empobrecimiento relativo demostraron ser tan poderosas que de hecho una política de socialización de los medios de producción nunca puede efectuarse hasta sus últimas consecuencias lógicas: socializar todos los medios de producción, sin con ellos provocar un desastre económico inmediato. En efecto, todos los experimentos de socialismo marxista han tenido que reintroducir elementos de la Propiedad Privada sobre los medios de producción para superar o prevenir la bancarrota total. Incluso el más moderado socialismo “de Mercado”, no puede impedir el empobrecimiento relativo de la población, a menos que se abandone la idea de la producción socializada, de una vez por todas.

Más que un argumento teórico, ha sido la decepcionante experiecia del socialismo de estilo ruso, lo que ha traído una declinación constante en la popularidad del marxismo socialista ortodoxo y ha impulsado la aparición y desarrollo del socialismo socialdemócrata moderno, que será el tema de este capítulo. Ambos tipos de socialismo, debe estar claro, provienen de las mismas fuentes ideológicas. Ambos tienen motivación igualitaria, al menos en teoría, y ambos tienen esencialmente el mismo fin: la abolición del capitalismo como sistema social basado en la propiedad privada y el establecimiento de una sociedad nueva, caracterizada por la solidaridad fraternal y la erradicación de la escasez; una sociedad en la que cada cual gana “de acuerdo con su necesidad”. Desde los inicios del movimiento socialista a mediados del siglo diecinueve, sin embargo, existen ideas encontradas sobre los métodos más aptos para alcanzar estos fines. Mientas que generalmente existe acuerdo sobre la necesidad de socializar los medios de producción, existen siempre opiniones divergentes sobre cómo proceder al respecto. Por un lado, siempre hubo quienes propusieron el curso de acción revolucionario. La socialización parcial, tuvieron que tomar pasos áun más avanzados. Estos partidos, en respuesta a las experiencias rusa y europea del este, abandonaron paulatinamente la idea de la producción socializada y en su lugar pusieron más y más énfasis en la idea del gravar el ingreso y ecualizarlo, y por otro lado, la igualdad de oportunidades, como los verdaderos fundamentos del socialismo.

Mientras que este cambio del socialismo ruso al socialdemócrata tomó lugar, y sigue en proceso en todas las sociedades occidentales, no era igualmente fuerte en todas partes. A grosso modo y enfocándonos exclusivamente en Europa, el desplazamiento del viejo socialismo por el nuevo ha sido más pronunciado mientrás más inmediata y directa ha sido la experiencia con el socialismo de estilo ruso de la población donde los partidos socialistas y/o comunistas necesitan encontrar partidarios y votantes. De todos los países grandes, en Alemania Occidental, donde el contacto con esta clase de socialismo ha sido más directa, donde millones de personas aún tienen grandes oportunidades de ver con sus propios ojos lo se le hizo a la gente de Alemania Oriental, este desplazamiento ha sido el más completo. Allí, en 1959, los socialdemócratas adoptaron (mejor dicho, fueron obligados por la opinión pública a hacerlo) un nuevo programa partidario en el cual todo rastro evidente de pasado marxista desapareció, que mencionaba explícitamente la importancia de la propiedad privada y los mercados, que hablaba de la socialización sólo como una mera posibilidad, y que en cambio enfatizaba la importancia de medidas redistributivas. Allí los promotores de una política de socialización de los medios de producción al interior del partido socialdemócrata han sido superados en número desde entonces; y allí mismo los partidos comunistas, aún cuando sólo favorezcan una socialización parcial y pacífica, han sido perdido cualquier importancia. En los países más alejados de la cortina de hierro, como Francia, Italia, España y también Gran Bretaña, esta transformación ha sido menos dramática. Sin embargo, es posible decir que hoy en día sólo el socialismo socialdemócrata, caracterizado por los socialdemócratas alemanes, puede considerarse popular en Occidente. En efecto, parcialmente debido a la influencia de la Internacional Socialista –la asociación de partidos socialistas y socialdemócratas- el socialismo socialdemócrata puede resultar siendo una de las ideologías más difundidas de nuestro tiempo, influyendo cada vez más en los programas políticos y políticas gubernamentales no sólo de partidos explícitamente socialistas, y hasta cierto grado a aquellos de los comunistas occidentales, si no también de grupos y partidos quienes ni en sus sueños más extravagantes se llamarían a sí mismos socialistas, como los demócratas “liberales” de la costa este de los Estados Unidos. Y en el campo de la política internacional las ideas del socialismo socialdemócrata, en particular el enfoque redistribucionista con respecto al -así llamado- conflicto Norte-Sur, se ha convertido en algo así como la posición oficial entre la gente “bien informada” y “bien intencionada”; un consenso que se extiende hasta más allá de quienes se consideran a sí mismos socialistas.

¿Cuáles son las características centrales del socialismo de estilo socialdemócrata? Básicamente existen dos. Primero, en positiva contradistinción con el socialismo marxista tradicional, el socialismo socialdemócrata no prohibe la propiedad privada de los medios de producción e incluso acepta la idea de que todos los medios de producción sean de la Propiedad Privada-con la mera excepción de la educación, el tráficos y las comunicaciones, la banca central y la policía y las cortes. En principio, cualquier persona tiene el derecho de apropiar y poseer medios de producción, venderlos, comprarlos o crearlos, regalarlos o alquilarlos a otros mediante arreglo contractual. Pero en segundo lugar, a ningún propietario de medios de producción le pertenece totalmente el ingreso que pueda obtenerse del uso de su medio de producción y ningún propietario puede decidir cuánto de su ingreso total puede dedicar a consumir y cuánto a invertir. Por el contrario, parte del ingreso obtenido en la producción pertenece por derecho a la sociedad, debe ser entregado a ella, y entonces, de acuerdo a conceptos igualitarios o de justicia redistributiva, es entregado a sus miembros individuales. Tanto así que a pesar de que las proporciones de ese ingreso puedan estar fijadas en cierto momento, la porción que pertenece por derecho al productor es por principio flexible y la determinación de su tamaño –así como el de la porción de éste para la sociedad– no está en manos del productor si no que le pertenece por derecho a la sociedad.

Analizada desde del punto de vista de la teoría natural de la propiedad –la teoría subyacente al capitalismo– la adopción de estas reglas implica que los derechos del propietario natural han sido agresivamente violados. De acuerdo a esta teoría de la propiedad –recordemos– el usuario/propietario de los medios de producción puede hacer lo que desee con ellos; y cualquiera sea el resultado de su uso, es su ingreso privado, que nuevamente puede utilizar como le plazca, siempre y cuando no altere la integridad física de la propiedad de otra persona y opere a través de intercambios voluntarios exclusivamente. Desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad, no existen dos procesos separados, la producción del ingreso, y luego de que se produce, su distribución. Sólo existe un proceso: al producir el ingreso este de distribuye automáticamente; el productor es su dueño. En comparación, el socialismo de estilo socialdemócrata promueve la expropiación parcial del propietario natural al redistribuir parte del ingreso productivo hacia gente que, cualesquiera fueren sus méritos en otros ámbitos, no produjeron el ingreso en cuestión y definitivamente no tienen derechos contractuales sobre él, y quienes además, tienen la posibilidad de dictaminar unilateralmente, i.e., sin tener que contar con el consentimiento del propietario afectado, qué tan lejos puede llegar esta expropiación parcial.

Debe quedar claro a partir de esta descripción que –a pesar de la impresión que espera generar el socialismo socialdemócrata– la diferencia entre ambos tipos de socialismo no es de naturaleza categórica. Por el contrario, es sólo una cuestión de grado. Ciertamente, la primera regla mencionada parece indicar una diferencia fundamental en que permite la propiedad privada. Pero la segunda regla permite en principio la expropiación del ingreso total de un productor y reduce su derecho de propiedad a ser puramente nominal. Desde luego que el socialismo de estilo democrático no necesita llegar tan lejos como para reducir la propiedad privada una existencia meramente nominal. Y debe admitirse que aún cuando la porción de ingreso que el productor tiene que entregar de forma forzada a la sociedad puede ser ciertamente moderada, en la práctica esto puede provocar una tremenda diferencia respecto al desempeño económico. De todas formas, debe comprenderse que desde el punto de vista de la gente no-productiva, el grado de expropiación a los productores privados es un tema de eficacia, lo que basta para reducir la diferencia entre ambos tipos de socialismo, soviético y socialdemócrata, de forma concluyente, a una simple diferencia de grado. Debe ser ya evidente lo que este hecho implica para un productor. Significa que sin importar que tan bajo grado de expropiación sea, sus esfuerzos productivos deben llevarse a cabo bajo la amenaza permanente de que en el futuro la parte de su ingreso expropiada forzosamente puede ser elevada unilateralmente. No es necesario decir mucho para entender cómo esto aumenta el riesgo –o costo de producir– y reduce la tasa de inversión.

Con esto dicho, se ha tomado ya un primer paso para el siguiente análisis. ¿Cuáles son las consecuencias económicas –en el sentido coloquial del término- de adoptar un sistema de socialismo socialdemócrata? Luego de lo dicho, no debería ser una total sorpresa el escuchar respecto a la dirección general de los efectos que éstos son similares a los del socialismo marxista tradicional. Aún así, en la medida en que el socialismo socialdemócrata acometa solamente la expropiación parcial y la redistribución de los ingresos de los productores, pueden evitarse algunos de los efectos empobrecedores que resultarían de una política de total socialización de los medios de producción. Ya que estos recursos pueden todavía ser comprados y vendidos, el problemas más usual de una economía de administradores encargados –que no existen precios para los medios de producción y por ende ni el cálculo monetario ni la contabilidad son posibles, con mal asignaciones y desperdicio de recursos en usos que en el mejor de los casos son de importancia secundaria– se evita. Adicionalmente, el problema de la sobreutilización al menos se reduce. Además, dado que la inversión privada y la formación de capital aún es posible en la medida en que una porción del ingreso productivo aún se le permite utilizar al productor para su uso discrecional, bajo el socialismo de estilo socialdemócrata existe un incentivo relativamente mayor para trabajar, para ahorrar y para invertir.

Sin embargo, de ninguna manera se pueden evitar todos los efectos empobrecedores. El socialismo de estilo socialdemócrata, independientemente de que tan bien se vea en comparación con el socialismo de estilo soviético, necesariamente lleva a una reducción en la inversión y por ende de la riqueza futura con respecto al capitalismo.9 Al quitarle parte del ingreso productivo a los propietarios-productores, sin importar que tan pequeña sea esa parte, y entregársela a gente que no produjo el ingreso en cuestión, los costos de producción (que jamás son cero, ya que producir, apropiar, contratar, siempre implican al menos el uso del tiempo, que podría ser utilizado para otro fin, para el ocio, el consumo o el trabajo subterráneo, por ejemplo) se elevan, y mutatis mutandis, los costos de no producir o de producir de forma subterránea caen relativamente. Como consecuencia habrá relativamente menos producción e inversión, aunque por razones que discutiremos en breve, el nivel absoluto de producción y riqueza aún pueda incrementarse. Habrá relativamente más ocio, más consumo y más informalidad, y a fin de cuentas, un empobrecimiento relativo. Y esta tendencia será más pronunciada mientras mayor sea el ingreso productivo que sea redistribuido, y mientras más inminente sea la posibilidad de que la sociedad incremente su proporción en el futuro, de forma unilateral y no-contractual.

Por mucho tiempo la idea más popular para implementar la política general del socialismo socialdemócrata fue redistribuir el ingreso monetario por medio del impuesto a los ingresos o un impuesto a las ventas general aplicado a los productores. Una mirada a esta técnica en particular deberá clarificar nuestro punto y evitar algunos malentendidos frecuentemente sostenidos acerca del efecto general de empobrecimiento relativo. ¿Cuál es el efecto económico de introducir impuestos a los ingresos o a las ventas donde no existía ninguno antes, o de elevar un nivel impositivo a nuevas alturas? 10 Para responder a esto, voy a ignorar por el momento la complicación que presentan las diversas formas de redistribuir el dinero de los impuestos a diferentes individuos o grupos de individuos –éstas serán discutidas más adelante en este capítulo. Aquí solo tomaremos en cuenta el hecho general, verdadero por definición para todos los sistemas redistributivos, de que cualquier redistribución de dinero obtenido mediante impuestos es una transferencia de los productores de ingreso monetario y receptores contractuales de dinero hacia otra gente en calidad de no productores y receptores no contractuales de ingresos monetarios. Crear o elevar impuestos significa entonces el ingreso monetario que se obtiene de la producción se reduce para el productor y se incrementa para gente en el papel de no productores y no contratistas. Esto cambia los costos relativos de producción con fines monetarios versus la no producción o la producción sin fines monetarios. En consecuencia, al ser percibido este cambio por la gente, ésta paulatinamente recurrirá más al consumo del ocio y/o la producción con fines de trueque, simultáneamente reduciendo sus esfuerzos productivos llevados a cabo utilizando dinero. En cualquier caso, la cantidad de bienes para ser comprados mediante dinero caerá, lo que es igual a decir que el poder adquisitivo del dinero decrece, y por ende el estándar general de vida será menor.

Contra este razonamiento a veces se argumenta que frecuentemente se ha observado empíricamente que una elevación del nivel de tributación ha Estado acompañado por una elevación (y no una caída) del producto interno bruto (PIB), y que el razonamiento anterior, por posible que sea, debe ser considerado inválido empíricamente. Este supuesto contra argumento demuestra una mal comprensión muy simple: una confusión entre reducción absoluta y relativa. En el análisis anterior se llega a la conclusión de que el efecto de tener impuestos más altos es una reducción relativa en la producción orientada a retornos monetarios; esto es, una reducción con respecto al nivel de producción que se hubiera logrado si el nivel de tributación no se hubiera alterado. No dice o implica nada sobre el nivel absoluto de producción logrado. De hecho, el crecimiento absoluto del PIB no solo es compatible con nuestro análisis si no que puede ser visto como un fenómeno perfectamente normal en la medida en que los avances en productividad sean posibles y tenga lugar en la práctica. Si se ha vuelto posible -mediante mejoras en la tecnología de producción- producir una provisión mayor con recursos similares (en términos de costos), o una cantidad idéntica con menores recursos, entonces la posibilidad de coincidencia entre el aumento en tributación y aumento de producción no debe ser sorprendente. Pero, para estar claros, esto no afecta en nada la validez de lo dicho acerca del empobrecimiento relativo que resulta de los impuestos.

Otra objeción que disfruta de cierta popularidad es aquella de que elevar los impuestos conduce a una reducción en el ingreso monetario, y que esta reducción eleva la utilidad marginal del dinero comparada con otras formas de ingreso (como el ocio) y entonces, en vez de disminuirla, en realidad ayuda a incrementar la tendencia a trabajar buscando retornos monetarios. Esta observación, debe quedar claro, es totalmente cierta. Pero es un error pensar que de alguna manera puede invalidar la tesis del empobrecimiento relativo. En primer lugar, para tener la imagen completa debe notarse que a través de la tributación no sólo el ingreso de alguna gente (los productores) se reduce, si no que simultáneamente el ingreso monetario de otra gente (los no productores) se incrementa, y para esta otra gente la utilidad marginal del dinero se reduce y por lo tanto su inclinación a trabajar por un retorno monetario se reduce. Pero esto no es de ninguna manera todo lo que necesita saberse, pues podemos quedarnos con la impresión de que la tributación no afecta en nada la cantidad de bienes intercambiables –ya que reduce la utilidad marginal del ingreso monetario para unos y la incrementa para otros, con ambos efectos cancelándose mutuamente. Pero esta impresión seria un error. En realidad, esto seria una negación de lo expuesto: que una elevación de impuestos, i.e., una contribución monetaria impuesta y no buscada, sobre los productores de ingreso, ha tenido lugar realmente y ha sido percibida como tal –y por lo tanto implicaría una contradicción lógica. Intuitivamente, la falla en la creencia de que la tributación es “neutra” con respecto al volumen de producción se vuelve evidente tan pronto como el argumento se lleva a su extremo lógico. Significaría que la expropiación total del ingreso monetario de los productores y su transferencia hacia un grupo de no productores no cambiaría nada [p.50], ya que la ociosidad aumentada de los no productores provocada por esta redistribución seria plenamente compensada por una adicción al trabajo incrementada en el caso de los productores (lo cual es ciertamente un absurdo). Lo que se ignora en este tipo de razonamiento es que la introducción de impuestos o la elevación de cualquier nivel preexistente no sólo implica favorecer a los no productores a expensas de los productores, si no que simultáneamente cambia, tanto para los productores y no productores de ingreso monetario, el costo implícito en distintos métodos de lograr un ingreso monetario creciente. Ahora es relativamente menos costoso obtener ingreso monetario adicional a través de medios no productivos, i.e., no produciendo en realidad más bienes si no participando en el proceso de adquisición no contractual de los bienes ya producidos. Incluso si los productores están de hecho más enfocados a generar dinero adicional para compensar un impuesto más elevado, no lo harán a través de intensificar sus esfuerzos productivos si no cada vez más mediante métodos parasitarios. Esto explica por qué la tributación no es ni jamás puede ser, neutra. Con tributación (o su elevación) un sistema legal de incentivos estructurales se institucionaliza: uno que cambia los costos relativos de producción para retornos monetarios versus la improductividad, incluyendo improductividad con fines de ocio e improductividad con fines monetarios, y también versus la producción con retornos no monetarios (trueque). Y si tal estructura de incentivos se aplica a toda una población, entonces, necesariamente una disminución de bienes producidos para obtener retornos monetarios será el resultado.

Mientras que los impuestos a los ingresos y a las ventas son las técnicas más comunes, en ellos no termina el repertorio de métodos redistributivos del socialismo socialdemócrata. No importa de qué manera se redistribuya el dinero de los impuestos entre los individuos que componen una sociedad específica, no importa por ejemplo hasta que nivel el ingreso monetario se iguale, ya que los individuos pueden y de hecho viven distintos estilos de vida y por lo tanto asignan distintas proporciones de su ingreso monetario asignado a ellos para consumo o para la formación de riqueza de uso no productivo, más tarde o más temprano emergerán diferencias nuevamente entre la gente, si no con respecto a su ingreso monetario, sí con respecto a su nivel de riqueza privada. Y no debe sorprendernos que estas diferencias sean correspondientemente más pronunciadas si es que existe una ley de herencias puramente contractual. Por lo tanto, el socialismo socialdemócrata, motivado por su celo igualitario incluye la riqueza privada en sus esquemas políticos y le pone un impuesto también, y en particular crea un impuesto a la herencia para satisfacer la queja popular con respecto a “riqueza no ganada” que reciben los herederos.

Económicamente, estas medidas inmediatamente reducen la cantidad de formación de riqueza privada. Mientras que el disfrute de la riqueza privada se vuelva más costoso mediante el impuesto, menos riqueza nueva será creada, el consumo aumentará –incluyendo el de riqueza que no tenía fines de producción- y el estándar general de vida, que por supuesto depende de los conforts derivados de la riqueza privada, decaerá.

Se arriba a conclusiones similares acerca de los efectos empobrecedores cuando el tercer gran campo de las políticas impositivas –el de los “activos naturales”- se analiza. Por razones que se discutirá más adelante, este campo junto al de los tradicionales de tributación del ingreso monetario y la riqueza privada, ha ganado más importancia con el tiempo bajo la idea de ecualización de las oportunidades. No tomó demasiado descubrir que la posición en la vida que ocupa una persona no depende exclusivamente del ingreso monetario o la riqueza basada en bienes no productivos. Existen otras cosas que son importantes en la vida y que generan beneficio, aunque no sea en la forma de dinero u otros bienes transables: una buena familia, una educación, salud, una buena apariencia, etc. Llamaré estos bienes no transables de los cuales pueden derivarse un beneficio (psíquico), “activos naturales”. Al socialismo redistributivo, guiado por ideales igualitarios, le irritan las diferencias existentes en la posesión de tales activos, y trata, si no de erradicar, al menos de moderarlos. Pero estos activos, siendo no-transables, no pueden ser fácilmente expropiados y luego redistribuidos sus beneficios. Tampoco es muy práctico, por decir lo menos, alcanzar este objetivo mediante la reducción directa del ingreso no monetario derivado de activos naturales desde la gente de alto ingresos (psíquicos) hacia la de bajos ingresos mediante, por ejemplo, arruinar la salud de los sanos y al hacerlo, volverlos iguales a los enfermos, o golpeando los rostros de la gente atractiva para hacerlos verse como sus menos afortunados semejantes. Por lo tanto, el método común que el socialismo socialdemócrata propone para crear “igualdad de oportunidades” es gravar con impuestos los activos naturales. A la gente de la que se piensa que recibe un beneficio no-monetario de uno de estos activos, como la salud, se le somete a un impuesto adicional, para ser pagado monetariamente. Este impuesto se redistribuye luego a aquella gente cuyo ingreso respectivo es relativamente bajo, para ayudar a compensarles por el hecho. Un impuesto se crea, por ejemplo, sobre los sanos para ayudar a los enfermos a pagar sus cuentas médicas, o a los atractivos para ayudar a pagar a los poco atractivos por una cirugía plástica o para comprarse un trago de forma que puedan olvidar su situación. Las consecuencias económicas de tales esquemas redistributivos deberían estar claras. En la medida en que el ingreso psíquico, representado por el hecho de tener salud por ejemplo, requiera un esfuerzo productivo que implique costos y tiempo, y debido a que la gente puede en principio pasar de roles productivos a roles no-productivos, o canalizar sus esfuerzos productivos hacia diferentes líneas de producción de bienes transables o no transables menos gravadas o no gravadas con impuestos, lo harán debido a los mayores costos involucrados en la producción de salud personal. La producción general de la riqueza en cuestión decaerá, es decir, el estándar general de salud se reducirá. E incluso con activos realmente naturales, como la inteligencia, acerca de los cuales la gente admisiblemente no puede hacer nada o puede hacer muy poco, las consecuencias del mismo tipo se harán realidad, sólo que una generación después. Al percatarse de que es relativamente más costoso ser inteligente y menos ser poco inteligente, y deseando tantos beneficios (de todo tipo) como sea posible para los hijos de uno, el incentivo para que la gente inteligente tenga descendencia ha sido disminuido y ha sido aumentado a su vez para los menos inteligentes.

Y además, en cualquier caso de tributación sobre los activos naturales, cierto para el caso de la salud y el caso de la inteligencia, ya que el ingreso monetario se ve gravado con impuestos, una tendencia similar a aquella resultante del impuesto a los ingresos será el resultado, i.e., una tendencia a reducir los propios esfuerzos encaminados hacia el ingreso monetario y en cambio paulatinamente encaminarse hacia actividades productivas sin fines monetarios (trueque) o a distintos tipos de actividades improductivas. Y, por supuesto, esto nuevamente reduce el estándar general de vida.

Pero esto no es todo lo que debe ser dicho sobre las consecuencias del socialismo de estilo socialdemócrata, ya que éste tiene remotos pero no menos importantes efectos sobre la estructura social-moral de una sociedad, los cuales se vuelven visibles cuando uno considera los efectos de largo plazo de la introducción de políticas redistributivas. Ya no debe ser una sorpresa que en este particular también, la diferencia entre el socialismo de estilo soviético y el socialismo socialdemócrata, aunque tenga detalles altamente interesantes, no es de naturaleza fundamental.

Como debe recordarse, el efecto del primero en la formación de tipos de personalidad era doble, reduciendo el incentivo para desarrollar habilidades productivas y favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de talentos políticos. Esta es precisamente la consecuencia general del socialismo socialdemócrata. Dado que el socialismo socialdemócrata favorece roles no-productivos tanto como los productivos que escapan el escrutinio público y por tanto no pueden ser alcanzados por los impuestos, el carácter de la población cambiará en concordancia con ello. Este proceso puede ser lento, pero mientras esa estructura de incentivos peculiar establecida por las políticas redistributivas perdure, estará en operación constante. Tendrá lugar menos inversión en el desarrollo y mejora de las habilidades productivas personales, y como consecuencia, la gente se volverá progresivamente menos capaz de generarse ingresos por su cuenta, al producir o contratar. Y a medida que el grado de tributación aumente y el círculo de ingresos gravados aumente, la gente gradualmente desarrollará personalidades tan inconspicuas, tan uniformes y tan mediocres como es posible –al menos en lo que concierne a la apariencia pública. Al mismo tiempo, al tiempo que el ingreso de una persona se vuelve dependiente de la Política, i.e., en la decisión social de cómo redistribuir el dinero de los impuestos (el que se obtiene, debe estar claro, no por contrato si no al imponer la voluntad de una persona sobre la de otra), mientras más dependiente sea, más gente deberá politizarse, i.e., más tiempo y energía tendrá que invertir en el desarrollo de talentos especiales para lograr beneficios personales a costa (i.e. de forma no acordada) de otros o para impedir que tal explotación ocurra.

La diferencia entre los dos tipos de socialismo radica (solamente) en lo siguiente: bajo el socialismo de estilo soviético el control social sobre los medios de producción, y por tanto del ingreso producido mediante ellos, es completo, y hasta ese punto no parece haber más campo para el debate político sobre el grado apropiado de politización de la sociedad. El tema finaliza –tanto como concluye al otro lado del espectro, bajo el capitalismo puro, donde no existe espacio alguno para la política y todas las relaciones son exclusivamente contractuales. Bajo el socialismo socialdemócrata, por otro lado, el control social sobre el ingreso producido de forma privada es solamente parcial, y un control incrementado o total existe solamente como un concepto social no ejercido aún, siendo una amenaza latente que pende sobre las cabezas de los productores privados. Pero vivir bajo la amenaza de ser gravado totalmente con impuestos en vez de hallarse ya en ese Estado, explica una interesante característica del socialismo socialdemócrata con respecto al desarrollo general y progresivo de personalidades políticas. Explica por qué bajo un sistema de socialismo socialdemócrata el tipo de politización es diferente del que ocurre en el socialismo de estilo soviético. Bajo este último, se consume tiempo y esfuerzos improductivamente, discutiendo cómo distribuir el ingreso socialmente apropiado; bajo el primero, claro está, esto también ocurre, pero se consume tiempo y esfuerzos en querellas políticas respecto al tema de cuan grande o pequeña debe ser la proporción de ingreso socialmente administrado. En un sistema de medios de producción socializados donde este tema se resuelve de una vez por todas, existe más alejamiento relativo de la vida pública, así como resignación y cinismo que pueden observarse. En el socialismo socialdemócrata por otro lado, donde la pregunta aún está abierta, y donde los productores y no-productores aún pueden esperanzarse en mejorar su posición mediante una tributación disminuida o aumentada (respectivamente), tiene menos de esa retirada hacia la privacidad y en cambio más frecuente ha sido que la gente se involucre activamente en la agitación política ya sea a favor o en contra del aumento del control social del ingreso.

Explicada la similaridad general tanto como esta diferencia específica entre ambos tipos de socialismo, queda la tarea de presentar un análisis corto de algunas fuerzas modificadoras que influyen en el desarrollo general de personalidades improductivas de tipo político. Estos se ven afectados por distintos enfoques sobre el patrón de redistribución deseado. Los socialismos de estilo soviético y socialdemócrata se enfrentan ambos a la cuestión de cómo distribuir el ingreso que se encuentra bajo control social. Para el socialismo de estilo soviético el tema es qué salarios pagar a los individuos que han sido asignados a distintas posiciones en la economía de administradores encargados. Para el socialismo redistributivo el tema es cuánto dinero de impuestos asignar a quién. Mientras que en principio existen formas innumerables de hacerlo, la filosofía igualitaria de ambas variantes de socialismo efectivamente reduce las opciones disponibles a tres tipos. El primero es el método de equiparar en mayor o menor medida el ingreso monetario de todos (y posiblemente también la riqueza privada de fines no-productivos). Profesores, doctores, trabajadores de la construcción y mineros, administradores de fábricas y personal de limpieza ganan todos prácticamente el mismo salario, o la diferencia entre ellos se reduce sustancialmente. No se requiere de mucha explicación para percatarse de que este enfoque reduce el incentivo para trabajar de forma dramática, ya que no tiene importancia –en términos de salario- si uno trabaja diligentemente u holgazanea la mayoría del tiempo. Por tanto, dada la disutilidad del trabajo como un hecho de la existencia humana, la gente progresivamente pasará más tiempo de forma ociosa, con el ingreso promedio que todos parecen tener garantizado cayendo en forma constante. Por ende, este enfoque fortalece la respectiva tendencia hacia el desinterés, la desilusión, el cinismo y mutatis mutandis, contribuye a una reducción correspondiente en la atmósfera general de politización. El segundo enfoque tiene la meta más moderada de lograr un ingreso mínimo que, aunque normalmente ligado al ingreso igualado, es más bajo que éste. Esto también reduce el incentivo para trabajar, ya que en la medida en que sean productores marginales de ingreso con ingresos derivados de la producción apenas por encima del mínimo, la gente se inclinará a reducir o incluso detener totalmente su trabajo, disfrutar del ocio en vez, y contentarse con el ingreso mínimo. De este modo más gente que lo normal caerá por debajo de la línea de ingreso mínimo, o más gente conservará o adquirirá las características necesarias para recibir ese salario mínimo que en situaciones normales, y como consecuencia nuevamente el ingreso promedio con respecto al cual ese salario mínimo está ligado caerá por debajo del nivel al que de otra forma hubiera llegado. Pero, desde luego, el incentivo para trabajar se reduce en un grado menor en el segundo enfoque versus el primero. Por otro lado, el segundo enfoque conducirá a un nivel más alto de politización activa (y menos de desinterés resignado), porque a diferencia de un ingreso promedio que puede ser establecido objetivamente, el nivel en el cual se fije el salario mínimo es un asunto completamente subjetivo y arbitrario, y es por eso que se vuelve un asunto político para el debate permanente.

Sin lugar a dudas, el más alto grado de politización activa se alcanza cuando el tercer enfoque distributivo se elige. Su objetivo, ganando más y más prominencia para la socialdemocracia, es alcanzar la igualdad de oportunidades. La idea es crear, mediante medidas redistributivas, una situación en la cual la oportunidad general de alcanzar una posición (de ingresos) en la vida es igual –muy en el espíritu de una lotería, en la cual cada ticket tiene la misma posibilidad de ganar o perder- y, adicionalmente, con el fin de tener un mecanismo correctivo para situaciones de “mala suerte inmerecida” (sea lo que sea eso) que podría emerger en el curso de un juego de azar. Tomada literalmente, claro, esta idea es absurda: no existe forma de igualar las oportunidades de alguien que vive en los Alpes y alguien que reside en la costa. Adicionalmente, parece bastante claro que la idea del mecanismo correctivo es simplemente incompatible con el concepto de la lotería. Y sin embargo es este grado de vaguedad y confusión lo que contribuye al atractivo popular del concepto. Lo que constituye una oportunidad, lo que vuelve una oportunidad diferente o igual, mejor o peor, qué tanta compensación y de qué tipo se necesita para igualar las oportunidades que evidentemente no pueden ser igualadas en términos materiales (como en el ejemplo Alpes-costa), lo que es mala suerte inmerecida y qué puede ser su compensación, son todos asuntos completamente subjetivos. Dependen de evaluaciones subjetivas, cambiantes como son, y existe entonces –si uno en realidad aplica el concepto de igualdad de oportunidades- una reserva ilimitada de toda clase de peticiones distributivas, por todo tipo de razones y para toda clase de personas. Esto es así, particularmente, porque ecualizar las oportunidades es compatible con demandas de que haya diferencias en ingreso monetario o riqueza privada. A y B pueden tener el mismo ingreso y ser igualmente ricos, pero A puede ser negro, o mujer o tener mala vista, o ser un residente de Texas, o puede tener diez hijos, o carecer de esposo, ser mayor de 65, mientras que B puede no ser nada de esto si no algo distinto, y por tanto A puede aducir que sus oportunidades de lograr lo que desea en la vida son diferentes, o peores, de las de B, y que debe ser compensado por esto, volviendo sus ingresos monetarios -que eran iguales antes- diferentes. Y B, por supuesto, puede argumentar de la misma forma simplemente al revertir la valoración de oportunidades implicada. Como consecuencia, un grado de politización inusitado será el resultado. Todo parece juego abierto ahora, y tanto productores como no-productores, los primeros con propósitos defensivos y los segundos con fines agresivos, serán empujados hacia utilizar más y más tiempo en el papel de generar, destruir y refutar las demandas redistributivas. Y debe estar claro que esta actividad, al igual que las actividades de ocio, no sólo es improductiva si no que se encuentra en claro contraste con el disfrute de actividades de ocio, e implica el uso de tiempo con el propósito de perturbar el disfrute sereno de la riqueza producida, al igual que la producción de nueva.

Pero no sólo se estimula el incremento de la politización (largamente por encima del nivel implicado en el socialismo generalmente) al promover la idea de igualar las oportunidades. Existe una vez más, y ésta es una de las características más interesantes del nuevo socialismo socialdemócrata comparado con su forma marxista tradicional, un nuevo y diferente carácter del tipo de politización implicado en este. Bajo cualquier política de redistribución, deberá existir gente que se dedique a promoverla y darle apoyo. Y normalmente, aunque no exclusivamente, lo hará la gente que se beneficie más de ella. Por lo tanto, bajo un sistema de ecualización de ingreso y riqueza y también bajo una política de ingreso mínimo, son principalmente los “no-propietarios” quienes promueven esa politización de la vida social. Dado el hecho de que en promedio éstos suelen ser los que tienen capacidades intelectuales -en particular verbales- menores, se generan actividades políticas que parecen carecer de gran sofisticación intelectual, por decir lo menos. Puesto de forma más drástica, la política tiende a parecer vacía, tonta y desagradable, incluso para un número considerable de los “no-propietarios”. Por otro lado, al adoptarse la idea de “igualdad de oportunidades”, las diferencias en ingreso monetario y riqueza privada no sólo existirán si no que se volverán más pronunciadas, dado que se toleran las discrepancias en la estructura de oportunidades para compensar las diferencias anteriores. Ahora, en este tipo de política, los propietarios pueden participar también. En efecto al ser los propietarios quienes poseen habilidades verbales superiores, y siendo la tarea de definir oportunidades mejor o peor esencialmente una basada en el poder de la retórica persuasiva, este es exactamente el juego que les viene bien. Por lo tanto de entre ellos saldrán las fuerzas dominantes en el proceso de politización.

Gradualmente será más la gente de sus filas que llegará a la cima de la organización partidaria socialista, y correspondientemente la apariencia y retórica de la política socialista tomará una forma distinta, volviéndose más y más intelectualizada, cambiando su atractivo y generándose una nueva clase de seguidores.

Con esto he llegado al punto en el análisis del socialismo socialdemócrata donde sólo unos pocos comentarios y observaciones se necesitan para ilustrar la validez de las consideraciones teóricas descritas. A pesar de que no afecte en absoluto la validez de las conclusiones anteriores, al depender exclusivamente como dependen de la veracidad de las premisas y la validez de las deducciones, desafortunadamente no existe ningún caso ideal, cuasi-experimental, para ilustrar la mecánica del socialismo socialdemócrata en contraste con el capitalismo, como fue el caso de Alemania del Este y Alemania del Oeste respecto al socialismo de estilo soviético. Ilustrar el tema implicaría una comparación de sociedades manifiestamente distintas donde ceteris claramente no es paribus, y donde no se podría relacionar limpiamente ciertas causas con ciertos efectos. Muchas veces, los experimentos de socialismo socialdemócrata simplemente no han durado lo suficiente, o han sido interrumpidos repetidamente por políticas que no podrían ser definitivamente clasificadas como socialdemócratas. O bien desde el principio han Estado tan mezcladas con diferentes –e incluso incongruentes- políticas como resultado del compromiso político, que en realidad las diferentes causas y efectos están tan entremezclados y ninguna evidencia ilustradora puede lograrse para alguna de las tesis con cierto grado de especificidad. La tarea de desenredar las causas y efectos se vuelve una tarea teórica nuevamente, careciendo de la persuasión peculiar que posee una evidencia experimentalmente generada.

A pesar de ello existen evidencias, aunque de una calidad menos que perfecta. Primero, a nivel de las observaciones altamente globales, la tesis general del empobrecimiento relativo ocasionado por el socialismo redistributivo se ve ilustrada por el hecho de que el estándar de vida es correspondientemente superior, y se ha vuelto aún más con el tiempo, en los Estados Unidos de América que en Europa Occidental, o más específicamente, que en los países de la Comunidad Europea (C.E.) Ambas regiones son comparables con respecto al tamaño de la población, la diversidad cultural y étnica, la tradición y herencia, y también con respecto a los recursos naturales, pero los Estados Unidos son comparativamente más capitalistas y Europa más socialista. Cualquier observador neutral difícilmente dejará de notar este punto, ilustrado también por medidas como el gasto estatal respecto al PIB, que es aproximadamente 35 por ciento en los Estados Unidos comparado con 50 por cierto o más en Europa Occidental. También entra en la imagen el hecho de que los países europeos (en particular Gran Bretaña) exhibieron tasas más impresionantes de crecimiento económico en el siglo diecinueve, que ha sido descrito persistentemente por los historiadores como el período del liberalismo clásico, que en el siglo veinte, el cual en contraste ha sido denominado el siglo del socialismo y el estatismo. De la misma forma la validez de la teoría está ilustrada por el hecho de que Europa Occidental ha sido sobrepasada cada vez más en tasas de crecimiento económico por algunos países del Asia Pacífico, tales como Japón, Hong Kong, Singapur y Malasia; y que estos últimos, al adoptar un curso relativamente más capitalista, han logrado un nivel de vida más elevado que los países de inclinación socialista que arrancaron al mismo tiempo con la misma base de desarrollo económico, como la India.

Arribando a observaciones más específicas, están las experiencias recientes de Portugal, donde en 1974 el régimen autocrático de Salazar basado en socialismo conservador (sobre este tipo de socialismo ver el siguiente capítulo), que había mantenido a Portugal como uno de los países más pobres de Europa, fue suplantado en una revuelta por el socialismo redistributivo (con elementos de nacionalización) y donde desde entonces el estándar de vida ha caído aún más, convirtiendo literalmente al país en una región del tercer mundo. También está el experimento socialista de la Francia de Miterrand, que produjo un deterioro inmediato de la situación económica, tan evidente –siendo lo más conspicuo una elevación drástica en el desempleo y devaluaciones monetarias repetidas- que luego de menos de dos años, la reducción del apoyo al gobierno forzó una reversión de las políticas, que fue casi cómica al representar prácticamente una negación completa de lo que solo hace semanas se había presentado como sus convicciones más adoradas.

El caso más instructivo, sin embargo, puede ser provisto por Alemania nuevamente, y en esta ocasión, Alemania Occidental. De 1949 a 1966 existió un gobierno liberal-conservador que mostró un admirable compromiso con los principios de una economía de mercado, aunque desde el inicio existió un grado considerable de elementos de socialismo conservador involucrados y estos elementos ganaron mayor importancia con el tiempo. En todo caso, de todas las naciones europeas grandes, durante este período Alemania Occidental fue en términos relativos, definitivamente el país más capitalista, y el resultado de eso fue que se convirtió en la sociedad más próspera de Europa, con tasas de crecimiento que superaban ampliamente a todos sus vecinos. Hasta 1961, millones de refugiados alemanes y posteriormente millones de trabajadores extranjeros de los países del sur de Europa fueron integrados a esta creciente economía, donde el desempleo y la inflación eran prácticamente desconocidos. Luego, después de un breve periodo transicional, de 1969 a 1982 (un lapso de tiempo casi igual) un gobierno socialista-liberal liderado por la socialdemocracia tomó las riendas. Elevó los impuestos y las contribuciones a la seguridad social considerablemente, incrementó el número de funcionarios públicos, vertió fondos fiscales adicionales en programas sociales existentes y creó otros nuevos, y aumentó significativamente el gasto en toda clase de así llamados bienes “públicos”, “de esta forma supuestamente igualando las oportunidades y mejorando la ‘calidad de vida general’”. Al recurrir a una política keynesiana de gasto deficitario e inflación no anunciada, los efectos de elevar las provisiones mínimas socialmente garantizadas a los no productores, a expensas de los productores altamente gravados con impuestos, pudieron ser retrasados por unos pocos años (el lema de la política económica del canciller Helmut Schmidt era “preferible 5% que 5% de desempleo”). Solo iban a volverse más drásticos más adelante, empero, debido a que la inflación no anticipada y la expansión del crédito habían creado y prolongado la sobreinversión (mala inversión realmente) típica de un boom. Como resultado, no sólo que hubo más de 5% de inflación, si no que el desempleo se elevó constantemente y llegó al 10%; el crecimiento del PIB se volvió más y más lento hasta que cayó en términos absolutos durante los últimos años del período. En vez de ser una economía creciente, el número absoluto de gente empleada decreció; más y más presión se generó sobre los trabajadores extranjeros salgan del país y las barreras migratorias fueron simultáneamente elevadas a niveles jamás existentes. Todo esto sucedió mientras la importancia de la economía informal (subterránea) crecía constantemente.

Pero estos fueron solamente los más evidentes efectos de lo que se define estrechamente como económico. Hubieron otros efectos de distinto tipo, los cuales fueron en realidad de importancia más duradera. Con el nuevo gobierno socialista-liberal la idea de igualar las oportunidades se llevó al frente de la ideología. Y como fue predicho teóricamente, fue en particular la propagación oficial de la idea mehr Demokratie wagen (“arriésgate a tener más democracia”)- inicialmente uno de los slogans más populares de la nueva etapa (la de Willy Brandt)- lo que llevó a un grado de politización jamás antes conocido. Todo tipo de demandas fueron elevadas en nombre de la igualdad de oportunidades; y difícilmente quedaba alguna esfera de la vida, desde la infancia hasta la vejez, desde las condiciones laborales a las de la recreación, que no fuera escrutada intensamente en busca de posibles diferencias que existieran para distintas personas con respecto a las oportunidades definidas más relevantes. Nada sorprendente fue que tales oportunidades y diferencias fueron halladas constantemente y en concordancia, el reino de la política parecía expandirse casi todos los días. “No existe asunto que no sea político” podía escucharse con más y más frecuencia. Para mantenerse a la altura de esta tendencia los partidos en el poder tenían que cambiar también. En particular los Social Demócratas, tradicionalmente un partido de los trabajadores, debía desarrollar una nueva imagen. Con la idea de la igualación de oportunidades ganando terreno, cada vez más se convirtió –como podía predecirse- en el partido de la intelligentsia (verbal), de los cientistas sociales y de los profesores. Y este “nuevo” partido, casi como para probar el punto de que el proceso de politización estará sustentado principalmente por aquellos que pueden beneficiarse de sus esquemas redistributivos y que el trabajo de definir las oportunidades es esencialmente arbitrario así como un tema de poder retórico, volvió una de sus preocupaciones principales el canalizar las más diversas energías políticas desatadas hacia el campo de la igualación, sobre todo, de las oportunidades educativas. En particular, “igualaron” las oportunidades de una educación colegial y universitaria, al ofrecer los servicios respectivos no sólo de forma gratuita si no literalmente pagando a grandes grupos de estudiantes para que los aprovechen. Esto no sólo elevó la demanda de educadores, profesores y cientistas sociales, cuya paga naturalmente tenía que provenir de impuestos. También equivalía, lo cual es irónico para un partido socialista que argumentaba que igualar las oportunidades educativas implicaría una transferencia de los ricos a los pobres, en la práctica a un subsidio pagado a los más inteligentes a costa de una reducción del ingreso de los menos brillantes, y en la medida en que hubieran grandes números de gente inteligente entre las clases medias y altas que entre las clases bajas, un subsidio a los propietarios pagado por los no-propietarios. Como resultado de este proceso de politización impulsado por un número cada vez mayor de educadores pagados mediante impuestos que ejercen su influencia sobre más y más alumnos, se generará (como sería predecible) un cambio en la mentalidad de la gente. Se empezó a considerar paulatinamente normal el satisfacer toda clase de exigencias a través de medios políticos, y reclamar toda clase de supuestos derechos contra otra gente supuestamente más acomodada y su propiedad; y para una generación entera de personas criadas durante este período, se volvió cada vez menos natural pensar en mejorar la propia situación mediante esfuerzos productivos o por contrato. Por tanto, cuando la crisis económica generada necesariamente por la política redistributiva llegó, la gente estaba menos capacitada que nunca para sobreponerse a ella, porque al pasar el tiempo la misma política había debilitado precisamente esas habilidades y talentos que eran ahora urgentemente requeridos. Altamente revelador es que cuando el gobierno socialista-liberal fue sacado del poder en 1982, principalmente debido a su desempeño económico obviamente miserable, aún prevalecía la opinión de que la crisis debía resolverse no mediante eliminar las causas, i.e., los inflados mínimos para no-productores y no-contratistas, si no al contrario, por medio de otra medida redistributiva: mediante igualar forzadamente el tiempo de trabajo disponible para la gente empleada y la desempleada. Y en concordancia con este espíritu el nuevo gobierno conservador-liberal no hizo en la práctica si no volver más lenta la tasa de crecimiento de los impuestos.

Tomado de

Traducido por

 

 

Libertad o Socialismo

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El Conservadurismo

En los dos capítulos anteriores las formas de socialismo más conocidas e identificadas como tales, y que derivaron básicamente de las mismas fuentes ideológicas, fueron discutidas: el socialismo de tipo ruso, más claramente representados en su momento por los países del bloque comunista de Europa Oriental; y el socialismo de tipo socialdemócrata, con sus representantes más típicos siendo los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa Occidental y en menor grado por los “liberals” en los Estados Unidos. Las reglas de propiedad subyacentes a sus políticas fueron analizados y fue planteada la idea de que uno puede aplicar los principios de propiedad del socialismo de tipo ruso o de tipo socialdemócrata en distintos grados: uno puede socializar todos los medios de producción o sólo un puñado, uno puede confiscar via tributos y redistribuir todo el ingreso y casi todos los tipos de ingreso, o uno puede hacerlo en una proporción menor de sólo algunas formas de ingresos. Pero, como fue demostrado por medios teóricos y también de forma menos rigurosa a través de evidencia empírica ilustradora, en la medida en que uno se aproxime a estos principios y no abandone de una vez por todas la noción de derechos de propiedad para los no-productores (no-usuarios) y no-contratistas, el resultado será el empobrecimiento relativo.

Este capítulo mostrará que lo mismo es cierto con respecto al conservadurismo pues éste, también, es una forma de socialismo. El conservadurismo también genera pobreza, y mucho más mientras más resueltamente se aplique. Pero antes de adentrarnos en un análisis económico sistemático y detallado de las formas peculiares en que el conservadurismo causa este efecto, sería apropiado darle un breve vistazo a la historia, de forma en que podamos entender mejor por qué el conservadurismo es en efecto socialismo, y cómo se relaciona con las dos formas igualitaristas de socialismo discutidas previamente.

A grosso modo, antes del siglo dieciocho en Europa y alrededor del mundo, existía un sistema social de “feudalismo” o “absolutismo” que en realidad era feudalismo a mayor escala. En términos abstractos, el orden social feudalista estaba caracterizado por un señor regional que reclamaba la propiedad sobre algún territorio, incluyendo todos sus recursos y bienes, y con bastante frecuencia de todas las personas ubicadas en éste, sin existir apropiación original de ellos a través del uso o trabajo, y sin tener un contrato con ellas, respectivamente.

Por el contrario, el territorio, o mejor dicho, las partes de él y los bienes ubicados sobre él, habían sido ya activamente ocupados, usados y producidos por otras personas antes (los “propietarios naturales”). Por ende, los alegatos de propiedad de los señores feudales se derivaban de la nada. Por tanto la práctica, basada en estos derechos de propiedad, de arrendar tierra y otros factores de producción a los propietarios naturals a cambio de bienes y servicios unilateralmente fijados por el amo feudal, tenía que ser ejecutada contra la voluntad de estos propietarios naturales por medio de violencia armada y fuerza bruta, con la ayuda de una casta de militares nobles que eran recompensados por el amo permitiéndoseles participar y compartir esos métodos de explotación y sus frutos. Para el hombre común sometido a este orden de las cosas, la vida significaba tiranía, explotación, estancamiento económico, pobreza, hambruna y desesperanza. Como podría esperarse, hubo resistencia a este sistema. Sin embargo, y curiosamente (desde una perspectiva contemporánea), no era la población campesina la que sufría el orden existente, sino los mercaderes y comercian quienes se volvieron los opositores activos del sistema feudal. El comprar a un precio más bajo en un lugar, viajar y vender a un precio más alto en un lugar distinto, como hacían, volvía relativamente débil su subordinación a cualquier señor feudal.

Eran esencialmente una clase de hombres “internacionales”, cruzando las fronteras de los distintos territorios feudales constantemente. Como tales, para hacer negocios requerían un sistema legal estable, internacionalmente válido: un sistema de reglas, válido independientemente de momento y lugar, que definiera propiedad y contrato, que facilitara la evolución de las instituciones de crédito, banca y seguros, esencial en cualquier negocio comercial de gran escala. Naturalmente, esto causó fricción entre los mercaderes y los señores feudales, siendo estos últimos representantes de sistemas legales regionales variados y arbitrarios. Los mercaderes se volvieron los disidentes del orden feudal, permanentemente amenazados y molEstados por la casta de la nobleza militar que intentaba ponerlos bajo su control.

Para huir de esta amenaza, los mercaderes se vieron forzados a organizarse y establecer puestos comerciales fortificados en los mismísimos confines de los centros de poder feudal. Como lugares de extraterritorialidad parcial y al menos parcial libertad, atrajeron rápidamente grupos crecientes de campesinos que huían de la explotación feudal y la miseria económica, y se volvieron pequeños pueblos, motivando el desarrollo de actividades y emprendimientos que no podrían haber emergido dentro de los confines de la explotación y la inestabilidad legal característicos del orden feudal mismo. Este proceso fue más pronunciado donde los poderes feudales eran relativamente débiles y donde el poder estaba dispersado entre un gran número de señores feudales a veces muy pequeños y rivales. Fue en las ciudades del norte de Italia, las ciudades de la Liga Hanseática y en las de Flandes que el espíritu del capitalismo floreció por primera vez, y el comercio y la producción alcanzaron sus niveles más altos.

Pero esta emancipación parcial de las restricciones y el estancamiento del feudalismo fue solo temporal, y fue proseguido por la reacción y el declive. Esto se debió en parte a las debilidades internas en el movimiento de la nueva clase comerciante en sí misma. La forma de pensar feudal estaba demasiado arraigada en las mentes de los hombres, en términos de rangos asignados a la gente, de subordinación y de poder, y de que el orden debía ser impuesto mediante coerción. Por tanto, en los centros de comercio de reciente aparición, un nuevo conjunto de regulaciones y restricciones –esta vez de origen “burgués”- se estableció, se formaron gremios que limitaban la libre competencia y una oligarquía mercante emergió. Más importante aún fue otro hecho, sin embargo, para este proceso reaccionario. En su camino a liberarse a sí mismos de las intervenciones explotadoras de los señores feudales, los mercaderes tuvieron que buscar aliados naturals. De forma muy comprensible, encontraron aliados así entre aquellos de quienes en la casta feudal, si bien eran comparativamente más poderosos q ue otros nobles, tenían sus centros de poder a una distancia relativamente mayor de las poblaciones comerciales que buscaban apoyo. Al alinearse a sí mismos con la clase mercantil, buscaban extender su poder más allá de su alcance actual a expensas de otros señores feudales más pequeños. Para lograr este objetivo primero otorgaron ciertas exenciones de las obligaciones “normales” que había para los sujetos del dominio feudal, a los centros urbanos emergentes, y así asegurando su existencia como lugares de libertad parcial, y obtenían protección de los poderes feudales circundantes.

Pero tan pronto como la alianza hubo tenido éxito en su intento conjunto de debilitar a los amos locales y el aliado “extranjero” de los pueblos mercantes se hubo establecido como el verdadero poder fuera de su territorio tradicional, éste avanzaba y se establecía a sí mismo como un superpoder feudal, es decir, en una monarquía, con un rey que imponía sus reglas abusivas sobre aquellos en el sistema feudal ya existente. El absolutismo había nacido; y éste no era nada sino feudalismo a gran escala, con el declive económico otra vez puesto en marcha, los pueblos desintegrados y el estancamiento y la miseria de vuelta. No fue sino hasta las postrimerías del siglo diecisiete e inicios del dieciocho, en que el feudalismo estuvo bajo duro asedio realmente. Para entonces el ataque fue más severo, pues no era simplemente el intento de hombres pragmáticos –los mercaderes- de asegurarse esferas de libertad relativa para poder conducir sus asuntos. Era cada vez más una batalla ideológica luchada contra el feudalismo. La reflexión intelectual sobre las causas del auge y caída del comercio y la industria que se habían experimentado, y un estudio más intensivo de la ley romana y en particular de la ley natural, que habían ambas sido redescubiertas en el transcurso de la lucha de los mercaderes para desarrollar una ley mercante internacional y justificarla contra los alegatos rivales de la ley feudal, había llevado a una comprensión más sólida del concepto de libertad, y de la libertad como un prerrequisito para la prosperidad económica. A medida que estas ideas, culminando en trabajos como los “Dos tratados sobre el Gobierno” de John Locke en 1688 y “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith en 1776, permeaban y ocupaban las mentes de un círculo cada vez mayor de gente, el viejo orden perdió su legitimidad. La vieja forma de pensar en términos de lazos feudales gradualmente cedió el paso a la idea de una sociedad contractual. Finalmente, como expresiones externas de este distinto Estado de las cosas en la opinión pública, se produjeron La Gloriosa en 1688 en Inglaterra, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789; ya nada fue igual luego de que estas revoluciones ocurrieron. Aquellas probaron, de una vez y para la posteridad, que el viejo orden no era invencible, y encendieron una luz de esperanza para avanzar aún más en el camino hacia la libertad y la prosperidad.

El Liberalismo, como se llamó el movimiento ideológico que generó estos acontecimientos monumentales, emergió de estas revoluciones más fuerte que nunca y se volvió por algo más de medio siglo, la fuerza ideológica dominante en Europa Occidental. Fue el partido de la libertad y de la propiedad privada adquirida a través de ocupación y contrato, asignando al Estado meramente el rol de hacer cumplir estas normas naturales. Con los residuos del sistema feudal aún funcionando por todas partes, aunque sacudido en sus fundamentos ideológicos, fue el partido que representaba una sociedad liberalizada, desregulada y contractualizada, interna y externamente, es decir, tanto en asuntos domésticos como en asuntos y relaciones exteriores. Y mientras que bajo la presión de las ideas liberales las sociedades europeas se volvieron progresivamente libres de restricciones feudales, también se volvió el partido de la Revolucion Industrial, que fue causada y estimulada por este mismo proceso de liberalización. El desarrollo económico fue echado a andar a un ritmo jamás antes experimentado por la humanidad. La industria y el comercio florecieron, y la formación y acumulación de capital alcanzaron nuevas alturas. Si bien el estándar de vida no se elevó inmediatamente para todos, se volvió posible sostener a una población importante –es decir, gente que sólo unos años antes, bajo el feudalismo, hubiese muerto por hambre debido a la falta de riqueza económica, y que ahora podían sobrevivir. Adicionalmente, con el crecimiento poblacional tomando lugar por debajo de la tasa de crecimiento del capital, ahora todos podían esperar de forma realista una pronta mejora en sus estándares de vida.

Es frente a este trasfondo de la Historia (algo abreviado, desde luego, tal como ha sido presentado) que el fenómeno del conservadurismo como forma de socialismo y su relación con las dos versiones de socialismo originadas en el marxismo puede ser visto y apreciado. Todas las formas de socialismo son respuestas ideológicas al desafío presentado por el avance del liberalismo; pero su posición enfrentada al liberalismo y al feudalismo –el viejo orden que el liberalismo ha ayudado a destruir- difiere considerablemente. El avance del liberalismo había estimulado el cambio social a un ritmo, a un grado y en variaciones desconocidas hasta entonces. La liberalización de la sociedad significaba que cada vez más sólo podrían mantener cierta posición social antes adquirida, aquellos quienes lo hicieran al producir más eficientemente para las necesidades más urgentes de consumidores voluntarios, con costos tan bajos como fuese posible, y basándose exclusivamente en relaciones contractuales con respecto a la obtención de factores de producción, y en particular, del recurso humano. Los imperios productivos construidos solamente por la fuerza temblaban bajo tal presión. Y dado que la demanda de los consumidores a la cual la estructura productiva debía adaptarse (y ya no viceversa) cambiaba constantemente, y el surgimiento de nuevos emprendimientos se volvía progresivamente menos regulado (en la medida en que era el resultado de apropiación original y/o contrato), nadie contaba ya con una posición relativa segura en la jerarquía de ingreso y riqueza. En lugar de eso, la movilidad social ascendente o descendente aumentó significativamente, ya que ni los dueños de factores productivos ni los dueños de servicios laborales eran ya inmunes a los cambios respectivos en la demanda. Ya no existían precios ni ingresos estables garantizados para ellos. El viejo marxismo y el nuevo socialismo socialdemócrata fueron la respuesta igualitarista a este desafío del cambio, la incertidumbre y la movilidad social. Como el liberalismo, apreciaban la destrucción del feudalismo y el avance del capitalismo. Se dieron cuenta de que fue el capitalismo el que liberó a la gente de los abusivos lazos feudales y producía enormes mejoras en la economía; y entendieron que el capitalismo, y el desarrollo de las fuerzas productivas traído por él, era un paso evolutivo necesario y positivo en la vía hacia el socialismo. El socialismo, como lo conciben esas dos corrientes, comparte las mismas metas que el liberalismo: libertad y prosperidad.

Pero supuestamente el socialismo da un paso adelante sobre los logros del liberalismo al suplantar al capitalismo –la anarquía de la producción de competidores privados que causa el cambio, la movilidad, incertidumbre y desazón en el tejido social ya mencionados- en su más alto grado de desarrollo por una economía racionalmente planeada y coordinada que previene las inseguridades derivadas de que el cambio se sienta a nivel individual. Desafortunadamente, desde luego, como los dos capítulos anteriores han demostrado suficientemente, es una idea bastante confundida. Es precisamente al hacer que los individuos se vuelvan insensibles al cambio por medio de medidas redistributivas que el incentivo de adaptarse rápidamente a cualquier cambio futuro desaparece, y por tanto el valor, en términos de la valoración que los consumidores dan a la producción generada, caerá. Y es precisamente debido a que un plan general suplanta a lo que parecen ser múltiples planes descoordinados entre sí, que la libertad individual es reducida y, mutatis mutandis, el dominio de un hombre sobre otro se ve incrementado.

El Conservadurismo, por otro lado, es la respuesta anti-igualitaria, reaccionaria, a los cambios dinámicos puestos en marcha por una sociedad liberalizada: es anti-liberal y, en vez de reconocer los logros del liberalismo, tiende a idealizar y glorificar el viejo sistema feudal como algo ordenado y estable. Siendo un fenómeno postrevolucionario como es, no aboga necesariamente ni de manera frontal por un retorno al status quo prerrevolucionario y acepta ciertos cambios, aunque sea entre lamentos, como irreversibles. Pero le molesta poco cuando presencia que viejos poderes feudales que habían perdido todo o una parte de sus tierras a manos de propietarios naturales en el transcurso de la liberalización recuperen su antigua posición, y definitivamente y abiertamente propaga la conservación del status quo, es decir, la distribución altamente desigual de la propiedad, la riqueza y el ingreso. Su idea es detener o frenar los cambios permanentes y los procesos de movilidad social traídos por el liberalismo y el capitalismo de forma tan completa como sea posible, y en su lugar, recrear un sistema social ordenado y estable en el que cada cual permanezca con seguridad la posición que el pasado le había otorgado.

Para lograrlo, el conservadurismo debe, y de hecho lo hace, promulgar la legitimidad de medios no contractuales en la adquisición y retención de propiedad e ingreso derivado de ella, ya que precisamente fue el uso exclusive de relaciones contractuales lo que causó la permanencia del cambio en la distribución relativa del ingreso y la riqueza. Así como el feudalismo admitía la adquisición y defensa de la propiedad y la riqueza por la fuerza, asimismo el conservadurismo es indiferente al que la gente haya adquirido o no su posición de ingresos y riqueza mediante apropiación original y contrato. En efecto, el conservadurismo considera apropiado y legítimo que una clase de propietarios ya establecida, tenga el derecho de detener cualquier cambio social que considere una amenaza a su posición relativa en la jerarquía del ingreso y la riqueza, aún si los distintos propietarios-usuarios de los factores de producción no aceptan tal arreglo. El Conservadurismo, entonces, debe ser considerado como el heredero ideológico del feudalismo. Y como el feudalismo debe ser descrito como socialismo aristocrático (lo cual debe quedar suficientemente claro en su caracterización en las líneas anteriores), el conservadurismo debe ser considerado como el socialismo del establishment burgués. El Liberalismo, al cual tanto las versiones igualitarias y conservadoras del socialismo, son respuestas ideológicas, alcanzó el máximo de su influencia alrededor de mediados del siglo XIX. Probablemente sus últimos logros de entonces gloriosos fueron la abolición de las Leyes del Maiz en Inglaterra (1846), lograda por Richard Coben, John Bright y la liga anti-ley del maíz, y las revoluciones continentales de 1848. Entonces, debido a debilidades internas e inconsistencias en la ideología del liberalismo, las diversiones y división que las aventuras imperialistas de variados Estados-nación habían generado, y finalmente pero no menos importante, debido al atractivo que las distintas versiones de socialismo con sus variadas promesas de seguridad y estabilidad tenían y tienen aún frente un fuerte disgusto que el cambio y movilidad social dinámicos puede generar en el público, el liberalismo empezó a declinar. El socialismo le suplantó cada vez más como fuerza ideológica dominante, revirtiendo de esa forma el proceso de liberalización y nuevamente imponiendo más y más elementos no-contractuales (involuntarios) en la sociedad.

En diferentes momentos y lugares, diversos tipos de socialismo han encontrado asidero en la opinión pública en distintos grados, asi es que hoy en día se puede hallar huellas de todos ellos por todas partes y de la suma de sus respectivos efectos empobrecedores en el proceso de producción, el mantenimiento de riqueza y la formación del carácter social. Pero es la influencia del socialismo conservador, en particular, el que debe ser señalado, especialmente debido a que es frecuentemente soslayado o subestimado. Si hoy en día las sociedades de Europa Occidental pueden ser descritas como socialistas, esto se debe en mucho mayor medida al socialismo de cuño conservador que al de ideas igualitarias. Es la forma peculiar en que el conservadurismo ejerce su influencia, sin embargo, lo que explica por qué esto frecuentemente no se percibe. El conservadurismo no sólo configura la estructura social por medio de políticas públicas; especialmente en sociedades como las europeas donde el pasado feudal nunca fue totalmente derrumbado y un gran número de remanentes feudales sobrevivieron incluso al auge del liberalismo.

Una ideología como el conservadurismo también ejerce su influencia, muy discretamente, simplemente al mantener el status quo y permitir que las cosas continúen siendo hechas de acuerdo a las viejas tradiciones. ¿Cuáles son entonces los elementos específicamente conservadores de las sociedades actuales y cómo es que producen empobrecimiento relativo? Con esta pregunta, retornamos al análisis sistemático del conservadurismo y sus efectos económicos y socioeconómicos. Una caracterización abstracta de las normas sobre la propiedad que subyacen al conservadurismo y una descripción de estas normas desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad serán nuevamente el punto de arranque.

Existen dos de esas normas. Primero, el socialismo conservador, al igual que el socialismo socialdemócrata, no prohíbe la propiedad privada. Por el contrario: todo –todos los factores de producción y toda la riqueza que no se utiliza para la producción- puede en principio ser poseído privadamente, vendido, comprado, arrendado, con la excepción de nuevo solamente de tales áreas como la educación, el tráfico y las comunicaciones, la banca central y la producción de seguridad. Pero en segundo lugar, ningún propietario es dueño del total de su propiedad ni del total del ingreso que pueda derivarse de su uso. Más bien, parte de ello pertenece a la sociedad y la sociedad tiene el derecho de asignar el ingreso y la riqueza actuales y futuros a sus miembros individuales de tal manera que se preserve la distribución relativa antigua del ingreso y la riqueza. Y también es el derecho de la sociedad el determinar que tan grande o pequeña debe ser la porción de ingreso y riqueza que será administrada y qué se necesita exactamente para preservar una distribución de ingreso y riqueza específica.

Desde la perspectiva de la teoría natural de la propiedad, el sistema de propiedad del conservadurismo nuevamente implica una agresión contra los derechos de los propietarios naturales. Los propietarios naturales de las cosas pueden hacer lo que deseen con ellas, en tanto no cambien sin autorización la integridad de la propiedad de otros. Esto implica, en particular, su derecho a modificar su propiedad o destinarla a distintos usos para adelantarse a cambios anticipados en la demanda y así preservar o posiblemente mejorar su valor; y también les da el derecho a beneficiarse privadamente de los incrementos de valor en su propiedad que se generen de cambios no anticipados en la demanda, es decir de cambios que fueron simple buena fortuna, pero que no previeron ni efectuaron. Pero al mismo tiempo, ya que de acuerdo a los principios de la teoría natural de la propiedad cada propietario está protegido sólo de la invasión y la adquisición no contractual y transferencia de títulos de propiedad, también implica que todos corren el riesgo permanente y constante de que a través de cambios en la demanda o acciones de otros propietarios sobre su propiedad, el valor de sus propiedades caigan bajo su nivel dado. De acuerdo a esta teoría, sin embargo, nadie es dueño del valor que otros atribuyan a su propiedad y nadie por tanto, en ningún momento dado, tiene el derecho legal de preservar y restaurar el valor de su propiedad. En claro contraste, el conservadurismo apunta precisamente a tal preservación o restauración de valoraciones y su distribución relativa. Pero esto sólo es posible, desde luego, si una redistribución en la asignación de títulos de propiedad tiene lugar. Ya que el valor de la propiedad de nadie depende exclusivamente de las acciones individuales sobre su propiedad, si no también y de forma inevitable, de las acciones de otras personas realizadas con medios limitados bajo su propio control (y más allá de cualquier control de otros), para preservar los valores de las propiedades alguien –una persona o un grupo de ellas- debería poder poseer legítimamente todos los medios escasos (mucho más allá de los que en realidad son controlados o usados por esta persona o grupo de ellas). Es más, este grupo debe literalmente poseer todos los cuerpos de las personas, ya que el uso que una persona hace de su cuerpo también puede influir (aumentar o disminuir) los valores existentes de la propiedad. Así, para poder lograrse la meta conservadora, una redistribución de títulos de propiedad debe darse desde los usuarios-propietarios de recursos escasos hacia gente que, cualesquiera fuesen sus méritos pasados como productores, no hagan uso actual o hayan contratado aquellas cosas cuya utilización llevara a al cambio en la distribución dada de valoraciones. Comprendido esto, la primera conclusión con respecto al efecto económico general del conservadurismo emerge con claridad: con los propietarios naturales de las cosas siendo total o parcialmente expropiados en beneficio de los no-usuarios, no-productores y no-contratistas, el conservadurismo elimina o reduce el incentivo de los primeros para hacer algo con respecto al valor de la propiedad existente y adaptarse a los cambios en la demanda. Los incentivos para estar alertas y anticipar cambios en la demanda, para adaptar rápidamente la propiedad existente y usarla de forma consistente con tales nuevas circunstancias, para aumentar sus esfuerzos productivos, y para ahorrar e invertir se ven reducidos, en vista de que los posibles beneficios de tal comportamiento ya no pueden ser cosechados privadamente si no que serán socializados. Mutatis mutandis, el incentivo de no hacer nada para evitar la pérdida de valor de la propiedad de uno por debajo del nivel actual se verá incrementado, ya que las posibles pérdidas resultantes de tal comportamiento ya no tendrán que ser cosechadas privadamente si no que serán también socializadas. De este modo, ya que todas esas actividades –evitar riesgos, ser perceptivos, adaptarse, ser tesoneros y ahorrar- son costosas y requieren el uso de tiempo y posiblemente otros recursos escasos que podían ser usados alternativamente de otros tipos -para el ocio y el consumo, por ejemplo- habrá menos actividades del primer tipo y más del segundo, y como consecuencia el estándar general de vida caerá. Por tanto, uno tendrá que concluir que la meta conservadora de preservar las valoraciones existentes y la distribución de cosas valiosas entre los diferentes individuos sólo puede ser logrado a costa de una caída general en el valor de los bienes recién producidos y de los bienes antiguos mantenidos, es decir, una menor riqueza social. Se ha vuelto evidente ya que desde el punto de vista del análisis económico, existe una similitud asombrosa entre el socialismo conservador y el socialismo socialdemócrata. Ambas formas de socialismo implican una redistribución de títulos de propiedad quitándoselos a los productores/contratistas para dárselos a los no-productores/no-contratistas, y de ese modo ambas separan el proceso de producción y contrato del proceso de adquisición real de ingreso y riqueza. Al hacer esto, ambos socialismos vuelven la adquisición de ingreso y riqueza un asunto político –un asunto, entonces, en el transcurso del cual una persona o grupo impone su voluntad sobre el uso de los medios escasos sobre la voluntad de otros, renuentes a ello; ambas versiones de socialismo, aunque en principio declaren la propiedad común de todo el ingreso y la riqueza producidos para beneficiar a su nicho de no-productores favorecido, permiten que sus programas sean implementados de forma gradual y llevados a cabo en distintos grados; y ambos, como consecuencia de todo esto, tienen que –en la medida en que sus políticas respectivas sean en efecto puestas en práctica- llevar a un empobrecimiento relativo.

La diferencia entre el conservadurismo y lo que ha sido llamado socialdemocracia radica exclusivamente en el hecho de que apelan a distinta gente o distintos sentimientos en la misma mente en tanto y en cuanto prefiera una forma distinta en que el ingreso y la riqueza quitada forzosamente a los productores son luego redistribuidos a los no-productores. El socialismo redistributivo asigna ingresos y riqueza a los no-productores independientemente de sus logros pasados como propietarios de riqueza o generadores de ingreso, o incluso trata de erradicar tales diferencias. El conservadurismo, por otro lado, asigna el ingreso a los no-productores de acuerdo con un pasado desigual de ingreso y riqueza y apunta a estabilizar la distribución del ingreso existente y las diferencias existentes.

La diferencia entonces es meramente una de sicología social: al favorecer distintos patrones de distribución, otorgan privilegios a diferentes grupos de no-productores. El socialismo redistributivo particularmente favorece a los menos ricos entre los no-productores, y expolia principalmente a los más ricos de entre los productores; y por tanto, tiende a encontrar a sus seguidores entre los primeros y a sus enemigos entre los últimos. El conservadurismo otorga privilegios especiales a los más ricos dentro del grupo de no-productores y particularmente daña los intereses de los menos ricos de entre la gente productiva; de tal modo que tiende a encontrar seguidores principalmente entre los primeros y causa desesperanza, desazón y resentimiento entre estos últimos. Pero aunque es cierto que ambos sistemas de socialismo son muy parecidos desde un punto de vista económico, la diferencia entre ellos con respecto a su fundamento socio-sicológico no deja de tener un impacto en su economía. Que quede claro que este impacto no afecta el empobrecimiento general resultante de la expropiación de productores (como se explicó arriba), que ambos tienen en común. En lugar de eso, influye sobre las decisiones que el socialismo socialdemócrata por un lado y el conservadurismo por el otro toman acerca de los instrumentos o técnicas específicos a su disposición para alcanzar sus objetivos distributivos. La técnica preferida por los socialdemócratas son los impuestos, como se describió y analizó en el capítulo anterior. El conservadurismo puede utilizar este instrumento también, desde luego; y en efecto tiene que hacer uso de él en algún grado, aunque fuera sólo para financiar la imposición de sus políticas. Pero la tributación no es su técnica preferida, y la explicación de esto se encuentra en la socio-sicología del conservadurismo. Dedicado a la preservación de un status quo de posiciones de ingreso, riqueza y status social, los impuestos son un instrumento demasiado “progresista” para alcanzar objetivos conservadores. El recurrir a los impuestos significa que uno permitió que ocurran cambios en la distribución de la riqueza y el ingreso y sólo luego, cuando ya tuvieron lugar, uno rectifica las cosas y restaura el viejo orden de las cosas. Sin embargo, el proceder de esta forma no solo genera resentimientos, particularmente entre aquellos cuyos esfuerzos les llevaron a mejorar su posición relativa primero y luego son nivelados nuevamente. Pero también, al permitir que el progreso ocurra y luego tartar de deshacerlo, el conservadurismo debilita su propia justificación, es decir, su razonamiento de que cierta distribución del ingreso y la riqueza es legítima porque es la que siempre ha existido. Por tanto, el conservadurismo prefiere que los cambios no ocurran para empezar, y prefiere usar políticas que prometan precisamente esto, o en su defecto, que prometan volver tales cambios menos evidentes. Existen tres tipos de políticas de ese tipo: los controles de precios, las regulaciones y los controles de comportamiento social, todas las cuales –quede claro- son medidas socialistas tanto como lo son los impuestos, pero todas ellas curiosamente relegadas en los esfuerzos por medir el grado total de socialismo en distintas sociedades, de la misma forma en que la importancia de los impuestos en este sentido ha sido sobreestimada. Discutiré ahora esos esquemas específicos de políticas conservadoras.

Cualquier cambio en los precios (relatives) evidentemente causa cambios en la posición relativa de la gente proveyendo los bienes o servicios respectivos. Por tanto, para fijar su posición parecería que todo lo que se necesita hacer es fijar precios –esta es la justificación conservadora para introducir controles de precios. Para verificar la validez de esta conclusión, los efectos económicos de la fijación de precios necesitan ser examinados. Para empezar, se asume que un control de precios selectivo sobre un producto o grupo de productos ha sido puesto en vigor y que el precio fijado ha sido decretado como el precio por encima o por debajo del cual el producto podría no venderse. Ahora bien, en la medida en que el precio fijado es idéntico al del mercado, el control de precios simplemente será inefectivo. Los efectos peculiares de la fijación de precios sólo pueden darse toda vez que no sean idénticos. Y dado que la fijación de precios no elimina las causas que generaron los cambios de precios, pero simplemente decreta que ninguna atención debe prestárseles, ello ocurre tan pronto como aparece cualquier cambio en la demanda, por la razón que sea, para el producto en cuestión. Si la demanda aumenta (y los precios, sin intervención, aumentarían también) entonces el precio fijado se convierte en la práctica en un precio máximo efectivo, es decir, un precio por encima del cual se vuelve ilegal vender. Si la demanda decrece (y los precios, sin intervención, caerían también) entonces el precio fijo se vuelve un precio mínimo efectivo, es decir, un precio por debajo del cual se vuelve ilegal vender. La consecuencia de imponer un precio máximo es una demanda excesiva para los bienes provistos. No todo el mundo que desea comprar al precio fijado es capaz de hacerlo. Y esta carestía durará por tanto tiempo como a los precios no se les permita aumentar respondiendo a la mayor demanda, y por tanto, no existe posibilidad para los productores (que podría asumirse que estaban produciendo hasta el punto en que el costo marginal, es decir, el costo de producir la última unidad del producto en cuestión, sea igual a la ganancia marginal) para dirigir recursos adicionales hacia la línea de producción específica, es decir, aumentando la oferta sin incurrir en pérdidas. Colas, racionamientos, favoritismo, pagos por debajo de la mesa y mercados negros, se volverán aspectos permanentes de la vida. Y las carestías y otros efectos secundarios que acarreen se incrementarán más, ya que ese exceso de demanda para los bienes con precios fijos se regará hacia otros bienes no-controlados (en particular, desde luego, a los sustitutos), aumentarán sus precios y crearán un incentivo adicional para mover recursos desde las líneas de producción controladas hacia las líneas de producción no controladas.

Imponer un precio mínimo, es decir, un precio por encima del precio potencial de mercado y por debajo del cual las ventas se vuelven ilegales, mutatis mutandis produce un exceso de oferta por sobre la demanda. Existirá un exceso de bienes producidos que simplemente no encontrarán compradores. Y nuevamente: este exceso continuará por tanto tiempo como los precios no sean permitidos de bajar habiendo bajado la demanda del bien en cuestión. Lagos de leche y vino, montañas de mantequilla y granos, para citar algunos ejemplos, se desarollarán y crecerán; y a medida que los contenedores se llenan será necesario destruir repetidamente la producción excesiva (o, como alternativa, habrá de pagarse a los productores para ya no producir tal exceso). La producción superavitaria se volverá aun más agravada porque el precio artificialmente alto atrae una inversión de recursos mayor en esa área en particular, que entonces se volverán faltantes en otras líneas de producción donde hay en realidad una mayor necesidad de ellos (en términos de demanda de los consumidores), y donde como consecuencia, los precios de los productos se elevarán.

Los precios máximos o mínimos generan empobrecimiento. En cualquier caso llevarán a una situación en que existe demasiados recursos (en términos de demanda de los consumidores) en áreas productivas de menor importancia y no los suficientes en áreas de mayor importancia. Los factores de producción ya no pueden ser asignados de forma en que las necesidades más apremiantes sean satisfechas primero, las siguientes en urgencia en segundo lugar, etc, o dicho con más precisión, de forma que la producción de cualquier bien determinado no se extienda por encima (o por debajo) del nivel en el cual la utilidad de la producción marginal caiga debajo (o se mantenga encima) de la utilidad marginal de cualquier otro producto. Más bien, la imposición de controles de precio significa que necesidades menos urgentes son satisfechas a costa de una satisfacción reducida de necesidades más urgentes. Y esto no significa si no el que el estándar de vida se verá reducido. Que la gente desperdiciará su tiempo buscando bienes porque existe una oferta escasa, o que se desecharán bienes porque se mantienen artificialmente en superávit, son sólo dos de los síntomas más conspicuos de esta riqueza social disminuida. Pero eso no es todo. El análisis anterior también revela que el conservadurismo no podría ni siquiera alcanzar su objetivo de estabilidad distributiva por medio de un control de precios parcial. Con precios sólo parcialmente controlados, las perturbaciones en las posiciones de ingreso y riqueza tendrían que darse de todos modos, ya que los productores en las áreas no controladas, o en líneas de producción con precios mínimos son favorecidos a expensas de aquellos en líneas controladas o en líneas de producción con precios máximos. Por lo tanto seguirá existiendo un incentivo para que los productores individuales cambien de una línea de producción a otra, más rentable con la consecuencia de que las diferencias en la capacidad de alerta empresarial y la habilidad para prever y adaptarse a esos cambios tan rentables aumentarán y resultarán en perturbaciones del orden establecido. El conservadurismo entonces, si en realidad es intransigente en su compromiso con la preservación del status quo, se ve obligado a expandir constantemente el círculo de bienes sujetos a controles de precios y no podrá detenerse si no hasta un control o congelamiento de precios total.

Sólo si los precios de todos los bienes y servicios, tanto de capital como de consumo, se congelan a cierto nivel, y el proceso de producción es así separado completamente de la demanda –en vez de desconectar la producción y la demanda sólo en ciertos puntos o sectores como ocurre bajo controles de precios parciales- parecería posible preservar un orden distributivo en su totalidad. Nada sorprendente, sin embargo, es que deba pagarse un precio mucho más alto por ese conservadurismo total que el que se pagará sólo con controles de precio parciales. Con controles de precio totales, la propiedad privada de los medios de producción es de hecho abolida. Aún puede haber propietarios privados nominalmente, pero el derecho a determinar el uso de su propiedad y de entablar en cualquier intercambio contractual que consideren beneficioso se pierde por completo. Las consecuencias de esta expropiación silenciosa a los productores son una reducción del ahorro y la inversión y, mutatis mutandis, un incremento en el consumo. Debido a que uno ya no puede obtener los frutos del propio trabajo que el mercado esté dispuesto a darnos, se pierde un motivo para trabajar. Y adicionalmente, ya que los precios están fijados –independientemente del valor que los consumidores otorguen a los productos en cuestión- habrá también una razón menos para preocuparse de la calidad del tipo de trabajo o producción en que uno aún se esté desempeñando, y por tanto la calidad de todos y cada uno de los productos caerá.

Pero aún más importante que esto es el empobrecimiento que resulta del caos en la asignación de recursos creado por los controles globales de precio. Mientras todos los precios de los productos, incluyendo los de los costos de producción y en particular de los salarios, estén congelados, la demanda de distintos productos aún cambia constantemente. Sin controles de precios, los precios seguirían la dirección de estos cambios y de ese modo crean un incentivo para retirarse de áreas productivas menos valoradas hacia áreas de producción más valoradas. Bajo controles de precios globales, este mecanismos es destruido completamente. Si la demanda de un producto aumenta, se generará desabastecimiento debido a que los precios no pueden elevarse, y consecuentemente, porque la rentabilidad de producir ese bien en particular no se ha alterado, no se atraerá hacía él factores productivos adicionales. Como consecuencia, una demanda excesiva, dejada sin atender, se regará hacia otros productos, elevando la demanda de ellos por encima del nivel que hubiera existido de otro modo. Pero aquí nuevamente, a los precios no se les permite elevarse respondiendo a una demanda mayor, y nuevamente se generará un déficit. Y así el proceso de trasladar la demanda de los productos requeridos con mayor urgencia a los productos de importancia secundaria, y de ahí a productos de aún menor relevancia, ya que nuevamente el deseo de todos de obtenerlo al precio controlado puede ser satisfecho, debe continuar y continuar. Finalmente, ya que no hay alternativas disponibles y el papel moneda que la gente aún tiene para gastar tiene un valor intrínseco menor que incluso el producto menos valorado disponible para la venta, la demanda excesiva se regará hacia productos cuya demanda había declinado originalmente. Por lo tanto, incluso en las áreas productivas donde un exceso había aparecido como consecuencia de una demanda disminuida pero donde a los precios no se les había permitido bajar correspondientemente, las ventas se repondrán como consecuencia de una demanda insatisfecha en todo el resto de la economía; a pesar de precios artificialmente fijados altos la producción excesiva se volverá vendible; y, con la rentabilidad así restablecida, una fuga de capital se prevendrá aún entonces. La imposición de controles de precio globales significa que el sistema de producción se ha vuelto completamente independiente de las preferencias de los consumidores para cuya satisfacción la producción es emprendida en realidad. Los productores pueden producir cualquier cosa y los consumidores no tendrán otra alternativa que comprarla, cualquiera que sea. Consecuentemente, cualquier cambio en la estructura productiva que se haga o se ordene hacer sin la ayuda de precios de libre movilidad no es sino dar palos de ciego, remplazando un conjunto arbitrario de bienes en oferta, por otro. A nivel de la experiencia del público consumidor esto significa, como ha sido descrito por G. Reisman “…inundar a la gente con camisas, mientras se les obliga a ir descalzos, o inundarles con zapatos obligándoles a ir descamisados; darles enormes cantidades de papel, pero no plumas o tinta, o viceversa;…en efecto, darles cualquier combinación absurda de bienes”. Pero claro, “…meramente dar a los consumidores unas combinaciones de bienes es en sí mismo equivalente a un declive gigantesco en la producción, ya que representa precisamente eso para la calidad de vida humana”. El estándar de vida no depende simplemente de un total físico de producción; depende muchísimo más de una distribución o proporcionalidad de los diversos factores de producción específicos para producir una composición bien balanceada de bienes de consumo variados. Los controles de precio globales, como ´ultima ratio´del conservadurismo, impide que se produzca dicha composición bien balanceada. El orden y la estabilidad sólo se generan en apariencia; en realidad son medios que crean caos de asignación y arbitrariedades, y de ese modo reducen el estándar general de vida.

Adicionalmente y esto lleva a la discussion del segundo instrumento específico de política conservadora, es decir las regulaciones, aún si los precios son controlados masivamente esto sólo puede salvaguardar un orden existente de distribución de ingresos y riquezas si se asume de forma irrealista que los productos tanto como los productores son “estacionarios”.

Los cambios en el orden existente no pueden ser ignorados, sin embargo, si existen productos nuevos y diferentes, nuevas tecnologías productivas o emergen productores adicionales. Todo esto llevaría a una disrupción del orden existente, a medida que los viejos productos, tecnologías y productores, sujetos como están a los controles de precios, tendrían entonces que competir con productos y servicios nuevos además de diferentes (los cuales, ya que son nuevos, no están aún bajo controles de precios) y entonces probablemente pierdan parte de sus renta frente a los nuevos participantes en el transcurso del proceso competitivo. Para compensar tales disrupciones el conservadurismo podría nuevamente utilizar como mecanismo los impuestos y de hecho hasta cierto punto lo hace. Pero permitir que las innovaciones ocurran primero sin impedimento y luego gravar las ganancias de los innovadores y restaurar el viejo orden, es, como se explicó, un instrumento de política demasiado progresista para el conservadurismo. El conservadurismo prefiere las regulaciones como medio para prevenir o atenuar el efecto de las innovaciones, y los cambios sociales que ellas producen.

La forma más drastica de regular el sistema productive sería simplemente prohibir cualquier innovación. Una política de ese tipo, debe señalarse, tiene adherents entre aquellos que critican el “consumismo” de otros, es decir, el hecho de que hoy en día existen ya “demasiados” bienes y servicios en el Mercado, y que desean congelar o reducer la diversidad presente; y también, por razones ligeramente distintas, encuentra adherentes entre aquellos que quieren congelar la tecnología productiva actual por miedo a que las innovaciones, como las máquinas que ahorran trabajo humano, pudieran “destruir” empleos existentes. Sin embargo, una prohibición frontal de todo cambio innovador casi nunca se ha dado – por ejemplo y como reciente excepción, el regimen de Pol Pot- debido a la falta de apoyo en la opinión pública que jamás pudo ser persuadida de que dicha política no sería extremadamente costosa en términos de bienestar perdido.

Bastante popular, sin embargo, ha sido un mecanismo algo moderado: si bien ningún cambio se prohibe en principio, toda innovación debe ser aprobada oficialmente (aprobada, en otras palabras, por gente distinta que el propio innovador) antes de poder ser implementada. De este modo, el conservadurismo argumenta, se garantiza que las innovaciones sean socialmente aceptables, que el progreso sea gradual, que puedan ser introducidas simultáneamente por todos los productores y que todos puedan obtener sus ventajas. La gremialización (cartelización) gubernamentalmente obligada es el medio más popular para alcanzar este efecto. Al requerir que todos los productores o que todos los productores de una industria, se vuelvan miembros de una organización supervisora –el cartel- se vuelve posible evitar el -demasiado visible- exceso de producción generado por los controles de precios mínimos, a través de la imposición de cuotas de producción. Más aún, las disrupciones causadas por cualquier acción innovadora pueden ser centralmente monitoreadas y moderadas. Pero mientras que este método ha ido ganando terreno constantemente en Europa y en un grado algo menor en los Estados Unidos, y si bien ciertos sectores de la economía están de hecho ya sujetos a controles similares, el instrumento social-conservador más popular y más frecuentemente utilizado es aquel de establecer estándares predefinidos para categorías predefinidas de productos o productores a los cuales todas las innovaciones deben someterse. Estas regulaciones establecen el tipo de características que una persona debe poseer (otras aparte de las “normales” de ser el propietario legítimo de los bienes y no dañar la integridad física de la propiedad de otros a través de las propias acciones) para poder establecerse como productor de algún tipo; o estipularán la clase de pruebas (con respecto por ejemplo a materiales, apariencia o medidas) que un producto de un tipo determinado debe pasar antes de ser aprobado en el Mercado; o prescribirán revisiones definitivas que un avance tecnológico debe superar antes de ser aprobado como un método de producción nuevo. Con tales medidas regulatorias, las innovaciones no pueden ser ni completamente evitadas ni se puede evitar que algunos cambios puedan ser sorprendentes. Pero en la medida en que los estándares predefinidos a los cuales los cambios deben someterse necesariamente serán “conservadores”, es decir, formulados en términos de productos, productores y tecnologías existentes, sirven al propósito del conservadurismo en el sentido de que volverán más lento el ritmo de las innovaciones y sus cambios y sorpresas resultantes.

En cualquier caso, toda esta clase de regulaciones, principalmente los primeros y menos directamente los últimos en mencionarse, llevarán a una reducción del estándar general de la calidad de vida. Una innovación, es claro, sólo puede ser exitosa y permitir al innovador romper el orden existente de distribución de ingresos y riqueza, si es más altamente valorada que productos antiguos alternativos. La imposición de regulaciones, sin embargo, implica una redistribución de títulos de propiedad desde los innovadores y hacia los productores, productos y tecnologías establecidos. Por tanto, al socializar total o parcialmente las posibles ganancias de ingresos y riqueza provenientes de cambios innovadores en el proceso de producción y mutatis mutandis al total o parcialmente socializar las posibles pérdidas provenientes de no innovar, el proceso de innovación se volverá más lento, habrá menos innovadores e innovaciones, y en su lugar emergerá una marcada tendencia a mantener las cosas tal y como están.

Eso implica nada más y nada menos que el proceso de aumento de satisfacción del consumidor al producir bienes y servicios más altamente valorados en formas más eficientes y menos costosas, se detiene, o al menos es entorpecido. Por tanto, incluso si es de una forma distinta que los controles de precios, las regulaciones también harán que la estructura de producción se descoordine con la demanda. Y mientras que eso puede ayudar a salvaguardar una estructura de distribución de la riqueza existente, nuevamente debe ser pagado por un declive en la riqueza general que se incorpora a esa misma estructura de producción.

Finalmente, el tercer instrumento específicamente conservador de política es el control de comportamientos. Los controles de precio y las regulaciones congelan el lado de la oferta de un sistema económico y de esa forma lo divorcian de la demanda. Pero esto no impide que aparezcan cambios en la demanda; sólo hace que la oferta no pueda responder a ellos. Y así, puede ocurrir que no sólo emerjan discrepancias sino que se vuelvan dramáticamente evidentes como tales. Los controles de comportamiento son políticas designadas para controlar el lado de la demanda. Apuntan a evitar o retardar los cambios en la demanda para volver la falta de capacidad de respuesta del lado de la oferta menos visible, completando de ese modo la tarea del conservadurismo: la preservación del orden existente frente a cambios de cualquier tipo.

Los controles de precio y las regulaciones por un lado, y los controles del comportamiento por el otro, son entonces los dos aspectos complementarios de una política conservadora. Puede argumentarse con gran acierto que es ese lado de los controles de comportamiento la característica más distintiva de una política conservadora. Si bien las distintas formas de socialismo favorecen distintas categorías de personas no productivas y no innovadoras a expensas de diversas categorías de productores e innovadores potenciales, tanto como cualquier otra variante de socialismo, el conservadurismo tiende a fomentar la existencia de gente menos productiva y menos innovadora, forzándoles a aumentar el consumo o a canalizar sus energías productivas e innovadoras hacia los mercados negros. Pero de todas las formas de socialismo, solamente el conservadurismo interfiere directamente con el consumo y los intercambios no-comerciales. (El resto de formas de socialismo, desde luego, tienen su efecto en el consumo también, en la medida en que llevan a una reducción en el estándar de vida; pero a diferencia del conservadurismo, dejan al consumidor a su suerte con lo que sea que quede disponible para su consumo). El conservadurismo no sólo daña el desarrollo de nuestros talentos productivos ; bajo el concepto de “paternalismo” también busca congelar el comportamiento de la gente en su rol de consumidores individuales o como partes de una relación de intercambio no-comercial, y de ese modo también entorpece o suprime el propio talento para desarrollar un estilo de vida que satisfaga mejor las necesidades recreativas propias.

Cualquier cambio en el patrón de comportamiento del consumidor tiene sus efectos económicos. (Si dejo más larga mi cabellera esto afecta a las peluquerías y la industria de las tijeras; si alguna gente se divorcia esto afecta a los abogados y el mercado de vivienda; si empiezo a fumar cannabis esto tiene consecuencias no sólo para el uso de tierra agrícola sino también para la industria de helados, etc; y sobre todo, tal comportamiento desequilibra el sistema de valores de quienquiera se sienta afectado por él). Cualquier cambio puede parecer entonces ser un elemento irruptor vis a vis la estructura conservadora de producción. Por ende, el conservadurismo, en principio, tendría que considerar todas las acciones, el total de los estilos de vida, de la gente en sus roles como consumidores individuales o interrelacionados no-comercialmente como objeto de los controles de comportamiento. El conservadurismo integral equivaldría al establecimiento de un sistema social en que todo excepto la forma tradicional de comportarse (que es explícitamente permitida) esté prohibido. En la práctica, el conservadurismo jamás iría tan lejos, ya que existen costos asociados a los controles y porque tendría que lidiar con una creciente resistencia en la opinión pública. El conservadurismo “normal”, entonces, se caracteriza por leyes específicas y prohibiciones menores en alcance pero en grandes cantidades que vuelven ilegal y castigan muchas formas de comportamiento no-agresivo de consumidores individuales o de gente participando de tratos no-comerciales pacíficos– es decir, acciones que en efecto realizadas ni cambiarían la integridad física de la propiedad de nadie ni violarían el derecho de nadie de negarse a relacionarse de forma no-beneficiosa- simplemente porque resultan molestosos para el orden “paternal” de valores sociales.

Nuevamente, el efecto de una política para el control de comportamientos, es en todo caso, el empobrecimiento relativo. A través de la imposición de tales controles no sólo un grupo de gente es afectado por el hecho de que ya no pueden participar de ciertos comportamientos pacíficos sino que otro grupo se beneficia de tales controles en la medida en que ya no tienen que tolerar tales formas de comportamiento que les disgustan. Más específicamente, los perdedores en esta redistribución de derechos de propiedad son los usuarios-productores de las cosas cuyo consumo está ahora impedido, y ganan relativamente los no-usuarios y no-productores de los bienes de consumo en cuestión. De este modo, una nueva y diferente estructura con respecto a la producción o no-producción es establecida y aplicada a una población. La producción de bienes de consumo ha sido vuelta más costosa ya que su valor ha caído como consecuencia de la imposición de controles con respecto a su uso, y mutatis mutandis, la adquisición de satisfacción del consumidor mediante medios no-productivos y no-contractuales ha sido hecha relativamente menos costosa. Como consecuencia, habrá menos producción, menos ahorro e inversión y una mayor tendencia más bien a obtener satisfacción a expensas de otros mediante métodos políticos (agresivos). Y, en particular, en la medida en que las restricciones impuestas por controles de comportamiento impliquen los usos que una persona puede hacer de su propio cuerpo, la consecuencia será un menor valor atribuido a él y consecuentemente, una reducción de la inversión en capital humano.

Con esto hemos llegado al final de nuestro análisis teórico del conservadurismo como forma particular de socialismo. Nuevamente, para completar la discusión se hará algunos comentarios que ayuden a ilustrar la validez de las conclusiones anteriormente mencionadas. Al igual que en la discusión del socialismo socialdemócrata, estas observaciones ilustradoras deben ser leídas con precauciones: en primer lugar, la validez de las conclusiones obtenidas en este capítulo pueden y deben ser establecidas independientemente de la experiencia. Y segundo, en tanto a la experiencia y la evidencia empírica conciernen, desafortunadamente no existen ejemplos de sociedades que puedan ser estudiadas con respecto a los efectos del conservadurismo en la misma medida en que se puede con las otras variantes de socialismo y capitalismo. No existe un caso cuasi-experimental de estudio de un país que por sí solo pueda proveerle a uno lo que se considera evidencia “notoria”. La realidad es más bien una en que todo tipo de políticas –conservadoras, socialdemócratas, Marxista-socialistas y también capitalista-liberales- están tan mezcladas y combinadas, que sus efectos no pueden ser conectados “limpiamente” con causas definidas, pero que deben ser desenrolladas y atribuidas nuevamente por medios primeramente teóricos. Dicho esto, sin embargo, algo puede decirse con total precisión sobre el rendimiento del conservadurismo en la historia. Una vez más la diferencia entre los estándares de vida entre los Estados Unidos y los países de Europa Occidental (tomados en su conjunto) permite una observación que encaja con el cuadro teórico. Ciertamente, como se mencionó en el capítulo anterior, Europa tiene más socialismo redistributivo –como índica grosso modo el nivel de impuestos- que los Estados Unidos, y es más pobre debido a esto. Pero más notable aún es la diferencia que existe entre los dos con respecto al grado de conservadurismo. Europa tiene un pasado feudal que es palpable hasta nuestros días, en particular en forma de numerosas regulaciones que restringen el comercio y la entrada a distintas industrias, y prohibiciones de acciones pacíficas (no-agresivas), mientras que los Estados Unidos son notablemente libres de un pasado así. Atado a esto está el hecho de que por largos períodos durante el siglo XIX y XX, Europa ha sido moldeada por políticas de partidos más o menos explícitamente conservadores más que por cualquier otra ideología política, mientras que por otro lado un partido genuinamente conservador nunca ha existido en los Estados Unidos. En realidad, incluso los partidos socialistas de Europa Occidental fueron impregnados en gran medida por el conservadurismo, en particular bajo la influencia de los sindicatos de obreros, e impusieron numerosos elementos social-conservadores (regulaciones y controles de precios) en las sociedades europeas durante sus períodos de influencia (cuando más bien por el contrario lucharon por abolir algunos de los controles de comportamiento conservadores). En todo caso, dado que Europa es más socialista que los Estados Unidos y sus estándares de vida son relativamente menores, esto se debe menos a la influencia del socialismo socialdemócrata en Europa y más a la influencia del social-conservadurismo, lo cual se evidencia más que en una diferencia de niveles de impuestos, sino en el significativamente más alto número de controles de precios, regulaciones y controles del comportamiento en Europa. Me apresuraré a añadir que los Estados Unidos no es más rico de lo que es actualmente ni muestra su vigor económico del siglo XIX, no sólo porque adoptó más y más políticas socialistas redistributivas a lo largo del tiempo, sino mucho más porque ese país también, fue gradualmente volviéndose presa de una ideología conservadora de querer proteger un status quo en la distribución de ingresos y riqueza frente a la competencia, y en particular la posición de propietarios entre los productores existentes por medio de regulaciones y controles de precios.

En un nivel incluso más global, otra observación calza con el cuadro teóricamente del conservadurismo como causante de empobrecimiento. Ya que afuera del así llamado mundo occidental, los únicos países que igualan el miserable desempeño de los regímenes de socialismo marxista son precisamente aquellas sociedades en Latinoamérica y Asia que jamás han tenido un rompimiento serio con su pasado feudal. En estas sociedades, vastas áreas de la economía están incluso ahora completamente exentas de la esfera y de la presión de la libertad y la competencia y están más bien encerradas en su posición tradicional por medios regulatorios y ejercidos como es de esperar, por medio de la fuerza.

A nivel de observaciones más específicas los datos también indican claramente lo que la teoría le llevaría a uno a esperar. Volviendo a Europa Occidental, de que de los países europeos más grandes, Italia y Francia son los más conservadores, especialmente si se comparan con las naciones del norte, las cuales en cuanto a socialismo se refiere, se han tornado mucho más hacia su versión redistributiva. Mientras que el nivel de impuestos en Italia y Francia (gasto estatal como porción de su PIB) no es más alto que en el resto de Europa, estos dos países claramente exhiben más elementos social-conservadores que en cualquier otra parte. Tanto Italia como Francia están plagadas literalmente de miles de controles de precios y regulaciones, volviendo altamente dudoso que algún sector de sus economías pueda ser llamado “libre” con alguna justificación. Como consecuencia (y tal como puede predecirse), el estándar de vida en ambos países es significativamente menor que aquél del norte europeo, como cualquiera que viaje más allá de lugares netamente turísticos no podría dejar de notar. En ambos países, desde luego, uno de los objetivos del conservadurismo parece haber sido alcanzado: las diferencias entre los propietarios y los no propietarios han sido muy bien preservadas –uno difícilmente encontrará diferencias de ingresos y riqueza tan extremas en Alemania o los Estados Unidos como en Italia o Francia- pero al precio de una caída de la riqueza socialmente disponible. En efecto, esta caída es tan significativa que el estándar de vida para la clase baja y media-baja de ambos países es en el mejor de los casos apenas mejor que aquél en los países más liberalizados del Bloque Oriental. Y las provincias sureñas de Italia, en particular, donde aún más regulaciones han sido amontonadas encima de aquellas en rigor en todo el resto del país, apenas han abandonado el grupo de las naciones del tercer mundo.

Finalmente, como un último ejemplo que ilustra el empobrecimiento causado por las políticas conservadoras, la experiencia con el nacional-socialismo en Alemania y en menor grado con el fascismo en Italia debe ser mencionada. A menudo no se entiende que ambos fueron movimientos socialista-conservadores. Es en tal forma, es decir, como movimientos dirigidos contra el cambio y las disrupciones sociales causadas por las fuerzas dinámicas de una economía libre, que aquellos –y no los movimientos de socialismo marxista- pudieron encontrar apoyo entre los propietarios establecidos, los tenderos, los agricultores y empresarios. Pero derivar de esto la conclusión de que debe haber sido un movimiento pro-capitalista o incluso la etapa más avanzada en el desarrollo del capitalismo antes de su destrucción final, como hacen los marxistas normalmente, es completamente equivocado. En realidad, el enemigo más fervorosamente aborrecido por el fascismo y el nacional-socialismo no era el socialismo como tal, sino el liberalismo. Desde luego, ambos detestaban el socialismo de los marxistas y bolcheviques, porque al menos ideológicamente eran internacionalistas y pacifistas (al confiar en las fuerzas de la historia que llevarían a la destrucción del capitalismo desde adentro), mientras que el fascismo y el nazismo eran movimientos nacionalistas dedicados a la guerra y la conquista; y probablemente más importante con respecto a su apoyo público, debido a que el marxismo implicaba que los propietarios iban a ser expropiados por los no-propietarios y por ende el orden social sería trastornado totalmente, mientras que el fascismo y el nazismo prometían preservar el orden establecido.

Pero, y esto es decisivo para clasificarles como movimientos socialistas (y no como capitalistas), buscar ese objetivo implica –como se ha explicado en detalle anteriormente- una negación del derecho del usuario-propietario de las cosas de hacer con ellas lo que le parezca mejor (dado que uno no dañe físicamente la propiedad de otro o participe de intercambios no-voluntarios, es decir, forzados) tan concreta como la que resulta de una expropiación de los propietarios naturales por la “sociedad” (es decir, por gente que ni produjo ni adquirió contractualmente las cosas en cuestión) como en la política marxista. Y en efecto, para alcanzar este objetivo tanto el fascismo como el nazismo hicieron exactamente lo que su clasificación como socialista-conservadores le llevaría a uno a esperar: establecieron economías altamente controladas y reguladas en que la propiedad privada existía todavía nominalmente, pero en la práctica había perdido su significado, ya que el derecho de determinar el uso de las cosas había sido casi completamente transferido a instituciones políticas. Los nazis, en particular, impusieron un sistema de controles de precios casi completo (incluyendo controles de salarios), concibieron la institución de planes cuatrienales (casi como en Rusia, donde los planes se extendían por un período de cinco años) y establecieron organismos de planificación y supervisión económicas que debían aprobar cualquier cambio significativo en la estructura productiva.

Un “propietario” ya no podía decidir qué producir o cómo producirlo, de quién comprar o a quién vender, qué precios pagar o cobrar, o cómo implementar cualquier cambio. Todo esto, desde luego, creaba una atmósfera de seguridad. A todos se les asignaba una posición fija, y tanto asalariados como dueños de capital recibían un ingreso estable o creciente, en términos nominales. Adicionalmente, programas gigantescos de trabajos forzados, la introducción del servicio militar obligatorio y finalmente la implementación de una economía de guerra fortalecieron la ilusión de una expansión económica y prosperidad. Pero como podría esperarse de un sistema económico que destruye el incentivo del productor para ajustar sus planes a la demanda y evitar descoordinarse con ella, y que en la práctica separa la demanda de la producción, esta sensación de prosperidad probó no ser nada más que una ilusión. En realidad, en términos de los bienes que la gente podía comprar con su dinero, el estándar de vida cayó, no sólo en términos relativos sino también absolutos. Y en todo caso, incluso dejando de tomar en cuenta toda la destrucción causada por la guerra, Alemania y en un grado menor Italia, se vieron severamente empobrecidas luego de la derrota de los nazis y los fascistas.

Tomado de

Traducido por

 

 

 

Libertad o Socialismo

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Porqué los Peores Gobiernan

Porqué los malos gobiernan Una de las tesis más extensamente aceptadas entre los economistas políticos es la siguiente: Todos los monopolios son malos desde el punto de vista de los consumidores. Por monopolio se entiende, en su sentido clásico, como un privilegio exclusivo otorgado a un productor unico de un bien o servicio, o sea, como la ausencia de entradas libres en una línea particular de producción. Es decir, sólo una agencia, A, puede producir un bien dado, X. Cualquier monopolio es malo para los consumidores porque, protegido de nuevos participantes potenciales en su área de producción, el precio del producto X será más alto y la calidad más baja que si fuera de otro modo.

Esta verdad elemental ha sido invocada con frecuencia como un argumento a favor del gobierno democrático como opuesto al gobierno clásico, monárquico o señorial. Porque bajo la democracia la entrada al aparato gubernamental es libre – cualquiera puede llegar a ser primer ministro o presidente – mientras que bajo la monarquía está restringido al rey y su heredero.

Sin embargo, este argumento en favor de la democracia adolece de fallas fatales.

La entrada libre no siempre es buena. Libertad de entrada y competencia en la producción de bienes son buenas, pero en la producción de algo malo no lo son.

Libertad de entrada en el negocio de torturar y matar inocentes, o la libre competencia de falsificar o estafar, por ejemplo no son buenas; es peor que malo.

¿Así que qué tipo de “negocio” es gobernar?. La respuesta: no es un productor usual de bienes para la venta a consumidores voluntarios. Por lo tanto es un “negocio” dedicado a robar y a expropiar – por medio de impuestos y falsificación – y a guardar para sí los bienes robados. De ahí que, la libertad de entrar en el gobierno no mejora algo bueno. En realidad, hace las cosas peores, es decir, agrava lo malo.

Desde que el hombre es como es, en toda sociedad existen personas que codician la propiedad de los demás. Algunas personas están más inclinadas a este sentimiento que otras, los individuos aprenden generalmente a no actuar bajo tales pasiones y aún más, se sienten avergonzados de tenerlas. Ordinariamente pocos individuos son incapaces de suprimir con exito sus apetitos por la propiedad de otros, y son tratados como criminales por sus congéneres y reprimidos bajo la amenaza del castigo físico. Bajo el gobierno señorial, sólo una sola persona – el príncipe – puede actuar legalmente bajo el deseo por la propiedad de otra persona, y esto es lo que lo convierte en un peligro potencial y en un “malo”.

Sin embargo, un príncipe es restringido en sus deseos de redistribución porque todos los miembros de la sociedad han aprendido a considerar el tomar y redistribuir la propiedad de otras personas, como vergonzoso e inmoral. Por consiguiente miran cada acción del príncipe con sospecha suprema. En claro contraste, al abrir la entrada en el gobierno, a cualquiera le es permitido expresar libremente su deseo por la propiedad de otros. Lo qué era considerado anteriormente como inmoral y por consiguiente suprimido, es ahora considerado como un sentimiento legítimo. Todos pueden codiciar abiertamente la propiedad de otros en nombre de la democracia; y todos pueden actuar bajo este deseo por la propiedad de otros, siempre y cuando logren entrar en el gobierno. De ahí que bajo la democracia cualquiera puede llegar a ser una amenaza.

En consecuencia, bajo condiciones democráticas, el popular deseo por la propiedad de otra persona, aunque inmoral y antisocial, es sistemáticamente reforzado. Toda demanda es legítima si es proclamada públicamente bajo la protección especial de la “libertad de expresión”. Todo puede ser dicho y reclamado, y todo está a disposición de cualquiera. Ni siquiera el aparentemente seguro derecho de propiedad privada está exento de alguna solicitud de redistribución. Peor aún, mediante elecciones populares, tenderán a ganar entrada y ascenso a la cima del gobierno aquellos miembros de la sociedad con poca o ninguna inhibición para hacerse a la propiedad de otras personas, es decir, amorales habituales, con gran talento para obtener las mayorías populares con una multitud de demandas moralmente irreprimidas y mutuamente incompatibles (demagogos eficientes). De ahí que, una situación mala llega a ser peor.

Históricamente, la selección de un príncipe se hacía por el accidente de su nacimiento noble, y típicamente el único requisito personal era su educación como futuro príncipe y custodio de la dinastía, de su posición, y de sus posesiones. Esto no aseguraba que un príncipe no fuera malo y peligroso, por supuesto. Sin embargo, vale recordar que todo príncipe que fallaba en su deber primario de preservar la dinastía – que arruinaba el país, que causaba inestabilidad, confusión y disensión civil, o que de cualquiera forma pusiera en peligro la posición de la dinastía – encaraba el riesgo inmediato o bien de ser neutralizado o de ser asesinado por otro miembro de su propia familia. En todo caso, sin embargo, incluso si el accidente del nacimiento y la educación no impidieran que quizás el príncipe fuera malo y peligroso, el accidente de un nacimiento noble y una educación magnífica tampoco impedía que fuera un frívolo inofensivo o aún una persona buena y moral.

Por lo contrario, la selección de gobernantes por medio de elecciones populares hace casi imposible que una persona buena o inofensiva pueda jamás subir a la cúspide. Primeros ministros y presidentes son escogidos por su eficiencia probada como demagogos moralmente laxos. Por lo tanto la democracia asegura virtualmente que sólo personas malas y peligrosas suban al más alto gobierno.

Efectivamente, a consecuencia de la libre competencia y la selección política, los que suben llegan a ser individuos cada vez más malos y peligrosos, pero como custodios transitorios e intercambiables sólo en pocas ocasiones son asesinados.

No puede haber mejor cita que la de H.L. Mencken en este contexto. “Los políticos,” dice con su agudeza típica, “rara vez, casi nunca, logran por mérito solamente [el cargo público], por lo menos en estados democráticos. A veces, claro está, sucede, pero sólo por un milagro especial. Normalmente son escogidos por razones bastante diferentes, la principal de las cuales es simplemente su poder de impresionar y hechizar a los marginados intelectuales…. ¿Acaso alguno de ellos se aventura a decir la verdad simple, toda la verdad y nada más que la verdad acerca de la situación del país, sea éste extranjero o doméstico?.

¿Se abstendrá de hacer promesas que sabe que no puede cumplir – que ningún humano podría cumplir?. ¿Pronunciará una palabra, por obvia que sea, que alarme o enajene a cualquiera de la inmensa mayoría de imbéciles que se arraciman en la coyuntura pública, revolcándose en la papilla cada vez más y más delgada, esperando que llegue lo que no ha de llegar?. Respuesta: puede ser cierto, pero sólo por unas pocas semanas al comienzo….

Pero nunca después que el asunto se ha debatido suficientemente, y la lucha está en su punto álgido…. Prometerán a cada hombre, mujer y niño en el país, cualquier cosa que quieran oir. Recorreran los campos en busca de oportunidades de hacer rico al pobre, de remediar lo irremediable, de socorrer al que ya ni siquiera necesita socorro, de descifrar lo indescifrable, de desinflamar lo ininflamable. Todos estarán curando verrugas con palabras mágicas y saldando la deuda pública con dinero que nadie tendrá que ganar. Cuándo uno de ellos demuestra que dos veces dos son cinco, otro demostrará que son seis, seis y medio, diez, veinte, n. Para abreviar, se venderán a sí mismos su carácter de hombres sensatos, sinceros y veraces, y se convertirán simplemente en candidatos para el oficio, centrados únicamente en arrinconar votos. Todos sabrán en ese entonces, suponiendo que algunos aún no lo saben, que los votos se obtienen en la democracia, no con palabras coherentes y juiciosas sino hablando tonterías, y se aplicarán al trabajo con entusiasmo, con una sonrisa en los labios.

La mayoría, antes que el alboroto termine, ya se habrán convencido a si mismos. El ganador será quien haga la mayor cantidad de promesas con la menor probabilidad de que lleguen a ser realidad”.

Tomado de “Why Bad Men Rule”

Traducido por Rodrigo Betancur

 

 

Etica, Justicia y Propiedad Privada

Para terminar, Hoppe expone su justificación de una ética basada en la propiedad, fundamentada en la naturaleza humana y la capacidad de diálogo, tesis avanzada también en otros sentidos desde la izquierda y la derecha por Jürgen Habermas y Fran van Dun.

 

 

Libertad o Socialismo

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La Justificación Ultima de la Etica de la Propiedad Privada *

Ludwig von Mises, en su obra maestra “La Acción Humana” presenta y explica el cuerpo completo de teoría económica como implicada en, y deducible de, la comprensión conceptual del significado de la acción (además de unos supuestos generales explícitamente introducidos sobre la realidad empírica en la que la acción se realiza). Él llama este conocimiento conceptual el “Axioma de la Acción”, y demuestra en qué sentido el significado de acción —valores, fines, medios, elección, preferencia, ganancia, pérdida, y costo— del cual la teoría económica se deduce debe ser considerado como conocimiento a priori: no es derivado de impresiones en nuestros sentidos sino por reflexiones mentales (uno no ve acciones, sino que interpreta ciertos fenómenos como acciones). Más importante, no puede ser invalidado por ninguna experimentación, porque todo intento de hacerlo presupone ya la existencia de acción y la compresión del actor de las categorías de acción (hacer experimentos es, después de todo, una acción intencional en si misma).

Después de reconstruir la Economía como derivada de una proposición a priori verdadera, Mises dice haber alcanzado el fundamento último de la Economía. Él, denominó a este tipo de Economía “Praxeología”, La Lógica de La Acción, para enfatizar el hecho de que sus proposiciones —las leyes económicas— pueden definitivamente ser probadas en virtud del indisputable axioma de acción y las igualmente indisputables leyes de razonamiento lógico (como las leyes de identidad y contradicción) completamente independiente de cualquier tipo de prueba empírica (como se emplea, por ejemplo, en Física). Mises, sin embargo, a pesar de que su idea de Praxeología y de la construcción de un cuerpo completo de pensamiento praxeológico —la Economía— se ubica entre los grandes de la tradición occidental de racionalismo y su búsqueda de fundamentos ciertos, no cree que este tipo de proposiciones puedan ser hechas en asuntos éticos. De acuerdo a Mises, no existe justificación última en asuntos éticos en el mismo sentido que existe para proposiciones económicas. La Economía nos puede informar si ciertos medios son apropiados para alcanzar ciertos fines, pero si los fines son justos no puede ser decidido por la Economía u otra ciencia. No hay justificación para elegir esta meta en lugar de esa otra meta. En última instancia, la meta elegida es arbitraria desde un punto de vista científico, un asunto subjetivo, incapaz de justificación alguna más allá del simple hecho de ser del gusto del que la propone.

Muchos libertarios (y ni que decir de los no–libertarios) han seguido a Mises en este punto. Como Mises, ellos han se han rendido a la posibilidad de un fundamento racional de la ética. Por supuesto, como él hace, ellos han hecho todo lo posible en Economía para demostrar que la propiedad privada produce un nivel de vida más alto que cualquier otro sistema. Pero al final, como Mises ciertamente entendía, tales consideraciones pueden sólo convencer a alguien que previamente ha aceptado la meta ‘utilitarista’ de maximización general del bienestar. Para esos que no comparten esa meta, ellos no pueden convencerlos de nada. Y por tanto, al final del análisis, el liberalismo está basado en nada más que un arbitrario acto de fe (por muy popular que sea).

En el siguiente paper quiero delinear un argumento que demuestra por qué esa proposición es insostenible, y cómo, de hecho, la ética de la Propiedad Privada del Liberalismo —sencialmente lockeana— puede ser últimamente justificada. En efecto, este argumento apoya la posición de derechos naturales del liberalismo como expuesta por el otro gran pensador del moderno movimiento libertario, Murray N. Rothbard —especialmente en su “Ética de la Libertad”. Aún así, el argumento que establece la justificación última de la propiedad privada es diferente al que típicamente ofrece la tradición de derechos naturales. En lugar de esta tradición, es Mises, y su idea de Praxeología y pruebas praxeológicas, quien nos provee del modelo.

Quiero demostrar que sólo la ética libertaria de la Propiedad Privada puede ser justificada argumentativamente porque es la pre-suposición praxeológica de argumentación en sí misma; y porque cualquier propuesta ética no libertaria que se desvía puede ser mostrada en violación de la preferencia revelada. Tal tipo de proposiciones pueden ser hechas, por supuesto, pero su contenido proposicional entraría en contradicción con la ética con que uno demuestra preferencia en virtud de su propio comportamiento, esto es, el acto de entrar en argumentación. En la misma forma en que uno puede decir “la gente es y siempre será indiferente para hacer las cosas,” porque uno se contradice con el mismo hecho de hacer tal proposición, porque eso de hecho demuestra una preferencia subjetiva (de decir esto en lugar de decir algo diferente o de no decir nada), entonces las propuestas éticas no libertarias son falseadas por la hecho de ser propuestas.

Para alcanzar esa conclusión y para entender correctamente su importancia y fuerza lógica, dos observaciones son esenciales.

Primero, debe notarse que la cuestión de justo o injusto —o de forma más general, el asunto de qué es una proposición válida— sólo aparece porque soy capaz, y el resto también, de intercambiar proposiciones, es decir: soy capaz de argumentar. Tal pregunta no aparece en las piedras o los peces, porque esos seres son incapaces de entrar en tales intercambios proposicionales y más aún, son incapaces de producir ese tipo de proposiciones. Si ése es el caso -y nadie puede negar eso sin entrar en contradicción, de la misma forma que uno no puede argumentar que no puede argumentar- entonces debemos asumir que cualquier propuesta ética, como cualquier otra proposición, debe poder ser validada por medios argumentativos. De hecho, cuando uno piensa y crea proposiciones y/o argumenta externa o internamente, uno demuestra su preferencia por entrar en un debate argumentativo para convencer al resto sobre algo. Y entonces debe ser considerado el fracaso último de una propuesta ética si uno puede demostrar que el contenido de tal propuesta es lógicamente incompatible con lo que hace el que la propone.

Segundo, debe notarse que la argumentación no consiste en proposiciones que flotan libremente, sino que es una forma de acción que requiere el empleo de medios escasos; y además, que los medios que una persona demuestra preferidos al entrar en debate son los medios de la Propiedad Privada. Por eso mismo, nadie podría proponer nada, y nadie podría ser convencido de una proposición por medios argumentativos, si el derecho de una persona de hacer uso exclusivo de su propio cuerpo físico no estuviera pre-supuesto antes. Es el reconocimiento del control exclusivo que cada uno tiene de su propio cuerpo lo que explica el carácter distintivo del intercambio de proposiciones que, aunque uno no concuerde con lo dicho, hace incluso posible acordar por lo menos en el hecho de que hay desacuerdo. Y obvio, también: tal derecho de propiedad sobre el cuerpo de uno mismo debe ser justificado a priori. Para que alguien trate de justificar alguna norma, se ha presupuesto el derecho exclusivo sobre su cuerpo como una norma válida para poder decir “yo propongo esto y esto.” Y cualquiera que dispute este derecho, estaría atrapado en una contradicción práctica, porque al argumentar eso implícitamente habría aceptado la norma que está tratando de negar.

Además, sería igualmente imposible mantener una argumentación en el tiempo, y basarse en la fuerza de los argumentos de uno mismo, si uno no estuviera permitido de apropiarse los medios escasos que están cerca de uno mediante una acción de apropiación originaria, es decir de ponerlos en uso antes que el resto los tome. y si tales medios, y los derechos de control exclusivo sobre ellos no estuvieran definidos en términos objetivos y físicos -si nadie tuviera el derecho a controlar algo excepto su propio cuerpo, entonces todos dejaríamos de existir y los problemas de justificar nuestras normas -así como todo los otros problemas humanos- simplemente no existirían. Entonces, en virtud del hecho de estar vivos, los derechos de propiedad sobre las cosas deben ser pre-supuestos como válidos también. Nadie que está vivo podría argumentar lo opuesto.

Y si una persona no adquiriera el derecho de control exclusivo sobre tales bienes por acción de apropiación originaria -estableciendo un vínculo objetivo entre una persona en particular y un recurso escaso en particular antes que alguien más lo haga- sino que, en lugar de eso, se asumiera que los que llegan últimos tienen la propiedad, entonces literalmente nadie estaría permitido de hacer algo con los recursos porque uno tendría que tener el consentimiento de todos los últimos en llegar antes de utilizar los recursos. Ninguno de nosotros, o nuestros abuelos o nuestros hijos, podríamos, hubieran podido o podrían, sobrevivir si alguien siguiera esta regla. Pero para que una persona -en el pasado, presente o futuro- pueda argumentar algo debe ser posible sobrevivir antes y ahora. Para hacer justicia, estos derechos de propiedad no pueden ser considerados sin referencia al tiempo, y tampoco pueden estar referidos a un número no específico de personas.

Al contrario, deben necesariamente ser considerados como originados a través de acciones en puntos específicos del tiempo por individuos específicos que actúan. De otra forma, sería imposible para alguien decir primero algo sobre un tiempo específico, y sería imposible para otro responder. Decir, entonces, que la regla del primer-usuario-primer-dueño del liberalismo puede ser ignorada o es injustificada, implica una contradicción, porque la capacidad de uno de poder decir eso presupone la existencia de uno como una unidad independiente de toma de decisiones en un punto específico del tiempo.

Y finalmente, actuar y hacer proposiciones sería imposible si las cosas adquiridas por apropiación originaria no fueran definidas en términos objetivos y físicos (y si correspondientemente, agresión no estuviera definida como una invasión a la integridad física de la propiedad de otra persona), sino que fuera definida en términos de evaluaciones subjetivas. Porque mientras una persona puede tener control sobre si sus acciones causan cambios sobre la integridad física de algo, el control sobre si las acciones de uno afectan el valor de la propiedad de otro depende de las evaluaciones de otra gente. Uno tendría que interrogar y llegar a un acuerdo con la población mundial entera para estar seguro que las acciones planeadas de uno no cambiarán las evaluaciones de otra persona sobre su propiedad. Y ciertamente, todos estarían muertos antes de que esa tarea sea terminada. Además, la idea que el valor de la propiedad debe ser protegida es argumentativamente indefendible: porque incluso para poder argumentar eso, debe pre-suponerse que las acciones deben ser permitidas antes de entrar en un acuerdo real, porque si no fuese así uno ni siquiera podría hacer esa proposición. Pero si uno puede hacerlo, entonces eso es sólo posible por los límites objetivos de la propiedad, es decir las fronteras que cada persona puede reconocer como de su propiedad, sin tener que acordar primero con todo el resto respecto al sistema de valoración y evaluaciones de uno.

Por el hecho de estar vivos y de formular proposiciones, entonces, uno demuestra que cualquier ética excepto la ética libertaria de la Propiedad Privada es inválida. Porque si no fuese así y los últimos en llegar pudieran tener reclamos legítimos sobre las cosas o si las cosas poseídas fuesen definidas en términos subjetivos, nadie podría sobrevivir como una unidad de toma de decisiones físicamente independiente en un punto dado del tiempo, y por tanto nunca nadie podría preguntarse sobre la validez de una proposición.

Esto concluye mi justificación a priori de la ética de la propiedad privada. Unos pocos comentarios sobre un tópico tocado con anterioridad, la relación de esta prueba praxeológica del liberalismo con la posición utilitaria y la de derechos naturales, completará esta discusión.

Con respecto a la posición utilitaria, la prueba praxeológica contiene su refutación última. La prueba demuestra básicamente que para proponer la posición utilitaria, derechos de control exclusivo sobre el cuerpo de uno mismo y los bienes adquiridos con apropiación originaria deben ser pre-supuestos como válidos. Y, de forma más específica, respecto al aspecto consecuencialista de algunos libertarios, la prueba muestra su imposibilidad praxeológica: la asignación de derechos de control exclusivo no puede depender resultado -beneficioso o lo que sea- de ciertas cosas. Uno nunca podría proponer nada, a menos que existieran derechos de propiedad previamente a cualquier resultado. Una ética consecuencialista es praxeológicamente un absurdo. Cualquier ética debe ser “apriorística” e “instantánea” para poder hacer posible que uno pueda actuar aquí y ahora proponiendo esto o aquello, antes que tener que suspender nuestro actuar y esperar hasta después. Nadie que aboga por una ética de espera-por-el-resultado podría estar aquí si esa persona se aferra a su ética. Y dado que los utilitaristas aún están con nosotros, entonces, ellos han demostrado a través de sus acciones que su doctrina consecuencialista es, y debe ser, observada como falsa. Actuar y dar proposiciones requiere derechos de la Propiedad Privada ahora mismo, y no puede esperar a que ellos los asignen después.

Respecto a la posición de derechos naturales, la prueba praxeológica, que también apoya la posibilidad de una ética racional en total acuerdo con las conclusiones alcanzadas por esta tradición (específicamente por M. N. Rothbard), tiene al menos dos ventajas distintivas. La tradición de derechos naturales se ha enredado, e incluso ha apoyado, la idea de que la naturaleza humana es muy difusa para permitir la derivación de un determinado grupo de reglas de conducta. La aproximación praxeológica resuelve este problema al reconocer que no es el amplio concepto de naturaleza humana, sino el estrecho concepto de intercambio de proposiciones y argumentación, lo que debe servir como punto de partida para la derivación de una ética; además, que existe una justificación a priori para elegir este criterio mientras el problema de verdadero o falso, de correcto o incorrecto, no aparezca fuera del intercambio de proposiciones y nadie, entonces, podría retar tal punto de partida sin contradecirse; y finalmente, que es la argumentación la que requiere el reconocimiento de la Propiedad Privada, y que un reto argumentativo a la validez de la ética de la propiedad privada es entonces praxeológicamente imposible.

Segundo, hay una separación entre las afirmaciones sobre “lo que es” y “lo que debería ser” que los seguidores de los derechos naturales, por lo menos de acuerdo a la opinión extensa, no han llegado a superar -excepto por el avance en el análisis de la dicotomía entre hechos-reales y valoraciones-subjetivas. Aquí la prueba praxeológica del liberalismo tiene la ventaja de ofrecer una justificación libre-de-valoraciones-subjetivas de la propiedad privada. La prueba praxeológica se mantiene completamente en el campo de lo-que-es, y por ningún lado trata de derivar lo-que-debería-ser a partir de lo-que-es. La estructura del argumento es la siguiente: a) justificación es justificación por medio de proposiciones [esta es una afirmación del tipo lo-que-es, y es verdadera a priori-antes de empezar cualquier debate, sino no se podría debatir]; b) la argumentación presupone propiedad sobre el cuerpo de uno mismo y el principio de apropiación originaria -[esta es una afirmación del tipo lo-que-es, y es verdadera a priori]; c) entonces, ninguna desviación de esta ética puede ser argumentativamente justificada [esta también es una afirmación del tipo lo-que-es, y es verdadera a priori]. Y la prueba también ofrece una clave para entender la naturaleza de la dicotomía entre hechos-reales y valoraciones-subjetivas: afirmaciones sobre lo-que-debería-ser no pueden ser derivadas de afirmaciones sobre lo-que-es. Ellas pertenecen a diferentes campos lógicos. También se puede reconocer, sin embargo, que uno no puede ni siquiera decir que existen hechos-reales y valoraciones-subjetivas si no hubiera intercambio de proposiciones, y que esta práctica de intercambio de proposiciones entonces, por su parte, presupone la aceptación de la ética de la propiedad privada como válida. El conocimiento y la búsqueda de la verdad como tales tienen un fundamento normativo. Y el fundamento normativo sobre el cual el conocimiento y la verdad restan es el reconocimiento de los derechos de propiedad.

* Tomado de “The Economics and Ethics of Private Property”, Capítulo 10 “On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property.”

Traducción de Dante Bayona

INDICE

Sobre la Libertad 3

Sobre el Origen de la Propiedad y la Familia 5

Elites Naturales, los Intelectuales y el Estado 48

El ascenso de la democracia 52

El destino de intelectuales 54

El destino de las élites naturales 54

El papel de intelectuales 50

El papel de las élites naturales 59

El poder monopolizado 50

Historia e ideas 57

Los origenes de la monarquia 49

Etica Rothbardiana 16

El problema del orden social 16

La consecuencia del error moral: El estatismo y la destrucción de la libertad y la propiedad 25

La restauración de la moral: Sobre la liberación 28

La solución al problema: La idea de la apropiación originaria y la propiedad privada 17

Solución sencilla, conclusión radical:

Anarquía y Estado 23

La Idea de una Sociedad de Derecho Privado 34

Errores multiplicados: Liberalismo democrático 39

La aplicación del orden social: El papel del Estado en el liberalismo clásico 37

La concepción liberal clásica del orden social 35

La Idea de una Sociedad del derecho privado 41

Contra el Socialismo 62

La Fachada Intelectual para el Socialismo 63

A Theory of Socialism and Capitalism 67

El Conservadurismo 87

Porqué los Peores Gobiernan 113

Socialismo de Estilo Socialdemócrata 67

Ética, Justicia y Propiedad Privada 117

La Justificación Ultima de la Etica de la Propiedad Privada

Hans-Hermann Hoppe:

Es profesor de economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas y Distinguished Scholar del Ludwig von Mises Institute. Recibió su Doctorado en Filosofía y su grado posdoctoral en la Universidad Goethe en Francfort, Alemania, y es autor, entre otros trabajos, de “Teoría del Socialismo y el Capitalismo”; “Economía y Ética de la Propiedad Privada”; “Democracia – El Dios Que Fracasó”; y el “Mito de la Defensa Nacional” (editor).

Fue estudiante y colega de Murray N. Rothbard, el gran teórico libertario que conjugó la economía de la Escuela Austria-ca, el derecho natural aristotélico-tomista y una política exterior de no-intervencionismo en un edificio sistemático para exponer y defender la libertad del ser humano.

Este libro fue compilado por el Profesor Juan Fernando Carpio y publicado por la Universidad San Francisco de Quito en Enero de 2009.

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Comentarios de Hoppe sobre James Buchanan y Gordon Tullock

Por Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano

Desde Locke, los liberales han intentado resolver su contradicción interna improvisando constituciones, contratos o acuerdos «tácitos», «implícitos» o «de concepto». Pero estos intentos, característicamente tortuosos y confusos, tan sólo han contribuido a una misma y única conclusión inevitable: la imposibilidad de justificar el gobierno a partir de contratos explícitos entre propietarios particulares.

Sobre la visión lockeana del «consentimiento» véanse sus Dos ensayos sobre el Gobierno civil, libro Il, § 119-21. Reconociendo que el gobierno no está basado en el consentimiento «expreso», señala que «la dificultad estriba en qué es lo que se considera un consentimiento tácito y hasta dónde llega el compromiso que se adquiere de esta manera, en el caso de que no lo haya expresado. Respecto a esto, sostengo que cualquier hombre que tenga alguna posesión o usufructo de alguna parte de los dominios de cualquier gobierno, da por ello su consentimiento tácito y está obligado a la obediencia de las leyes de ese gobierno como uno más, mientras dure el disfrute de esa propiedad. Y esto es así, tanto si se trata de una propiedad suya para siempre y para sus herederos, o si sólo está en ella por una semana, o si se trata de alguien que está viajando libremente por los caminos: y, en efecto, eso afecta a cualquiera que se encuentre dentro de los territorios de ese gobierno». Locke, op. cit., p. 290.

En efecto, según Locke, una vez que el gobierno se ha constituido, su existencia es aceptada «tácitamente» por los ciudadanos desde el momento en que estos siguen viviendo en «su» territorio. Resulta indiferente, por tanto, si expresaron con antelación que aceptaban su imperio o no, y cual ha sido el proceder subsecuente del gobierno. Todo gobierno tiene, pues, el consentimiento unánime de quienes habitan en su jurisdicción y sólo la emigración —la «salida»— cuenta como un «no» y una retractación del consentimiento según Locke (§ 121).

Una tentativa moderna en esta misma línea, menos convincente (si no más absurda), puede verse en James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del consenso. También James M, Buchanan, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago, University of Chicago Press, 1975 [trad. española: Los límites de la libertad: entre la Anarquía y el Leviatán. México, Premiá, 1981]. Igual que Locke, Buchanan y Tullock reconocen que ningún gobierno, en ningún lugar del mundo, está fundado en un consentimiento expreso o en algún tipo de contrato explícito. Pero no tiene importancia, nos aseguran, pues no por ello dejan los gobiernos de estar basados en el consentimiento unánime. Incluso si existen desacuerdos y personas que dicen «no» al gobierno, este detalle no podría ocultar que existe un acuerdo basal y más profundo, un consenso unánimemente compartido en el plano de la «elección constitucional» y de las decisiones verdaderamente sustantivas. Sin embargo, este acuerdo subyacente sobre las «reglas de juego», nos dicen Buchanan y Tullock, no es un acuerdo actual —de hecho, ninguna constitución ha sido nunca expresamente aceptada por todas y cada una de las personas concernidas—. Más bien, se trata de lo que ellos denominan un acuerdo «de concepto» y una unanimidad «de concepto».

Al convertir un «no» real en un «sí» conceptual, Buchanan y Tullock definen al Estado como una institución voluntaria, comparable a las empresas comerciales privadas: «tanto el mercado como el Estado son mecanismos a través de los cuales la cooperación se organiza y se hace posible. Los hombres cooperan a través del intercambio de bienes y servicios en mercados organizados, y tal cooperación implica beneficios recíprocos. El individuo entra en una relación de intercambio, en la cual él persigue su propio interés proporcionando algún producto o servicio que constituye un beneficio directo para el individuo que se encuentra al otro lado de la transacción. Básicamente, la acción política o colectiva desde el punto de vista individualista del Estado es bastante semejante. Dos o más individuos encuentran mutuamente ventajoso unir sus fuerzas para lograr ciertos objetivos comunes. En realidad, ellos “intercambian” inputs con la seguridad de un output comúnmente compartido». J.M. Buchanan y G. Tullock, El cálculo del consenso, p. 44.

Del mismo modo, Buchanan pretende haber descubierto una justificación para el status quo, cualquiera que este sea. «Las instituciones del status quo» siempre expresan la «existencia de un contrato social implícito», «aunque nunca hubiese habido un contrato original, aunque los miembros actuales de la comunidad no se sintiesen ni moral ni éticamente obligados a adherirse a los términos en que está definido el status quo, o aunque semejante contrato … hubiese sido violado muchas veces … El status quo define lo que está vigente. Por tanto, con independencia de su historia, hay que considerarlo como si estuviese legitimado contractualmente». J.M. Buchanan, The Limits of Liberty, pp. 96, 84-85.

Afortunadamente, a pesar de la implacable propaganda difundida por los profesores de las escuelas creadas y controladas por el gobierno —del tipo «democracia significa autogobierno»— y por reconocidos intelectuales premiados con el Nobel como James Buchanan y su Escuela de la «elección pública» —«los gobiernos son, como las empresas, instituciones voluntarias» (véase James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del consenso. Trad. Javier Salinas Sánchez. Barcelona, Planeta-De Agostini, 1993, p. 44)—, la Academia y el público conservan todavía el sentido común y no se dejan llevar por esta crítica.

Extraído de “Democracia, el dios que fracasó”

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